Jose Luis de la Luz Martínez
Expediente 1272/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1272/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Luis de la Luz Martínez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1272/2021-II.. Puebla, Puebla, tres de enero de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A adscrita, que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General antes referido, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1272/2021-II. Puebla, Puebla, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por *, por derecho propio, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigador, adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de fraude, Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de omisiones de las autoridades responsables en el trámite de la carpeta de investigación * Sin embargo, las omisiones combatidas en la demanda, están relacionadas directamente con la falta de investigación de los hechos que denunció el quejoso y que son materia de la carpeta de investigación, es decir, por una supuesta inactividad de las responsables para desahogar actos tendentes al esclarecimiento de tales hechos aparentemente delictivos. De modo que las omisiones reclamadas por aquélla, convergen en forma directa a la falta de actividad en la carpeta de investigación, razón por la cual es válido imponer desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la supuesta falta de actividad de las responsables para desahogar actos que integren la carpeta de investigación -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio-, tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,4 porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma. En particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entre las cuales deben subsumirse las reclamadas en la demanda de amparo, es decir, la falta de actividad en la carpeta de investigación que a decir del quejoso impide el esclarecimiento de los hechos denunciados. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las supuestas omisiones de las responsables, e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Todo ello se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación, que comprende la supuesta inactividad de las responsables para la investigación de los hechos posiblemente delictivos, cometidos en perjuicio del quejoso. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por ésta, contra las omisiones de las autoridades responsables en el trámite relativo a la carpeta de investigación, debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, el quejoso debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra las omisiones reclamadas en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas de las responsables, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que las supuestas omisiones atribuidas a las responsables, que convergen a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación * , encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima por los hechos con apariencia de delito y él fue quien presentó la denuncia que originó la mencionada carpeta, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los Americana sobre Derechos Humanos, Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues las supuestas omisiones atribuidas a las responsables para integrar la carpeta de investigación, deben impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Datos personales. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ VAZQUEZ, porque aquélla decidió otorgarle facultades amplias y fue encontrada la cédula del nombrado, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, quedan autorizados para oír y recibir notificaciones Edgar Solís Contreras, Oliver Daniel Hijui Chávez y Alicia Amador Pérez, porque del primero no se encontró registro de su cédula en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y los dos restantes así fue solicitado por el quejoso. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa y cúmplase.
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