José Luis Chávez Nuñez

Expediente 213/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
213/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
23/03/2015

Partes del expediente

  • José Luis Chávez Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    MESA V-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de marzo del dos mil quince. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana el presente incidente, con esta fecha se dictó un proveído en el que se decretó que causó ejecutoria la resolución por la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por José Luis Chávez Núñez; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente mediante auto de dieciséis de febrero del dos mil quince, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria de veintitrés de febrero siguiente, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental, toda vez, que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión se estima que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración; por lo que debe conservarse el auto de dieciséis de febrero del dos mil quince, que concedió la suspensión provisional y la interlocutoria de veintitrés de febrero del año en curso, que concedió la suspensión definitiva. Asimismo, se indica, conforme a la certificación de cuenta, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    MESA V-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de marzo del dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de veintisiete de febrero de este año, por el que se sobreseyó fuera de audiencia, se hizo correctamente a la parte promovente por lista de acuerdos el dos de marzo siguiente; de ahí, que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para interponer el recurso de revisión, transcurrió del cinco al diecinueve de marzo de este año; sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se sobreseyó fuera de audiencia, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que por una parte, se reclamó la orden de aprehensión librada en su contra y la ejecución material de tal determinación y por otra se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de CINCO AÑOS contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  3. Incidental

    MESA V-A * "...En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las diez horas con cinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil quince, hora y fecha señaladas a efecto de llevar a cabo la audiencia incidental en estos autos, presente en audiencia pública el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, asistido de la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe, procede a celebrarse la misma sin asistencia de las partes. Con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se declara abierta. RELACIÓN DE CONSTANCIAS La secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que se encuentran: Copia simple de la demanda promovida por José Luis Chávez Núñez. Auto de dieciséis de febrero de dos mil quince, donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada. Informe previo rendido por el director de asuntos jurídicos en representación del procurador General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad (foja 37). Y da cuenta con lo anterior. Enseguida el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias. Ahora, por lo que respecta a las razones asentadas por la actuaria el diecisiete de febrero de dos mil quince, en la que informa que no fue posible entregar los oficios números 6374 y 6376, dirigidos a las autoridades responsables señaladas como director de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca y comandante de grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, residentes en esta ciudad, en virtud que no existen autoridades con esas denominaciones; en consecuencia, ante la inexistencia de las citadas responsables, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que impone la obligación a la parte quejosa de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, únicamente para efectos de este incidente de suspensión se dejan de tener con tal carácter a dichas autoridades ante su inexistencia, lo anterior, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita, por lo que no se hará pronunciamiento alguno sobre el acto a ellas reclamado en la resolución interlocutoria que se dicte. ETAPA PROBATORIA A continuación, se abre el período de pruebas, en el que no existen medios de convicción ofrecidos por las partes y por tanto pendientes de desahogar, por lo que se cierra el citado período. ETAPA DE ALEGATOS Acto continuo, se abre la etapa de alegatos en la que se hace constar que las partes no los formularon, por lo que se cierra dicha etapa y se procede a dictar la siguiente interlocutoria. VISTOS; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 213/2015; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. El quejoso José Luis Chávez Núñez solicitó la suspensión definitiva de los actos y autoridades responsables siguientes: ACTO RECLAMADO AUTORIDADES RESPONSABLES Orden de aprehensión librada en su contra. Juez Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca y procurador General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil quince, se ordenó tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo, registrándose bajo el número 213/2015, en el cual se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe previo el director de asuntos jurídicos en representación del procurador General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad (foja 37), negó categóricamente la existencia del acto que se le reclama, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra. Como el promovente del amparo José Luis Chávez Núñez, ninguna prueba ofreció para desvirtuar la negativa de la citada autoridad responsable, por inexistencia de los actos reclamados a las mismas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, respecto a la citada autoridad responsable. Tiene aplicación la jurisprudencia número doscientos ochenta y seis, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y siete, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Jurisprudencia, materia común, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO.- Certeza del acto reclamado. El juez Séptimo de lo Penal del distrito judicial del centro, no rindió su informe previo, no obstante haber quedado notificado de la petición del mismo, el diecisiete de febrero del año en curso, según constancia que obra a foja quince de este expediente; por ende, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo vigente, se presume cierto el acto reclamado a tal autoridad. TERCERO. Se concede la suspensión definitiva. Sentado lo anterior, al haberse tenido por cierto el acto que le reclama al juez responsable, debe considerarse sobre la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada. La parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados de forma genérica; por ende, procede resolver sobre dicha medida cautelar, considerando que en el caso, se reclama la orden privativa de libertad atribuida a juez Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro. Se hace del conocimiento de las partes, que en lo relativo a la procedencia o no de la suspensión solicitada por la parte quejosa, así como a las condiciones a que se sujete y efectos de la misma, se aplicará la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo décimo transitorio, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez, según dicho numeral, la suspensión en materia penal (que actualmente se rige por el capítulo primero, sección tercera, segunda parte, de la ley acabada de citar), seguirá rigiéndose acorde a aquella; pues, en el caso, el acto reclamado deriva de una orden privativa de la libertad librada por juez Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, instancia, en la que no se aplica el nuevo sistema de justicia penal, acorde al decreto número 308, de fecha seis de noviembre de dos mil seis, por el que se creó el Código Procesal Penal del Estado; por lo que únicamente se dejará de aplicar la segunda parte de la sección tercera, del capítulo primero, de la Ley de Amparo en vigor, relativo a la suspensión del acto reclamado "en materia penal". Por lo que, al efecto se provee: En relación con la ejecución material de la orden de aprehensión librada contra la parte quejosa por del juez Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, para el caso de que la penalidad del delito por el que se sigue el proceso relativo permita el beneficio de la libertad provisional bajo caución, al estar satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 124 de la Ley de Amparo, aplicable en términos del artículo décimo transitorio, párrafo segundo, de la nueva Ley de Amparo, toda vez que la suspensión definitiva está solicitada y con la misma no se sigue perjuicio al interés social, para el caso que el ilícito no se encuentre catalogado como grave conforme a lo establecido en el artículo 23 Bis A del Código de Procedimientos Penales vigente en este Estado, con fundamento en los artículos 124, 124 bis, 128, 136 y 139 de la referida Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva al peticionario del amparo para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión reclamada, quedando a disposición del juez de la causa, en términos del primer párrafo del artículo 136 del mismo ordenamiento, a efectos de la continuación del proceso penal y a disposición de este juzgado por lo hace a su libertad personal; medida precautoria que surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si no se cumple con los siguientes requisitos de eficacia: a). Que la parte quejosa José Luis Chávez Núñez exhiba a favor de este juzgado dentro del plazo de setenta y dos horas, garantía económica por la suma de dos mil pesos cero centavos, moneda nacional, en cualquiera de las formas permitidas por la ley. Para el caso de que la garantía se constituya en billete de depósito, se hará ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), conforme lo establecido por el artículo 52, fracción I, del Acuerdo 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo asumido en sesión ordinaria de once de julio de dos mil siete, por el Comité del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, a que se refiere la circular 11/2007, que expidió la Secretaría Técnica de dicho comité. En el entendido que dicha garantía se fija al arbitrio del suscrito, tomando como datos los siguientes: 1). Que la autoridad responsable ordenadora es una autoridad del fuero común, por lo que se fija la cantidad de dos mil pesos, moneda nacional. 2) Que por el momento no se tiene conocimiento de la naturaleza, modalidad y características del delito o delitos por los que se libró orden privativa de libertad contra la parte quejosa. 3) Que no existe constancia alguna sobre las características personales y la situación económica del referido peticionario de amparo, por lo cual, ese dato no se puede tener en cuenta para fijar la garantía. Garantía que se establece al ponderar el beneficio que se otorga con la presente medida cautelar y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva por parte de la quejosa en relación con el proceso penal que se le sigue, además, tomando en cuenta el equilibrio entre la salvaguarda de la libertad personal, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del proceso penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. b). QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS, SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE ESTE AUTO, COMPAREZCA PERSONALMENTE ANTE EL JUEZ SÉPTIMO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, PARA QUE LE RECIBA SU DECLARACIÓN PREPARATORIA y asista a toda clase de diligencias para las que la citen dentro del proceso, a menos que esta suspensión definitiva quede sin efectos al dictarse la resolución respecto al estudio del fondo del asunto; lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 136, párrafo primero, y 138 del citado ordenamiento, en todo caso, aunque no sea citado para alguna diligencia deberá presentarse ante la autoridad judicial cada siete días, hasta la resolución ejecutoria del juicio principal de amparo a que corresponde este incidente de suspensión, en la inteligencia de que al vencimiento del referido plazo, deberá acreditar ante este juzgado que cumplió con tales medidas y de no realizar dichas presentaciones dentro del plazo de tres días indicado; no comparezca ante el juzgador para la práctica de alguna diligencia y de no acreditar aquí que cumplió con la primera presentación señalada, se hará efectiva la garantía pecuniaria en favor del Erario Federal; de igual modo, para el caso de que el mencionado juez informe a este juzgado que la parte promovente no cumplió con alguna otra presentación a la que haya sido citada previamente y que esté acreditado este hecho, también se hará efectiva la referida garantía. En el entendido que la suspensión decretada, podrá dejar de surtir efectos cuando el quejoso incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas por este juzgado o derivadas del procedimiento penal respectivo, dentro de tres días concedidos al efecto, lo cual deberá acreditar en ese mismo plazo. En tanto que, si el delito o los delitos por los que se instruye el proceso a la parte quejosa no permitan el beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme al artículo 23 Bis "A" del Código de Procedimientos Penales vigente en este Estado, con fundamento en el artículo 136, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva sólo se otorga para el único efecto de que una vez detenido quede a disposición de este juzgado de distrito por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sea internado, así como a disposición del juez de su causa por lo que atañe a la continuación del procedimiento penal. Ahora, una vez transcurrido el plazo concedido sin que llene los requisitos exigidos para conceder la medida cautelar, esto es, que exhiba la garantía económica que le fue fijada dentro del plazo de tres días; y que dentro del aludido plazo, comparezca ante el juez para que le reciba su declaración preparatoria y se continúe con el procedimiento penal, así como, asista a toda clase de diligencias para las que lo citen dentro del proceso, aun cuando no sea citado para alguna diligencia se presente ante la autoridad judicial cada siete días, hasta la resolución ejecutoria que se dicte en el juicio principal a que corresponde este incidente, circunstancias que deberá acreditar dentro del plazo de cinco días (dentro del cual están incluidos los plazos de tres días y setenta y dos horas), siguientes a su notificación; en el entendido que de incumplir cualquiera de los requisitos de eficacia anteriormente citados en el plazo aludido, la medida suspensional decretada dejará de surtir sus efectos y se comunicará a las autoridades responsables, que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de aprehensión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, segundo párrafo y 139 de la abrogada Ley de Amparo, aplicable conforme al artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Esta medida cautelar, surte efectos desde luego y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que en el juicio principal se dicte respecto del fondo del asunto. Con fundamento en el artículo 107, fracción XVII constitucional reformado, en relación con el artículo 262, fracciones I, y III, de la Ley de Amparo vigente, se previene a las autoridades responsables, que si al rendir su informe previo expresan un hecho falso, niegan la verdad o desobedecen a este mandato, será sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad siendo el derecho al debido proceso y a la libertad un derecho humano del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral en estudio. CUARTO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. En mérito de lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se niega a José Luis Chávez Núñez, la suspensión definitiva solicitada contra el acto reclamado al procurador General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra. SEGUNDO.- Se concede a José Luis Chávez Núñez, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto precisado en el resultando primero de esta resolución y que reclamó del juez Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. TERCERO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. NOTIFÍQUESE...

  4. Principal

    MESA V-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de febrero de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el informe justificado rendido por el director de asuntos jurídicos en representación del procurador General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; con el mismo, dése vista a las partes. NOTIFÍQUESE...

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