José Luis Balbuena Marín

Expediente 797/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
797/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • José Luis Balbuena Marín
  • Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 797/2021, promovido por ***, en contra de la resolución dictada el ocho de marzo de dos mil veintiuno, por la Jueza Primero Familiar, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, bajo el número de expediente 31/2021 de su índice y la resolución de fecha diecinueve de mayo del año en curso por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca en el toca familiar 109/2021 de su índice, las cuales, según el peticionario de amparo, transgreden con los principios de igualdad, legalidad, garantía de justicia gratuita, legal y expedita. ANTECEDENTES Marisol Ramírez Navarrete, mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintiuno, demandó a ***, la fijación de pensión alimenticia a favor de la misma y de sus menores hijos J.L.B.R.; A.B.R. e I.A.B.R.; instancia admitida el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, y radicada bajo el número de expediente 31/2021 del índice del Juzgado Primero Familiar, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. Posteriormente mediante fecha de veintidós de febrero del mismo año, José Luis Balbuena Marín da contestación a la demanda y plantea la reconvención, por lo que en acuerdo de ocho de marzo siguiente, la jueza desechó de plano tal reconvención. José Luis Balbuena Marín interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno y recibido el dieciséis de marzo del mismo ante la jueza responsable, para que por su conducto, se remitiera con todas y cada una de las constancias o autos que integran el expediente número 31/2021, a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. El cinco de abril de dos mil veintiuno, la jueza emitió un acuerdo en el cual hizo constar que José Luis Balbuena Marín no señaló constancias para integrar el testimonio de apelación. En ese orden, el quejoso manifiesta que mediante escrito de ocho de abril de esta anualidad, presentado el nueve de abril siguiente, aclaró haber precisado las constancias para integrar el testimonio de apelación. Por lo anterior, el impetrante narra que el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el juzgado de origen indicó que únicamente se tienen por hechas las manifestaciones del quejoso, porque se trata de un recurso de apelación contra un auto y no de una sentencia, en su escrito de agravios, debió haber señalado las constancias para integrar el testimonio de apelación y no solicitar la remisión de los autos originales. Mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, declaró desierto el recurso y firme determinación del juzgado de origen, dictado en el toca familiar número 109/2021 -acto que constituye el principal acto reclamado en esta instancia-. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO José Luis Balbuena Marín, promovió juicio de amparo en contra de la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez Primero Familiar, con residencia Huajuapan de León, Oaxaca, con número de expediente 31/2021 así como, contra la resolución de fecha diecinueve de mayo del año en curso por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca en el toca familiar 109/2021, mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló a quien tenía la calidad de tercero interesado. Por acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda promovida por el quejoso, la registró bajo el expediente 797/2021; y una vez desahogada la prevención inicial, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. En proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada. Una vez integrado el expediente, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se cuestionan resoluciones dictadas por autoridades que residen dentro de la circunscripción en la que éste juzgado ejerce jurisdicción, y que a su vez, surten sus efectos en dicho ámbito territorial. LEGITIMACIÓN José Luis Balbuena Marín, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, lo anterior, porque en el juicio de pensión alimenticia tiene el carácter de parte demandada y considera un perjuicio irreparable, afectándose materialmente sus derechos sustantivos que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afectando su esfera jurídica. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la quejosa reclama lo siguiente: De la Jueza Primero Familiar, del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca: La parte conducente del acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente número 31/2021, a través del cual se desecha la reconvención planteada por el quejoso. De la Presidenta Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca familiar 109/2021, que declara desierto el recurso y firme la determinación combatida -de ocho de marzo anterior, dictada en el expediente 31/2021 del Juzgado Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca. OPORTUNIDAD El acto reclamado consistente el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente número 31/2021, a través del cual la jueza Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca desechó la reconvención planteada por el quejoso, le fue notificada el diez de marzo siguiente. En ese orden, si la demanda de amparo fue presentada el veinte de julio de dos mil veintiuno, es decir, más de cuatro meses naturales después, resulta notorio que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, sin que lo hubiere hecho. Consecuentemente, ante la actualización de la hipótesis prevista por el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al haber promovido este medio extraordinario de defensa de manera extemporánea, debe sobreseerse en el juicio respecto a dicho acto de autoridad. Ahora bien, por lo que hace a la determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca familiar 109/2021, dictada por la fue notificado al quejoso el treinta de junio de dos mil veintiuno; notificación que surtió efectos al día siguiente en que se practicó, conforme al artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del dos o al veintiuno de julio de dos mil veintiuno, descontándose del cómputo los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de julio del año presente, por ser sábados y domingos; inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria, por lo que al haberse presentado la demanda el veinte de julio de este año, es oportuna. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado quedó legalmente acreditado a partir de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales fueron recibidos el nueve y once de agosto del presente año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, lo que se corrobora, además, con las constancias que remitió las respectivas autoridades, consistentes copia certificada de diversas constancias del expediente 31/2021, así como el toca 109/2021. Probanzas que adquieren valor probatorio pleno en su carácter de documentales públicas, de conformidad con lo previsto en los numerales 129, 197 y 202 el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Adicionalmente la extemporaneidad analizada en el apartado correspondiente, que dio lugar a sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado a la jueza Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, este órgano constitucional debe cerciorarse si en el caso particular, se actualiza alguna otra causa de inejercicio. Así, tal como lo sostiene la Presidenta de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, en el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que en lo conducente determina: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] La disposición legal referida, encierra uno de los principios fundamentales del juicio de amparo; esto es, el de definitividad, el cual establece que dicha instancia únicamente es procedente contra actos definitivos, es decir, actuaciones respecto de las cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicha instancia, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto que se trate. Del anterior precepto se desprende la regla general que establece este principio, consiste en que cuando un acto de autoridad viola derechos humanos o las garantías establecidas para su protección, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Así, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de derechos humanos o garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, porque de no ser así, el juicio será improcedente. Luego, si la ley que rige la materia del acto reclamado prevé medios de impugnación capaces de anular o modificar el acto de autoridad impugnado, entonces, las partes antes de acudir a esta instancia constitucional se encuentran obligadas a agotar el principio de definitividad, pues como se afirmó, de no hacerlo el juicio de amparo resulta improcedente. En la especie, se advierte que el acto reclamado en el caso particular -auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno-, no tienen la característica de ser definitivo, toda vez que el peticionario del amparo antes de acudir a la presente instancia constitucional debió agotar el medio ordinario de defensa denominado reposición, previsto en el artículo 668 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que establece: Artículo 668.- De los decretos y autos dictado por el Presidente de la Sala, aún de aquéllos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición que se interpondrá y substanciará en el mismo plazo y forma que la revocación. En tal virtud, resultaba necesario agotar el mencionado recurso para la procedencia del juicio de amparo, sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al encontrarse legitimado el quejoso para interponer ese medio de impugnación, debió agotarlo antes de acudir a esta instancia constitucional. Asimismo, al no encontrarse ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trata de persona extraña al procedimiento; no se actualiza ninguna excepción. Sirve de apoyo la jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, , que dice: RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. en cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado , sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. Así las cosas, procede sobreseer en esta instancia constitucional sin entrar al estudio del fondo del asunto, sin que ello implique una trasgresión al derecho de efectivo acceso a la justicia del gobernado garantizado en el artículo 17 de la Carta Magna, ni pasar por alto el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que la existencia y reconocimiento de estas prerrogativas fundamentales no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición del medio de defensa. Robustece este criterio, la jurisprudencia de la propia Primera Sala del Alto Tribunal del país del tenor siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. DECISIÓN En ese contexto, dado que respecto de un acto reclamado la demanda de amparo es extemporánea, mientras que, el diverso acto debió ser impugnado a través del recurso ordinario previsto en el código adjetivo aplicable al caso concreto, con apoyo en los numerales 61, fracciones XIV y XVIII, en relación con el diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en esta instancia promovida por José Luis Balbuena Marín. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por *** contra actos de la Jueza Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, y de la Presidenta de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por los motivos y fundamentos expuestos a lo largo de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de la oficio de la Jueza Primero de lo Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho identificado como 182/2021 (con número de origen 117/2021); en consecuencia, dése de baja la referida comunicación oficial como debidamente diligenciada en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintiuno. En atención al estado de autos se advierte que en proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la secretaria encargada por ministerio de ley del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, informando que remitió a la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Primero Familiar y Mixto de dicha población, el despacho con número de orden 182/2021 y de origen 117/2021 (del índice propio enviado para el emplazamiento de la parte tercera interesada), asimismo, que esta última turnó dicha comunicación oficial al Juzgado Primero de lo Familiar de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de que la diligenciara. Con motivo de lo anterior en dicho proveído se ordenó requerir al Juzgado Primero de lo Familiar de Huajuapan de León, Oaxaca, a efecto de que informara lo correspondiente a la diligenciación del aludido despacho. En consecuencia, para dar margen a la realización del emplazamiento encomendado en la citada comunicación oficial, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere y en su lugar se fijan las catorce horas con veinte minutos del tres de noviembre de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, mediante los cuales, la secretaria encargada por ministerio de ley del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, informa que remitió a la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Primero Familiar y Mixto de la dicha población, el despacho con número de orden 182/2021 y de origen 117/2021, del índice propio enviado para el emplazamiento de la parte tercera interesada; asimismo, la autoridad restante, indica que turnó la aludida comunicación oficial al Juzgado Primero de lo Familiar de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de que lo diligenciara. En consecuencia, se tiene a dichas responsables informando lo anterior e, independientemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de lo Familiar de Huajuapan de León, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días devuelva debidamente diligenciada la comunicación oficial de mérito. Apercíbasele, que de no cumplir con lo anterior o de no informar la imposibilidad que tenga para ello, con apoyo en lo dispuesto por los ordinales 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá al juzgador estatal, en su carácter de persona física, una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, al momento de realizar la conducta sancionada. NOTIFÍQUESE.

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