José Luis Amaya García

Expediente 912/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
912/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
20/08/2015

Partes del expediente

  • José Luis Amaya García
  • comandante del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil quince. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente, con esta fecha se dictó un auto en el que se decretó que causó ejecutoria la resolución de treinta de julio de dos mil quince, que sobreseyó en este juicio de amparo promovido por José Luis Amaya García; asimismo, que por auto de veintinueve de junio de dos mil quince, se concedió la suspensión provisional, y mediante interlocutoria pronunciada el veintiocho de julio siguiente, se concedió la suspensión definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y definitiva; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del citado acuerdo, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del referido acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del citado acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que debe conservarse el auto de veintinueve de junio de dos mil quince, que concedió la suspensión provisional, así como la interlocutoria de veintiocho de julio siguiente, en la que se otorgó la suspensión definitiva. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de la resolución interlocutoria dictada en este incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, encargado del despacho por licencia del titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/3637/2015 de once de agosto de dos mil quince, suscrito por el secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil quince. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que José Luis Amaya García, interpusiera recurso de revisión contra la resolución de treinta de julio de dos mil quince, por la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del cuatro al diecisiete de este mes y año. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo y en virtud de que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del referido acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del multicitado acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurridos cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, encargado del despacho por licencia del titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/3637/2015 de once de agosto de dos mil quince, suscrito por el secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    MESA I-A * "...VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 912/2015; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. De la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y recibido el veintinueve siguiente en este juzgado, al que correspondió por razón de turno, José Luis Amaya García, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del juez Sexto de lo Penal del distrito judicial del Centro; coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones y comandante del grupo de aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad, de quienes reclamó la orden de aprehensión librada en su contra por la autoridad judicial y su ejecución por las restantes. Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintinueve de junio de dos mil quince, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, admitió la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6°, 33 fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; la registró en el libro de gobierno con el número 912/2015, solicitó los informes justificados a las responsables, dio vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, y citó a las partes a la audiencia constitucional, la que previo trámite del juicio se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; su tramitación corresponde a la primera instancia, y las autoridades responsables tienen su residencia en esta ciudad, esto es, dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. El quejoso José Luis Amaya García reclamó lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. La orden de aprehensión librada contra el quejoso. Juez Sexto de lo Penal del distrito judicial del Centro. 2. La ejecución material de ese mandamiento de captura Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad. Comandante del grupo de aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir informe justificado, el titular del Juzgado Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro; la jefa de la unidad administrativa y de carrera policial y el jefe de grupo de aprehensiones, ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia de la orden de aprehensión librada contra el quejoso José Luis Amaya García y su ejecución material, sin que tales negativas hayan sido desvirtuadas con prueba alguna. Razón por la cual, por inexistencia de dichos actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. No pasa inadvertido que el titular del Juzgado Sexto de lo Penal del distrito judicial del Centro y la jefa de la unidad administrativa y de carrera policial por orden del coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad, informaran que en la causa penal 96/2015, de su índice se libró orden de aprehensión contra José Luis Amaya, por los delitos de lesiones y daños, en agravio de Israel Valencia Sánchez y Gabriela Bernal Martínez, ignorando si se trataba de la misma persona que el hoy quejoso José Luis Amaya García; en virtud de lo anterior, mediante proveídos de dos y quince de este mes y año, se requirió al aquí quejoso para que dentro del plazo de tres días manifestara bajo protesta de decir verdad, si era la misma persona contra quien existe librada orden de aprehensión en la causa penal 96/2015, por el juez Sexto de lo Penal del distrito judicial del Centro y aportara las pruebas que acreditaran que la orden de captura pudiera ser ejecutada en su persona por alguna razón, con el apercibimiento que de no cumplir, se entendería que se trataba de persona distinta, y en virtud que no hizo manifestación alguna en la audiencia que antecede se tuvo al quejoso José Luis Amaya García como persona distinta de José Luis Amaya. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por José Luis Amaya García, contra los actos reclamados al juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro; coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca y comandante del grupo de aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en la orden de aprehensión y su ejecución material. Notifíquese...

  4. Incidental

    MESA I-A * "...VISTOS; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 912/2015; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. De la demanda. José Luis Amaya García, reclamó del juez Sexto de lo Penal del distrito judicial del Centro; coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones y comandante del grupo de aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La orden de aprehensión y su ejecución material. SEGUNDO. Por auto de veintinueve de junio de dos mil quince, con fundamento en el artículo 107 fracción X, de la Constitución Federal, 130, 131, 132 y 142 todos de la Ley de Amparo abrogada, se ordenó tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo, registrándose bajo el número 912/2015, en el cual se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir informe previo en vía de rectificación, el titular del Juzgado Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, negó la existencia del acto reclamado por el quejoso José Luis Amaya García y al efecto manifestó lo siguiente: [.] Sin embargo en la causa penal número 96/2015, existe librada orden de aprehensión en contra de José Luis Amaya, como probable responsable en la comisión de los delitos de LESIONES Y DAÑOS, en agravio de ISRAEL VALENCIA SÁNCHEZ Y GABRIELA BERNAL MARTÍNEZ, ignorando esta autoridad si se trata de la misma persona". En atención a lo anterior, y como se precisó al inicio de esta audiencia únicamente para los efectos de la suspensión definitiva en este incidente de suspensión se tiene a José Luis Amaya García y José Luis Amaya y por cierto el acto reclamado por tratarse de la libertad personal del peticionario de garantías. Por su parte, la jefa de la unidad administrativa y de carrera policial y el jefe de grupo de aprehensiones, ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, en virtud que están señaladas como autoridades ejecutoras ya que dichas autoridades resultan de forzosa ejecución en términos del artículo 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se desvirtúa dicha negativa y se tiene como cierto el acto de ejecución que se les reclama. Máxime que por razón de jerarquía las ejecutoras están constreñidas a cumplir con los designios de la autoridad ordenadora. SEGUNDO. Concesión de la suspensión definitiva. Siendo ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables procede considerar sobre la suspensión definitiva solicitada. En la especie, se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 124 de la abrogada Ley de Amparo, pues, la suspensión definitiva está solicitada, con la misma no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí en cambio, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que con la ejecución del acto se causarían a la parte quejosa. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, EFECTOS Y REQUISITOS DE EFICACIA. Por tanto, con fundamento en los artículos 124 y 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo aplicable, se concede la suspensión definitiva al quejoso para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión librada el cuatro de junio de dos mil quince, en la causa penal 96/2015, del índice de la autoridad judicial responsable, que se le instruye por el delito de lesiones y daños; siempre y cuando dichos ilícitos no se encuentren catalogados como graves, de conformidad con el artículo 23 Bis A del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; quedando a disposición del juez de su causa para la continuación del procedimiento, y a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad personal; medida precautoria que surte efectos desde este momento, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo aplicable, pero dejará de surtirlos si no se cumple con los requisitos de eficacia siguientes: a) Que el quejoso José Luis Amaya García o José Luis Amaya, exhiba a favor de este juzgado, dentro del plazo de setenta y dos horas, garantía económica por la suma de tres mil pesos, cero centavos, moneda nacional, en cualquiera de las formas permitidas por la ley. Tiene aplicación a lo anterior jurisprudencia, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA NECESARIA PARA QUE AQUÉLLA SIGA SURTIENDO EFECTOS, NO PUEDE EXCEDER EL DE SETENTA Y DOS HORAS QUE OTORGA EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)". En el caso de que la garantía se constituya en billete de depósito, se hará ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI). En el entendido que dicha garantía se fija, de conformidad con el artículo 124 Bis de la Ley de Amparo, tomando como datos objetivos, los siguientes: I). Que los delitos por el que se instruye la causa penal 96/2015, son los de lesiones y daños. II) Que no existe constancia alguna sobre las características personales y situación económica del quejoso. III) Que el quejoso no exhibió la garantía que se le fijó en auto de veintinueve de junio de esta anualidad, ni compareció ante el juez Sexto de lo Penal del distrito judicial del Centro, para la continuación del procedimiento. Garantía que se establece al ponderar el beneficio que se otorga con la presente medida cautelar y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva por la parte quejosa en relación con el proceso penal que se le sigue. b) Que dentro del plazo de tres días comparezca ante el juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, para la continuación del procedimiento penal, hecho lo cual deberá presentarse ante dicha responsable para que le reciba su declaración preparatoria, y asista a toda clase de diligencias para las que lo cite dentro del proceso; lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 136, párrafo primero, y 138 del citado ordenamiento, en todo caso, aunque no sea citado para alguna diligencia deberá presentarse ante la autoridad judicial cada siete días, hasta la resolución ejecutoria del juicio principal de amparo a que corresponde este incidente de suspensión, en la inteligencia de que al vencimiento del referido plazo de tres días deberá acreditar ante este juzgado que cumplió con tales medidas; con apercibimiento que de no realizar dicha presentación; y de no acreditar aquí que cumplió con la primera presentación indicada, se hará efectiva la garantía pecuniaria en favor del Erario Federal; de igual modo, para el caso de que el juez de la causa, informe a este juzgado que la parte quejosa no cumplió con alguna otra presentación a la que haya sido citada previamente y que esté acreditado este hecho, también se hará efectiva la referida garantía. Estas medidas de aseguramiento de la parte promovente se adoptan a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable ordenadora en caso que no se le conceda el amparo. Ahora, una vez transcurrido el plazo concedido sin que la parte quejosa cumpla con los requisitos exigidos para conceder la medida cautelar, esto es, que exhiba la garantía económica que le fue fijada dentro del plazo de tres días; y que dentro del aludido plazo, comparezca ante la autoridad judicial responsable para que le reciba su declaración preparatoria, y se continúe con el procedimiento penal, así como, asista a toda clase de diligencias para las que lo citen dentro del proceso, aun cuando no sea citado para alguna diligencia se presente ante la autoridad judicial cada siete días, hasta la resolución ejecutoria que se dicte en el juicio principal a que corresponde este incidente, circunstancias que deberá acreditar dentro del plazo de cinco días (dentro del cual está incluido el plazo de tres días), siguientes a su notificación; en el entendido que de incumplir con cualquiera de los requisitos de eficacia anteriormente citados en el plazo aludido, la medida suspensional decretada dejará de surtir sus efectos y se comunicará a las autoridades responsables, que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de aprehensión combatida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, segundo párrafo y 139 de la abrogada Ley de Amparo aplicable. En tanto que, si los delitos de lesiones y daños por los que se le instruye el proceso 96/2015 ante el juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, se encuentren catalogados como graves, en términos del artículo 23 Bis A del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, con fundamento en el artículo 136, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, cuya calificación queda bajo la más estricta responsabilidad del juez de lo Penal responsable; la suspensión definitiva sólo se otorga para el único efecto de que una vez detenido el aquí quejoso quede a disposición de este juzgado de distrito por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sea internado, así como a disposición del juez de su causa por lo que atañe a la continuación del procedimiento penal. Esta suspensión producirá efectos hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución firme que en cuanto al fondo del juicio constitucional se pronuncie. Con fundamento en el artículo 107, fracción XVII Constitucional reformado, en relación con los numerales 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia a este mandato será sancionado penalmente. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad siendo el derecho al debido proceso y a la libertad un derecho humano del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral en estudio. En mérito de lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede a José Luis Amaya García o José Luis Amaya, la suspensión definitiva solicitada contra la orden de aprehensión librada en su contra por el juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y su ejecución que reclamo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca y comandante del grupo de aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, en términos del considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese...

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