José Luis Chavez Aguilar

Expediente 826/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
826/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • José Luis Chavez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, articulo 20 fraccionen IV, establece que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo anterior mencionado, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ellos a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que la parte quejosa no exhibió documentos originales con el escrito inicial de demanda. 4. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo segundo, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.SSCH/MARA/jecr

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Luis Chávez Aguilar por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito de Tacámbaro, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 826/2023. 2. Improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Asimismo, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". 2.1. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. De lo referido por el quejoso en su escrito inicial de demanda, se advierte que señala como actos reclamados: El auto de cinco de junio del año en curso, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán, que determinó procedente la solicitud de la parte actora, ordenando que el personal de dicho juzgado se constituyera en el inmueble de la parte demandada -aquí quejoso- y se proceda a hacer entrega real y materia de dicho inmueble a la parte actora en términos de la sentencia ejecutoria, dentro del juicio de origine 69/2021. 3. Estudio de la improcedencia actualizada. En ese contexto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por José Luis Chávez Aguilar, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán. Este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 676 del Código de Procedimientos Civiles, ya que a través de esa vía se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado. Del mencionado artículo de la Ley de Amparo, se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados; por lo que, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En el presente, se reclama el auto de cinco de junio del año en curso, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán, que determinó procedente la solicitud de la parte actora, ordenando que el personal de dicho juzgado se constituyera en el inmueble de la parte demandada -aquí quejoso- y se proceda a hacer entrega real y materia de dicho inmueble a la parte actora en términos de la sentencia ejecutoria. Cabe resaltar que quejoso fue la parte demandada y vencida dentro del juicio de origen 69/2021, y de cuya sentencia se realiza el procedimiento de ejecución, donde se dictó el auto que pretende combatir a través de esta vía constitucional. En consecuencia, tal determinación puede ser modificada, revocada o nulificada, de conformidad con el artículo 676 del Código de Procedimientos Civiles: "Artículo 676. Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; pero sólo a instancia de parte". En ese sentido, de la interpretación del numeral de previa mención, se advierte que los autos que no fueren apelables pueden ser revocados, por lo que, si el auto cinco de junio del año en curso, que determinó procedente la solicitud de la parte actora, ordenando que el personal de dicho juzgado se constituyera en el inmueble de la parte demandada -aquí quejoso- y se proceda a hacer entrega real y material de dicho inmueble a la parte actora dentro del juicio de originen, puede ser revocado, en términos del numeral 676 del Código de Procedimientos Civiles. De lo expuesto, se tiene que el aquí quejoso al ser parte procesal se encontraba obligado a recurrir dicha terminación; lo que resulta de esa manera, si se tiene en consideración, además, que no es persona extraña a juicio. En esas condiciones -se insiste- es incuestionable que el promovente de amparo se encontraba obligado a recurrir la determinación reclamada, a través del medio de defensa que contempla el Código de Procedimientos Civiles; por lo que, al no haberlo hecho así, se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque en contra del auto reclamado es procedente la revocación, medio de impugnación que tiene por objeto que se revoque, modifique o nulifique la determinación dictada en el juicio de origen, como lo establece el numeral 676 del ordenamiento legal en cita. De ahí que, dicha al no haber agotado el recurso de revocación, hacen inviable que el auto constituye el acto reclamado, pueda ser objeto de estudio por medio del juicio de amparo, toda vez, que deben agotarse los recursos ordinarios a efecto que se analice si la determinación del juez responsable resulta ajustada a derecho. 3.1. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando a las personas que nombra para oír y recibir notificaciones, en el entendido de que ********************gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 5 Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.SSCH/MARA/vmv

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