José Luis Campos Villagómez

Expediente 610/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
610/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2020

Partes del expediente

  • José Luis Campos Villagómez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Acuse de incompetencia. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Carlos Ulises Salgado Pérez, en cuanto endosatario en procuración del quejoso José Luis Campos Villagomez. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el asunto como totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 14 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Glósese a los autos el ocurso presentado por la parte quejosa a través del cual cumple con el requerimiento que le fue formulado mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte. INCOMPETENCIA. De la demanda de amparo promovida por Carlos Ulises Salgado Pérez, en cuanto endosatario en procuración del quejoso José Luis Campos Villagomez, contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, así como del escrito por el que da cumplimiento a la prevención que le fue formulada, se obtiene que esta juzgadora carece de competencia legal, por razón de grado, para conocer de este juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del escrito de cumplimiento se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de once de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del juicio mercantil oral 74/2019, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, misma que puso fin al juicio de que se trata y determinó, absolver a la parte demandada de las prestaciones reclamadas y condenó a la parte actora a pagar gastos y costas judiciales; ello como consecuencia de no acordar las pruebas ofertadas por las partes. Consideraciones en torno a la incompetencia. El fundamento por el cual esta Juzgador estima que carece de competencia por grado es el artículo 170 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo" Del numeral trascrito se obtiene que el amparo directo procede en contra de sentencias o laudos que decidan el juicio en lo principal y en contra de resoluciones que pongan fin al juicio que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido En la especie, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad alude que el once de septiembre de dos mil diecinueve presentó demanda en la vía mercantil oral y en ejercicio de la acción cambiaria directa demando a Ma Guadalupe Pérez Santamaría y/o Ma. Guadalupe Pérez Santamaría, en cuanto deudora principal y a Salvador Jonathan Villagómez Cárdenas y/o Salvador J. Villagómez Cárdenas, en cuanto aval, el pago de diversas prestaciones, el doce siguiente se admitió a trámite registrándose bajo el número de expediente 74/2019, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Seguido el juicio por sus cauces legales, el once de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva que puso fin al juicio, en la que determinó absolver a la parte demandada de las prestaciones reclamadas y condenó a la parte actora a pagar gastos y costas judiciales, sin resolver lo conducente respecto a la admisión de pruebas ofrecidas por las partes. Como se advierte el acto que se pretende combatir en esta vía constituye una resolución que puso fin al juicio, ello es así pues la autoridad responsable resolvió la controversia en el fondo y puso fin a la instancia. En ese orden de ideas, se toma en cuenta que, en atención a la naturaleza de la resolución controvertida -resolución de la demanda promovida en la vía ejecutiva mercantil oral-, se trata de una determinación que pone fin al juicio de origen; por ende, su conocimiento no es competencia del amparo indirecto, sino de la vía directa. En apoyo a lo anterior, es de invocar el criterio jurisprudencial 1a./J. 97/2017, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 241, del Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, y se remite al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente se sirva acusar recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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