José Luis Cortés Olmedo

Expediente 1006/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1006/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • José Luis Cortés Olmedo
  • Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el diecinueve de septiembre del año en curso, dentro del presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Documentos. Finalmente, en el expediente se encuentran documentos que la parte quejosa anexo a su escrito inicial de demanda; por tanto, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.UGA/EICL/vmv

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE. Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el diecinueve de septiembre del año en curso, dentro del presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Documentos. Finalmente, en el expediente se encuentran documentos que la parte quejosa anexo a su escrito inicial de demanda; por tanto, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.UGA/EICL/vmv

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1006/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Como cuestión inicial, para un mejor proveer se debe traer como hecho notorio el juicio de amparo 830/2019, del índice de este Juzgado, donde el quejoso intentó la acción constitucional por motivos similares a los que ahora pretende, esto es, la protección de un predio que dice es de su propiedad, entonces, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa lo siguiente: Del análisis integral del escrito inicialde la demanda, de los antecedentes plasmados y de las constancias que adjunta como pruebas; se advierte que lo reclamado medularmente al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, es el auto donde ordena que se ponga en posesión real y material del inmueble materia de la controversia de origen, mediante el uso de la fuerza pública y la autorización de uso cerrajero, a la parte actora del juicio ordinario civil ********************, sin haber sido oído y vencido en juicio. En contexto, dicha fracción que el quejoso pretende defender se identifica como ********************, derivado del predio rustico "********************" que se ubica en la carretera Puruándiro-Zináparo, se encuentra dentro del predio que ya fue materia de análisis en la sentencia que se dictó en el juicio ordinario civil ********************. Ahora, cabe destacar que el quejoso es la parte demandada en el juicio civil de origen, y que únicamente el juez de primer grado lleva a cabo actos tendentes a lograr el cumplimiento de lo ahí discutido; lo que se traduce que la etapa en la que se encuentra el juicio de origen, es la de ejecución, y que no le asiste el carácter de tercero extraño que pretende se le reconozca, como bien se dijo en el juicio que se tiene a la vista como hecho notorio (830/2019). Recalcando que la calidad de tercero extraño, recae exclusivamente en personas y no en bienes ya sea muebles o inmuebles, pues es propiamente la persona la que puede defender sus derechos patrimoniales a través de los medios ordinarios de defensa o, inclusive a través del medio extraordinario, lo que se traduce al juicio de amparo. Consecuentemente, esta autoridad federal estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, por lo previsto en la fracción XXIII del numeral 61 en relación con el diverso 107 fracción IV ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. Sirve de sustento, la jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." O bien, en contra de resoluciones autónomas que no sean propiamente encaminadas a la ejecución de la sentencia, como pudiera ser la afectación a la libertad por arresto en caso de desacato judicial, que la resolución o auto modifique, extinga o cree un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada. Como se desarrolla en la tesis I.3o.C.94.K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1941, del Tomo XXXII, Julio de 2010, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 164339, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA CIVIL. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA RESOLUCIONES AUTÓNOMAS, MEDIDAS DE APREMIO Y ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESA ETAPA. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Este concepto se ha definido en forma genérica como la que declara cumplida la sentencia o convenio que tiene la calidad de cosa juzgada; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla. Esto implica la culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa y se observaron las formalidades esenciales del procedimiento. Acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica: a) resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena que es cosa juzgada, o sea que tienden a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada; b) resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; c) interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones; d) sentencias que resuelven una cuestión que guarda autonomía con la ejecución; y, e) actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, sea por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o que tenga autonomía o sea preparatoria, por modificar, extinguir o crear un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada, es posible establecer cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que tiene naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, porque crea, modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." En la especie, lo aquí reclamado, consistente en la orden de entrega del bien inmueble mediante el uso de cerrajero y auxilio de la fuerza pública, no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo, al no ser mas que una determinación encaminada a ejecutar la sentencia definitiva del juicio primigenio, ya que la misma no se podría desvincular al manifestar el quejoso que el bien que defiende tiene el carácter de tercero extraño, pero como se ha dicho, el quejoso fue vencido en juicio, donde aquel predio ya fue materia de la controversia la cual se resolvió en definitiva, siendo inconcuso que a él no le enviste el carácter de tercero extraño. Por tanto, se concluye que con respecto a la resolución reclamada no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto de actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que la resolución atacada es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última, en el caso en concreto, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En tales condiciones se advierte que la resolución decidida por la responsable no es la última resolución en el procedimiento de ejecución, y por ende, no es susceptible de ser reclamada por medio del juicio constitucional, máxime que la parte quejosa fue plenamente oída y vencida en dicho juicio. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 32/2001 de la Novena Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible en la página 31 que cita: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Lo anterior, se considera así en razón de que será hasta que la sentencia se declare cumplida o determine la imposibilidad material o jurídica para dar cabal cumplimiento a esta, se estará en condiciones de hacer valer las violaciones que estime pertinentes en la fase de ejecución de sentencia. Ello, pretende evitar la interposición de juicios de amparo que inhiban el cumplimiento de las sentencias, por lo que ha de ser hasta que se emita la última resolución cuando ha de impugnar lo que sus intereses convenga. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala en su libelo constitucional, por así haberlo solicitado expresamente. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    por este medio se notifica al quejoso se notifica al diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, que en síntesis dice: Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1006/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Como cuestión inicial, para un mejor proveer se debe traer como hecho notorio el juicio de amparo 830/2019, del índice de este Juzgado, donde el quejoso intentó la acción constitucional por motivos similares a los que ahora pretende, esto es, la protección de un predio que dice es de su propiedad, entonces, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa lo siguiente: Del análisis integral del escrito inicialde la demanda, de los antecedentes plasmados y de las constancias que adjunta como pruebas; se advierte que lo reclamado medularmente al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, es el auto donde ordena que se ponga en posesión real y material del inmueble materia de la controversia de origen, mediante el uso de la fuerza pública y la autorización de uso cerrajero, a la parte actora del juicio ordinario civil ********************, sin haber sido oído y vencido en juicio. En contexto, dicha fracción que el quejoso pretende defender se identifica como ********************, derivado del predio rustico "********************" que se ubica en la carretera Puruándiro-Zináparo, se encuentra dentro del predio que ya fue materia de análisis en la sentencia que se dictó en el juicio ordinario civil ********************. Ahora, cabe destacar que el quejoso es la parte demandada en el juicio civil de origen, y que únicamente el juez de primer grado lleva a cabo actos tendentes a lograr el cumplimiento de lo ahí discutido; lo que se traduce que la etapa en la que se encuentra el juicio de origen, es la de ejecución, y que no le asiste el carácter de tercero extraño que pretende se le reconozca, como bien se dijo en el juicio que se tiene a la vista como hecho notorio (830/2019). Recalcando que la calidad de tercero extraño, recae exclusivamente en personas y no en bienes ya sea muebles o inmuebles, pues es propiamente la persona la que puede defender sus derechos patrimoniales a través de los medios ordinarios de defensa o, inclusive a través del medio extraordinario, lo que se traduce al juicio de amparo. Consecuentemente, esta autoridad federal estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, por lo previsto en la fracción XXIII del numeral 61 en relación con el diverso 107 fracción IV ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. Sirve de sustento, la jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." O bien, en contra de resoluciones autónomas que no sean propiamente encaminadas a la ejecución de la sentencia, como pudiera ser la afectación a la libertad por arresto en caso de desacato judicial, que la resolución o auto modifique, extinga o cree un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada. Como se desarrolla en la tesis I.3o.C.94.K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1941, del Tomo XXXII, Julio de 2010, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 164339, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA CIVIL. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA RESOLUCIONES AUTÓNOMAS, MEDIDAS DE APREMIO Y ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESA ETAPA. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Este concepto se ha definido en forma genérica como la que declara cumplida la sentencia o convenio que tiene la calidad de cosa juzgada; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla. Esto implica la culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa y se observaron las formalidades esenciales del procedimiento. Acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica: a) resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena que es cosa juzgada, o sea que tienden a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada; b) resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; c) interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones; d) sentencias que resuelven una cuestión que guarda autonomía con la ejecución; y, e) actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, sea por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o que tenga autonomía o sea preparatoria, por modificar, extinguir o crear un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada, es posible establecer cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que tiene naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, porque crea, modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." En la especie, lo aquí reclamado, consistente en la orden de entrega del bien inmueble mediante el uso de cerrajero y auxilio de la fuerza pública, no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo, al no ser mas que una determinación encaminada a ejecutar la sentencia definitiva del juicio primigenio, ya que la misma no se podría desvincular al manifestar el quejoso que el bien que defiende tiene el carácter de tercero extraño, pero como se ha dicho, el quejoso fue vencido en juicio, donde aquel predio ya fue materia de la controversia la cual se resolvió en definitiva, siendo inconcuso que a él no le enviste el carácter de tercero extraño. Por tanto, se concluye que con respecto a la resolución reclamada no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto de actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que la resolución atacada es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última, en el caso en concreto, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En tales condiciones se advierte que la resolución decidida por la responsable no es la última resolución en el procedimiento de ejecución, y por ende, no es susceptible de ser reclamada por medio del juicio constitucional, máxime que la parte quejosa fue plenamente oída y vencida en dicho juicio. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 32/2001 de la Novena Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible en la página 31 que cita: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Lo anterior, se considera así en razón de que será hasta que la sentencia se declare cumplida o determine la imposibilidad material o jurídica para dar cabal cumplimiento a esta, se estará en condiciones de hacer valer las violaciones que estime pertinentes en la fase de ejecución de sentencia. Ello, pretende evitar la interposición de juicios de amparo que inhiban el cumplimiento de las sentencias, por lo que ha de ser hasta que se emita la última resolución cuando ha de impugnar lo que sus intereses convenga. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala en su libelo constitucional, por así haberlo solicitado expresamente. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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