José Juan López Hernández
Expediente 357/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Juan López Hernández
- Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil en Morelia, Michoacán
- José Juan López Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
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1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva que por una parte sobreseyó y en otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 2.2. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 2.2.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase.
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VISTOS para resolver el juicio de amparo 357/2021, promovido por José Juan López Hernández y Sonia Espinoza Domínguez, quienes alegan violación de los artículos 1, 4, 12, 13, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Octavo de Primera Instancia en materia Civil del Distrito judicial de Morelia y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer en el juicio; y Negar el amparo solicitado; Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. Los quejosos hicieron consistir el acto reclamado en lo siguiente: Auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en que les solicitaron la entrega voluntaria de la escritura del bien inmueble ubicado en calle Dionisio Rojas, número 81, colonia Trincheras, tomo 3065, registro 66, lote 15, manzana VIII, fraccionamiento Trincheras de Morelos adjudicado en remate. Todo el procedimiento de remate. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 50, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados se emitieron por autoridades con residencia dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. El Juez, Secretaria de acuerdos y actuario, todos del Juzgado Octavo de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, aceptaron la existencia de los actos reclamados y, para acreditar tal circunstancia, el juez responsable remitió copias certificadas del juicio ordinario civil sobre responsabilidad civil objetiva 22/2016. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, en términos los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al tratarse de constancias expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, se tiene como acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que por lo que ve a la autoridad señalada como secretaria de acuerdos del Juzgado Octavo de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales precisan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que ordena, emite, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Expuesto lo anterior, es importante señalar que las facultades de los secretarios de acuerdos de un juzgado se encuentran contenidas en los artículos 29 y 45, último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que consisten en intervenir en todas las diligencias practicadas por el juez, así como la de sancionar con su firma las resoluciones y actuaciones que aquél emita. Ahora, tales facultades no implica que aquéllos resuelvan conjuntamente con el titular, ya que éste es el único responsable de su fallo; por lo tanto, si los secretarios solamente autorizan en funciones de fedatarios, sin imperio ni facultad decisoria, no pueden adquirir la jerarquía de autoridades responsables en los juicios de amparo, conforme a lo establecido por el dispositivo 5 antes invocado. Lo sustentado encuentra apoyo, en la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, En ese sentido, la parte quejosa reclama de dicha autoridad los autos de veinte de abril y diecinueve de mayo, ambos de dos mil veinte y el procedimiento de remate, dentro del juicio ordinario civil sobre responsabilidad civil objetiva 22/2016. Ahora, conforme a lo argumentado en párrafos anteriores, se advierte que la secretaria de acuerdos únicamente está facultado para sancionar con su firma las determinaciones que constituyen los actos reclamados, emitidas por el titular del juzgado responsable, en términos del precitado artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, esto es, sólo pudo haber autorizado, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria las determinaciones impugnadas en el presente juicio, de ahí que no pueda ser considerada autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio de amparo en relación a la autoridad señalada como Secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Al no advertirse diversa causa de improcedencia, procede el estudio de los conceptos de violación, QUINTO. Estudio de fondo. En los conceptos de violación la parte quejosa planteó lo siguiente: Los autos de seis, trece y dieciséis de abril de dos mil veintiuno violan el derecho a la igualdad entre las partes, ya que pretende privarse de la propiedad a los quejosos sin seguir la normatividad civil y sin actualizar el precio del bien inmueble que rematado, esto, porque no se actualizaron los certificados ni los avalúos, para estar en condiciones de que se otorgue a los quejosos el valor real comercial, contraviniendo los criterios 167078 y 165324. En las tercera y sexta almonedas existieron posturas que cumplían con las exigencias legales, no obstante, la misma fue desechada de manera infundada e inmotivada, al así haber ocurrido, la autoridad responsable redujo el valor del bien inmueble, afectando el patrimonio de los quejosos, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El auto de veinte de abril de dos mil veintiuno que declaró firme la audiencia de remate vulnera los derechos de los quejosos, ya que aún contaban con término para interponer el recurso correspondiente y, al haberse declarado firme, impidió que se agotara el principio de definitividad. Por tales motivos, la parte quejosa consideró vulnerado en su perjuicio los derechos humanos consignados en los artículos 1, 4, 12, 13 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos. Previo al estudio de los conceptos de violación se hará una breve narración de antecedentes del acto reclamado. 1. Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil dieciséis, Rosalba Villa Villa, en cuanto albacea definitiva de Juan Carlos Villa Villa, presentó demanda en la vía ordinaria civil sobre responsabilidad civil objetiva frente a José Juan López Hernández y Sonia Espinoza Domínguez en cuanto padres del imputado menor de edad G.L.E., misma que se admitió el dieciséis siguiente y se ordenó el emplazamiento de los demandados. 2. El nueve de febrero de dos mil dieciséis, se emplazó a los demandados José Juan López Hernández y Sonia Espinoza Domínguez en cuanto padres del imputado menor de edad G.L.E. 3. El trece de septiembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la que se determinó fundada la acción sobre responsabilidad civil y se condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas, por lo que éstos interpusieron apelación contra dicha sentencia, misma que se resolvió el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se modificó el fallo para efectos de precisión del indicador que serviría para definir la condena impuesta. 4. El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se requirió a la parte demanda el cumplimiento voluntario de la sentencia, previa solicitud de la parte actora, al no cumplir de forma voluntaria la sentencia, se ordenó el embargo del bien inmueble calle Dionisio Rojas, número 81, colonia Trincheras, tomo 3065, registro 66, lote 15, manzana VIII, fraccionamiento Trincheras de Morelos, el cual se declaró formalmente embargado el veintidós de junio del referido año. 5. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, se autorizó anunciar el remate en primera almoneda, sirviendo de base para el remate el monto de $553,583.00 (quinientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), promedio de las dos tasaciones de los peritajes emitidos. 6.- El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, veintiséis de enero, veintisiete de febrero, y cuatro de abril todos de dos mil dieciocho, se llevaron a cabo las audiencias de remate en primera, segunda y tercer almoneda, sin postor legal, salvo la cuarta almoneda en la que se apersonó un postor. 7. El treinta de enero de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte demandada promoviendo incidente de nulidad de actuaciones, respecto a la notificación de la resolución interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del incidente de liquidación. 8. Contra la resolución del incidente de nulidad de actuaciones los demandados interpusieron recurso de apelación, el cual se resolvió el treinta de abril de dos mil dieciocho, en el cual se revocó la resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho y se declararon nulas todas las actuaciones posteriores al veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, entre ellos los avalúos del inmueble embargado, las audiencias de remate en primera, segunda, tercera y cuarta almoneda y la adjudicación del inmueble. 9. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se ordenó anunciar remate en primera almoneda respecto del bien inmueble embargado, sirviendo de base para el remate la suma de $786,666.66 (setecientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional) que correspondió al promedio de los tres avalúos emitidos por los peritos de las partes y el tercero en discordia. 10. El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el remate en primera almoneda, sin postores legales, por lo que la parte actora solicitó fecha y hora para el remate en segunda almoneda; el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de remate en segunda almoneda, sin postores, por lo que se señaló fecha y hora para el remate en tercera almoneda; el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de remate en tercera almoneda, sin postores legales, por lo que se señaló fecha y hora para el remate en cuarta almoneda; el cuatro de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de remate en cuarta almoneda, sin postores, se señaló fecha y hora para la quinta almoneda; el seis de octubre de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de remate en quinta almoneda, sin postores, por lo que se señaló fecha y hora para la sexta almoneda. 11. El seis de abril de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de remate en sexta almoneda, en la que compareció como postor Jorge Francisco Aguilar García, asimismo, se calificó de legal su postura y se declaró fincado el remate a su favor, se le requirió para que en el término de tres días completara el importe faltante ante el juzgado responsable. 12. El ocho de abril de dos mil veintiuno, Jorge Francisco Aguilar García consignó la diferencia en el precio de remate por la cantidad de $263,954.00 (doscientos sesenta y tres mil pesos novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), el veinte del mismo mes y año, se declaró firme la audiencia de remate en sexta almoneda al haber transcurrido el término de seis días concedido a las partes, sin que hayan interpuesto recurso alguno. 13. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se concedió a los demandados el término de tres días para que otorgara de manera voluntaria la escritura del bien inmueble adjudicado el seis de abril del presente año a favor de Jorge Francisco Aguilar García. Ahora bien, en el caso concreto, los aquí quejosos se duelen del auto en el cual se ordenó de manera voluntaria la escritura del bien inmueble adjudicado y todo lo actuado en el procedimiento de remate, pues aducen, que dicho procedimiento no se siguió conforme a la ley. Como se adelantó, los conceptos de violación son infundados. Lo anterior, dado que se trata del procedimiento de remate derivado de un juicio ordinario civil, las reglas para su trámite se encuentran estipuladas en los artículos 815 a 859 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán. Los artículos 816 al 821 precisan que los remates de bienes raíces serán públicos y se celebraran en el juzgado en el que actúe el juez que tenga la competencia, si los bienes embargados son raíces se solicitara un certificado de gravámenes de los últimos diez años, si aparecieran gravámenes se hará saber a los acreedores para que intervengan en el avalúo y subasta de los bienes. Asimismo, que los avalúos se practicarán de acuerdo a las reglas establecidas para la prueba pericial, si fueran más de dos peritos no hay necesidad de nombrar a un tercero en discordia y que cualquier cuestión que se suscite respecto al remate el juez lo decidirá de plano, y contra sus resoluciones no habrá mas recurso que el de responsabilidad, salvo que la ley disponga lo contrario. De igual forma el artículo 830 del Código referido establece que en la audiencia de remate, se calificaran las posturas que se hayan presentado, asimismo, se declarara la postura que se considere preferente, asimismo, el jue preguntara si existe alguna mejora, pasados cinco minutos en que no se mejore la última postura el juez declarara fincado el remate a favor de quien la hubiere realizado, esta determinación es apelable en ambos efectos. En efecto, la parte quejosa se duele del auto en el que se ordena la entrega voluntaria de la escritura del bien inmueble embargado y adjudicado el seis de abril del presente año en la audiencia de remate en sexta almoneda y todo lo actuado en al procedimiento de remate, pues aduce que no existía un avalúo vigente de conformidad con el artículo 672 del Código de procedimientos civiles para el Estado de Michoacán. Empero, si bien el artículo 672, fracción V del Código de procedimientos civiles, prevé: "Artículo 672. Para el remate, se tendrá como precio del bien hipotecado, el que señale el avalúo que presente la persona que las partes hayan convenido para tal efecto en el momento de la constitución de la hipotecas; o, en su caso, de no haberse acordado, se procederá de la forma siguiente: . V. La vigencia del valor que se obtenga por avalúos será de seis meses, para que se lleve a cabo la primera almoneda de remate. Si entre ésta y las subsecuentes mediara un término mayor de seis meses se deberán actualizar los valores; Dicho numeral se encuentra en el Capítulo V, relativo al juicio sucesorio hipotecario, mientras que el juicio de origen en la especie es ordinario civil sobre responsabilidad civil objetiva, por tanto, dicho numeral no es aplicable en el caso concreto, pues como se precisó el juicio de origen de donde emana el acto reclamado se trata de un ordinario civil, por tanto, las reglas del procedimiento de remate deben realizarse conforme a las reglas generales precisadas en los artículos 815 al 859 del código de procedimientos civiles, específicamente el artículo 820 que refiere que tratándose de avalúos de bienes inmuebles se realizaran conforme a las reglas de la prueba pericial, las que en el artículo 478 del Código de Procedimientos Civiles refieren que el avalúo hecho por un solo perito o por dos, si éstos estuvieren conformes, se tendrá como precio de la cosa valuada; si hubiere diferencia menor de un cinco por ciento, se tomará el promedio de los dos avalúos; pero si la diferencia fuere mayor, se practicará por el tercero un nuevo avalúo. Si éste estuviere conforme con alguno de los ya emitidos, se tendrá como precio de la cosa valuada; en caso contrario, el precio legítimo será el promedio de las tres tasaciones, sin embargo, no se advierte que se prevea una vigencia para los avalúos obtenidos de esa pericial. Por tanto, es infundado el concepto de violación precisado en el inciso a), pues las reglas respecto al remate de bienes tratándose de asuntos materia de los juicios ordinarios civiles, son diversas a las que refiere el artículo 672 del Código en comento, ya que ese se refiere a los juicios sumarios hipotecarios. En lo referente al concepto de violación identificado en el inciso b), resulta infundado, lo anterior, pues de las constancias de autos se advierte que en audiencia de remate en tercer almoneda no hubo ninguna postura legal y la postura realizada en la sexta almoneda no se desechó, al contrario se tuvo calificada de legal y se adjudicó el bien inmueble a favor de Jorge Francisco Aguilar García. De igual forma, resulta infundado el concepto de violación precisado en el inciso c), pues el término para interponer apelación en contra de la audiencia de remate en sexta almoneda es de seis día como lo establece el artículo 109 del Código de procedimientos civiles, y no nueve como refiere el quejoso, pues la audiencia de remate no se trata de una sentencia definitiva. Asimismo, también es infundado el argumento que refiere que el término empezaba a correr a partir de trece de abril del presente año, pues fue cuando el postor consignó la cantidad remanente del precio del inmueble, sin embargo, de conformidad con el artículo 830 del Código en comento, la resolución apelable es la que declara fincado el remate, misma que en el caso concreto se realizó el seis de abril de dos mil veintiuno, por tanto el término para recurrir dicha determinación transcurrió del siete al nueve de abril tal como se certificó en el auto de trece de abril del presente año. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, procede negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al actuario adscrito al juzgado responsable, por no reclamarse por vicios propios Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Juan López Hernández y Sonia Espinoza Domínguez, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a José Juan López Hernández y Sonia Espinoza Domínguez, por los motivos expuesto en el considerando quinto de la presente sentencia.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS: JORGE FRANCISCO AGUILAR GARCÍA y ROSALBA VILLA VILLA, EN CUANTO ALBACEA DEFINITIVA DEL EXTINTO JUAN CARLOS VILLA VILLA, la siguiente sentencia: VISTOS para resolver el juicio de amparo 357/2021, promovido por José Juan López Hernández y Sonia Espinoza Domínguez, quienes alegan violación de los artículos 1, 4, 12, 13, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Octavo de Primera Instancia en materia Civil del Distrito judicial de Morelia y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer en el juicio; y Negar el amparo solicitado; Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. Los quejosos hicieron consistir el acto reclamado en lo siguiente: Auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en que les solicitaron la entrega voluntaria de la escritura del bien inmueble ubicado en calle Dionisio Rojas, número 81, colonia Trincheras, tomo 3065, registro 66, lote 15, manzana VIII, fraccionamiento Trincheras de Morelos adjudicado en remate. Todo el procedimiento de remate. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 50, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados se emitieron por autoridades con residencia dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. El Juez, Secretaria de acuerdos y actuario, todos del Juzgado Octavo de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, aceptaron la existencia de los actos reclamados y, para acreditar tal circunstancia, el juez responsable remitió copias certificadas del juicio ordinario civil sobre responsabilidad civil objetiva 22/2016. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, en términos los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al tratarse de constancias expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, se tiene como acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que por lo que ve a la autoridad señalada como secretaria de acuerdos del Juzgado Octavo de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales precisan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que ordena, emite, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Expuesto lo anterior, es importante señalar que las facultades de los secretarios de acuerdos de un juzgado se encuentran contenidas en los artículos 29 y 45, último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que consisten en intervenir en todas las diligencias practicadas por el juez, así como la de sancionar con su firma las resoluciones y actuaciones que aquél emita. Ahora, tales facultades no implica que aquéllos resuelvan conjuntamente con el titular, ya que éste es el único responsable de su fallo; por lo tanto, si los secretarios solamente autorizan en funciones de fedatarios, sin imperio ni facultad decisoria, no pueden adquirir la jerarquía de autoridades responsables en los juicios de amparo, conforme a lo establecido por el dispositivo 5 antes invocado. Lo sustentado encuentra apoyo, en la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, En ese sentido, la parte quejosa reclama de dicha autoridad los autos de veinte de abril y diecinueve de mayo, ambos de dos mil veinte y el procedimiento de remate, dentro del juicio ordinario civil sobre responsabilidad civil objetiva 22/2016. Ahora, conforme a lo argumentado en párrafos anteriores, se advierte que la secretaria de acuerdos únicamente está facultado para sancionar con su firma las determinaciones que constituyen los actos reclamados, emitidas por el titular del juzgado responsable, en términos del precitado artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, esto es, sólo pudo haber autorizado, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria las determinaciones impugnadas en el presente juicio, de ahí que no pueda ser considerada autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio de amparo en relación a la autoridad señalada como Secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Al no advertirse diversa causa de improcedencia, procede el estudio de los conceptos de violación, QUINTO. Estudio de fondo. En los conceptos de violación la parte quejosa planteó lo siguiente: Los autos de seis, trece y dieciséis de abril de dos mil veintiuno violan el derecho a la igualdad entre las partes, ya que pretende privarse de la propiedad a los quejosos sin seguir la normatividad civil y sin actualizar el precio del bien inmueble que rematado, esto, porque no se actualizaron los certificados ni los avalúos, para estar en condiciones de que se otorgue a los quejosos el valor real comercial, contraviniendo los criterios 167078 y 165324. En las tercera y sexta almonedas existieron posturas que cumplían con las exigencias legales, no obstante, la misma fue desechada de manera infundada e inmotivada, al así haber ocurrido, la autoridad responsable redujo el valor del bien inmueble, afectando el patrimonio de los quejosos, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El auto de veinte de abril de dos mil veintiuno que declaró firme la audiencia de remate vulnera los derechos de los quejosos, ya que aún contaban con término para interponer el recurso correspondiente y, al haberse declarado firme, impidió que se agotara el principio de definitividad. Por tales motivos, la parte quejosa consideró vulnerado en su perjuicio los derechos humanos consignados en los artículos 1, 4, 12, 13 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos. Previo al estudio de los conceptos de violación se hará una breve narración de antecedentes del acto reclamado. 1. Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil dieciséis, Rosalba Villa Villa, en cuanto albacea definitiva de Juan Carlos Villa Villa, presentó demanda en la vía ordinaria civil sobre responsabilidad civil objetiva frente a José Juan López Hernández y Sonia Espinoza Domínguez en cuanto padres del imputado menor de edad G.L.E., misma que se admitió el dieciséis siguiente y se ordenó el emplazamiento de los demandados. 2. El nueve de febrero de dos mil dieciséis, se emplazó a los demandados José Juan López Hernández y Sonia Espinoza Domínguez en cuanto padres del imputado menor de edad G.L.E. 3. El trece de septiembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la que se determinó fundada la acción sobre responsabilidad civil y se condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas, por lo que éstos interpusieron apelación contra dicha sentencia, misma que se resolvió el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se modificó el fallo para efectos de precisión del indicador que serviría para definir la condena impuesta. 4. El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se requirió a la parte demanda el cumplimiento voluntario de la sentencia, previa solicitud de la parte actora, al no cumplir de forma voluntaria la sentencia, se ordenó el embargo del bien inmueble calle Dionisio Rojas, número 81, colonia Trincheras, tomo 3065, registro 66, lote 15, manzana VIII, fraccionamiento Trincheras de Morelos, el cual se declaró formalmente embargado el veintidós de junio del referido año. 5. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, se autorizó anunciar el remate en primera almoneda, sirviendo de base para el remate el monto de $553,583.00 (quinientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), promedio de las dos tasaciones de los peritajes emitidos. 6.- El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, veintiséis de enero, veintisiete de febrero, y cuatro de abril todos de dos mil dieciocho, se llevaron a cabo las audiencias de remate en primera, segunda y tercer almoneda, sin postor legal, salvo la cuarta almoneda en la que se apersonó un postor. 7. El treinta de enero de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte demandada promoviendo incidente de nulidad de actuaciones, respecto a la notificación de la resolución interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del incidente de liquidación. 8. Contra la resolución del incidente de nulidad de actuaciones los demandados interpusieron recurso de apelación, el cual se resolvió el treinta de abril de dos mil dieciocho, en el cual se revocó la resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho y se declararon nulas todas las actuaciones posteriores al veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, entre ellos los avalúos del inmueble embargado, las audiencias de remate en primera, segunda, tercera y cuarta almoneda y la adjudicación del inmueble. 9. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se ordenó anunciar remate en primera almoneda respecto del bien inmueble embargado, sirviendo de base para el remate la suma de $786,666.66 (setecientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional) que correspondió al promedio de los tres avalúos emitidos por los peritos de las partes y el tercero en discordia. 10. El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el remate en primera almoneda, sin postores legales, por lo que la parte actora solicitó fecha y hora para el remate en segunda almoneda; el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de remate en segunda almoneda, sin postores, por lo que se señaló fecha y hora para el remate en tercera almoneda; el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de remate en tercera almoneda, sin postores legales, por lo que se señaló fecha y hora para el remate en cuarta almoneda; el cuatro de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de remate en cuarta almoneda, sin postores, se señaló fecha y hora para la quinta almoneda; el seis de octubre de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de remate en quinta almoneda, sin postores, por lo que se señaló fecha y hora para la sexta almoneda. 11. El seis de abril de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de remate en sexta almoneda, en la que compareció como postor Jorge Francisco Aguilar García, asimismo, se calificó de legal su postura y se declaró fincado el remate a su favor, se le requirió para que en el término de tres días completara el importe faltante ante el juzgado responsable. 12. El ocho de abril de dos mil veintiuno, Jorge Francisco Aguilar García consignó la diferencia en el precio de remate por la cantidad de $263,954.00 (doscientos sesenta y tres mil pesos novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), el veinte del mismo mes y año, se declaró firme la audiencia de remate en sexta almoneda al haber transcurrido el término de seis días concedido a las partes, sin que hayan interpuesto recurso alguno. 13. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se concedió a los demandados el término de tres días para que otorgara de manera voluntaria la escritura del bien inmueble adjudicado el seis de abril del presente año a favor de Jorge Francisco Aguilar García. Ahora bien, en el caso concreto, los aquí quejosos se duelen del auto en el cual se ordenó de manera voluntaria la escritura del bien inmueble adjudicado y todo lo actuado en el procedimiento de remate, pues aducen, que dicho procedimiento no se siguió conforme a la ley. Como se adelantó, los conceptos de violación son infundados. Lo anterior, dado que se trata del procedimiento de remate derivado de un juicio ordinario civil, las reglas para su trámite se encuentran estipuladas en los artículos 815 a 859 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán. Los artículos 816 al 821 precisan que los remates de bienes raíces serán públicos y se celebraran en el juzgado en el que actúe el juez que tenga la competencia, si los bienes embargados son raíces se solicitara un certificado de gravámenes de los últimos diez años, si aparecieran gravámenes se hará saber a los acreedores para que intervengan en el avalúo y subasta de los bienes. Asimismo, que los avalúos se practicarán de acuerdo a las reglas establecidas para la prueba pericial, si fueran más de dos peritos no hay necesidad de nombrar a un tercero en discordia y que cualquier cuestión que se suscite respecto al remate el juez lo decidirá de plano, y contra sus resoluciones no habrá mas recurso que el de responsabilidad, salvo que la ley disponga lo contrario. De igual forma el artículo 830 del Código referido establece que en la audiencia de remate, se calificaran las posturas que se hayan presentado, asimismo, se declarara la postura que se considere preferente, asimismo, el jue preguntara si existe alguna mejora, pasados cinco minutos en que no se mejore la última postura el juez declarara fincado el remate a favor de quien la hubiere realizado, esta determinación es apelable en ambos efectos. En efecto, la parte quejosa se duele del auto en el que se ordena la entrega voluntaria de la escritura del bien inmueble embargado y adjudicado el seis de abril del presente año en la audiencia de remate en sexta almoneda y todo lo actuado en al procedimiento de remate, pues aduce que no existía un avalúo vigente de conformidad con el artículo 672 del Código de procedimientos civiles para el Estado de Michoacán. Empero, si bien el artículo 672, fracción V del Código de procedimientos civiles, prevé: "Artículo 672. Para el remate, se tendrá como precio del bien hipotecado, el que señale el avalúo que presente la persona que las partes hayan convenido para tal efecto en el momento de la constitución de la hipotecas; o, en su caso, de no haberse acordado, se procederá de la forma siguiente: . V. La vigencia del valor que se obtenga por avalúos será de seis meses, para que se lleve a cabo la primera almoneda de remate. Si entre ésta y las subsecuentes mediara un término mayor de seis meses se deberán actualizar los valores; Dicho numeral se encuentra en el Capítulo V, relativo al juicio sucesorio hipotecario, mientras que el juicio de origen en la especie es ordinario civil sobre responsabilidad civil objetiva, por tanto, dicho numeral no es aplicable en el caso concreto, pues como se precisó el juicio de origen de donde emana el acto reclamado se trata de un ordinario civil, por tanto, las reglas del procedimiento de remate deben realizarse conforme a las reglas generales precisadas en los artículos 815 al 859 del código de procedimientos civiles, específicamente el artículo 820 que refiere que tratándose de avalúos de bienes inmuebles se realizaran conforme a las reglas de la prueba pericial, las que en el artículo 478 del Código de Procedimientos Civiles refieren que el avalúo hecho por un solo perito o por dos, si éstos estuvieren conformes, se tendrá como precio de la cosa valuada; si hubiere diferencia menor de un cinco por ciento, se tomará el promedio de los dos avalúos; pero si la diferencia fuere mayor, se practicará por el tercero un nuevo avalúo. Si éste estuviere conforme con alguno de los ya emitidos, se tendrá como precio de la cosa valuada; en caso contrario, el precio legítimo será el promedio de las tres tasaciones, sin embargo, no se advierte que se prevea una vigencia para los avalúos obtenidos de esa pericial. Por tanto, es infundado el concepto de violación precisado en el inciso a), pues las reglas respecto al remate de bienes tratándose de asuntos materia de los juicios ordinarios civiles, son diversas a las que refiere el artículo 672 del Código en comento, ya que ese se refiere a los juicios sumarios hipotecarios. En lo referente al concepto de violación identificado en el inciso b), resulta infundado, lo anterior, pues de las constancias de autos se advierte que en audiencia de remate en tercer almoneda no hubo ninguna postura legal y la postura realizada en la sexta almoneda no se desechó, al contrario se tuvo calificada de legal y se adjudicó el bien inmueble a favor de Jorge Francisco Aguilar García. De igual forma, resulta infundado el concepto de violación precisado en el inciso c), pues el término para interponer apelación en contra de la audiencia de remate en sexta almoneda es de seis día como lo establece el artículo 109 del Código de procedimientos civiles, y no nueve como refiere el quejoso, pues la audiencia de remate no se trata de una sentencia definitiva. Asimismo, también es infundado el argumento que refiere que el término empezaba a correr a partir de trece de abril del presente año, pues fue cuando el postor consignó la cantidad remanente del precio del inmueble, sin embargo, de conformidad con el artículo 830 del Código en comento, la resolución apelable es la que declara fincado el remate, misma que en el caso concreto se realizó el seis de abril de dos mil veintiuno, por tanto el término para recurrir dicha determinación transcurrió del siete al nueve de abril tal como se certificó en el auto de trece de abril del presente año. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, procede negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al actuario adscrito al juzgado responsable, por no reclamarse por vicios propios Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Juan López Hernández y Sonia Espinoza Domínguez, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a José Juan López Hernández y Sonia Espinoza Domínguez, por los motivos expuesto en el considerando quinto de la presente sentencia.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las catorce horas del veintidós de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-357/2021-I-A; estando en audiencia Alberto Roldán Olvera, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de la Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, la declara abierta sin la asistencia de las partes, ni persona alguna que las represente, en términos de la circular SECNO/12/2020 (respuesta a pregunta catorce), emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". PRUEBAS Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable; asimismo, certifica: que las demás partes fueron omisas en ofrecer algún medio de convicción. El Juez acuerda: Se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la prueba ofrecida; y al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. ALEGATOS Se continúa con la fase de alegatos en el que se hace constar que las partes se abstuvieron de manifestarlos; a lo que el Juez acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes de hacerlo. Por tanto, se da por cerrada dicha etapa. Al no haber promoción o diligencia pendiente de acuerdo o desahogo, se da por concluida la presente, por lo que dispuso que cuando las labores del juzgado lo permitan, se procederá a emitir la sentencia respectiva.
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