José Juan Díaz Cano

Expediente 241/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
241/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • José Juan Díaz Cano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    RAZÓN ACTUARIAL Agréguese la razón de imposibilidad suscrita por el actuario de la adscripción a través del cual manifiesta su imposibilidad de entregar el oficio 8742; dirigido a la autoridad señalada por el quejoso como: "Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada para Investigar y Perseguir el Delito de Homicidio Doloso, en contra de la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado (Luz del Carmen García García), con residencia en esta ciudad", por el motivo que expone. Ahora, el estado procesal de autos revela que la denominación correcta de la citada autoridad es Agente del Ministerio Público de Litigación, adscrito a la Unidad Especializada Para Investigar y Perseguir el Delito de Homicidio Doloso, Homicidio Doloso en Agravio de la Mujer y Feminicidio, por ende, se ordena reenviar dicha misiva, la que deberá dirigirse a esta última.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en audiencia constitucional el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio promovido por José Juan Díaz Cano, transcurrió sin que las partes lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá destruirse. Por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el inciso a), fracción I, artículo 18 del aludido acuerdo, es depurable dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva al peticionario de amparo; y, destruible su duplicado, virtud a lo expuesto en el inciso a), fracción II, del diverso 20 del citado cuerpo normativo. Sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución de documentos, de conformidad con la certificación inserta al proemio de este acuerdo, ni tampoco de garantía, toda vez que ésta no fue exhibida en el cuaderno incidental. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el párrafo primero del dispositivo 21 del indicado acuerdo general, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del juicio principal y del original del incidente de suspensión. Por lo que ve al duplicado del cuaderno suspensional éste deberá destruirse cuando culmine el plazo de seis meses de conservación, contado a partir del presente auto, en acatamiento al numeral 20, fracción II, inciso a) del mencionado acuerdo. Para el trámite de la destrucción del juicio de amparo y de los cuadernos de suspensión, deberá observarse lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal y otro tanto de dichos documentos deberán conservarse en este órgano jurisdiccional. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula del expediente principal, así como del duplicado del incidente de suspensión, los datos precisados con antelación, con la leyenda de valoración "destruible" y, por lo que respecta al expediente principal del citado incidente la leyenda "depurable". Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Aviso de cambio de titular: Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Alberto Roldán Olvera, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Juan Díaz Cano, contra los actos que reclamó al (1) Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, (2) Agente del Ministerio público de Litigación, adscrito a la Unidad Especializada para Investigar y Perseguir el Delito de Homicidio Doloso, Homicidio Doloso en Agravio de la Mujer y Feminicidio, (3) Director de Amparo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en ausencia del titular de dicha dependencia, (4) Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado y (5) el Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, esto últimos en su denominación correcta, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL. En Morelia, Michoacán, a las trece horas con cinco minutos del catorce de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental relativa al juicio de amparo número VI-241/2021, promovido por José Juan Díaz Cano; el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada Elva Janette Herrejón Chávez, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: 1. Copia simple de la demanda de amparo; 2. Acuerdo admisorio de veintitrés de marzo del año en curso dictado dentro del expediente principal del que deriva este cuaderno incidental; 3. Proveído de la misma fecha en que se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa. Por otra parte, en cuanto a los informes previos que obran en autos, la Secretaria hace relación de éstos en la tabla siguiente: N° Autoridades responsables Auto en el que se tuvo por recibido Sentido 1 Agente del Ministerio Público de Litigación adscrito a la Unidad Especializada para Investigar y Perseguir el Delito de Homicidio Doloso, Homicidio Doloso en Agravio de la Mujer y Feminicidio Treinta de marzo de dos mil veintiuno Cierto 2 Director de Amparos de la Cinco de abril Niegan Fiscalía General del Estado de Michoacán, en representación del Fiscal General del Estado de Michoacán. 3 Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en representación del Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia -en su denominación correcta- 4 Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán -en su denominación correcta- de dos mil veintiuno 5 Juez Presidente de Enjuiciamiento Oral del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de esta Región Trece de abril de dos mil veintiuno Niega Siendo éstas las denominaciones con las que rindieron sus informes respectivos. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente incidente, en términos de lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo. Enseguida, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 144 de la Ley de Amparo, se declara abierto el periodo de pruebas, en el que la secretaria hace constar: Que obran las constancias que el Agente del Ministerio Público de Litigación adscrito a la Unidad Especializada para Investigar y Perseguir el Delito de Homicidio Doloso, Homicidio Doloso en Agravio de la Mujer y Feminicidio adjuntó a su informe previo. A lo que el Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas y desahogadas las documentales aludidas dada su propia y especial naturaleza, y a las demás partes por perdido su derecho de ofertarlas y se cierra esta etapa. Enseguida se declara abierto el periodo de alegatos, en el que la secretaria hace constar: Que las partes no realizaron manifestaciones en esta vía, a lo que el Juez acuerda: Se les tiene por perdido el derecho en alegar, por lo que se cierra este periodo. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia, procediendo a dictar la resolución correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número VI 241/2021; y RESULTANDO: PRIMERO. José Juan Díaz Cano por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades siguientes: NUM. AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA 1 Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia 2 Agente del Ministerio Público de Litigación, adscrito a la Unidad Especializada para Investigar y Perseguir el Delito de Homicidio Doloso, en Agravio de la Mujer y Feminicidio. AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA 3 Fiscal General del Estado. 4 Primer Comandante Regional de la Policía Ministerial del Estado. 5 Coordinador de la Policía Ministerial del Estado. Por los actos que hace consistir en El citatorio y apercibimiento de arresto para comparecer dentro de la causa penal 1004/2019, derivada de la carpeta de investigación 1003-2019- 49302, que se sigue contra Martín García Almanza, por la comisión del delito de homicidio en agravio de María Guadalupe del Toro Morales. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos tutelados en los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda a trámite, se ordenó formar incidente de suspensión por duplicado y se solicitó informe previo a las autoridades responsables; se fijó fecha para el desahogo de la audiencia incidental, la que se llevó a cabo, previo diferimiento, en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de suspensión, con base en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 37, 107 y demás aplicables de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito1 ; toda vez que la competencia nace en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión y se extiende a este mismo, máxime que el acto que se reclama emana de autoridades con residencia en este distrito judicial. SEGUNDO. Consideraciones previas. En forma inicial, debe precisarse que la figura de la suspensión del acto reclamado constituye una medida cautelar que puede ser dictada dentro del juicio de amparo y tiene por objeto mantener las cosas en el estado en el que se encuentran mientras se dicta la sentencia y, por consiguiente, implica la paralización provisional de los efectos producidos con el acto de autoridad; por lo que a fin de proveer su dictado, resulta necesario que el juzgador federal realice el estudio de distintos tópicos en forma escalonada que se encuentran delineados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la propia Ley de Amparo. En esos términos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los temas que deben estudiarse en forma escalonada para determinar la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, sus efectos y requisitos de subsistencia, se hacen consistir en los siguientes: 1. Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida debe o no concederse. 2. Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento de la medida cautelar. 3. Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión. 4. Las previsiones que se tomen para evitar el abuso de la suspensión. Por lo que se refiere al primer aspecto, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. Así, conforme a la regulación constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse de forma estratificada son los siguientes: 1. Petición de parte. Conforme el artículo 128 de la Ley de Amparo, por regla general, la suspensión debe concederse siempre a petición de parte, con excepción de aquellos actos reclamados en los que expresamente procede la suspensión de oficio2 . 2. La existencia del acto reclamado. Como presupuesto lógico para el otorgamiento de la suspensión debe existir siempre un acto reclamado que pueda paralizarse, ya que dicha medida cautelar no puede proyectarse sobre situaciones jurídicas o de hecho que resulten inexistentes. 3. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. Dado que la suspensión constituye una medida cautelar que implica la paralización de determinados actos, es necesario analizar en forma inicial si el acto es susceptible de ser suspendido, para lo cual puede tomarse en consideración la clasificación que de los actos reclamados ha formulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, verbigracia, actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera. 4. Que la parte quejosa resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Afectación que puede acreditarse de manera indiciaria para efectos de la suspensión provisional y con un grado probatorio mayor para los efectos de la definitiva. 5. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. Cuyo análisis debe realizarse de forma ponderada entre la estimación que obtenga del análisis superficial del acto reclamado en relación con el derecho discutido en el proceso, contra el interés social que se pudiera ver afectado de obtener la medida cautelar. TERCERO. Análisis de los requisitos de procedencia de la medida cautelar. Los requisitos de procedencia de la suspensión deben estudiarse en el orden expuesto en el apartado precedente, pues atienden a una prelación lógica y a un sentido práctico, de forma tal que, al avanzar en el análisis, si se advierte la falta de alguno de ellos, debe terminarse el examen del caso y declararse la improcedencia de la suspensión. Precisado lo anterior, procede realizarse el estudio respectivo. I. Petición de parte La parte agraviada solicitó la suspensión del acto reclamado, tal como se aprecia de la demanda inicial; por ende, se colma el requisito de procedibilidad previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. II. Existencia e inexistencia del acto reclamado. II.1. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe previo la autoridad responsable Juez Presidente de Enjuiciamiento Oral del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de esta Región negó la existencia de los actos reclamados. Sin que la parte quejosa aportara prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa; motivo por el cual procede negar la suspensión definitiva solicitada, por lo que respecta a la autoridad precisada en la tabla que antecede, por falta de materia para concederla. Al respecto se cita la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos."3 II.2. Existencia de actos reclamados. Por su parte, el Agente del Ministerio Público de Litigación, adscrito a la Unidad Especializada para Investigar y Perseguir el Delito de Homicidio Doloso, en Agravio de la Mujer y Feminicidio aceptó la existencia del acto reclamado y al efecto señaló en su informe previo: "[.] Son ciertos los actos reclamados por el quejoso, virtud que conforme las constancias que integran el expediente la carpeta de investigación que genero la causa penal 1004/2019, del Índice del Sistema de Justicia Penal Región Morelia, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se deriva lo siguiente: (1) Es cierto que el 8 de marzo de 2021, se generó citatorio dirigido al testigo José Juan Díaz Cano, conforme las formalidades del numeral 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales. [.] Ahora bien, no obstante que las autoridades responsables (1) Fiscal General del Estado, (2) Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia y (3) Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, estas dos últimas en su denominación correcta, al rendir sus informes de ley negaron la existencia del acto que se les atribuye; procede desvirtuar dichas negativas y tener por cierto el mismo, en virtud de que aquéllas tienen el carácter de ejecutoras, por lo que sus actos derivan del reclamado a la autoridad ordenadora, en el caso al Agente del Ministerio Público de Litigación adscrito a la Unidad Especializada para Investigar y Perseguir el Delito de Homicidio Doloso, en Agravio de la Mujer y Feminicidio, quien aceptó su existencia de éste; de ahí que sea cierto en calidad de inminente. III. Susceptibilidad de suspender los actos reclamados Los actos reclamados son de carácter positivo, por lo cual conllevan actos de ejecución, mismos que sí son susceptibles de ser suspendidos. IV. Afectación a un interés jurídico o legítimo de la parte quejosa La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la libertad es un derecho humano de protección evolutiva que se reconoce formalmente tanto a nivel interno como internacional y que admite diferentes manifestaciones como la libertad personal que, en su ámbito más básico, es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. Al respecto, debe mencionarse que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que una persona solamente puede ser privada de su libertad cuando exista una orden de aprehensión o, bien, la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva; accionar al que el texto constitucional le denomina "detención". En ese sentido, los actos reclamados afectan la esfera jurídica del quejoso, pues se tratan de un actos de autoridad que pretenden privarle temporalmente de la libertad que disfruta, lo cual implica una lesión cierta e inmediata a ese derecho sustantivo y, por ende, se ubica dentro de los considerados como de imposible reparación, lo que es suficiente para considerar que el amparo indirecto puede promoverse contra tal acto reclamado, por lo cual se tiene como acreditado el interés para solicitar la medida cautelar que se provee. V. Orden público e interés social Inicialmente, debe tomarse en cuenta que por orden público se entiende como la situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen; es una noción en sí, que bajo su imperio restringe la libertad individual, bajo la fórmula del bienestar general, y su función es asegurar el orden jurídico, pues se encuentra constituido por un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos y morales a los cuales la sociedad se considera estrechamente vinculada a la existencia y conservación de la organización social establecida. Por su parte, el interés social se traduce en cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un provecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo múltiples y diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una necesidad colectiva o lográndose un bienestar común. En torno a dichos tópicos resulta orientadora la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.". En el caso, el acto reclamado se hace consistir en una orden de citación con apercibimiento de arresto, así como su ejecución, para que el quejoso José Juan Díaz Cano comparezca a rendir su deposado en la causa penal 1004/2019, derivada de la carpeta de investigación 1003-2019-49302, que se sigue en contra de Martín García Almanza (padre de la pareja sentimental del peticionario), por la comisión del delito de homicidio en agravio de María Guadalupe del Toro Morales. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el quejoso solicita la medida cautelar para que no se ejecute la orden de arresto, con motivo de la medida de apremio emitida en su contra, para obligarlo a declarar en la referida indagatoria. Al respecto, es de hacer notar que cuando se dicta una orden de arresto como medida de apremio, lo que subyace es el desacato de una determinación judicial, esto es, la obstaculización a la pronta y efectiva impartición de justicia, que hizo necesaria la emisión de ese medio de coerción que se encuentra a disposición de las autoridades judiciales para vencer la resistencia de las partes en el juicio o de terceros. La anterior circunstancia no impide que se conceda la suspensión del acto reclamado, debido a que, incluso la orden de arresto debe regirse (entre otros) por los principios consagrados en la Carta Magna, relativos a la seguridad jurídica, fundamentación y motivación. Desde esa perspectiva, de conformidad con el contenido del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de ejecutarse el acto reclamado se causarían al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, resulta procedente conceder la suspensión provisional respecto de las consecuencias de la ejecución de los actos reclamados únicamente para el efecto de que no se prive de la libertad a José Juan Díaz Cano con motivo de la orden de arresto decretada por el fiscal ordenador, para obligarlo a rendir su deposado en la indagatoria de origen. Pues de no conceder la medida suspensional solicitada, se consumaría irreparablemente la privación de la libertad personal del agraviado y quedaría sin materia el juicio de amparo; en otras palabras, ni siquiera un eventual otorgamiento de la protección constitucional podría restituir a aquél en el goce de su garantía individual, porque la afectación de la libertad no puede repararse a través de ningún medio jurídico, y por ende, ha lugar a la paralización de los actos reclamados. No es impedimento para considerarlo de esta forma, el hecho de que el quejoso no haya manifestado a esta autoridad jurisdiccional la hora y fecha exacta en que se requirió su comparecencia ante la autoridad ordenadora, ya que los efectos de la orden de citación con apercibimiento de arresto que reclama no se extinguen con la sola llegada de la fecha de su citación, pues su objeto no consiste en que tenga lugar esa diligencia en hora y fecha determinadas, sino de lograr la comparecencia del peticionario como testigo de los hechos de feminicidio que se investigan y para eso la autoridad se auxilia de las medidas de apremio, de las que puede hacer uso en cualquier momento para lograrlo; por ende, los efectos se extienden más allá de la fecha señalada para recibir el testimonio del quejoso. Es aplicable, por igualdad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 33/2013 (10a.)6, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DE UN TESTIGO DE CARGO. NO OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SI DURANTE LA INSTRUCCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE ACTUALIZA EL DÍA SEÑALADO PARA EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA DE INTERROGATORIOS. Si el testigo de cargo incurre en desacato a los requerimientos formulados por la autoridad judicial para el efecto de desahogar la prueba testimonial, el juez de la causa estará facultado para emplear alguna medida de apremio para hacer cumplir su determinación, como por ejemplo, acudir al auxilio de la fuerza pública, hasta que dicha diligencia se lleve a cabo. De ahí que sea factible concluir que el verdadero objeto de una orden de localización y presentación de un testigo no consiste en que tenga lugar una diligencia en fecha y hora determinadas, pues si esto fuera así, la sola llegada de esa fecha daría por extinguida la facultad del oferente de la prueba y del juez para obtener el desahogo de la prueba; el objeto es obtener la comparecencia de una persona para que desahogue el interrogatorio formulado por el inculpado, a fin de tutelar su derecho a la defensa y cerrar la instrucción. De este modo, la situación jurídica del quejoso creada a partir del acto reclamado es la de ser considerado un testigo que ha incurrido en rebeldía para comparecer a juicio, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, que consisten en aplicar una medida judicial de apremio hasta obtener el desahogo de un interrogatorio; todo lo cual legitima al quejoso para acudir al juicio de amparo y obtener, en su caso, una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" De conformidad con la jurisprudencia inserta en el apartado anterior, se advierte que la orden de citación con apercibimiento de arresto que reclama el peticionario trae aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que pueden concretarse en su esfera jurídica, derivados de la medida de apremio de arresto (la cual no puede ser mayor del término de 36 horas previsto en el artículo 21 constitucional), que tiene por objeto su comparecencia a la entrevista, lo que podría ordenarse en cualquier momento ante su inasistencia En virtud de lo anterior, procede se realizar el pronunciamiento de concesión respectivo en el apartado siguiente. Concesión de la suspensión definitiva En ese sentido, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo4 , ya que, en primer lugar, esta suspensión fue solicitada por el agraviado en su escrito inicial de demanda, no se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgue las leyes, ni mucho menos se le infiere daño alguno, además que de ejecutarse el acto reclamado sería difícil la reparación de los daños y perjuicios. Por tanto, en acatamiento al precepto 166, fracciones I y II de la Ley de Amparo5 , SE CONCEDE A JOSÉ JUAN DÍAZ CANO LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que no se restrinja su libertad deambulatoria con motivo de la ejecución de dicha orden, ni del apercibimiento de mérito. Lo anterior, toda vez que, por una parte, si bien dicha orden no tiene como propósito lograr su "detención", lo cierto es que dado sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse el quejoso, se limita temporalmente su derecho a la libertad. Se cita la tesis jurisprudencial 109/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada". Además, la concesión de la presente medida suspensional se otorga sin exigir garantía alguna porque, de momento, no se advierte que se pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero alguno, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 132 de la citada Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca la Jurisprudencia P./J. 75/20004 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento". Condiciones de la suspensión La medida cautelar no surtirá efectos en favor del agraviado, si se le sorprende en flagrante delito o bien si se trata de cumplimentar una orden de citación, con apercibimiento de arresto, así como su ejecución, dictada por autoridad distinta de las señaladas como responsables por el peticionario de amparo. La suspensión otorgada surte sus efectos desde este momento y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Además, con fundamento en el artículo 162 de la Ley de Amparo, el quejoso José Juan Díaz Cano queda obligado a presentarse ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, que conoce del trámite de la causa penal 1004/2019, cuantas veces le sea exigido, ello aun en el caso de que la comunicación respectiva la haga llegar la autoridad diversa responsable (Agente del Ministerio Público de Litigación, adscrito a la Unidad Especializada para Investigar y Perseguir el Delito de Homicidio Doloso, en Agravio de la Mujer y Feminicidio), en el entendido que de no cumplir con tal requisito, dejará de surtir efectos la suspensión definitiva, previa comunicación que para tal efecto remitan las autoridades responsables, lo anterior, a fin de que se lleve la legal continuación del procedimiento que, en su caso, se sigue, por ser de orden público. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a José Juan Díaz Cano, contra los actos que reclamó del Juez Presidente de Enjuiciamiento Oral del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de esta Región, por las razones y fundamentos expuestos en el punto II.1 del considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a José Juan Díaz Cano, contra los actos que reclamó del Agente del Ministerio Público de Litigación, adscrito a la Unidad Especializada para Investigar y Perseguir el Delito de Homicidio Doloso, en Agravio de la Mujer y Feminicidio; Fiscal General del Estado, Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia y Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, estas dos últimas en su denominación correcta, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta interlocutoria.

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