José Juan García Sánchez
Expediente 714/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Juan García Sánchez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con veinte minutos del diecinueve de julio de dos mil diecinueve (foja 11 vuelta), hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-714/2019, promovido por José Juan García Sánchez, por propio derecho, contra el acto de la autoridad que se menciona en el cuadro siguiente: No.AUTORIDAD RESPONSABLE1 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. De quien reclama el acto consistente en: La omisión de radicar la demanda presentada por el quejoso el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en los plazos y términos establecidos por la ley, así como de ordenar el emplazamiento de la parte demandada y señalar fecha para la audiencia de conciliación. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con la asistencia del secretario licenciado Javier Ivan Contreras Osorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos y certifica: Que obran agregados la demanda de amparo (fojas 2 a 9) y auto admisorio de veinte de junio del año en curso (fojas 10 a 12). Por otra parte, en cuanto al informe justificado que obra en autos, el secretario hace relación del mismo mediante el cuadro siguiente: No. AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE. 14 NIEGA A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo el informe justificado; con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. Sin que obste para la celebración de esta audiencia, que no ha trascurrido el plazo de ocho días a que alude el artículo 117, párrafo segundo, de la ley en consulta, toda vez que ninguna de las partes solicitó su suspensión o diferimiento, como los faculta dicho numeral. Lo anterior, pues se estima que un eventual sobreseimiento, la negativa del amparo o una concesión de la protección constitucional por dilaciones no les causan perjuicio alguno. Además, con base en la reforma al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, se impuso a los juzgadores la obligación de que en caso de no afectarse la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales; por tanto, continúese con la celebración de ésta. Acto continuo, el Juez, declara abierto el período de PRUEBAS, en el que el secretario hace constar que obran las documentales ofrecidas por el tribunal responsable, por conducto de su presidente, al rendir informe justificado (fojas 15 a 23), sin que las demás partes las ofertaran. El Juez acuerda: Ténganse por admitidas y desahogadas las documentales en comento, en atención a su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido su derecho a exhibir medios de convicción, y como no se ofrecieron más pruebas que deban relacionarse ni desahogarse, se cierra dicha etapa. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que únicamente los formuló la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho; a lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la representación social de la adscripción formulando los alegatos que a su parte corresponden y por perdido el derecho de las partes de hacerlo, por lo que se cierra esta fase. Acto seguido, se procede a dictar la determinación siguiente. Vistos los autos para emitir resolución en el juicio de amparo indirecto II-714/2019, promovido por José Juan García Sánchez, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad y turnado ese día a este órgano jurisdiccional, José Juan García Sánchez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que se precisará en el considerando segundo de esta resolución. Por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el número II-714/2019, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48, 55, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque la omisión que se reclama en esta vía, se atribuye a un tribunal laboral que reside dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención de los promoventes y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con el criterio resaltado, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: La omisión de radicar la demanda presentada el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en los plazos y términos establecidos por la ley, así como ordenar el emplazamiento de la parte demandada y señalar fecha para la audiencia de conciliación. TERCERO. Certeza de actos. Es cierta la omisión que se reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no obstante que al rendir el informe justificado por conducto de su Presidente lo negó; sin embargo, del contenido del propio informe y de las copias certificadas que remitió dicha responsable junto con el informe justificado se desprende que dictó auto de radicación de la demanda el veintisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 22 y 23), esto es, después de la presentación de la demanda [diecinueve de junio de dos mil diecinueve]. Documentales, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo, Por tanto, en autos se encuentra desvirtuado el sentido negativo en que se rindió el informe justificado. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. Establecida la existencia de la omisión reclamada, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se advierte de las constancias que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, remitió como justificación al informe. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional el quejoso reclama, en esencia, la omisión de radicar la demanda presentada el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en los plazos y términos establecidos por la ley, así como de ordenar el emplazamiento de la parte demandada y señalar fecha para la audiencia de conciliación. En ese sentido, de las constancias remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, se aprecia que mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 22 y 23), radicó la demanda laboral presentada por el quejoso el cuatro de marzo del año en curso, ordenó el emplazamiento de la parte demandada Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Lázaro Cárdenas y al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Lázaro Cárdenas, asimismo, señaló las diez horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de enero de dos mil veinte para la celebración de la audiencia de conciliación. Es verdad, conforme a lo indicado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo [diecinueve de junio de dos mil diecinueve], toda vez que la responsable el veintisiete de junio del año en curso, dictó auto de radicación de la demanda, ordenó el emplazamiento de la parte demandada y señaló fecha para la audiencia de conciliación, lo que produce que cesaran los efectos de la omisión reclamada. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer en el presente juicio de control constitucional conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causa de improcedencia estudiada, razón por la que, nada obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor peso, como lo es una causa de improcedencia, que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo, tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes, regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que algunas autoridades pertenecientes tanto al Estado como a la Federación, se encuentran gozando del primer período vacacional, se ordena reservar el envío de las comunicaciones que se encuentren en el supuesto, hasta en tanto reanuden labores. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Juan García Sánchez, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia, conforme a los razonamientos en el expuestos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con el licenciado Javier Ivan Contreras Osorio, secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se obtiene que no obra constancia de notificación de los oficios siguientes: Oficio:Dirigido a:11084/2019Ayuntamiento del Municipio de Tarímbaro, Michoacán.11085/2019Presidente Municipal de Tarímbaro, Michoacán.11086/2019Síndico Municipal de Tarímbaro, Michoacán.11087/2019Contralor Municipal de Tarímbaro, Michoacán.11088/2019Receptor de Rentas de Tarímbaro, Michoacán.11089/2019Tesorera del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán. Los cuales contienen la transcripción autorizada del auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Atento a lo anterior, requiérase a la Administradora Local de Correos, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este auto, remita el original o copia certificada de los acuses de recibo relativos a las piezas 11084/2019, 11085/2019, 11086/2019, 11087/2019, 11088/2019 y 11089/2019, las cuales fueron depositadas en esa dependencia a su cargo mediante factura de cuatro de junio de dos mil diecinueve; con el apercibimiento que de ser omisa o no informar las causas legales que le impidan hacerlo se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 237 en relación con el diverso numeral 259 de la ley en la materia. Lo anterior para estar en condiciones de integrar debidamente el presente expediente y dar cumplimiento a lo ordenado en el citado proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, es decir, remitir el expediente en que se actúa así como el original y copia del escrito de expresión de agravios relativo al recurso de revisión que interpuso la Tesorera del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para la substanciación del referido medio de impugnación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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