José Juan Hernández Ortiz O José Hernández Ortiz

Expediente 324/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
324/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/07/2018

Partes del expediente

  • José Juan Hernández Ortiz O José Hernández Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    El suscrito Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, CERTIFICA: que el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veintisiete de junio de dos mil dieciocho (fojas 14 a 20), en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del cinco al once de julio del año en curso, pues el mismo se le notificó el pasado tres de julio de dos mil dieciocho (fojas 21 a 23). Asimismo, se hace constar que el presente expediente: Se encuentra debidamente foliado, sellado y rubricado. No obran documentos originales pendientes por devolver. Tampoco existe recurso de queja interpuesto por la parte quejosa pendiente de resolver. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Uruapan, Michoacán, doce de julio de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta al Juez con el estado de autos y certificación que antecede, dentro del juicio de amparo 324/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, doce de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veintisiete de junio de dos mil dieciocho (fojas 14 a 20), en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del cinco al once de julio del año en curso, pues el mismo se le notificó el pasado tres de julio de dos mil dieciocho (fojas 21 a 23), sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no existen documentos originales exhibidos y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y el secretario Arturo Correa Maldonado, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    R.-. ... En la misma fecha, la secretaria da cuenta al secretario encargado del despacho con un escrito y anexos, registrado bajo el número 12340, así como con la certificación que antecede. Conste. Uruapan, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Visto la demanda promovida por JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ ORTIZ O JOSÉ HERNÁNDEZ ORTIZ, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social "Licenciado Eduardo Ruíz", con residencia en esta ciudad y otras autoridades, regístrese bajo el número 324/2018. IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, la parte quejosa reclama la determinación de catorce de junio de dos mil dieciocho, dictada en sesión extraordinaria, por el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario "Licenciado Eduardo Ruíz", con residencia en esta ciudad, mediante la cual, entre otras cosas, negó al peticionario de amparo José Hernández Ortiz o José Juan Hernández Ortiz, la visita íntima con la diversa reclusa Gabriela Méndez Sánchez. Supuesto en el que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar el acto reclamado conforme lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese orden de ideas, conviene destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de ... contenida en el párrafo anterior; ... Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones emitidas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Asimismo, indica que dicho medio ordinario de defensa debe conceder a la parte promovente, la posibilidad de suspender el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo para tal efecto. En ese sentido, cabe señalar que el principio de ... consiste en la obligación de los peticionarios de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Al respecto, resulta pertinente mencionar lo que establece en sus capítulos IV y V, la Ley Nacional de Ejecución Penal:...De los normativos citados se advierte que las personas privadas de la libertad que se encuentran compurgando una pena a disposición de los Jueces de Ejecución, tienen derecho a promover, ante dicho Juez, las controversias que se susciten con motivo de sus condiciones de internamiento (visita íntima) con las autoridades penitenciarias. En dicho procedimiento, la parte agraviada está en aptitud de solicitar la suspensión de los actos reclamados, suspensión que en caso de tratarse de casos urgentes, puede ser concedida de oficio por el Juez competente. De igual manera, dicho procedimiento tiene como finalidad que la autoridad jurisdiccional, revise la actuación de la autoridad penitenciaria y así evitar o sancionar alguna violación a derechos fundamentales cometida por las autoridades carcelarias sobre las personas recluidas en los Centros de internamiento. Entonces, tenemos que la sustanciación de la controversia planteada, tiene como finalidad revisar las actuaciones de las autoridades para, en su caso, restablecer a la parte promovente en el goce del derecho que estima violado. De ahí que previo a la promoción del juicio de amparo, la parte aquí quejosa, debió acudir ante el Juez de Ejecución de Uruapan, Michoacán, a efecto de que éste revise la legalidad de la determinación de catorce de junio de dos mil dieciocho emitida por el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario "Licenciado Eduardo Ruíz", con residencia en esta ciudad. A mayor abundamiento, en la citada legislación se prevé la posibilidad de recurrir el auto o la resolución que resuelva o dé por concluida la controversia mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el Tribunal de Alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla... Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio ... de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del procedimiento ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario...En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda y por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Araceli Reyes Valencia, virtud a que de la certificación que antecede se advierte que tienen registrada cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con el artículo 1° en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el diez de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113 fracción I, de la referida ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente incidente de suspensión, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal a la Secretaria adscrita a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y solo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo provee y firma Salvador Paz Hurtado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia de carácter académica concedida al Titular, por la Comisión de Carrera Judicial, notificada mediante oficio CCJ/ST/3007/2018 suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; con la Secretaria, Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    ... En la misma fecha, la secretaria da cuenta al secretario encargado del despacho con un escrito y anexos, registrado bajo el número 12340, así como con la certificación que antecede. Conste. Uruapan, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Visto la demanda promovida por JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ ORTIZ O JOSÉ HERNÁNDEZ ORTIZ, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social "Licenciado Eduardo Ruíz", con residencia en esta ciudad y otras autoridades, regístrese bajo el número 324/2018. IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, la parte quejosa reclama la determinación de catorce de junio de dos mil dieciocho, dictada en sesión extraordinaria, por el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario "Licenciado Eduardo Ruíz", con residencia en esta ciudad, mediante la cual, entre otras cosas, negó al peticionario de amparo José Hernández Ortiz o José Juan Hernández Ortiz, la visita íntima con la diversa reclusa Gabriela Méndez Sánchez. Supuesto en el que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar el acto reclamado conforme lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese orden de ideas, conviene destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ... Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones emitidas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Asimismo, indica que dicho medio ordinario de defensa debe conceder a la parte promovente, la posibilidad de suspender el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo para tal efecto. En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación de los peticionarios de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Al respecto, resulta pertinente mencionar lo que establece en sus capítulos IV y V, la Ley Nacional de Ejecución Penal:...De los normativos citados se advierte que las personas privadas de la libertad que se encuentran compurgando una pena a disposición de los Jueces de Ejecución, tienen derecho a promover, ante dicho Juez, las controversias que se susciten con motivo de sus condiciones de internamiento (visita íntima) con las autoridades penitenciarias. En dicho procedimiento, la parte agraviada está en aptitud de solicitar la suspensión de los actos reclamados, suspensión que en caso de tratarse de casos urgentes, puede ser concedida de oficio por el Juez competente. De igual manera, dicho procedimiento tiene como finalidad que la autoridad jurisdiccional, revise la actuación de la autoridad penitenciaria y así evitar o sancionar alguna violación a derechos fundamentales cometida por las autoridades carcelarias sobre las personas recluidas en los Centros de internamiento. Entonces, tenemos que la sustanciación de la controversia planteada, tiene como finalidad revisar las actuaciones de las autoridades para, en su caso, restablecer a la parte promovente en el goce del derecho que estima violado. De ahí que previo a la promoción del juicio de amparo, la parte aquí quejosa, debió acudir ante el Juez de Ejecución de Uruapan, Michoacán, a efecto de que éste revise la legalidad de la determinación de catorce de junio de dos mil dieciocho emitida por el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario "Licenciado Eduardo Ruíz", con residencia en esta ciudad. A mayor abundamiento, en la citada legislación se prevé la posibilidad de recurrir el auto o la resolución que resuelva o dé por concluida la controversia mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el Tribunal de Alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla... Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del procedimiento ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario...En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda y por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Araceli Reyes Valencia, virtud a que de la certificación que antecede se advierte que tienen registrada cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con el artículo 1° en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el diez de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113 fracción I, de la referida ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente incidente de suspensión, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal a la Secretaria adscrita a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y solo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo provee y firma Salvador Paz Hurtado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia de carácter académica concedida al Titular, por la Comisión de Carrera Judicial, notificada mediante oficio CCJ/ST/3007/2018 suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; con la Secretaria, Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

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