José Jorge Ortega Anaya
Expediente 499/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Jorge Ortega Anaya
- PRESIDENTA E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, MORELIA (se desecha por esta autoridad)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: Que el término a que se refiere el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, para que las autoridades rindan informe previo, se encuentra transcurriendo, toda vez que fueron notificadas a las once horas con veinte minutos del veintisiete de noviembre del año en curso. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Conste. Con la certificación secretarial que antecede, y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. ConsteUruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término para que las autoridades responsables, rindan su informe previo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA y SIETE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
En veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un escrito registrado con el folio 15184. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado por Viridiana Mercado Gutiérrez, apoderada jurídica del quejoso José Jorge Ortega Anaya; sin que sea el caso, proveer lo que conforme a derecho procede; toda vez que conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, las promociones en los juicios de amparo deben formularse por escrito, mediante formato impreso o documento electrónico, debiendo contener, en el primer caso, la firma autógrafa del promovente y, en el segundo, su firma electrónica; lo que en el caso concreto no acontece, debido a que dicho escrito, carece de la firma electrónica de la referida Mercado Gutiérrez; de ahí que, se impide tener certeza de la autenticidad de dicho libelo, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención, lo que no acontece, toda vez que dicho escrito, se encuentra firmado electrónicamente por diversa persona. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
En veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio y anexo; así como con tres escritos recibidos electrónicamente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, registrados con los folios 14693, 14679, 14797 y 14839; y, con el estado de autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés.********************1. Llegada de autos. Agréguese a los autos el oficio 8104/2023, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el cual, informa que se pronunció sentencia dentro del recurso de queja en materia administrativa ********************/2023, de su consecutivo, en la que se declaró infundado el recurso de queja respectivo, y remite los autos originales del juicio en que se actúa.********************Acúsese el recibo de estilo correspondiente. ********************Asimismo, indica que la ejecutoria de mérito, es consultable a través de la herramienta electrónica "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", en la liga que indica; por lo tanto, descárguese el documento correspondiente a la mencionada ejecutoria, a efecto de que sea glosado a los presentes autos; así como, el cuaderno de antecedentes formado con motivo de los recursos planteados.********************2. Se levanta suspensión. Visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración que en proveído de cuatro de agosto del año en curso, se suspendió el procedimiento del presente asunto, hasta en tanto se resolvieran los recursos de queja interpuestos por el apoderado jurídico de la parte quejosa y, por la autoridad responsable Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, lo cual ya aconteció.********************En consecuencia, se levanta la suspensión del procedimiento y se reanuda el trámite del mismo.****************************************2.1 Se rinde informe justificado. Por otro lado, tomando en consideración que en auto de dieciséis de agosto del año en curso, se reservó acordar lo procedente respecto al informe justificado rendido por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Septuagésima Legislatura, y Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo del Poder Legislativo de esta Entidad Federativa, hasta en tanto, se levantara la suspensión del procedimiento, lo que en el caso, ya aconteció; en consecuencia, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad, rindiendo informe justificado, para lo cual adjunta los anexos respectivos, con lo que se ordena dar vista a la partes, para los efectos legales conducentes.********************Asimismo, se le tiene señalando como domicilio el que indica.****************************************3. Ampliación de demanda. Vistos los escritos de cuenta, de conformidad con el numeral 111, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de demanda, promovida por el quejoso ********************, a través de su apoderada jurídica ********************, carácter que se le reconoce al tenor del instrumento notarial que obra agregados en autos, contra actos de la Presidenta e Integrantes del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, y otras autoridades.********************3.1. Suspensión. En cuerda separada tramítese el incidente de suspensión.********************3.2. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. (Fecha que se fija en atención al segundo periodo vacacional de este órgano jurisdiccional).********************3.3. Informe con justificación. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo con la anticipación necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional y remitir copia certificada legible y completa de las constancias que sean necesarias para resolver el presente juicio.********************Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá de manera individual, una multa de doscientas unidades de medida de actualización, equivalente a ********************, en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo.********************3.4. Tercero interesado. Sin ser el caso de llamar a juicio a tercero interesado alguno, dada la naturaleza de los actos que se reclaman.********************3.5. Ministerio Público. Dese al Fiscal de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita.********************3.6. Causas de sobreseimiento. Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá, de manera individual, una multa de doscientas unidades de medida de actualización, equivalente a ********************, como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento.********************3.7. Pruebas. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales consistente en las constancias que anexa la parte quejosa, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas en este acto, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Incidental
En veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con copia del escrito de ampliación de demanda, para formar el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo ********************/2023. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha, en el expediente principal y con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, con copia simple del escrito de ampliación de demanda, tramítese el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************/2023, promovido por ********************, a través de su apoderada jurídica ********************, contra actos de la Presidenta e Integrantes del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, y otras autoridades. 1.2. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 1********************0 de la ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído, enviándoles al efecto copia simple de la ampliación de demanda de amparo. 1.3. Audiencia incidental. Hágase saber a las partes, que en este asunto se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. 1.********************. Precisión del acto reclamado. La parte incidentista hace consistir su reclamo en lo siguiente: ... A su vez, la Ley de Tra´nsito y Vialidad del Estado publicada en el 2002, en la cual, no se reconocen los principios rectores y la jerarqui´a de la movilidad, vinculada a la seguridad vial; de ahi´ la necesidad de una urgente actualizacio´n y homologacio´n del marco normativo estatal. Se llevo´ a cabo, el Foro "Hacia una Ley de Movilidad y Seguridad Vial" que tuvo como objetivo rendir informacio´n a la ciudadani´a en general, sobre las problema´ticas y necesidades de Michoaca´n, por lo que, se desarrollaron ponencias en materia de movilidad, transporte y seguridad vial. Derivado de lo anterior, la Comisio´n de Comunicaciones y Transportes, en coordinacio´n con el Poder Ejecutivo del Estado y los municipios, en cumplimiento al arti´culo segundo transitorio del Decreto Federal, mediante el cual se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y tomando en consideracio´n el sentir social, llevo´ a cabo el Parlamento Abierto para la Consulta Ciudadana para la elaboracio´n del presente proyecto de Ley con el objetivo de contar con un marco normativo eficaz y acorde a las necesidades sociales de nuestro Estado, asi´ como la debida efectividad en la aplicacio´n de la norma, para los entes pu´blicos competentes en la materia. Dicho Parlamento conto´ con la participacio´n social de diversos sectores como son personas con discapacidad, personas peatonas, personas con movilidad reducida, adultas mayores, ciclistas, motociclistas, automovilistas, operadoras del transporte pu´blico, concesionarias, instituciones educativas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y dema´s grupos interesados en la materia; para la formulacio´n del presente proyecto, se estudio´, analizo´ y sistematizo´ el resultado de dicho Parlamento, conformando, un expediente por cada una de las sedes, que permite dar constancia de la participacio´n, aforo, propuestas y soluciones de las y los ciudadanos del Estado de Michoaca´n de Ocampo. Derivado del acuerdo de coordinacio´n entre el poder Legislativo y Poder Ejecutivo, tuvieron a bien establecer una mesa técnica para la formulación del Proyecto de la Ley de Movilidad y seguridad Vial del Estado de Michoaca´n de Ocampo misma que fue instalada el 17 de Junio del an~o 2022, contando con la participacio´n de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, La Secretaria de Gobierno, la Secretaria de Seguridad Pu´blica, la Secretaria de Finanzas y Administracio´n, la Secretaria de salud, la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, la Comisio´n Coordinadora del Transporte de Michoaca´n. Es importante sen~alar que para la elaboracio´n del presente proyecto de Decreto, esta Comisio´n tuvo a bien considerar las iniciativas de Decreto turnadas a esta Comisio´n para su estudio, ana´lisis y dictamen, las cuales fueron contempladas con la finalidad de contar con un proyecto integral, incluyente y transversal, que permita un marco normativo que de´ certeza juri´dica a las y los michoacanos, tomando en consideracio´n los diversos motivos expuestos por las y los diputados proponentes de la LXXV Legislatura y que consideramos importante resaltar su aporte e invaluable labor legislativa." De todo lo anterior, se advierte que la omisión de video grabar la Sesión Extraordinaria de primero de junio de dos mil veintitrés, en la que se votó y aprobó el decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, formó parte del procedimiento legislativo de la misma, la cual tuvo como finalidad actualizarse y homologarse en materia de movilidad, a fin de dar contenido al derecho fundamental consagrado en el precepto ******************** de la Constitución Federal, que prevé que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, pues la normativa local se encontraba desfasada en relación con la diversa normativa federal que se implementó con motivo del reconocimiento de la prerrogativa aludida. Para tal efecto, se contó con la participación social de múltiples sectores de la población como eran las personas con discapacidad, personas peatonas, personas con movilidad reducida, adultas mayores, ciclistas, motociclistas, automovilistas, operadoras del ********************, concesionarias, instituciones educativas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y demás grupos interesados en la materia. Las opiniones de dichos sectores fueron parte fundamental para que las autoridades legislativas establecieran el marco regulatorio correspondiente que, como se puede apreciar de su contenido y del precepto 3 de la ley combatida, tiene como objeto regular deforma incluyente, igualitaria y sin discriminación las necesidades de todas las personas en sus desplazamientos en el espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte y los sistemas de movilidad, es decir, garantizando este derecho a todas las personas en Michoacán. Además, busca establecer las competencias y acciones que llevarán a cabo tanto los gobiernos municipales como el del Estado, donde se establezcan parámetros mínimos que deben contener la infraestructura y mobiliario urbano, para permitir la accesibilidad, eficacia y sobre todo la seguridad vial. Aunado a ello, la ley reclamada prevé las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Este punto se destaca, porque la sociedad está directamente interesada en que el servicio de ******************** se encuentre debidamente regulado a fin de que se les brinde de acuerdo a dichas condiciones. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que de concederse la medida cautelar para los efectos solicitados por la parte quejosa, esto es, para que no se le aplique la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, pues es evidente que el decreto controvertido se encuentra dirigido a regular, controlar y vigilar las operaciones relacionadas con el servicio público de ********************, a fin de dar mayor protección a los miembros de la sociedad en general, específicamente al usuario al regular los costos de los servicios y dar certidumbre jurídica al inicio, durante el proceso y al finalizar la prestación del servicio. Ahora, si bien es cierto que con la negativa de la suspensión se puede causar a la parte quejosa un perjuicio en su esfera jurídica, incluso de tipo económico, también lo es que, como se expuso, con la inaplicación de las normas que considera inconstitucionales, si se ocasiona perjuicio al interés social, por lo que su interés individual o particular no puede estar por encima del interés social y el orden público existentes en la impostergable necesidad regular el servicio público de ********************, a fin de hacerlo acorde al numeral ******************** del Pacto Federal. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de la ley impugnada, pues debe prevalecer y protegerse la no afectación al orden público y a la sociedad, frente al mero daño económico y operativo en la actividad que realiza la parte quejosa. Así, los beneficios que dejaría de percibir la sociedad con la concesión, son mayores al perjuicio que se provocaría a la parte incidentista negando la medida. Máxime que, respecto a la omisión de video grabar la Sesión Extraordinaria de primero de junio de dos mil veintitrés, en la que se votó y aprobó el decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, por sí misma, al tratarse de una abstención, esto es, un no actuar de las autoridades responsables, carece de ejecución, por lo cual no existe materia para conceder la suspensión. Apoya todo lo anterior, por las razones que aduce, la jurisprudencia ********************7/2022, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2629, del libro 18, octubre de 2022, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 202537********************, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, APARTADO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO DE DIVERSAS REGLAS Y ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022, QUE SE REFIEREN A LA CONTABILIDAD DE QUIENES DEBEN LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al resolver recursos de queja, analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a consideraciones contrarias con relación a si procede o no conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias derivados del artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas 2.6.1.3., 2.6.1.********************., 2.6.1.5. y 2.6.1.6., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, y los Anexos 30, 31 y 32 de ésta, pues uno de ellos razonó que debe otorgarse la medida cautelar en virtud de que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque el sistema normativo de contabilidad en materia de controles volumétricos ya resultaba obligatorio con anterioridad, por lo que se puede conceder la medida para que el quejoso continúe observando la regulación previa; mientras que el otro órgano jurisdiccional decidió que no debe concederse la suspensión porque no se satisface el requisito que exige la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, existe el interés general de que la autoridad hacendaria cuente con la información suficiente para vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de hidrocarburos o petrolíferos. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no procede conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias derivados del artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, así como de las reglas 2.6.1.3., 2.6.1.********************., 2.6.1.5. y 2.6.1.6., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 27 de diciembre de 2021, y los Anexos 30, 31 y 32 de ésta, publicados el 13 de enero de 2022, ya que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Justificación: Las disposiciones reclamadas son de orden público e interés social porque tienen como finalidad regular la contabilidad que deben llevar aquellas personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, quienes deben contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, es decir, aquellos registros de volumen que se utilizan para conocer la adquisición, existencia y venta de ese tipo de bienes; se trata, entonces, de la normativa que regula el control de las cantidades de hidrocarburos o petrolíferos que se expenden al público en general, que no sólo permiten llevar una contabilidad adecuada, sino que son un mecanismo con el que se combate el mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos. Por ello, no es procedente conceder la medida cautelar porque la sociedad está interesada en que prevalezcan los beneficios que se obtienen con esas disposiciones, que no sólo son aquellos de carácter fiscal, sino también de combate a ese mercado ilícito". Así como, la jurisprudencia 36/2023, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia de este país, visible en la página 1010, del libro 79, octubre de 2020, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2022337, que señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE CONTRA LA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES DE TRÁNSITO Y VIALIDAD QUE RESTRINGEN LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA (LEGISLACIÓN DE JALISCO Y DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN). Hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes, al resolver recursos de queja, analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que para uno de ellos la suspensión en el juicio de amparo procede cuando se impugnan disposiciones del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, que establece restricciones para la circulación de vehículos de carga, pues considera que no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, mientras que para el otro es improcedente dicha medida cautelar contra la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 25 de enero de 2020, que prevé limitaciones a la circulación de dichos vehículos, ya que no se satisface el requisito contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala determina que no procede conceder la suspensión provisional contra la aplicación de disposiciones de tránsito y vialidad que restringen la circulación del transporte de carga. Justificación. Lo anterior, porque las disposiciones que establecen restricciones para la circulación del transporte de carga pesada, contenidas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey son de orden público e interés social y tienen como finalidad ordenar y otorgar mayor seguridad a los ciudadanos que hacen uso de las vías públicas, y para ello, entre otras medidas, establecen limitaciones de horario para el tránsito de vehículos de carga pesada. En ese tenor, esta Segunda Sala considera que no es procedente conceder la medida cautelar provisional en contra de esas normas, porque la ponderación entre el derecho que tienen los particulares a transitar con libertad y el interés social inmerso en las disposiciones que limitan o restringen tal derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Federal, lleva a concluir que en el caso concreto se debe privilegiar, por encima del interés particular, el bien común, de manera que si las restricciones que imponen los preceptos reclamados a la circulación del transporte de carga repercuten en la regularidad de la actividad social y económica de la colectividad, lo adecuado es negar la suspensión provisional del acto, porque además esta decisión no causa un daño irreparable al particular". Asimismo, sirve de apoyo la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XI, Junio de 1993, página 312, de rubro y texto: "SUSPENSION, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida". En consecuencia, con apoyo en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, SE NIEGA A LA PARTE QUEJOSA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados en su ampliación de demanda. 1.6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. La actuación del personal judicial y de las partes dentro del presente incidente, así como la integración del expediente físico, deberá llevarse a cabo en los términos y condiciones establecidos en el juicio principal de donde deriva el presente cuaderno. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
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