José Jesús Hernández Tafolla

Expediente 323/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
323/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • José Jesús Hernández Tafolla
  • Ttitular del Juzgado Décimo Segundo Familiar del Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    catorce de noviembre de dos mil veintitrés S E N T E N C I A Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 323/2023, promovido por José Jesús Hernández Tafolla, contra un acto del Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Familiar de Querétaro, Querétaro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante ocurso depositado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que fue turnado a éste órgano jurisdiccional por José Jesús Hernández Tafolla solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "PRIMERO. Sentencia definitiva a la Jurisdicción Voluntaria sobre "reconocimiento de concubinato" que confirió la calidad de concubina a la C. Idalia Castañeda Celis, acción basada en falsedad de declaraciones y fue próspera ante la autoridad Juez Octavo en Materia Familiar del Estado de Querétaro, expediente 1432/2022, en el cual el suscrito por no ser parte, tengo calidad de tercero extraño a juicio. Sentencia con la cual la C. Idalia Castañeda Celis intenta que se declare en su favor la existencia de un régimen patrimonial de comunidad de bienes que conforman la masa hereditaria y derechos para obtener un 50% por ciento de dichos bienes y/o derechos, de mi padre el De Cujus Armando López Caviedes. (.) SEGUNDO. Todas las actuaciones que obran dentro del expediente 325/2023 que demanda en la vía ordinaria civil la nulidad de testamento, entre otras prestaciones, demanda interpuesta por la C. Idalia Castañeda Celis y admitida por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Familiar de Querétaro, en el cual el suscrito por no ser parte, tengo calidad de tercero extraño a juicio. Cabe señalar que la finalidad de demandar la nulidad del testamento de mi padre el C. Armando López Caviedes, es la de reconocer la existencia de una comunidad de bienes en favor de Idalia Castañeda Celis, quien se hubo ostentado en calidad de concubina y quien reclama la copropiedad del 50% de los bienes que conforman la masa hereditaria. (.) TERCERO. Auto de fecha 25 de abril del año en curso, que obra en el expediente 10/2020, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de Armando López Caviedes, que erróneamente reconoce a la C. Idalia Castañeda Celis como concubina del finado Armando López Caviedes, por haberse ostentado con tal carácter con la sentencia de jurisdicción voluntaria dictada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Familiar de Querétaro, lo anterior con la única finalidad de declarar una "comunidad de bienes" respecto de los bienes que conforman la masa hereditaria, fundamentado en falsedad de declaraciones. (.) CUARTO. FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ 12 FAMILIAR DE QUERÉTARO PARA SEGUIR CONOCIENDO DEL JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO, EN VIRTUD DEL DOMICILIO DEL DE CUJUS Y UBICACIÓN DE LOS BIENES MATERIA DE LA SUCESIÓN..." El promovente del amparo expuso que se violan sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés ?fojas 72 a 77?, se decretó la separación de juicios, determinándose que el juicio se seguiría únicamente respecto del acto reclamado derivado del expediente 10/2020, relativo al juicio sucesorio testamentario del índice del Juez Décimo Segundo Familiar del Estado de Querétaro, por lo que en diversos juicios de amparo se estudiarían los actos reclamados derivados de los juicios: 1. Jurisdicción voluntaria sobre reconocimiento de concubinato 1432/2022, del índice del Juez Octavo Familiar del Estado de Querétaro. 2. Juicio ordinario civil sobre nulidad de testamento 325/2023, del índice del Juez Séptimo Familiar del Estado de Querétaro. Por lo que se ordenó formar dos legajos compuestos con copia íntegra de la demanda de amparo, y remitirlos por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, como nuevos asuntos para que dicha unidad administrativa los turnara al Juzgado de Distrito que le correspondiera. Por otra parte, se previno al promovente para que dentro del plazo de cinco días, precisara lo siguiente: a) La autoridad o autoridades responsables, de quienes reclama los actos marcados como tercero y cuarto de su demanda. b) El nombre y domicilio de las personas a quienes reviste el carácter de terceros interesados, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. c) El estado procesal que guarda cada una de las secciones del juicio sucesorio testamentario 10/2020, del índice del Juez Décimo Segundo Familiar del Estado de Querétaro. d) La fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados marcados como tercero y cuarto de su demanda. e) Deberá expresar los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, de conformidad con lo previsto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, con el apercibimiento que, de no hacerlo dentro del plazo concedido, se tendría por no presentada la demanda. A través del escrito presentado el veinticinco de mayo de éste año ?fojas 93 a 100?, compareció el quejoso a dar cumplimiento a la prevención formulada, señalando, entre otras cosas, que tenía el carácter de autoridad responsable el Titular del Juzgado Décimo Segundo Familiar del Estado de Querétaro, en el cual se tramitaba el juicio sucesorio testamentario número 10/2020, a bienes de su padre Armando López Caviedes. En proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés ?fojas 101 a 103?, se admitió la demanda a trámite; se pidió el informe justificado de la autoridad señalada como responsable; se reservó proveer lo relativo al emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obraran en autos los informes justificados que rindieran las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que los bienes inmuebles materia del juicio sucesorio testamentario del que deriva el acto reclamado se encuentran en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, lugar donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, de su escrito aclaratorio, y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que el quejoso reclama: Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Familiar de Querétaro, Querétaro: - El auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 10/2020, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de Armando López Caviedes, en el que se reconoció a la tercera interesada Idalia Castañeda Celis como concubina del autor de la herencia. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Familiar de Querétaro, consistente en el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 10/2020, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de Armando López Caviedes, en el que se reconoció a la tercera interesada Idalia Castañeda Celis como concubina del autor de la herencia, ya que lo aceptó al rendir su informe de ley ?foja 136?. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio sucesorio testamentario de origen, la cual goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, al haberse expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También apoya, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". CUARTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Previamente a realizar el estudio sobre la procedencia y fondo del asunto, se hace necesaria una sucinta narración de los antecedentes relevantes del acto reclamado para delimitar la materia de análisis de este juicio de amparo. a) Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Poder Judicial de Querétaro, el siete de enero de dos mil veinte ?fojas 2 a 5 del tomo I de pruebas?, comparecieron Armando López Castañeda e Idalia López Castañeda, a denunciar el juicio sucesorio testamentario a bienes de su padre Armando López Caviedes, señalando que también fue señalado como heredero José Jesús Hernández Tafolla y, que Vanessa García López fue designada albacea. b) Por proveído de diez de enero de dos mil veinte ?fojas 11 y 12 del tomo I de pruebas?, el Titular del Juzgado Décimo Segundo de lo Familiar de Querétaro, Querétaro, al que correspondió conocer del asunto, lo registró con el número de expediente 10/2020; radicó el juicio sucesorio testamentario en su primera sección a bienes de Armando López Caviedes; ordenó girar oficios al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notaría en el Estado, así como al Registro Nacional de Avisos de Testamento, a fin de que informaran si en dichas dependencias se encontraba disposición testamentaria a nombre del De Cujus; previno a los promoventes para que hicieran saber la fecha y lugar de nacimiento del presunto heredero José Jesús Hernández Tafolla, a efecto de girar los oficios correspondientes de búsqueda y fuera notificado del juicio; y, mandó emplazar a Vanessa García López, para que compareciera a aceptar y protestar el cargo conferido. c) El once de septiembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la lectura de testamento ?fojas 48 a 50 del tomo I de pruebas?, a la que comparecieron Armando López Castañeda, Idalia López Castañeda, José Jesús Hernández Tafolla y Vanessa García López, en la que ésta última aceptó y protestó el cargo de albacea que le fue conferido. d) El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se dictó la resolución correspondiente a la primera sección del juicio sucesorio testamentario número 10/2020, a bienes de Armando López Caviedes ?fojas 128 a 132 del tomo I de pruebas?, en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver del presente procedimiento sucesorio testamentario a bienes de ARMANDO LÓPEZ CAVIEDES. SEGUNDO. Se declara acreditado el fallecimiento de ARMANDO LÓPEZ CAVIEDES, ocurrido el 8 ocho de julio de 2019 dos mil diecinueve. TERCERO. Se declara plenamente acreditado el hecho de que ARMANDO LÓPEZ CAVIEDES, otorgó como única y última disposición testamentaria la contenida en el testimonio de la escritura pública número 110,422 de fecha 24 de octubre de 2007, pasada ante la fe del C. Notario Público número 195 de la Ciudad de México. CUARTO. Se declara la validez del testamento público abierto otorgado por Armando López Caviedes, que se encuentra contenido en el testimonio de la escritura pública descrita en el resolutivo precedente. QUINTO. Se reconoce como únicos y universales herederos de la presente sucesión, a ARMANDO LÓPEZ CASTAÑEDA, IDALIA LÓPEZ CASTAÑEDA y JOSÉ JESÚS HERNÁNDEZ TAFOLLA, en términos de la cláusula primera del testamento, antes transcrita. SEXTO. Se tiene como albacea de la presente sucesión a VANESSA GARCÍA LÓPEZ, a quien se le discierne del cargo. SÉPTIMO. Al quedar firme la presente resolución deberá remitirse copia certificada de la misma, del auto que la declara firme, y de la diligencia de aceptación, protesta y discernimiento del cargo de albacea, a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en esta ciudad, para su inscripción.". e) Por acuerdo de nueve de abril de dos mil veintiuno ?foja 137 del tomo I de pruebas?, se declaró que la sentencia interlocutoria sobre validez del testamento causó estado, por lo que se ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado, a efecto de que diera cumplimiento al resolutivo séptimo. f) Mediante escrito presentado el seis de mayo del mismo año ?foja 151 a 154 del tomo I de pruebas?, compareció el ahora quejoso José Jesús Hernández Tafolla, a promover incidente de incompetencia por declinatoria en razón de territorio. g) En auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno ?foja 156 del tomo I de pruebas?, el Juez responsable señaló que el promovente tuvo conocimiento del procedimiento, dado que se apersonó al mismo y, el veintitrés de marzo de ese año se dictó la sentencia correspondiente en la que se sostuvo la competencia, sin que ninguna de las partes se inconformara con ella, la cual causó estado, por lo que debía estarse a dicha determinación. h) Una vez que se dio inicio a la segunda sección del juicio sucesorio, a través del escrito presentado el seis de agosto de dos mil veintiuno, compareció Idalia Castañeda Celis, ostentándose como parte interesada en la sucesión en cuanto concubina del autor de la herencia, a hacer valer sus derechos respecto de la presentación del inventario, a efecto de que se le reconociera dicho carácter y, en consecuencia, los derechos de la comunidad de bienes aplicable a la masa hereditaria del De Cujus en un cincuenta por ciento ?fojas 203 a 207 del tomo I de pruebas?. i) Por proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno ?foja 209 del tomo I de pruebas?, se dejaron a salvo los derechos de la promovente, para que los hiciera valer ante la autoridad correspondiente, en razón de que la declaratoria de herederos ya había sido dictada. j) En contra del referido acuerdo Idalia Castañeda Celis, interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, en el que se registró con el número de toca 1520/2021 RM y, el uno de diciembre de dos mil veintiuno, dicha Sala dictó la resolución correspondiente ?fojas 248 a 265 del tomo I de pruebas?, en la que modificó el auto combatido, para que quedara en los términos siguientes: ". Se modifica el auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno para quedar en los siguientes términos: ". Con base en lo anterior, mediante el ocurso con folio P37755/21 al que hace mención la ocursante, se advierte que los coherederos Idalia y Armando, ambos de apellidos López Castañeda estuvieron de acuerdo y aceptaron la existencia del concubinato entre Idalia Castañeda Celis y el autor de la sucesión, pues obra su firma en dicho escrito, por ende, a fin de contar con la certeza de dicho acto, resulta procedente requerir a los referidos herederos para que en un plazo de tres días ratifique personalmente dicho reconocimiento. En este orden de ideas, se ordena dar vista sobre las manifestaciones y documentos exhibidos en la causa con los que Idalia Castañeda Celis pretende ser reconocida como concubina del De Cujus, al coheredero José Jesús Hernández Lafolla (sic), para que dentro del plazo de 3 tres días manifieste lo que a su interés convenga. Hecho lo anterior, se acordará lo conducente.". Para el caso de que alguno de los herederos no reconozca el referido concubinato, entonces deberá ser el juez de primer (.) quien determine lo conducente con base en las manifestaciones que las partes emitan sobre el tema y los medios de prueba que se hicieron llegar a la causa para tal efecto.". k) Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós ?fojas 275 y 276 del tomo I de pruebas?, el Juez responsable, tomando en consideración que solo dos de los tres coherederos inmersos en el juicio reconocieron el concubinato, determinó no reconocer el concubinato entre Idalia Castañeda Celis y el De Cujus Armando López Caviedes, en razón del análisis y de que no se allegó ningún medio idóneo que acreditara su dicho, ya sea una resolución judicial o una constancia de no matrimonio de los mencionados, por lo que no hubo los medios de prueba correspondientes y, como consecuencia, dejó a salvo los derechos a Idalia Castañeda Celis, para que los ejerciera en la vía, forma y ante la autoridad que correspondiera. l) En contra del anterior proveído Idalia Castañeda Celis, interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en la que se registró con el número de toca 392/2022 y, en resolución de nueve de marzo de dos mil veintidós ?fojas 287 a 296 del tomo I de pruebas?, dicha Sala modificó el auto recurrido, para quedar en los términos siguientes: ". Efectos de la determinación. A la luz de los argumentos propuestos en la presente, se modifica el auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, para quedar en los siguientes términos: ". En razón de todo lo anterior, siendo que solo dos de los tres herederos inmersos en el presente juicio reconocen el citado concubinato, el suscrito se pronuncia al respecto, no reconociendo el concubinato entre la C. Idalia Castañeda Celis y el de Cujus Armando López Caviedes, en razón del análisis y que no se allegó ningún medio idóneo para acreditar su dicho, como una resolución judicial, por lo que no hubieron los medios de prueba correspondientes y como consecuencia, se le dejan a salvo sus derechos a la C. Idalia Castañeda Celis, para que los ejerza en la vía y forma y ante la autoridad que corresponda.". Primero.- Esta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia es competente por razón de grado y materia para resolver el presente recurso de apelación. Segundo. Se modifica el auto impugnado, en los términos precisados en la parte final del apartado sobre "Razones y fundamentos de la decisión" de esta sentencia (Efectos de la determinación).". m) En auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés ?foja 12 del tomo III de pruebas?, se tuvo a la albacea Vanessa García López, renunciando al cargo de albacea, por lo que de acuerdo a la disposición testamentaria de la que se desprendía que se nombró como sustituta a Viridiana García López, motivo por el cual previno a los herederos para que indicaran su domicilio para estar en posibilidad de notificarle el cargo conferido. n) Mediante escrito de once de abril de dos mil veintitrés ?fojas 58 a 66 del tomo III de pruebas?, compareció Idalia Castañeda Celis, a apersonarse al juicio en calidad de concubina del autor de la sucesión Armando López Caviedes, exhibiendo a efecto de acreditar dicho carácter copia certificada de la resolución dictada dentro de la jurisdicción voluntaria sobre declaración de concubina 1432/2022, del índice de la Jueza Octavo de Primera Instancia Familiar de Querétaro, Querétaro, así como del auto que la declaró firme. o) Por proveído de veinticuatro de abril del año en curso ?fojas 100 y 101 del tomo III de pruebas?, el Juez responsable tuvo a Idalia Castañeda Celis, apersonándose al juicio como concubina de Armando López Caviedes, lo que hizo en los términos siguientes: ". La promovente señala domicilio procesal y autoriza a los profesionistas que indica, se le tiene exhibiendo copias certificadas de la sentencia definitiva de fecha 18 de enero de 2023 y del auto que la declara firme, misma que fue dictada por el Juez Octavo Familiar de éste Distrito Judicial, documentos con los cuales pretende apersonarse en este juicio sucesorio testamentario como concubina del De Cujus. En este expediente en fecha 23 de marzo de 2021 se dictó sentencia de validez de testamento en donde se nombraron como únicos y universales herederos a José Jesús Hernández Tafolla, Idalia y Armando López Castañeda, misma que quedó firme en fecha 9 de abril del mismo año. Dicho esto, siendo que exhibe las copias certificadas ya referidas, se le tiene apersonándose como concubina de Armando López Caviedes. Es menester precisar que las copias certificadas que exhibe son relativas a un procedimiento de jurisdicción voluntaria en la cual se dictó una sentencia declarativa, misma que surte efectos solo para quien promovió, no así para terceras personas; dicho lo anterior, se previene a la ocursante para que exhiba copias certificadas donde se ordenó la división de la comunidad de bienes que refiere en los hechos de su escrito P154074/23. Finalmente, se da vista al albacea de la presente sucesión para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su representatividad corresponda.". Hasta aquí la reseña de antecedentes del acto reclamado. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Tanto el Juez responsable al rendir su informe de ley, como los terceros interesados al formular sus alegatos, invocan la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con el argumento de que el quejoso no agotó el principio de definitividad previamente a la interposición del juicio de amparo, ya que no promovió el recurso de apelación. Se actualiza la causal de improcedencia invocada. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". El precepto transcrito prevé como causal de improcedencia del juicio de amparo el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Esto es, contiene el principio de definitividad que rige a los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa. Se estima lo anterior, dado que los medios de impugnación configuran los instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales, cuando son deficiencias, tienen errores o son ilegales. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es aplicable, a lo anterior por la identidad jurídica substancial existente entre el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, y el numeral 73, fracción XIII, de la ley de la materia abrogada que ahí se interpreta, la jurisprudencia 37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 902, tomo XV, mayo de 2002, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, los artículos 728 a 734 y 736 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, señalan: "Artículo 728. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise las resoluciones dictadas por el inferior, pudiendo tener como resultado, la confirmación, revocación o modificación de ellas. Artículo 729. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio; y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. Artículo 730. El plazo para interponer el recurso de apelación es de seis días, tratándose de autos y de resoluciones interlocutorias y de diez días si se trata de sentencias definitivas. Artículo 731. La apelación debe interponerse por escrito, ante el juez que pronuncio la resolución. Artículo 732. Interpuesta la apelación, el juez la admitirá sin substanciación alguna, si fuere procedente, expresando si lo hace en ambos efectos o en uno solo. Artículo 733. El recurso de apelación procede en uno o en ambos efectos. En el primer caso, no suspende la ejecución del auto o de la sentencia; si ésta es definitiva, se dejará en el juzgado, para su ejecución, copia certificada de ella y de las constancias que el juez estime necesarias, conservando las partes el derecho de exhibir las que estimen pertinentes para que formen parte del mencionado cuaderno de ejecución. Si es auto o interlocutoria, se formará un cuaderno de apelación con las constancias que señalen las partes. Las constancias para integrar el cuaderno de apelación, deberán ser señaladas y exhibidas con los escritos de expresión o contestación de agravios. Si el apelante no hace el señalamiento, se tendrá por no interpuesto el recurso; si no lo hace el contrario, el cuaderno se integrará únicamente con las señaladas por el apelante. De no exhibirse las copias, el Juez otorgará al apelante y a la contraria, un plazo de tres días para que las presente. De no exhibirse las copias, se tendrá por no interpuesto el recurso. De no exhibirlas el apelado, el testimonio se integrará únicamente con las señaladas por el apelante. La apelación admitida en ambos efectos, suspende, desde luego, la ejecución de la sentencia o la tramitación del juicio cuando se interponga contra autos o interlocutorias, hasta que recaiga el fallo del superior. Artículo 734. Se admitirán en un solo efecto las apelaciones, en los casos en que no se halle prevenido que se admitan o en ambos efectos. Tratándose de juicios sumarios las apelaciones sólo se admitirán en el efecto devolutivo. Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la relación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley". Los preceptos legales recién transcritos, disponen, en lo que interesa, que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise las resoluciones dictadas por el inferior, pudiendo tener como resultado la confirmación, revocación o modificación de ellas. Pueden apelar, el litigante si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio; y, los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. El plazo para interponer el recurso es de seis días, tratándose de autos y de resoluciones interlocutorias, y de diez días si se trata de sentencias definitivas. El recurso de apelación procede en uno o en ambos efectos. En el primer caso, no suspende la ejecución del auto o de la sentencia, mientras que, en el segundo de los supuestos, suspende la ejecución de la sentencia o la tramitación del juicio. Se admitirán en un solo efecto las apelaciones, en los casos en que no se halle prevenido que se admitan o en ambos efectos. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la apelación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Y, las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo el código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley. Asimismo, cabe señalar que el juicio sucesorio testamentario se encuentra regulado por lo que disponen los artículos 819 al 923 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que son del tenor siguiente: "Artículo 819. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Artículo 820. La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derechos a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remoción de tutores; y V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. Artículo 821. La sección segunda se llamará de inventarios y contendrá: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo que formen el albacea o los herederos; III. Los incidentes que se promuevan; y IV. La resolución sobre el inventario y avalúo. Artículo 822. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración, tanto de los interventores como de los albaceas; II. Las cuentas, su glosa y calificación; y III. La comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal, si lo hubiere. Artículo 823. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes; III. Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV. Los arreglos relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; y VI. Lo relativo a las ventas y aplicación de los bienes". Los preceptos que se acaban de transcribir establecen que el juicio sucesorio conforme al cual se sigue el procedimiento de origen, se forma de cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. La primera sección se denomina de: "sucesión", y contendrá, en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derechos a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remoción de tutores; y, V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. Por su parte, la segunda sección se llama de: "Inventario", y contendrá lo siguiente: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo que formen el albacea o los herederos; III. Los incidentes que se promuevan; y, IV. La resolución sobre el inventario y avalúo. Tratándose de la tercera sección, ésta se denomina de: "Administración", y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración, tanto de los interventores como de los albaceas; II. Las cuentas, su glosa y calificación; y, III. La comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal, si lo hubiere. Finalmente, la cuarta sección se llamará de: Partición", y contendrá lo siguiente: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes; III. Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV. Los arreglos relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; y, VI. Lo relativo a las ventas y aplicación de los bienes. De conformidad con lo expuesto, se puede concluir que el juicio sucesorio es de naturaleza especial, y se integra por cuatro secciones o etapas distintas, cada una de ellas tiene un objeto especial, que se resuelve por separado, considerándose como la sentencia definitiva dentro de dicho procedimiento, la que se emite en la cuarta sección del mismo. Dicha resolución es apelable, como lo dispone el artículo 913 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, por lo que, en términos del citado numeral 736 del mismo ordenamiento, también son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que tengan fuerza de definitivos que se hayan dictado en el juicio. Establecido lo anterior, se recapitula que el quejoso José Jesús Hernández Tafolla, reclama del Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Familiar de Querétaro, Querétaro, el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 10/2020, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de Armando López Caviedes, en el que se reconoció a la tercera interesada Idalia Castañeda Celis como concubina del autor de la herencia. Sin embargo, previamente a acudir a esta sede constitucional, el impetrante debió agotar el recurso de apelación previsto en los numerales 728 a 736 y 913 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, ya que el acto reclamado es un auto dictado dentro de un juicio sucesorio testamentario, cuya sentencia definitiva es apelable. Aunado a lo anterior, en el caso no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, porque: 1. No se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 2. No se trata de un acto que afecte la libertad dentro de un procedimiento penal. 3. La parte quejosa no es tercera extraña al procedimiento, ya que como se puede constatar de los antecedentes reseñados, fue declarado heredero testamentario, y compareció dentro del juicio. 4. La procedencia del recurso de apelación es clara, ya que los numerales transcritos señalan que los autos que tengan fuerza de definitivos son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio y, en el caso, el auto impugnado se estima que tiene fuerza de definitivo pues en el mismo se reconoció el carácter de concubina a Idalia Castañeda Celis, además de que, la resolución que se dicte en la cuarta sección es apelable. Por tanto, razonablemente, no es posible considerar que el quejoso tuviera que efectuar interpretaciones adicionales sobre la procedencia del recurso de mérito ya que, ante el señalamiento expreso y categórico del autor de la norma, cobra vigencia el principio general de derecho que establece que "donde la ley no distingue, el intérprete no tiene porqué distinguir". Sustenta lo anterior, la tesis 1, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que puede verse en la página 3142, del libro 2, enero de 2014, tomo IV, de la décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005388, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el porqué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales". Con base en las consideraciones expuestas, al actualizarse la causal de improcedencia en examen, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la ley de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide el estudio de fondo de tal acto, en términos de la jurisprudencia sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, del volumen 24, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, que indica: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por José Jesús Hernández Tafolla, contra los actos reclamados de la autoridad que quedó precisada en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos señalados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta el día de hoy en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante Rocío Guía Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la Secretaria certifica: que el seis de septiembre del año en curso, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio, por lo que a la fecha se encuentra en estado de resolución. Lo que se hace constar para el efecto legal conducente. Doy fe. Con lo anterior y con un escrito, registrado bajo el folio 11853, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE ESCRITO. Incorpórese a los autos el escrito suscrito por la parte quejosa, en atención a su contenido, dígasele que en seis de septiembre del año en curso, se celebró la audiencia constitucional, por lo que el presente juicio se encuentra en estado de resolución. Por tanto, una vez que se dicte la sentencia correspondiente al presente juicio de amparo, se le notificará en términos de ley. En virtud de lo anterior, con el escrito de cuenta y el presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    En veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado bajo el folio 10794. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. DEVUELVE EXHORTO. Incorpórese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, mediante el cual devuelve el exhorto ********************/2023 (orden ********************/2023), del índice de este órgano jurisdiccional, del que se advierte que el pasado diecisiete de agosto se emplazó por medio de lista a la tercera interesada ********************, en cuanto albacea a bienes de la sucesión de ********************. Sin que haya lugar a acusar recibo del mismo, toda vez que el propio sistema lo genera y el oficiante no lo solicita expresamente. Dese de baja la citada comunicación oficial y hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    En ocho de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de agosto de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Del estado que guardan los autos, específicamente de la copia certificada de las constancias que integran el juicio sucesorio testamentario ********************, a bienes de ********************, del índice del Juzgado Décimo Segundo en Materia Familiar de Querétaro, se advierte que en auto de quince de junio de dos mil veintitrés, fue designada como nueva albacea de la sucesión de referencia ********************, quien señaló como domicilio para recibir notificaciones con tal carácter, el ubicado en ********************, número ********************, letra ********************, interior ********************, colonia ********************, código postal ********************, el ********************, en Querétaro. Por tanto, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercera interesada y se ordena emplazarla a juicio. SE GIRA EXHORTO. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO vía electrónica, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Querétaro, para que por su conducto ordene a quien corresponda se constituya en el citado domicilio y notifique el presente proveído a ********************, en cuanto albacea a bienes de la sucesión de ********************, debiéndole correr traslado con copia de la demanda y el auto admisorio, y le requiera para que: Si lo estiman necesario, comparezcan al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); y, En el acto de la diligencia o en el plazo de tres días, computado legalmente, señalen domicilio para recibir notificaciones en Uruapan, Michoacán de Ocampo, apercibidos que, de no hacerlo, se practicarán por lista las siguientes, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza al Juez auxiliar, para que, de estimarlo necesario, habilite días y horas inhábiles a efecto de que el actuario lleve a cabo la diligencia encomendada y se solicita de la manera más atenta, al órgano jurisdiccional, devuelva la comunicación a la brevedad por la misma vía. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEM********************RE DE DOS MIL VENTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Ana ********************ertha ********************ravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

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