Jose Jorge Garcia Morales

Expediente 95/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
95/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Jose Jorge Garcia Morales

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 95/2023-IX.. En la misma data, se da cuenta a la jueza con la certificación precedente y con el estado procesal del juicio. Conste. Puebla, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 95/2023-V. Puebla, Puebla, trece de febrero de dos mil veintitrés. Segundo escrito aclaratorio. Se ordena integrar al expediente electrónico el escrito signado por ++++++++++++++++++, a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Y, para tal efecto, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el acto reclamado es "la omisión de acordar la solicitud de corrección de omisiones, promoción presentada el día 2 de Enero de 2023.". De ahí que, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito y se procede a proveer respecto al acto precisado por el quejoso. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . Ahora bien, el quejoso en el escrito aclaratorio de cuenta precisa que es su deseo limitar el acto reclamado del sumario constitucional a "la omisión de acordar la solicitud de corrección de omisiones, promoción presentada el día 2 de Enero de 2023.": Bajo ese contexto, el análisis de ese señalamiento, a la luz de los antecedentes del acto reclamado y la documental que se anexó a la demanda, permite detectar que lo reclamado por el quejoso se constriñe al siguiente acto: a). La omisión del juez responsable de acordar el escrito presentado por el quejoso el dos de enero de dos mil veintitrés en la carpeta judicial administrativa +++++++++++++, en el cual solicitó, se fijara día y hora, para la audiencia de corrección de omisiones. De lo anterior, se advierte que es improcedente el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 134, fracciones I y IV, 135 y 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales Ello, ya que el quejoso inobservó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Los citados preceptos legales establecen: Ley de Amparo "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; [.] IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal;." "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido.". De ahí que, considerando que el acto reclamado es la omisión de la responsable de acordar el escrito presentado por el quejoso, es necesario referir que el numeral 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. Asimismo, el diverso 135 prevé el recurso de queja ante el Órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes para interponerla. De lo anterior se advierte que el legislador previó el derecho de las partes de dolerse, ante el mismo órgano jurisdiccional, de las actuaciones omisivas o negligentes, como lo es la omisión de dar respuesta a una petición sujeta a su consideración, el cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. Además, se prevé que el referido recurso de queja, de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 135, párrafo tercero, será resuelto por la autoridad jurisdiccional competente (entendiéndose, de acuerdo al numeral 133, fracción III, del mismo código nacional, el Tribunal de alzada) en un plazo no mayor a tres días, en cuyo caso ordenará la realización del acto omitido. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover queja en contra de omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia puede incurrir; dentro de ellas está precisamente la omisión de dar solución a las cuestiones planteadas por las partes (tal como en el caso reclama la promovente). Además, dicha prerrogativa que se le otorga a las partes en el proceso no es opcional, sino que se les reconoce ese derecho para el efecto de que puedan conminar al juez de control para que se conduzca con apego a la ley, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, mediante un recurso veloz e inmediato mediante el cual las partes pudieran defender los derechos que consideraran violentados por parte de la potestad ordinaria ante un órgano de control, el cual no se contemplaba con anterioridad, por lo que se acudía directamente al amparo, produciéndose incluso, su abuso. En efecto, robustece la determinación anterior el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que, al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente; ello, en tanto, de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone la quejosa, este Juzgado Federal de amparo sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. De ahí que, en contra del acto reclamado en la demanda, derivado del expediente +++++++++++++ del índice del juez de control responsable, es improcedente el juicio de amparo, pues el quejoso debió interponer el recurso de queja establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe resaltar que la postura adoptada por esta juzgadora se encuentra respaldada por las ejecutorias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de los recursos de queja Q-49/2020 y Q110/2021, así como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el diverso Q-36/2022. El primero de dichos órganos colegiados, en la parte conducente de la ejecutoria pronunciada dentro de la queja Q110/2021 consideró, en lo medular, que el quejoso debe agotar el principio de definitividad cuando se reclaman omisiones, porque la ley que rige el acto prevé un medio ordinario de defensa, el cual es necesario agotar previo a acudir a juicio constitucional, consistente en la queja, prevista en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así mismo, en la diversa ejecutoria relativa a la queja Q49/2020, consideró que el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, opera solamente cuando se impugnan simples omisiones, es decir, la no realización de un acto procesal dentro del plazo señalado por esa misma legislación. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado, en la ejecutoria pronunciada en la queja Q-36/2022, sostuvo que la omisión reclamada debía ser impugnada a través del recurso de queja, definido en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual procede contra el juzgado de primera instancia (por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por ese código). No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa, los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica; no obstante, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Por las razones que la informan, se invoca la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, visible en la página 1587, libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Así como la tesis número XVI.1o.A.T.5 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos". Todo lo cual robustece la aplicación de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto del acto reclamado, pues el quejoso debió agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos presentada por José Jorge García Morales, pues el acto reclamado encontró la causa de improcedencia, manifiesta e indudable, previstas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su domicilio procesal (las listas de este juzgado); y cúmplase

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 95/2023-V. Puebla, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Escrito aclaratorio. Se agrega al expediente electrónico, el escrito del quejoso +++++++++++++++, a través del cual pretende desahogar la prevención que se le hizo en proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Lo anterior, en virtud que el quejoso por un parte insiste en señalar como acto reclamado, el que refiere de la forma siguiente: "ACTO RECLAMADO EL RECEPCIONAR, ADMITIR Y RECONOCER PLENO VALOR PROBATORIO., A DATOS DE PRUEBA SIN COMPROBAR SU EXISTENCIA MATERIAL." Y aunado a ello, realiza diversas manifestaciones en torno a los referidos actos de los que se duele. Empero, cabe precisar que la prevención que se le formuló al impetrante del amparo fue para que precisara si deseaba limitar como acto reclamado en el presente juicio de amparo: la omisión del juez responsable de acordar el escrito presentado por el quejoso el dos de enero de dos mil veintitrés en la carpeta judicial administrativa +++++++++++++++, en el cual solicitó, se fijara día y hora, para la audiencia de corrección de omisiones. Sin embargo, el quejoso al pretender desahogar dicho requerimiento, indica lo siguiente: "TERCERO.- La Promoción e Ingreso de la Solicitud de Corrección de Omisiones se presento (sic) en el Juzgado de Origuen (sic) el dia (sic) 2/ENERO/2023 termino para Contestar el día: 6/ENERO/2023., Con esto acreeditamos (sic) estar dentro del termino (sic) de 15 dias (sic) para Interponer nuestro Amparo Indirecto., Así mismo se demuestra que a la Responsable no le importo (sic) no cumplir con el ultimo (sic). párrafo del Articulo (sic) 16 Constitucional Por lo que Resulta Obvio que no pretende corregir ninguna Omisión del Ministerio Público. Y por tanto nos Deje en Estado de Indefensión Comprobable." Manifestación que resulta vaga y confusa, ya que no señala de manera clara y precisa cuál es el acto que en si desea reclamar, esto es, si lo que en realidad desea reclamar es la omisión del juez responsable de acordar el escrito presentado por el quejoso el dos de enero de dos mil veintitrés en la carpeta judicial administrativa ++++++++++++++++++, en el cual solicitó, se fijara día y hora, para la audiencia de corrección de omisiones -tal como se le hizo notar en la prevención de mérito-. Ya que de ser su deseo señalar el citado acto reclamado, lo deberá manifestar de manera clara y precisa para que no exista duda del acto que en concreto pretende combatir, y la autoridad cuente con los elementos necesarios para identificar el acto concreto que se le imputa, a fin de que pueda rendir su informe justificado y con esto se fije claramente la litis constitucional. A la luz de esas consideraciones, debe estimarse que sigue pendiente el desahogo de la prevención formulada al quejoso, pues las manifestaciones del escrito aclaratorio no permiten identificar el acto u omisión concreta que pretende reclamar. Por tanto, se deja subsistente la prevención formulada al quejoso en el proveído inicial, por lo cual se le reitera que para tener por desahogada la prevención formulada en autos, deberá realizar lo siguiente: ? Precise si desea limitar como acto reclamado en el presente juicio de amparo: la omisión del juez responsable de acordar el escrito presentado por el quejoso el dos de enero de dos mil veintitrés en la carpeta judicial administrativa ++++++++++++, en el cual solicitó, se fijara día y hora, para la audiencia de corrección de omisiones. Conviene precisar al quejoso que debe evitar la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al de la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis jurisprudenciales recientes. Días restantes para desahogar la prevención. El quejoso presentó su escrito aclaratorio, el cuarto día del plazo que se le otorgó para desahogar la prevención inicial, conforme a lo establecido en proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Luego, debe considerarse que tiene un día hábil para subsanar la irregularidad de su demanda de amparo, en particular la indicada con antelación conforme a los términos de la prevención; y ese día habrá de iniciar al día siguiente de cuando surta efectos la notificación del presente acuerdo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO" . En consecuencia, se requiere al quejoso que desahogue la prevención formulada en el proveído inicial, conforme a los lineamientos señalados en párrafos anteriores. Por último, se le hace notar que en caso de no presentar escrito en el cual aclare el punto indicado en el apartado precedente, se le hará efectivo el apercibimiento formulado en el proveído inicial: tener la demanda como no presentada. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su domicilio procesal (las listas de este juzgado).

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 95/2023-V.. Puebla, Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 presentada por ++++++++++++++++++++, promoviendo por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Martín Texmelucan, Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Prevención. La lectura integral2 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en los actos reclamados, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Para demostrarlo, se hace notar que los actos combatidos por el quejoso, fueron delimitados como sigue: ".CONVALIDAR Y RECONOCER DATOS DE PRUEBA FALSOS E INEXISTENTES QUE CONSTITUYEN UNA FALSA ACUSACIÓN EN MI CONTRA DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL ADMINISTRATIVA 71/2022/SAN MARTÍN.". Sin embargo, en el capítulo de conceptos de violación, señaló lo siguiente: ".Resulta Evidente la Inconstitucionalidad del Acto Reclamado toda vez que el Juez de Control combatido pretende Instruir una Causa Penal - dentro de la CARPETA JUDICIAL: +++++++++++., en base a DATOS-DE PRUEBA FALSOS, sin ninguna comprobación alguna, "DILAPIDANDO LOS-RECURSOS PUBLICOS DEL JUZGADO DE ORALIDAD, a su cargo para formularImputacion sin Fundamento., Y a pesar de haberle Solicitado fije día y hora para la Celebración de la Audiencia de Corrección de Omisiones nunca acordó fecha., "ES MAS NUNCA ACORDO NADA", La Solicitud de Ingreso al Juzgado de Oralidad el día 2 de Enero del 2023., Por lo que en obvio de Razonamientos Debió Contestarle desde el día "6 DE ENERO DEL 2023"., Cosa que no Hizo. Ante Tal situación la Responsable nos deja en notorio estado de Indefensión., "YA QUE NO EXITE 'DEFENSA LEGAL COMPROBABLE. EN CONTRA DE DATOS DE PRUEBA FALSOS, INVEROSIMILES. MENTIROSOS Y SIN MEDIO DE CON PROBACION NI CORROBORACION ALGUNO.". Incluso se advierte que el quejoso anexó junto a su demanda de amparo el acuse de recibo del escrito al cual hace mención. Con lo anterior, existe duda de los actos en concreto que pretende combatir, pues al parecer, de lo que realmente se duele el quejoso es de la omisión del juez responsable, de acordar su escrito presentado el dos de enero de dos mil veintitrés, en el cual solicitó, se fijara día y hora, para la audiencia de corrección de omisiones. Por tanto, es necesario que el quejoso aclare su demanda de amparo, relativo a los actos que presente combatir; sobre todo porque mencionó una convalidación realizada por el juez responsable, sin que se advierta que haya existido una declaratoria de competencia de la cual pudiera derivar tal circunstancia. Sin embargo, debe destacarse que procesalmente corre a cargo del quejoso señalar con precisión el acto que se reclama, sin que sea dable suplirlo en su deficiencia en ese específico aspecto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI EL ACTO RECLAMADO. NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO"3 . Lo anterior, con la finalidad de establecer la litis constitucional por la cual va a versar este juicio. Máxime que la autoridad debe tener los elementos necesarios para identificar el acto concreto que se le imputa, a fin de que pueda rendir su informe justificado y con esto se realice el análisis de la litis constitucional. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito en el cual bajo protesta de decir verdad: Único. Precise si desea limitar como acto reclamado en el presente juicio de amparo: la omisión del juez responsable de acordar el escrito presentado por el quejoso el dos de enero de dos mil veintitrés en la carpeta judicial administrativa 71/2022/SAN MARTIN, en el cual solicitó, se fijara día y hora, para la audiencia de corrección de omisiones. Conviene indicar al quejoso un aspecto importante: al desahogar la prevención debe evitar la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informó en la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escrito aclaratorio Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Presentación de promociones físicas. Se comunica a los intervinientes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Domicilio procesal y autorizada del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo (las listas de este juzgado). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombres Salvador García Morales, que designó el quejoso, porque le otorgó facultades amplias y este tiene registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Comunicación con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, se tiene como medios de contacto el teléfono señalado en la demanda. Se hace la precisión que el referido medio de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto4 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su domicilio procesal (las listas de este juzgado)

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