Jose Juan Alvarez Victoriano

Expediente 408/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
408/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Jose Juan Alvarez Victoriano

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 408/2023-IX. Puebla, Puebla, doce de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 408/2023-VIII. Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Radicación del expediente Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por XXXXXX, por propio derecho, en contra de actos del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Demanda digitalizada. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de forma digitalizada, la misma ya se encuentra incorporada al expediente electrónico, por lo que no es necesaria su digitalización, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al quejoso y a su apoderado que de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso y a su apoderado a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consulta íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda de tutela constitucional, porque de encontrarse un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, deberá desecharse de plano. Lo anterior se relaciona con el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la constitución federal, porque este permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Sobre todo porque debe evitarse la creación de falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, en particular que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos aportados por las partes. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el siguiente acto: "LA OMISIÓN DE ACORDAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESCRITO PRESENTADO CON FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2023 SOLICITADO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN XXXXXX, JUSTIFICÁNDOSE QUE SU TITULAR NO LE HA AUTORIZADO DÁRMELO PUESTO QUE YA SUPERÓ EL TÉRMINO DE LEY. .LA OMISIÓN DE AUTORIZAR EL CUMPLIMIENTO SOLICITADO EN ESCRITO PRESENTADO CON FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2023, DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN XXXXXX". Así, acorde con lo anterior y atendiendo a la integridad de la demanda y el escrito anexo a la misma (el acuse de un escrito dirigido a la carpeta de investigación XXXXXX), se obtiene que lo que verdaderamente pretende reclamar el quejoso a través de este juicio de amparo, lo es la omisión de acordar la petición escrita de diez de abril de dos mil veintitrés. Dicho acto se atribuye al agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación de Robo de Vehículos. A través del referido escrito presentado ante la autoridad ministerial responsable el diez de abril de este año, el aquí quejos solicitó a la representación social que dé de baja el reporte de robo de una motocicleta de su propiedad, porque de acuerdo a sus antecedentes rendidos bajo protesta de decir verdad, él es propietario de ese bien. Bajo ese contexto, es evidente que, respecto de dicho acto, aun cuando la parte quejosa se duele en la omisión de responder el escrito que presentó el diez de abril de este año, el cual pretende enmarcar dentro del derecho de petición reconocido en el artículo 8° constitucional; en realidad, se pudiera tratar de un aparente del retraso en el emisión del acuerdo correspondiente, lo cual, en su caso, podría enmarcarse dentro del artículo 17 constitucional; sin embargo, la suscrita no advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, exista una abierta dilación en el procedimiento de la referida carpeta de investigación. En efecto, en este momento la acción de amparo resulta improcedente para poder analizar una omisión reclamada, dado que el hecho de que hasta el momento no se haya emitido el acuerdo respectivo a la promoción que el quejoso dice presentó el diez de abril de dos mil veintitrés, no implica que exista una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del aquí quejoso. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), (en sentido contrario) del mismo ordenamiento, respecto del acto reclamado. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: . b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De lo anterior, se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, éste sólo procede contra actos que sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Para mayor ilustración se transcriben las indicadas porciones normativas: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . "IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal..." En efecto, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquéllos que producen una afectación material a derechos sustantivos. Eso significa que sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima que el acto reclamado relativo a la omisión de acordar el escrito de diez de abril de dos mil veintitrés en autos de la carpeta de investigación XXXXXX , no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita el proveído respectivo, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque lo anterior puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita el acuerdo correspondiente dentro de un plazo razonable. En efecto, la primera exigencia de que el acto que se reclama afecte materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda exigencia consiste en que el derecho afectado materialmente debe entrar en la categoría de sustantivos. Expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que dependen de que lleguen o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden confirmarse). Así, cuando como en el caso, el acto reclamado resulte de la eventual violación a los artículos 8°, 14 o 17 constitucionales, no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como actos adjetivos, porque no se trata de una violación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular; sino que se da justamente dentro del mismo: la omisión de contestar el escrito que se presentó el diez de abril de dos mil veintitrés, lo que se puede subsanar una vez que el fiscal señalado como autoridad responsable dé respuesta en un plazo razonable. Además, siguiendo la idea de que para revisar si se está ante la trasgresión del plazo razonable, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos conforme a los criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad a fin de poder establecer si, en el caso concreto, se ha incurrido en una abierta dilación, que pueda constituir, por sí misma, una violación al artículo 17 constitucional. De tal manera que, aun cuando la parte quejosa se duela de violaciones a los artículos 1, 8, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, en virtud de que, por el tiempo transcurrido no constituye una abierta dilación. En conclusión, la omisión reclamada por la parte quejosa es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, materias constitucional, común, página 1086, con el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Por lo tanto, como se advirtió resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión reclamada así como la dilación procesal alegada, en autos de la carpeta de Investigación XXXXXX. Cabe destacar que, sobre este tópico el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, se ha pronunciado en el mismo sentido al resolver el recurso de queja XXXXXX en el que confirmó el desechamiento de la demanda que se registró con el número de juicio de amparo XXXXXX del índice de este juzgado de distrito. Aunado a lo anterior, cabe señalar que en el escrito que se anexa a su demanda, se desprende que el propio quejoso recupero su vehículo tipo motocicleta, motivo por el cual considera que ya no existen diligencias pendientes de realizar. De ahí que insista en su solicitud de dar de baja el reporte de robo. Sin embargo, se insiste, desde la fecha de la presentación del escrito de su solicitud a la presentación de la demanda, no existe una notoria dilación para establecer que se transgrede algún derecho sustantivo del quejoso; sobre todo porque de la fecha de presentación del escrito ante el ministerio público (el diez de abril de dos mil veintitrés), a la presentación de la demanda (el veinte de este mes y año), media un plazo de siete días hábiles. De ahí que acudir al juicio de amparo aduciendo la simple omisión o negativa de la autoridad ministerial de acordar de conformidad una petición efectuada en una carpeta de investigación, no se afecta sus derechos subjetivos públicos. Derivado de lo anterior, se debe señalar que por la indicada causa, el reclamo asentado en la demanda no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, ya que al encontrarse en etapa de investigación inicial, no se le genera perjuicio real y actual a sus derechos subjetivos, con excepción de que concurra de forma material, alguna de las hipótesis descritas con antelación. En efecto, la única forma de establecer que se genera un perjuicio en los derechos subjetivos del quejoso, se harán manifiestos cuando el ministerio público emita un acuerdo que lo prive o restringa de la posesión de su bien (motocicleta) o se afecte su persona. Lo manifestado, implica que se actualice en adición, la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior adquiere sustento a través de la jurisprudencia PC.VII.P.J/2 P (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 2418, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A ÉSTE CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a resoluciones contradictorias al analizar los acuerdos emitidos por los Jueces de Distrito en los cuales se desecharon de plano las demandas de amparo promovidas contra los actos reclamados consistentes en la omisión y/o negativa de darle acceso o intervención al imputado en la carpeta de investigación, al tenerse por actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico). Uno de los órganos contendientes determinó que dicha causal no era de actualización manifiesta e indudable, porque la falta de afectación al interés jurídico es una cuestión que debe ser materia de análisis en la sentencia; mientras que el diverso órgano contendiente consideró que, respecto a tales actos, la causa de improcedencia sí revestía tales características, por lo que debía desecharse de plano la demanda. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito determina que cuando se reclama la sola omisión y/o negativa del Ministerio Público de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación, tales actos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, al no generar un perjuicio real y actual a sus derechos subjetivos, por lo que es dable desechar la demanda de amparo, ya que, en estos casos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: La comparecencia del imputado en la carpeta de investigación no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el vigente artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo establece así, ni existe algún otro precepto constitucional que constriña al representante social a recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por el contrario, el artículo 218 de este último ordenamiento, contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta que el imputado sea detenido o citado a comparecer, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución General. Por consiguiente, la simple omisión y/o la negativa de la autoridad ministerial de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación no le afecta en sus derechos subjetivos públicos; máxime cuando se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho, ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando el imputado sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias. Por ende, tales actos (la omisión y/o negativa) no afectan el interés jurídico del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley, la cual es insuperable y no puede desvirtuarse con los informes justificados o medios de prueba aportados por el justiciable. De ahí que sea ajustado a derecho que en estos casos se deseche la demanda, por falta de interés jurídico, sin necesidad de dar trámite a un juicio que sería infructuoso e incluso en detrimento del principio de expeditez." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio 318/2023- VIII, pues visualizó la actualización de causales de improcedencia manifiestas e indudables, en particular las previstas en las fracciones 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b); y, 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, todos de la ley de la materia. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este juzgado, para que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados y acceso al expediente electrónico. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 209 y 209 Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa las listas de acuerdos publicada electrónicamente, mismas que están disponibles para su consulta en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal y los estrados de este órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, porque no señaló un inmueble en esta ciudad o zona conurbada donde recibir notificaciones, y tampoco indicó de manera expresa que las mismas le sean practicadas de forma electrónica, solo se limitó a señalar un correo electrónico. Sin embargo, cabe indicar que ese medio electrónico sólo podrá considerarse como medio de contacto en caso de ser estrictamente necesario, tal como lo dispone el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General mencionado; pues las notificaciones se practicarán con base en los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionales que se enuncian en el acápite inicial de su escrito de tutela constitucional; ello por por encontrarse registradas sus cedulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y porque así fue solicitado. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones de este juicio, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso y a su apoderado el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. En consecuencia, queda recibida la oposición del apoderado a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la parte promovente (por lista).

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