Jose Jorge Cuautle Flores

Expediente 794/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
794/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Jose Jorge Cuautle Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    CUADERNO DE ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO 794/2021-IV. Puebla, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional -respecto de los actos que el tribunal unitario no aceptó en competencia por grado-. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se desechó la solicitud de amparo por el reclamo que no aceptó el tribunal unitario en competencia por grado -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se tienen constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído citado en párrafos anteriores, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.- CUADERNO DE ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO 794/2021-IV. Puebla, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Tribunal unitario acepta competencia en forma parcial. Se agrega al cuaderno de antecedentes el oficio con firma electrónica de la actuaria del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, a través del cual informa un acuerdo dictado por la magistrada de ese tribunal, en el que aceptó la competencia en forma parcial, respecto de la demanda de protección de derechos fundamentales, que presentó el quejoso por propio derecho. En efecto, la magistrada del citado tribunal sólo aceptó la competencia para conocer la demanda del citado quejoso, por el acto siguiente: La resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, en el toca , que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto -por el quejoso- contra la decisión de diez de mayo de dos mil veintiuno, que desestimó por extemporáneo y por improcedente, un incidente de nulidad de actuaciones y de incompetencia constitucional, promovido por aquél en la causa Además, indicó (la magistrada) que a esta juzgadora corresponden las demás manifestaciones introducidas por el quejoso en su escrito aclaratorio, porque representan actos reclamados a las autoridades que intervinieron en la causa penal de origen, los cuales atañen a la competencia legal de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal. También informa haber recibido los anexos remitidos. Se asume la competencia declinada. Conforme a la postura adoptada por la magistrada del citado tribunal, esta juzgadora asume la competencia para las manifestaciones que introdujo el quejoso en su escrito aclaratorio, porque implican actos reclamados a las autoridades siguientes: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando como juez de control; Coordinador del Ministerio Público Federal de la Décima Agencia Investigadora (sic); y Agentes del Ministerio Publico (sic) que señaló con el nombre de Misael Hernández Rodríguez. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que las manifestaciones introducidas por el quejoso en su escrito aclaratorio -recibido en acuerdo de veintitrés de los cursantes-, deben subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura efectuada al citado escrito, llevó a visualizar distintas manifestaciones expresadas por el quejoso contra las autoridades que participaron en la causa penal en particular: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando como juez de control; Coordinador del Ministerio Público Federal de la Décima Agencia Investigadora (sic); y Agentes del Ministerio Publico (sic) que señaló con el nombre de Misael Hernández Rodríguez. Sin embargo, las distintas manifestaciones introducidas por el quejoso en el citado escrito -recibido en acuerdo de veintitrés de los cursantes-, sólo entrañan el reclamo genérico de la actuación que tuvieron las citadas autoridades, en el trámite de la causa penal En otras palabras, el quejoso únicamente cuestiona la postura adoptada por las citadas autoridades, en diferentes intervenciones que tuvieron durante el trámite de la referida causa. De modo que las manifestaciones introducidas en el escrito de marras, sólo pueden implicar el reclamo de violaciones procesales que no encuadran en los actos de imposible reparación, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.3 Luego, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación no incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que las manifestaciones introducidas por el quejoso en el citado escrito aclaratorio, no encuadran en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que las distintas manifestaciones expresadas contra el juez, el coordinador y el agente que intervinieron en la causa penal , se refieren a la actuación que éstos tuvieron en el trámite de la referida causa. Dicho de otro modo, en esas manifestaciones no reclamó el quejoso alguna resolución judicial ni determinación ministerial específica, que hubiese generado un impacto directo a los derechos fundamentales tutelados por la constitución federal. Ello impide considerar que las manifestaciones genéricas introducidas por el quejoso en su escrito aclaratorio, tengan las características de los actos de imposible reparación, porque aquellas sólo entrañan el reclamo genérico de la actuación que tuvieron las citadas autoridades, en el trámite de la causa penal +++++ Aparte, debe indicarse que la suspensión condicional del proceso otorgada a la imputada, y el proveído en el cual se declaró el sobreseimiento de la referida causa, no forman parte de los actos reclamados en el escrito aclaratorio recibido en proveído de veintitrés de los cursantes. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en las manifestaciones que introdujo el quejoso en el citado escrito, porque estas nunca afectaron los derechos sustantivos del quejoso, por ejemplo, su derecho de alegar como víctima o el derecho para obtener la reparación del daño, si hubiera sido condenada la imputada. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda y las manifestaciones genéricas que introdujo el quejoso en el escrito aclaratorio, permiten descartar que estas hubieran trascendido a derechos sustantivos del quejoso en la causa penal. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Así, debe estimarse que las manifestaciones introducidas por el quejoso en el referido escrito aclaratorio, sólo constituyen un reclamo genérico al desempeño procesal de las autoridades que intervinieron en la causa penal. Luego, se concluye que el quejoso pretende reclamar la actuación de las responsables en el trámite de la referida causa, que sólo pudo generar afectaciones de naturaleza adjetiva en el procedimiento jurisdiccional, y por ende, no puede visualizarse que encuadre en los actos de ejecución irreparable. Por tanto, se declara que las manifestaciones introducidas por el quejoso en el escrito aclaratorio recibido en acuerdo de veintitrés de los cursantes, encuentran la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En tales condiciones, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, contra las autoridades siguientes: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando como juez de control; Coordinador del Ministerio Público Federal de la Décima Agencia Investigadora (sic); y Agentes del Ministerio Publico (sic) que señaló con el nombre de Misael Hernández Rodríguez. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración en la que se asumió la competencia por determinados actos. Además, se hace notar que la postura adoptada en párrafos anteriores representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad debe archivarse este juicio como definitivamente concluido. Oficio para el tribunal unitario. Por último, se ordena librar oficio con transcripción de este acuerdo y notificarlo por interconexión, a fin de que la magistrada del citado tribunal unitario tenga conocimiento de lo anterior. Notifíquese; en forma personal al quejoso; y cúmplase

  3. Principal

    --JUICIO DE AMPARO 794/2021-IV. En veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, el secretario da cuenta a la jueza con un escrito (y copia del mismo); recibido físicamente el día hábil anterior a la fecha, y registrado con el número de control interno 11534. Conste. Puebla, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Desahogo de prevención. Se agrega al expediente el escrito del quejoso ++++++, por derecho propio, con el cual desahoga la prevención formulada en proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, pues en el citado ocurso: I. Indica que el acto reclamado es el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, en el toca ++++++, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto -por el quejoso- contra la resolución de diez de mayo de dos mil veintiuno, que desestimó por extemporáneo y por improcedente, un incidente de nulidad de actuaciones y de incompetencia constitucional. II. Manifiesta que sí es su deseo señalar como autoridad responsable al magistrado del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito; y III. Confirma (sic) el señalamiento de autoridades responsables -ejecutoras- que formuló contra el juez de control, coordinador y agentes del Ministerio Público de la Federación (sic). En ese contexto, se declara cumplida la prevención formulada en el citado proveído. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes. Materia del juicio. Los actos combatidos por el quejoso, en términos de su demanda de amparo y el escrito aclaratorio, resultan: a). La resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, en el toca ++++, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto -por el quejoso- contra la decisión de diez de mayo de dos mil veintiuno, que desestimó por extemporáneo y por improcedente, un incidente de nulidad de actuaciones y de incompetencia constitucional, promovido por aquél en la causa +++++; y b). La ejecución a esa resolución, que atribuye el quejoso al juez de control, coordinador y agentes del Ministerio Público de la Federación (sic), que participan en la indicada causa. Incompetencia legal por grado. El reclamo del quejoso comprende en esencia la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación +++, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto -por el quejoso- contra la decisión de diez de mayo de dos mil veintiuno, que desestimó por extemporáneo y por improcedente, un incidente de nulidad de actuaciones y de incompetencia constitucional, promovido por aquél en la causa +++ Por consiguiente, esta juzgadora constitucional estima que la impugnación extraordinaria de la mencionada resolución, corresponde a un órgano del mismo grado que el magistrado señalado como responsable. Ello se funda en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por tanto, se declara la incompetencia legal por grado, motivo por el cual habrá de remitirse la demanda al Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, para que este determine lo conducente. Sobre todo porque esta juzgadora constitucional no puede realizar el estudio de un acto emitido por un órgano superior en grado. Así, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, relacionado con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas: Se declara la incompetencia legal por grado de este juzgado, y se ordena remitir el juicio de amparo -en el expediente respectivo- con sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios en Materia Penal del Sexto Circuito, para que esta turne el juicio y sus anexos al: Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito. Lo anterior obedece a que el quejoso señaló como autoridad ordenadora, al magistrado del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, lo cual impide que a este pueda turnarse el juicio de amparo promovido en su contra. Entonces, se solicita en forma atenta al titular del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, informe a este juzgado si asumió la competencia legal del juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso ++++ -acorde a las consideraciones desarrolladas en líneas previas-, y acuse recibo del expediente constitucional que se remite con anexos. Se descarta proveer la suspensión. Asimismo, conviene dejar establecido que es viable remitir el juicio de amparo sin hacer pronunciamientos para la suspensión, porque no se advierten peticiones al respecto que hubiera formulado el quejoso. Incluso puede indicarse que los actos reclamados por este -la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación +, y su ejecución- no encuadran en los supuestos de urgencia para la suspensión previstos en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Cuaderno de antecedentes. Debido a que el original del juicio de amparo indirecto formado en este juzgado, habrá de remitirse por la declaración de incompetencia legal por grado, se ordena formar un cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de incompetencia legal. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad debe archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Indicaciones especiales para la actuaria. Se ordena a la actuaria encargada de este juicio, realizar las notificaciones en forma personal conforme al "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el kit de seguridad que se la ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la contingencia sanitaria actual. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase

  4. Principal

    SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.- En veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, el secretario da cuenta a la jueza con un escrito (y copia del mismo); recibido físicamente el día hábil anterior a la fecha, y registrado con el número de control interno 11534. Conste. Puebla, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Desahogo de prevención. Se agrega al expediente el escrito del quejoso ++++++, por derecho propio, con el cual desahoga la prevención formulada en proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, pues en el citado ocurso: I. Indica que el acto reclamado es el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, en el toca ++++++, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto -por el quejoso- contra la resolución de diez de mayo de dos mil veintiuno, que desestimó por extemporáneo y por improcedente, un incidente de nulidad de actuaciones y de incompetencia constitucional. II. Manifiesta que sí es su deseo señalar como autoridad responsable al magistrado del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito; y III. Confirma (sic) el señalamiento de autoridades responsables -ejecutoras- que formuló contra el juez de control, coordinador y agentes del Ministerio Público de la Federación (sic). En ese contexto, se declara cumplida la prevención formulada en el citado proveído. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes. Materia del juicio. Los actos combatidos por el quejoso, en términos de su demanda de amparo y el escrito aclaratorio, resultan: a). La resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, en el toca ++++, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto -por el quejoso- contra la decisión de diez de mayo de dos mil veintiuno, que desestimó por extemporáneo y por improcedente, un incidente de nulidad de actuaciones y de incompetencia constitucional, promovido por aquél en la causa +++++; y b). La ejecución a esa resolución, que atribuye el quejoso al juez de control, coordinador y agentes del Ministerio Público de la Federación (sic), que participan en la indicada causa. Incompetencia legal por grado. El reclamo del quejoso comprende en esencia la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación +++, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto -por el quejoso- contra la decisión de diez de mayo de dos mil veintiuno, que desestimó por extemporáneo y por improcedente, un incidente de nulidad de actuaciones y de incompetencia constitucional, promovido por aquél en la causa +++ Por consiguiente, esta juzgadora constitucional estima que la impugnación extraordinaria de la mencionada resolución, corresponde a un órgano del mismo grado que el magistrado señalado como responsable. Ello se funda en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por tanto, se declara la incompetencia legal por grado, motivo por el cual habrá de remitirse la demanda al Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, para que este determine lo conducente. Sobre todo porque esta juzgadora constitucional no puede realizar el estudio de un acto emitido por un órgano superior en grado. Así, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, relacionado con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas: Se declara la incompetencia legal por grado de este juzgado, y se ordena remitir el juicio de amparo -en el expediente respectivo- con sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios en Materia Penal del Sexto Circuito, para que esta turne el juicio y sus anexos al: Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito. Lo anterior obedece a que el quejoso señaló como autoridad ordenadora, al magistrado del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, lo cual impide que a este pueda turnarse el juicio de amparo promovido en su contra. Entonces, se solicita en forma atenta al titular del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, informe a este juzgado si asumió la competencia legal del juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso ++++ -acorde a las consideraciones desarrolladas en líneas previas-, y acuse recibo del expediente constitucional que se remite con anexos. Se descarta proveer la suspensión. Asimismo, conviene dejar establecido que es viable remitir el juicio de amparo sin hacer pronunciamientos para la suspensión, porque no se advierten peticiones al respecto que hubiera formulado el quejoso. Incluso puede indicarse que los actos reclamados por este -la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación +, y su ejecución- no encuadran en los supuestos de urgencia para la suspensión previstos en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Cuaderno de antecedentes. Debido a que el original del juicio de amparo indirecto formado en este juzgado, habrá de remitirse por la declaración de incompetencia legal por grado, se ordena formar un cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de incompetencia legal. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad debe archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Indicaciones especiales para la actuaria. 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