Jose Javier Gonzalez Rocha

Expediente 855/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
855/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
15/10/2019

Partes del expediente

  • Jose Javier Gonzalez Rocha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 32 a 35), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    (publicación aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos, el escrito aclaratorio de demanda signado por José Javier González Rocha, mediante el cual, da cumplimiento a lo ordenado el diecinueve de septiembre del año en curso, pues precisa los actos que reclama en esta instancia constitucional. Pues, al efecto indica que reclama: - El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el treinta de junio de dos mil dieciocho, por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla; y, - La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que le fue impuesta el veintisiete de junio de dos mil dieciocho. DESECHAMIENTO. En ese sentido, respecto de los actos reclamados precisados, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir los actos reclamados en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso el treinta de junio de dos mil dieciocho, y la audiencia de medidas cautelares de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en la que se le impuso la prisión preventiva oficiosa. No se soslaya que si bien, las resoluciones reclamadas inciden en la libertad personal del aquí quejoso, lo cierto es que fueron dictadas dentro de un procedimiento penal, por lo que no se ubica en las hipótesis de excepción señaladas, y por ello, debe sujetarse por mandato del legislador, al plazo genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis: I.9o.P.85 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AQUÉLLA SE PROMUEVA EN EL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, NO ES INCOMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. El artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al establecer que cuando el acto reclamado implique, entre otros, peligro de privación de la vida o ataques a la libertad fuera de procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse en cualquier tiempo, permite que tratándose de actos privativos de la libertad dentro de aquél, la demanda debe promoverse en el término genérico de quince días, no obstante, ello no es incompatible con los estándares establecidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, ya que se trata de un precepto de naturaleza predominantemente procesal que tiene por objeto conservar la Norma Constitucional, lo que realiza al establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo contra actos dentro del procedimiento, y busca equilibrar los derechos humanos tanto del sentenciado como de las víctimas, sin generar al afectado un obstáculo desproporcionado que impida a alguna de las partes ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, por lo que la circunstancia de establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo aun en tratándose de actos privativos de la libertad, obedece a una finalidad legítima, además de que con ello delimita razonablemente el derecho de acceso efectivo a la justicia, con lo que se logra un mejor equilibrio entre la prerrogativa fundamental y los derechos de las víctimas de una conducta delictiva, incluso con la regulación del plazo para acudir al juicio de amparo se rige el principio de progresividad, dado que para el ejercicio del mencionado derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, es determinante contar con un plazo razonable que permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. Aunado a que con ello, se brinda seguridad jurídica a la víctima del delito, ya que la indefinición sobre la pervivencia jurídica de no establecerse término para promover juicios de amparo contra actos privativos de la libertad dictados dentro de un procedimiento, implica una afectación al derecho de seguridad jurídica para algunas de las partes involucradas en el proceso penal. " Así, en el caso a estudio, como ya se dijo, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; plazo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Ello es así, pues se advierte que el quejoso fue notificado personalmente de los actos reclamados, durante el desahogo de las audiencias celebradas el veintisiete y treinta de junio de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 939/2018. En efecto, conforme al artículo 63, del Código Nacional de Procedimientos Penales , las resoluciones que se dicten de forma oral, se notificarán personalmente a los asistentes durante su emisión; por tanto, considerando que el artículo 82, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que las notificaciones personales surten efectos al siguiente día en que se practican y, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto; entonces, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa del veintinueve de junio al diecinueve de julio de dos mil dieciocho; mientras que, por lo que hace al acto consistente en el auto de vinculación a proceso, dicho plazo transcurrió del cuatro al veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, descontándose de ese cómputo los sábados y domingos, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, si la demanda de amparo se presentó hasta el dos de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción fue inoportuna, lo que trae como consecuencia que los actos de que se trata, sean considerados consentidos tácitamente. Bajo esa perspectiva, resulta indudable que la demanda de amparo que aquí se analiza fue presentada fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a que se actualice de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de garantías contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 ibídem; por lo que SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en el numeral 113 de la misma ley. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos, el escrito aclaratorio de demanda signado por José Javier González Rocha, mediante el cual, da cumplimiento a lo ordenado el diecinueve de septiembre del año en curso, pues precisa los actos que reclama en esta instancia constitucional. Pues, al efecto indica que reclama: - El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el treinta de junio de dos mil dieciocho, por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla; y, - La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que le fue impuesta el veintisiete de junio de dos mil dieciocho. DESECHAMIENTO. En ese sentido, respecto de los actos reclamados precisados, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir los actos reclamados en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso el treinta de junio de dos mil dieciocho, y la audiencia de medidas cautelares de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en la que se le impuso la prisión preventiva oficiosa. No se soslaya que si bien, las resoluciones reclamadas inciden en la libertad personal del aquí quejoso, lo cierto es que fueron dictadas dentro de un procedimiento penal, por lo que no se ubica en las hipótesis de excepción señaladas, y por ello, debe sujetarse por mandato del legislador, al plazo genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis: I.9o.P.85 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AQUÉLLA SE PROMUEVA EN EL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, NO ES INCOMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. El artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al establecer que cuando el acto reclamado implique, entre otros, peligro de privación de la vida o ataques a la libertad fuera de procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse en cualquier tiempo, permite que tratándose de actos privativos de la libertad dentro de aquél, la demanda debe promoverse en el término genérico de quince días, no obstante, ello no es incompatible con los estándares establecidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, ya que se trata de un precepto de naturaleza predominantemente procesal que tiene por objeto conservar la Norma Constitucional, lo que realiza al establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo contra actos dentro del procedimiento, y busca equilibrar los derechos humanos tanto del sentenciado como de las víctimas, sin generar al afectado un obstáculo desproporcionado que impida a alguna de las partes ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, por lo que la circunstancia de establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo aun en tratándose de actos privativos de la libertad, obedece a una finalidad legítima, además de que con ello delimita razonablemente el derecho de acceso efectivo a la justicia, con lo que se logra un mejor equilibrio entre la prerrogativa fundamental y los derechos de las víctimas de una conducta delictiva, incluso con la regulación del plazo para acudir al juicio de amparo se rige el principio de progresividad, dado que para el ejercicio del mencionado derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, es determinante contar con un plazo razonable que permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. Aunado a que con ello, se brinda seguridad jurídica a la víctima del delito, ya que la indefinición sobre la pervivencia jurídica de no establecerse término para promover juicios de amparo contra actos privativos de la libertad dictados dentro de un procedimiento, implica una afectación al derecho de seguridad jurídica para algunas de las partes involucradas en el proceso penal. " Así, en el caso a estudio, como ya se dijo, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; plazo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Ello es así, pues se advierte que el quejoso fue notificado personalmente de los actos reclamados, durante el desahogo de las audiencias celebradas el veintisiete y treinta de junio de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 939/2018. En efecto, conforme al artículo 63, del Código Nacional de Procedimientos Penales , las resoluciones que se dicten de forma oral, se notificarán personalmente a los asistentes durante su emisión; por tanto, considerando que el artículo 82, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que las notificaciones personales surten efectos al siguiente día en que se practican y, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto; entonces, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa del veintinueve de junio al diecinueve de julio de dos mil dieciocho; mientras que, por lo que hace al acto consistente en el auto de vinculación a proceso, dicho plazo transcurrió del cuatro al veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, descontándose de ese cómputo los sábados y domingos, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, si la demanda de amparo se presentó hasta el dos de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción fue inoportuna, lo que trae como consecuencia que los actos de que se trata, sean considerados consentidos tácitamente. Bajo esa perspectiva, resulta indudable que la demanda de amparo que aquí se analiza fue presentada fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a que se actualice de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de garantías contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 ibídem; por lo que SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en el numeral 113 de la misma ley. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el promovente José Javier González Rocha, a través del cual, pretende desahogar el requerimiento formulado en proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 17 y 18), por el que se le requirió para que indicara la fecha en que fue emitido el auto de formal prisión del que al parecer se duele, según lo asentado en su escrito aclaratorio presentado en este órgano jurisdiccional el once de septiembre pasado (fojas 14 y 15), así como la data en que dicha resolución le haya sido notificada; y, para que precisara la denominación correcta de la autoridad responsable a la cual le recaiga el carácter de ordenadora, atendiendo a que los jueces de control no emiten autos de formal prisión. Sin embargo, el promovente en el escrito aclaratorio de cuenta, manifiesta lo siguiente: "(.) Con fecha 25 de junio del 2018 ingreso de manera provisional del detenido C. JOSÉ JAVIER GONZALEZ ROCHA, CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN Puebla, 26 de junio 2018 acta mínima de audiencia inicial, 27 de junio del 2018 se le califica de legal la detención por el juez ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO, con fecha 27 junio 2018 la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se dio por cerrada la investigación, por lo que el acto reclamado es por lo que cuando fui detenido y fui privado de la libertad me violaron mis garantías de lo que marca el art. 19 constitucional la presunción de inocencia, por lo que estaba detenido provisionalmente. Por lo que manifiesta su señoría lo referente al nuevo sistema de justicia penal acusa de juicio orales es cierto pero también es cierto que mi detención lo hicieron sustentar dicha detención, como lo marca la ley porque los policías nunca se constituyeron en el lugar del crimen, por lo que mencionan en su declaración o informe que al llegar a lugar de los hechos fue en la calle 36 norte a la altura del número 210 del barrio de santa bárbara de esta ciudad de Puebla, por lo que señalan que eran tres mujeres y una de ellas estaba desnuda y gritando agárrelo, de viva voz lo manifiestan los policías que acudieron en el lugar de los hecho, por lo que no fue en flagrancia, el acto reclamado consistente es el delito que no cometí por que no lo le hice nada a la agraviada por lo que la medida cautelar impuesta hacia mi persona es violatoria ya que los estudios que le realizaron a la agraviada no se encontró nada y es el puro señalamiento, ." Sin que haya dado cumplimiento al requerimiento efectuado el doce de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que, no ha lugar a tener por desahogado tal requerimiento. Ahora bien, como del ocurso de cuenta se advierte que entre otras cosas, pretende señalar como acto reclamado en esta instancia constitucional la audiencia de control de la detención, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta. Requiérase al promovente, para que dé cumplimiento a los requerimientos hechos en auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 7 a 10), y doce de septiembre del mismo año (fojas 17 y 18), debiendo expresar de manera clara y precisa los actos reclamados, de conformidad con lo que establece el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción I, de la misma disposición normativa, a efecto de que este juzgador se encuentre en aptitud de fijar la litis constitucional y la resolución sobre los mismos. Y, como se hizo el requerimiento anteriormente, en el sentido de que en caso de que se duela del auto de vinculación a proceso dictado en su contra, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, la fecha de la resolución que combate, y la data en que aquella le fue notificada. Lo anterior, toda vez que el suscrito juez de Distrito se encuentra imposibilitado para suplir tal omisión, pues uno de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, es indicar con precisión el acto reclamado. Así mismo, tomando en consideración que el escrito con el cual pretendió desahogar la segunda prevención fue presentado en la Oficialía de partes de este juzgado, el dieciocho de septiembre del año en curso, es decir, al primer día del plazo concedido en auto de doce de septiembre pasado, por lo que aún cuenta con tres días para desahogar íntegramente la prevención de mérito, a partir de la notificación de este auto. En la inteligencia que de no desahogar íntegramente la prevención destacada en este proveído, se hará efectivo el apercibimiento con el que se le previno en autos de tres y doce de septiembre del año en curso. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda."

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