Jose Javier Cante Silva

Expediente 231/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
231/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
06/10/2016

Partes del expediente

  • Jose Javier Cante Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes, mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y con fundamento en el artículo 196 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciséis, se concedió a la parte quejosa José Javier Cante Silva, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, realizara lo siguiente (foja 72 vuelta y 73): Deje insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de enero de dos mil dieciséis, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decide lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Pondere si merece valor probatorio la declaración preparatoria del inculpado, así como la fe de documentos, realizada el veinte de junio de dos mil quince, respecto del instrumento 24720, de veinticinco de junio de dos mil siete, del índice de la Notaría Pública número 4 del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla y qué indicios se obtienen de ellas. b) En la nueva resolución corrija los vicios de forma relativos a las incongruencias puntualizadas con anterioridad, esto es: b.1 Establezca el estudio de los delitos de forma ordenada y sistematizada de forma consecuente, esto es, que guarde correspondencia entre lo analizado y lo resuelto, sin mezclar el cuerpo del delito con la probable responsabilidad. b.2 Elija una de las hipótesis que citó en relación a si se acredita o no el delito de amenazas. b.3 Subsane la incongruencia relativa a la legislación sustantiva aplicable. c) Deberá establecer con certeza como se acredita el cuerpo del delito de amenazas, debiendo expresar como se adminiculan las pruebas elegidas de forma tal que exponga las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión. d) Analice de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de daño en propiedad ajena doloso, para lo cual una vez que haya otorgado valor probatorio a cada prueba en particular, indique que indicios se obtienen y los relacione con cada elemento del delito, para después concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. e) Indique con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, cómo se acredita la probable responsabilidad del indiciado ahora quejoso en los eventos delictivo, expresando las razones que tiene para considerarlo así. f) Establezca las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los delitos que se imputan al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo el delito en esas circunstancias. Por último, es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución. Por auto de quince de junio de dos mil dieciséis, se declaró firme la sentencia de que se trata y se requirió su cumplimiento a la responsable (fojas 123 a 126). Mediante oficio presentado el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el Juez responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el veintitrés de junio de dos mil dieciséis en la causa penal 170/2015 de su índice; y se dio vista a las partes el veintisiete de junio siguiente (fojas 156 y 157), sin que hicieran manifestación alguna. Sin embargo, mediante proveído de ocho de julio de dos mil dieciséis, se declaró no cumplida la ejecutoria de amparo, al advertirse nuevamente vicios formales, por lo que se volvió a requerir su cumplimiento. De igual forma, en auto de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, se agregó a los autos la resolución de quince de julio de dos mil dieciséis, en el que se tampoco se tuvo por cumplido el fallo protector, requiriéndose su cumplimiento. Asimismo, mediante proveídos de dieciséis de agosto y siete de septiembre del actual, tampoco se tuvo por cumplida la ejecutoria de este juicio de amparo y por ende se requirió su cumplimiento. Finalmente, mediante auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se agregó la determinación dictada por el Juez responsable el trece de septiembre de esta anualidad (fojas 296 a 319); documental con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, de la que se advierte que el Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de diecisiete de enero de dos mil dieciséis, así como las diversas de veintitrés de junio, quince y veintiséis de julio, y veintitrés de agosto, todas de esta anualidad, con las que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 319). - En lo que respecta al delito de amenazas: Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, consideró que no se cuenta con elementos de prueba suficientes, por lo que decretó a favor del aquí quejoso José Javier Cante Silva, auto de libertad por falta de elementos para procesar respecto del delito del delito antes referido, previsto y sancionado por el artículo 290, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, que se dijo cometido en agravio de José Luis Calvario Reyes (fojas 296 vuelta a 305). - Asimismo, en cuanto al diverso de daño en propiedad ajena culposo: Decretó contra el aquí amparista auto de formal prisión respecto del delito de daño en propiedad ajena culposo, previsto y sancionado por el artículo 414, fracción II, en relación con los diversos 6, 11, 14 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de José Luis Calvario Reyes. En las que valoró, tanto la declaración preparatoria del inculpado, así como la fe de documentos, realizada el veinte de junio de dos mil quince, respecto del instrumento notarial 24720, de veinticinco de junio de dos mil siete, del índice de la Notaría Pública número 4 del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, cumpliendo con el punto a) de los efectos concesorios (fojas 313 vuelta y 318). De igual forma, acató el punto b.1 de los efectos concesorios, ya que estudió los dos delitos, de forma ordenada, sistematizada, realizándolo de forma consecuente. Estableció la legislación sustantiva aplicable (Código Penal del Estado de Puebla y no Código de Defensa Social del Estado de Puebla) -punto b. 3 de los efectos concesorios -. Asimismo, el juez de la causa establece que con los medios de prueba que obran en autos, que se encuentra acreditado el cuerpo del delito de daño en propiedad ajena culposo (no doloso, como lo refiere el Agente del Ministerio Público consignador), ya que la conducta del sujeto activo fue cometida de forma imprudencial, por lo que procedió a reclasificar el delito imputado al quejoso de doloso a culposo (fojas 305 a 319). Igualmente, establece los elementos de prueba con los cuales se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio (fojas 305 vuelta a 317); precisa los medios de convicción con los cuales se acredita la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión de dicho ilícito (fojas 317 a 318 vuelta), así como las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la ejecución del delito de daño en propiedad ajena culposo (foja 318 vuelta). Cumpliendo con ello con los puntos d, e y f de los efectos concesorios. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria y anexo, mediante el cual, informa su imposibilidad para hacer efectiva la multa impuesta en auto de siete de septiembre pasado, por no contar con el domicilio de Josaphat Ramírez Guzmán Juez Municipal en Materia Civil y Penal del San Martín Texmelucan, Puebla, y remite los oficios respectivos girados por este Juzgado. En esa tesitura, a efecto de realizar el cobro de la multa referida, se requiere al Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 297 Fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado Federal, los datos generales que tenga en sus registros de Josaphat Ramírez Guzmán Juez Municipal en Materia Civil y Penal del San Martín Texmelucan, Puebla, tales como su domicilio y su registro federal de contribuyentes. Apercibido que de no hacerlo así, en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes, mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y con fundamento en el artículo 196 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciséis, se concedió a la parte quejosa José Javier Cante Silva, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, realizara lo siguiente (foja 72 vuelta y 73): Deje insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de enero de dos mil dieciséis, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decide lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Pondere si merece valor probatorio la declaración preparatoria del inculpado, así como la fe de documentos, realizada el veinte de junio de dos mil quince, respecto del instrumento 24720, de veinticinco de junio de dos mil siete, del índice de la Notaría Pública número 4 del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla y qué indicios se obtienen de ellas. b) En la nueva resolución corrija los vicios de forma relativos a las incongruencias puntualizadas con anterioridad, esto es: b.1 Establezca el estudio de los delitos de forma ordenada y sistematizada de forma consecuente, esto es, que guarde correspondencia entre lo analizado y lo resuelto, sin mezclar el cuerpo del delito con la probable responsabilidad. b.2 Elija una de las hipótesis que citó en relación a si se acredita o no el delito de amenazas. b.3 Subsane la incongruencia relativa a la legislación sustantiva aplicable. c) Deberá establecer con certeza como se acredita el cuerpo del delito de amenazas, debiendo expresar como se adminiculan las pruebas elegidas de forma tal que exponga las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión. d) Analice de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de daño en propiedad ajena doloso, para lo cual una vez que haya otorgado valor probatorio a cada prueba en particular, indique que indicios se obtienen y los relacione con cada elemento del delito, para después concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. e) Indique con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, cómo se acredita la probable responsabilidad del indiciado ahora quejoso en los eventos delictivo, expresando las razones que tiene para considerarlo así. f) Establezca las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los delitos que se imputan al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo el delito en esas circunstancias. Por último, es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución. Por auto de quince de junio de dos mil dieciséis, se declaró firme la sentencia de que se trata y se requirió su cumplimiento a la responsable (fojas 123 a 126). Mediante oficio presentado el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el Juez responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el veintitrés de junio de dos mil dieciséis en la causa penal 170/2015 de su índice; y se dio vista a las partes el veintisiete de junio siguiente (fojas 156 y 157), sin que hicieran manifestación alguna. Sin embargo, mediante proveído de ocho de julio de dos mil dieciséis, se declaró no cumplida la ejecutoria de amparo, al advertirse nuevamente vicios formales, por lo que se volvió a requerir su cumplimiento. De igual forma, en auto de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, se agregó a los autos la resolución de quince de julio de dos mil dieciséis, en el que se tampoco se tuvo por cumplido el fallo protector, requiriéndose su cumplimiento. Asimismo, mediante proveídos de dieciséis de agosto y siete de septiembre del actual, tampoco se tuvo por cumplida la ejecutoria de este juicio de amparo y por ende se requirió su cumplimiento. Finalmente, mediante auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se agregó la determinación dictada por el Juez responsable el trece de septiembre de esta anualidad (fojas 296 a 319); documental con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, de la que se advierte que el Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de diecisiete de enero de dos mil dieciséis, así como las diversas de veintitrés de junio, quince y veintiséis de julio, y veintitrés de agosto, todas de esta anualidad, con las que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 319). - En lo que respecta al delito de amenazas: Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, consideró que no se cuenta con elementos de prueba suficientes, por lo que decretó a favor del aquí quejoso José Javier Cante Silva, auto de libertad por falta de elementos para procesar respecto del delito del delito antes referido, previsto y sancionado por el artículo 290, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, que se dijo cometido en agravio de José Luis Calvario Reyes (fojas 296 vuelta a 305). - Asimismo, en cuanto al diverso de daño en propiedad ajena culposo: Decretó contra el aquí amparista auto de formal prisión respecto del delito de daño en propiedad ajena culposo, previsto y sancionado por el artículo 414, fracción II, en relación con los diversos 6, 11, 14 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de José Luis Calvario Reyes. En las que valoró, tanto la declaración preparatoria del inculpado, así como la fe de documentos, realizada el veinte de junio de dos mil quince, respecto del instrumento notarial 24720, de veinticinco de junio de dos mil siete, del índice de la Notaría Pública número 4 del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, cumpliendo con el punto a) de los efectos concesorios (fojas 313 vuelta y 318). De igual forma, acató el punto b.1 de los efectos concesorios, ya que estudió los dos delitos, de forma ordenada, sistematizada, realizándolo de forma consecuente. Estableció la legislación sustantiva aplicable (Código Penal del Estado de Puebla y no Código de Defensa Social del Estado de Puebla) -punto b. 3 de los efectos concesorios -. Asimismo, el juez de la causa establece que con los medios de prueba que obran en autos, que se encuentra acreditado el cuerpo del delito de daño en propiedad ajena culposo (no doloso, como lo refiere el Agente del Ministerio Público consignador), ya que la conducta del sujeto activo fue cometida de forma imprudencial, por lo que procedió a reclasificar el delito imputado al quejoso de doloso a culposo (fojas 305 a 319). Igualmente, establece los elementos de prueba con los cuales se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio (fojas 305 vuelta a 317); precisa los medios de convicción con los cuales se acredita la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión de dicho ilícito (fojas 317 a 318 vuelta), así como las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la ejecución del delito de daño en propiedad ajena culposo (foja 318 vuelta). Cumpliendo con ello con los puntos d, e y f de los efectos concesorios. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria y anexo, mediante el cual, informa su imposibilidad para hacer efectiva la multa impuesta en auto de siete de septiembre pasado, por no contar con el domicilio de Josaphat Ramírez Guzmán Juez Municipal en Materia Civil y Penal del San Martín Texmelucan, Puebla, y remite los oficios respectivos girados por este Juzgado. En esa tesitura, a efecto de realizar el cobro de la multa referida, se requiere al Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 297 Fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado Federal, los datos generales que tenga en sus registros de Josaphat Ramírez Guzmán Juez Municipal en Materia Civil y Penal del San Martín Texmelucan, Puebla, tales como su domicilio y su registro federal de contribuyentes. Apercibido que de no hacerlo así, en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martin Texmelucan, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, en cuanto a la solicitud del Juez oficiante en el sentido de dejar sin efecto la multa impuesta mediante auto de siete de este propio mes de septiembre, dígasele mediante oficio que al efecto se libre, que no ha lugar acordar favorablemente, toda vez que este Órgano Jurisdiccional no puede revocar sus propias determinaciones. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio: "JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO. Ciertamente el Juez de Distrito, por lo general, no puede revocar sus propias determinaciones; pero cuando ordena, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se subsane alguna omisión que advierta en la substanciación del procedimiento, de alguna manera tiene que revocar alguno o algunos de los acuerdos emitidos en la etapa o en las etapas procesales ya concluidas, porque de otra manera no podría subsanar la omisión advertida y se haría inoperante el citado precepto legal. Pero esta facultad de regularizar el procedimiento está limitada a que el propio juzgador no afecte algún derecho procesal adquirido por alguna de las partes en lo actuado. Con esta limitación, la facultad de que se trata es una excepción, pues, al principio de que el Juez de Distrito no puede revocar sus propias determinaciones. (Época: Octava Época. Registro: 220188. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Marzo de 1992. Materia: Común. Tesis: Página: 226)".

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martin Texmelucan, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, en cuanto a la solicitud del Juez oficiante en el sentido de dejar sin efecto la multa impuesta mediante auto de siete de este propio mes de septiembre, dígasele mediante oficio que al efecto se libre, que no ha lugar acordar favorablemente, toda vez que este Órgano Jurisdiccional no puede revocar sus propias determinaciones. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio: "JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO. Ciertamente el Juez de Distrito, por lo general, no puede revocar sus propias determinaciones; pero cuando ordena, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se subsane alguna omisión que advierta en la substanciación del procedimiento, de alguna manera tiene que revocar alguno o algunos de los acuerdos emitidos en la etapa o en las etapas procesales ya concluidas, porque de otra manera no podría subsanar la omisión advertida y se haría inoperante el citado precepto legal. Pero esta facultad de regularizar el procedimiento está limitada a que el propio juzgador no afecte algún derecho procesal adquirido por alguna de las partes en lo actuado. Con esta limitación, la facultad de que se trata es una excepción, pues, al principio de que el Juez de Distrito no puede revocar sus propias determinaciones. (Época: Octava Época. Registro: 220188. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Marzo de 1992. Materia: Común. Tesis: Página: 226)".

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano