José Javier Cante Silva

Expediente 1202/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1202/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
30/09/2016

Partes del expediente

  • José Javier Cante Silva
  • Juez de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cinco minutos del uno de septiembre de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1202/2016-III-D (foja 14), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de Rafael Torres Campos, secretario con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por José Javier Cante Silva (fojas 1 a 5), los autos de diecisiete y veintidós de agosto, ambos de dos mil dieciséis y con el informe previo que rindió la autoridad responsable Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla (foja 17). Acto seguido, la Jueza de Distrito acuerda: téngase por practicada la relación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la Jueza de Distrito acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, la Jueza de Distrito acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1202/2016-III-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Javier Cante Silva, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por José Javier Cante Silva, se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada , se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto es:  Auto de formal prisión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 170/2015 del índice del juez responsable. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado - que quedó precisado en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden AUTORIDAD RESPOSABLE SENTIDO DEL INFORME PREVIO Foja 1 Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla. ACEPTÓ 17 La citada autoridad responsable al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto que se le reclama, pues al efecto manifestó la existencia del auto de formal prisión o preventiva de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, decretado en contra del quejoso en la causa penal 170/2015, por la probable responsabilidad de los delitos de Amenazas y Daño en Propiedad Ajena Doloso, previstos y sancionados por los artículos 290, fracción I y 414, fracción III, en relación con los artículos 6, 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de José Luis Calvario Reyes. En consecuencia, se tiene como cierto el acto reclamado a la referida autoridad responsable y, se procede a proveer respecto a la suspensión definitiva del acto combatido en la presente incidencia. CUARTO. Respecto del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión y, en virtud de que el quejoso se encuentra gozando de su libertad provisional bajo caución (tal como lo manifestó el quejoso en su escrito de demanda); en tal sentido, con fundamento en el artículo 136, párrafo primero de la Ley de Amparo abrogada, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que quede a disposición de este Juzgado de Distrito únicamente por lo que respecta a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento, esto hasta que se resuelva el juicio de amparo 1202/2016-III-D del cual deriva la presente incidencia. Sirven de apoyo a lo anterior, por el criterio que contienen, las siguientes tesis: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. DEBE CONCEDERSE SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, AUN CUANDO EL QUEJOSO YA GOCE DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD CAUCIONAL, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. El criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 55, visible en la página 31, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a continuación se transcribe: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, SUSPENSIÓN CONTRA EL (LIBERTAD CAUCIONAL).-La suspensión que se pida contra el auto de formal prisión es improcedente, si el quejoso se encuentra disfrutando de libertad caucional.", fue superado en virtud de la promulgación de la Ley de Amparo en 1936, además de que resulta inaplicable dicha jurisprudencia en razón de la reforma al artículo 136 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1994. Por tanto, si se reclama el auto de formal prisión que afecta la libertad personal, la suspensión debe ser concedida para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en cuanto a ella se refiere y a la del Juez responsable por lo que hace a la continuación del proceso. En consecuencia, debe concederse al quejoso la suspensión definitiva, aun cuando éste ya goce de su libertad provisional bajo caución, toda vez que se trata de un acto que afecta la libertad personal, con independencia del beneficio procesal aludido; lo anterior es así, porque si se llegara a revocar éste, la detención sería consecuencia del auto de formal prisión, con independencia de los efectos legales de haber revocado la libertad caucional. SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA, CUANDO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Tratándose de auto de formal prisión puede suceder que el quejoso se encuentre detenido como consecuencia del mismo; por lo tanto, la suspensión debe concederse para el efecto de que quede a disposición del juez de Distrito, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal y a la de la autoridad responsable que deba juzgarlo, pudiendo conceder la libertad caucional dentro del incidente de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, con las disposiciones de las leyes federales o locales aplicables, dictando las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y evitar que se sustraiga a la acción de la justicia, debiendo observar en todo caso lo dispuesto por el artículo 20 fracción I de la Constitución. O bien puede suceder que el quejoso se encuentre en libertad, supuesto en el cual debe concederse la suspensión solicitada para el efecto antes precisado y a fin de que no se ejecute dicho auto, esto es, para que el agraviado no sea privado de su libertad personal, debiendo el juez federal dictar las medidas que estime convenientes para el aseguramiento del quejoso y que permitan devolverlo a la autoridad responsable en caso de que no le sea concedido el amparo solicitado, sin que en este supuesto tenga que sujetar su determinación a lo que establezcan las leyes federales o locales aplicables, ni en los límites fijados por el artículo 20 fracción I constitucional, en razón de que el juez de Distrito no le concede al quejoso la libertad caucional, sino que como mero efecto de la medida suspensional continúa disfrutando de su libertad. No se fija garantía para la concesión de la suspensión definitiva en razón de que el inconforme se acogió al beneficio de la libertad provisional bajo caución dentro del proceso penal de origen. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por José Javier Cante Silva, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable ahí indicada.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Visto, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta y, atento a su contenido, téngase al Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla devolviendo debidamente diligenciado el despacho 452/2016, mediante el que se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, emplazara al presente juicio de amparo al tercero interesado José Luis Calvario Reyes; por tanto, se tiene por emplazado al antes citado. En consecuencia, dese de baja el aludido despacho en el Libro de Gobierno respectivo y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a dicha parte procesal con las constancias de autos. En diverso aspecto, agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado José Luis Calvario Reyes, y en atención al contenido del mismo, téngasele apersonándose al presente juicio de amparo; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, los estrados de este juzgado Federal, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte tercero interesada de mérito, por lista de acuerdos. Así mismo, téngasele autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, por así haberlo manifestado la citada parte. Por otra parte, con fundamento el artículo 124 de la Ley Reglamentaria, téngase a la referida parte realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, mediante el cual, en cumplimiento con el requerimiento que se le formuló por auto de veinticuatro de agosto pasado (fojas 23 y 24), remite copia certificada de la resolución de veintitrés de agosto del actual, de la que se advierte que en cumplimiento con la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 231/2016 del índice de este juzgado Federal, resolvió la situación jurídica del quejoso José Javier Cante Silva, dejando insubsistente el diverso auto de formal prisión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis (acto reclamado); de lo anterior, toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Así mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexa al oficio que se provee. Ahora bien, de la aludida probanza se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia del presente juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado, se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la parte quejosa José Javier Cante Silva en su escrito de demanda, señaló como autoridad responsable al Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla, reclamándole - en síntesis -el auto de formal prisión o preventiva de veintiséis de julio de dos mil dieciséis dictado en la causa penal 170/2015 de su índice. Ahora bien, el juez responsable al rendir su informe justificado (foja 17), aceptó la existencia del acto reclamado por el quejoso [auto de formal prisión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 170/2015 de su índice] e informó que dicho término constitucional fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el diverso juicio de garantías 231/2016 del índice de este juzgado Federal; señalando que por oficio 223-1-I de dieciséis de agosto pasado, este órgano jurisdiccional le requirió para que diera íntegro cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el aludido juicio de garantías. Luego, mediante el oficio con que se da cuenta, el juez de la causa remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, de la que se advierte que en cumplimiento con la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 231/2016 del índice de este juzgado Federal, resolvió la situación jurídica del quejoso José Javier Cante Silva, determinado dejar insubsistente el diverso auto de formal prisión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis y en su lugar decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del citado quejoso, como probable responsable en la comisión del delito de amenazas, ilícito previsto y sancionado por el artículo 290, fracción I, en relación a los artículos 6, 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de José Luis Calvario Reyes, y a su vez, dictó auto de formal prisión o preventiva en contra del impetrante de amparo, por la comisión del delito de Daño en Propiedad Ajena Culposo, previsto y sancionado por los artículos 414, fracción II, en relación a los diversos 6, 11, 14 y 21, fracción I del aludido ordenamiento penal, en agravio de José Luis Calvario Reyes. Con lo anterior, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada, pues en el momento de la presentación de la demanda el quejoso manifestó como acto reclamado el auto de formal prisión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 170/2015 de su índice, siendo que el Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla, por resolución de veintitrés de agosto pasado, dejó sin efectos el auto de término constitucional combatido por el hoy quejoso, y en su lugar dictó una nueva determinación, por lo que resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en la presente instancia. En tal virtud, como ya se dijo este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla advierte que se actualiza una manifiesta e indudable causa de improcedencia, cuyo estudio es oficioso al tenor del artículo 62 de la Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa respecto de los actos reclamados. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías promovido por José Javier Cante Silva, respecto del acto reclamado. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causa de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con veinte minutos del catorce de septiembre de dos mil dieciséis, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista al tercero interesado José Luis Calvario Reyes (en virtud de que señaló los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones de carácter personal); mediante oficio a la autoridad responsable, a la diversa autoridad tercero interesada y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Visto, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta y, atento a su contenido, téngase al Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla devolviendo debidamente diligenciado el despacho 452/2016, mediante el que se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, emplazara al presente juicio de amparo al tercero interesado José Luis Calvario Reyes; por tanto, se tiene por emplazado al antes citado. En consecuencia, dese de baja el aludido despacho en el Libro de Gobierno respectivo y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a dicha parte procesal con las constancias de autos. En diverso aspecto, agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado José Luis Calvario Reyes, y en atención al contenido del mismo, téngasele apersonándose al presente juicio de amparo; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, los estrados de este juzgado Federal, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte tercero interesada de mérito, por lista de acuerdos. Así mismo, téngasele autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, por así haberlo manifestado la citada parte. Por otra parte, con fundamento el artículo 124 de la Ley Reglamentaria, téngase a la referida parte realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, mediante el cual, en cumplimiento con el requerimiento que se le formuló por auto de veinticuatro de agosto pasado (fojas 23 y 24), remite copia certificada de la resolución de veintitrés de agosto del actual, de la que se advierte que en cumplimiento con la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 231/2016 del índice de este juzgado Federal, resolvió la situación jurídica del quejoso José Javier Cante Silva, dejando insubsistente el diverso auto de formal prisión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis (acto reclamado); de lo anterior, toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Así mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexa al oficio que se provee. Ahora bien, de la aludida probanza se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia del presente juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado, se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la parte quejosa José Javier Cante Silva en su escrito de demanda, señaló como autoridad responsable al Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla, reclamándole - en síntesis -el auto de formal prisión o preventiva de veintiséis de julio de dos mil dieciséis dictado en la causa penal 170/2015 de su índice. Ahora bien, el juez responsable al rendir su informe justificado (foja 17), aceptó la existencia del acto reclamado por el quejoso [auto de formal prisión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 170/2015 de su índice] e informó que dicho término constitucional fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el diverso juicio de garantías 231/2016 del índice de este juzgado Federal; señalando que por oficio 223-1-I de dieciséis de agosto pasado, este órgano jurisdiccional le requirió para que diera íntegro cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el aludido juicio de garantías. Luego, mediante el oficio con que se da cuenta, el juez de la causa remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, de la que se advierte que en cumplimiento con la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 231/2016 del índice de este juzgado Federal, resolvió la situación jurídica del quejoso José Javier Cante Silva, determinado dejar insubsistente el diverso auto de formal prisión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis y en su lugar decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del citado quejoso, como probable responsable en la comisión del delito de amenazas, ilícito previsto y sancionado por el artículo 290, fracción I, en relación a los artículos 6, 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de José Luis Calvario Reyes, y a su vez, dictó auto de formal prisión o preventiva en contra del impetrante de amparo, por la comisión del delito de Daño en Propiedad Ajena Culposo, previsto y sancionado por los artículos 414, fracción II, en relación a los diversos 6, 11, 14 y 21, fracción I del aludido ordenamiento penal, en agravio de José Luis Calvario Reyes. Con lo anterior, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada, pues en el momento de la presentación de la demanda el quejoso manifestó como acto reclamado el auto de formal prisión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 170/2015 de su índice, siendo que el Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla, por resolución de veintitrés de agosto pasado, dejó sin efectos el auto de término constitucional combatido por el hoy quejoso, y en su lugar dictó una nueva determinación, por lo que resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en la presente instancia. En tal virtud, como ya se dijo este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla advierte que se actualiza una manifiesta e indudable causa de improcedencia, cuyo estudio es oficioso al tenor del artículo 62 de la Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa respecto de los actos reclamados. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías promovido por José Javier Cante Silva, respecto del acto reclamado. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causa de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con veinte minutos del catorce de septiembre de dos mil dieciséis, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista al tercero interesado José Luis Calvario Reyes (en virtud de que señaló los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones de carácter personal); mediante oficio a la autoridad responsable, a la diversa autoridad tercero interesada y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

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