José Israel Pérez López y Otros.
Expediente 72/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/04/2021
Partes del expediente
- José Israel Pérez López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de amparo, agréguese a los autos el escrito recibido vía correo electrónico, signado por ***, representante especial del quejoso, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso, acepta y protesta el cargo que le fue conferido, y solicita se le proporcione copia de la demanda de amparo, del informe justificado y de la fecha de audiencia de derecho. En consecuencia, téngase al citado representante especial aceptando el cargo que le fue conferido en auto de dieciséis de marzo del año en curso, lo que se hace del conocimiento del quejoso, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, por conducto del Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas, córrase traslado al representante especial del quejoso con la totalidad de las constancias que integran el presente expediente; lo anterior a fin de que el peticionario pueda tener acceso a una tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, infórmese al promovente que en el presente juicio no existe informe justificado ni fecha de audiencia constitucional, dado que la demanda fue desechada por los motivos y fundamentos expuestos en el proveído de quince de febrero de dos mil veintiuno. Cabe precisar que el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interponga recurso de queja contra del auto de quince de febrero de dos mil veintiuno, comenzará a transcurrir para el representante especial, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por el cual en cumplimiento al proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, designa al licenciado ***, Asesor Jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, para que represente al quejoso en el presente juicio. Atento a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, de la Ley de Amparo, téngase al licenciado ***, Asesor Jurídico del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas, como representante quejoso en el juicio en que se actúa. En ese sentido, requiérase a dicho asesor para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, ratifique el cargo conferido, con la precisión de que tal aceptación deberá hacerla a través de oficio, mismo que podrá remitir a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, o bien a la dirección de correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional 7jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado, en caso de incumplimiento. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que la notificación al quejoso del acuerdo de veinticinco de febrero del presente año, se realizó el veintiséis siguiente, misma que surtió efectos el uno de marzo siguiente, por lo que, es evidente que los tres días concedidos para que designara un profesionista en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, transcurrieron del dos al cuatro de los corrientes, sin que esto ocurriera. En consecuencia, atendiendo a que el aquí quejoso se encuentra privado de su libertad y que de autos se advierte que no cuenta con la asistencia de un abogado, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, por oficio que al efecto se libre, requiérase al Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su recibo, proponga a un Defensor Público, que pueda fungir como representante del quejoso *** en el presente juicio constitucional; apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo fijado, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que el abogado designado acepte el cargo conferido, se le correrá traslado con el libelo constitucional, así como con las constancias que derivan del presente asunto. Tal representación fungirá hasta en tanto la parte quejosa señale nuevos autorizados para representarlo en el presente asunto. Lo anterior es así, ya que si bien el juicio de amparo no es, propiamente, parte del proceso penal, sino un juicio o recurso extraordinario, el cual tiene una regulación propia distinta del proceso penal, por antonomasia es la garantía jurisdiccional para la protección de los derechos fundamentales de las personas, pues se trata de una herramienta jurisdiccional efectiva para ese fin, que al estar prevista en las disposiciones de derecho interno, es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebida. Por ello, más allá de que la Ley de Amparo no establezca, expresamente, la obligación de nombrar un abogado público al quejoso privado de su libertad en virtud de un proceso penal, que promueve juicio de amparo indirecto en materia penal, por derecho propio y sin asistencia letrada, lo cierto es, que tanto la Constitución Federal, como la Ley reglamentaria, reconocen que en la clase de casos como el que nos ocupa, existe la necesidad de proporcionar tutela reforzada a quienes, por sus condiciones, no están en un plano de igualdad para acceder a la jurisdicción, esto partiendo de un principio de justicia conforme al cual, no es posible dar el mismo trato a quienes se encuentran en una posición de grave desventaja para hacer valer por sí mismos sus derechos. Por eso, partiendo de esa lógica, en donde se asume que la persona privada de su libertad se encuentra en total desventaja al no contar con un profesional del derecho que pueda satisfacer la necesidad de tutela, es evidente y necesaria se le otorgue la asistencia de un abogado que pueda suplir esa necesidad; obligación que recae sobre las instituciones del Estado creadas para ello, ya que en términos generales, son la que pueden realizar todos los actos tendentes a salvaguardar los derechos humanos de las personas representadas. Sustenta a lo antes considerado, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J.43/2019 (10a.) de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Notifíquese.
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