José Israel González García y Otros.
Expediente 1405/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1405/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2022
Partes del expediente
- José Israel González García y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que las autoridades responsables adujeron haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El veintisiete de agosto de dos mil veinte, se dictó resolución definitiva en la que se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa. Por auto de diecisiete de septiembre siguiente, se tramitó el recurso de revisión interpuesto por el autorizado del tercero interesado ***. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, se recibió el testimonio de la resolución dictada en sesión de quince de abril del mismo año, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, en la que determinó, dejar intocado el sobreseimiento decretado y confirmar la sentencia constitucional; por tanto, se requirió a la autoridad obligada el cumplimiento del fallo constitucional. Por lo anterior, la responsable 1. Juez Cuarto del Ramo Civil en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, por oficios registrados con folios 6483, 6810 y 7787, ingresados en la oficialía de partes de este juzgado el veintiséis y veintiocho de mayo, así como el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, remitió las constancias con las que adujo haber realizado actuaciones para observar el fallo protector. Posteriormente, el nueve de julio de dos mil veintiuno, se tramitó el recurso de revisión interpuesto por ***, quien se ostentó como tercero interesado en el juicio constitucional. En sesión de veintidós de septiembre del presente año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias penal y Civil del Vigésimo Circuito, consideró infundado el recurso de revisión extraordinario antes precisado y dejó intocada la sentencia de amparo dictada en el presente sumario, motivo por el cual se continuó con su ejecución. El 1. Juez Cuarto del Ramo Civil en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad por oficios registrados con folios 16329 y 17019, de tres y dieciocho de octubre actual, remitió documentales con las que manifestó observar la sentencia amparadora. Luego, el veintiuno de octubre del presente año, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias enviadas por la autoridad responsable en comento, para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; sin que hayan hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable 1. Juzgado Cuarto del Ramo Civil en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en los autos del juicio ejecutivo mercantil ***, realizara lo siguiente: a) Deje insubsistente el remate, adjudicación, protocolización y orden de entrega material del inmueble ubicado en ***, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lo anterior, conforme al contenido de la tesis I.3o.C.208 C (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el veintiuno de agosto de dos mil quince, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro IUS 2009814, que establece: "TERCERO EXTRAÑO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO ACREDITA LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE EN LITIGIO CON JUSTO TÍTULO. El tercero extraño que promueve juicio de amparo indirecto sobre un bien en litigio del que manifiesta tener derecho de propiedad, debe demostrar que tiene interés jurídico para ello a través de algún título traslativo de dominio, como la compra, venta o donación, por lo que no basta la mera detentación de hecho sin causa o título jurídico alguno. Acreditado dicho interés y en virtud de que su posición es distinta a la de los sujetos de la controversia, los efectos del amparo no son que se le llame a juicio natural, al no ser parte, sino reintegrarlo en sus derechos afectados, que son los bienes en litigio, es decir, que su propiedad o posesión prevalezca a salvo, sin que de modo alguno deba declararse la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural para que sea integrado a la controversia". (Énfasis añadido) TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitieron las autoridades responsables, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, de las documentales que obran en autos se desprende que el Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, en acatamiento de los efectos para los cuales se otorgó la protección federal, emitió acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente ***, de su índice, por el cual determinó dejar insubsistente el proveído de nueve de enero de dos mil dieciocho, en el que se adjudicó de manera directa a ***, el inmueble consistente en el predio urbano ***. Asimismo, ordenó girar oficio a la Notaria Pública número 108 del Estado y al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, para que la primera procediera a la cancelación de su protocolo la escritura de adjudicación otorgada a favor de ***, respecto del predio urbano antes descrito, bajo el número *** y el segundo cancelara la inscripción del instrumento público en mención. En esa tesitura, la titular de la Notaría Pública número 108 del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por escrito de veintiséis de mayo actual, comunicó al Juez de Primera Instancia que llevó a cabo la cancelación de la referida escritura pública y el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, realizó lo correspondiente respecto de la inscripción en esa dependencia, cancelación que se registró con folio real ***, circunstancia que se acreditó con volante de cancelación ***. Por otra parte, el Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, a fin de materializar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y reintegrar a la parte quejosa en sus derechos afectados, que es el bien en litigio, para que su propiedad y posesión prevalezcan a salvo, el tres de octubre de dos mil veintidós, determinó que ante la falta de entrega voluntaria del inmueble citado, ordenó el lanzamiento a costa de ***. En consecuencia, por diligencia de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el actuario adscrito al Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, procedió a poner en posesión real y material del inmueble ubicado en ***, a la parte quejosa ***. Lo anterior, pone de manifiesto que el actuar de las autoridades vinculadas al cumplimiento sí se ajustó a lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, pues conforme a los efectos del fallo constitucional se dejó insubsistente la adjudicación, protocolización y orden de entrega material del inmueble ubicado en ***, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, por consiguiente, ordenó la cancelación de la escritura pública respectiva y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; además, restituyó la posesión material de dicho inmueble a la parte quejosa. En esa tesitura, las actuaciones reseñadas evidencian que se restituyó a la peticionaria de amparo en el goce de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se concluyó vulnerado en la sentencia de amparo, relacionado con la legalidad y seguridad jurídica, pues ante lo realizado en esta etapa, regresaron las cosas al estado que tenían antes de esa privación. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: Las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató su núcleo esencial. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de octubre de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, a través del cual da cumplimiento a la prevención realizada en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Al respecto, a criterio de esta juzgadora se advierte, que respecto al acto reclamado consistente en el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, del índice del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se ordenó notificar el incidente de cumplimiento de sentencia y simulación de actos jurídicos planteado por la parte demandada en el juicio de origen; así como dicha diligencia por defectos en ésta, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. VI. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.". En la especie, como se dijo en párrafos precedentes, el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, del índice del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se ordenó notificar el incidente de cumplimiento de sentencia y simulación de actos jurídicos planteado por la parte demandada en el juicio de origen; así como dicha diligencia por defectos en ésta. No obstante, contra dicha determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, el inconforme debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones previsto en los artículos 76, 77 y 78, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado; normatividad que rige el procedimiento de donde emana el acto combatido; precepto que establece: "ARTÍCULO 76.- LAS NOTIFICACIONES HECHAS EN FORMA DISTINTA A LA PREVENIDA EN EL CAPÍTULO V DEL TÍTULO SEGUNDO, SERÁN NULAS; PERO SI LA PERSONA NOTIFICADA SE HUBIERE MANIFESTADO EN JUICIO SABEDORA DE LA PROVIDENCIA, LA NOTIFICACIÓN SURTIRÁ DESDE ENTONCES SUS EFECTOS COMO SI ESTUVIESE LEGÍTIMAMENTE HECHA. ARTÍCULO 77.- LA NULIDAD DE UNA ACTUACIÓN DEBE RECLAMARSE EN LA ACTUACIÓN SUBSECUENTE, PUES DE LO CONTRARIO AQUÉLLA QUEDA REVALIDADA DE PLENO DERECHO, CON EXCEPCIÓN DE LA NULIDAD POR DEFECTO EN EL EMPLAZAMIENTO. ARTÍCULO 78.- SOLO FORMARA ARTICULO DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO LA NULIDAD DE ACTUACIONES POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. LOS INCIDENTES QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE OTRAS NULIDADES DE ACTUACIONES O DE NOTIFICACIONES SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN EN FORMA INCIDENTAL, SIN SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO". De los preceptos transcritos se advierte que contra las actuaciones dictadas dentro del juicio de origen, es procedente el incidente de nulidad de actuaciones. Por tanto, en contra de los actos combatidos, procede el incidente de nulidad de actuaciones, de conformidad con los numerales invocados, pues a través de dicho medio ordinario de defensa, la parte quejosa puede controvertir en este caso el auto en el que se ordena la forma en la que se hace una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Por su parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos en el procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad. En consecuencia, se reitera que el solicitante de amparo, previo a la promoción del juicio de amparo biinstancial, debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones. Máxime que el aquí quejoso es parte formal en el juicio de origen, y como tal, se encuentra legitimado para hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que estime le agravian. De modo que al no haberlo hecho así, deviene improcedente la demanda de amparo que se estudia, en razón de no agotar el principio de definitividad que rige al presente juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Tesis 1a./J.68/2019 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice al rubro dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y anexos, por el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cuatro de agosto del presente año, informa el trámite dado al exhorto que le giró la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través de los diversos 1766 y 2939, dentro del expediente laboral de origen ***. Lo anterior, sin realizarse mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que el oficio de cuenta se recibió vía correo institucional el doce de septiembre de dos mil veintidós, y se proveyó lo conducente. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que el veintidós de septiembre del año en curso, se expedido el oficio 23408/2022 dirigido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, a efecto de notificarle el auto de esa fecha; sin que a la fecha exista constancia de que lo hubiese recibido. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, con copia de la factura, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente de la recepción de la comunicación que al respecto se envía, se sirva remitir a este Juzgado el original o copia certificada del citado acuse de recibo. Se apercibe que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de Cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo establecido por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,778 expedientes
- José Ignacio Castro Muñoz y Otros.405/2019
- José Ignacio Díaz Anza y Otros.1123/2023
- José Ignacio Hernández Sánchez y Otros.650/2019
- José Ilver Altamirano Pérez24/2019
- José Ilver Altamirano Pérez y Otros.396/2019
- José Isidro Gómez López y Otros.873/2019
- José Israel Pérez López y Otros.72/2021
- José Iván Toledo Castillejos y Otros.451/2019
- José Iván Vallecillo Tovilla y Otros.729/2021
- José Iván Vallecillo Tovilla y Otros.698/2021
- José Iver Nucamendi Jiménez y Otros.920/2019
- José Jaime López Gómez y Otros.739/2022