José Ilver Altamirano Pérez

Expediente 24/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
24/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • José Ilver Altamirano Pérez
  • José Ilver Altamirano Pérez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Por otra parte, al resultar innecesario conservar las constancias relativas al procedimiento disciplinario de separación ***, instruido en contra del quejoso, así como, las relativas a los resultados de la evaluación de control de confianza que le fueron aplicados, los cuales fueron remitidos por las autoridades responsables 1. Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, y 2. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, ambas con sede en esta ciudad, por conducto de la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico, al rendir su informe justificado; devuélvanse a las autoridades responsables indicadas, sin necesidad de que acusen recibo, debido a que en la constancia de notificación respectiva, se deberá hacer constar su entrega. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por las autoridades responsables 1. Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, y 2. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, ambas con sede en esta ciudad, por conducto de la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la responsable marcada con el numeral 8, a los profesionistas que cita, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa. Con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que remiten las autoridades de cuenta, consistentes en copia certificada del procedimiento disciplinario de separación *****************, instruido en contra del aquí quejoso, así como, las relativas a los resultados de la evaluación de control de confianza que le fueron aplicados, y tomando en consideración el volumen de las mismas para su mejor manejo se ordena abrir por separado dos tomos de pruebas, respetando el sello, el folio y la rúbrica que contienen; los cuales quedan en la Secretaría de este Juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido; mismos que será valorado al momento de emitir el fallo correspondiente. Asimismo, respecto de las documentales relativas a los resultados de la evaluación de control de confianza que fueron aplicados al aquí quejoso, al contener datos personales clasificados como confidenciales, se ordena el resguardo en sobre cerrado de dichas constancias, y desde este momento se niega su reproducción por cualquier medio; ello, con el objeto de cumplir con el artículo 126, párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los diversos 2, 12, 32, 35 y 36 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora, de un análisis realizado a las constancias de mérito, es de obtenerse que una vez determinado el archivo de investigación *****************, se dio inicio con fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, al procedimiento disciplinario de separación *****************, que se instruyó en contra del aquí quejoso, por no reunir los requisitos de permanencia, al no aprobar el proceso de certificación y evaluación que le aplicó el Centro de Control y Confianza Certificado del Estado de Chiapas, consistente en la evaluación toxicológica; y para tal efecto, se señalaron las once horas con veinte minutos del diez de enero de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de ley, lo que le fue notificado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. En el día y hora antes indicado, se celebró la audiencia de ley sin la asistencia del aquí quejoso no obstante de estar notificado de la misma, la que concluyó con la resolución de esa misma fecha -diez de enero del año en curso- (fojas 47 a 59 del tomo I de pruebas), en la que se determinó sancionar al impetrante con su separación definitiva del servicio a partir del quince de enero de dos mil diecinueve, girándose el oficio *****************, al Encargado del Despacho del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que realizara su liquidación correspondiente. Atento a lo anterior, si en el presente juicio se reclama el inicio del procedimiento administrativo de separación *****************instruido en su contra, como policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, por haber dejado de reunir los requisitos de permanencia a dicha institución, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)". De la trascripción anterior se desprende que la causa de improcedencia denominada "cambio de situación jurídica", se configura cuando se dan los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y e) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, si la parte quejosa comparece a esta instancia constitucional reclamando el inicio del procedimiento administrativo de separación *****************instruido en su contra, debe decirse que con las actuaciones realizadas en dicho procedimiento, se dan los elementos mencionados. Lo anterior es así, pues en cuanto al señalado en el inciso a), el acto reclamado deriva precisamente del procedimiento administrativo de separación *****************, del índice del Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Asimismo, se actualiza el elemento señalado en el inciso b), pues al promoverse el amparo, el quejoso se encontraba en un estado jurídico determinado, esto es, apenas se había dado inicio al procedimiento administrativo de separación seguido en su contra como policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. De igual forma, se cumple con el elemento previsto en el inciso c), pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es decir, el diez de enero de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de ley la que concluyó con la resolución que determinó sancionar al aquí impetrante con su separación definitiva del servicio a partir del quince de enero de dos mil diecinueve, girándose el oficio *****************, al Encargado del Despacho del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que realizara su liquidación correspondiente. Por otra parte, en relación al inciso d), si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, esto es, del inicio del procedimiento administrativo de separación *****************, instruido en su contra como policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, por haber dejado de reunir los requisitos de permanencia a dicha institución, se afectaría la nueva situación jurídica, pues implicaría desconocer la resolución de diez de enero de dos mil dieciocho, que determinó la separación definitiva del servicio del aquí quejoso, sin la posibilidad de ser reincorporado no obstante dicha determinación sea o no justificada, al existir prohibición constitucional para ello, contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII. Finalmente, el elemento contenido en el inciso e), también se da, ya que existe autonomía e independencia entre el acto que se reclama en el juicio de amparo -inicio del procedimiento administrativo de separación *****************, instruido en su contra como policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana- y la resolución dictada en el mismo -que concluyó con su separación definitiva del servicio al no reunir los requisitos de permanencia-, pues ésta última sustituye al acto materia de la litis constitucional, resulte o no inconstitucional, lo cual ocasiona que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al inicio del procedimiento administrativo de separación seguido en contra del quejoso y, por ende, que no pueda analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva determinación, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis 2a. CXI/96 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En consecuencia, al sobrevenir la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; con apoyo además en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuatro minutos del once de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por las autoridades responsables 1. Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, y 2. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, ambas con sede en esta ciudad, por conducto de la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la responsable marcada con el numeral 8, a los profesionistas que cita, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa. Con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que remiten las autoridades de cuenta, consistentes en copia certificada del procedimiento disciplinario de separación *****************, instruido en contra del aquí quejoso, así como, las relativas a los resultados de la evaluación de control de confianza que le fueron aplicados, y tomando en consideración el volumen de las mismas para su mejor manejo se ordena abrir por separado dos tomos de pruebas, respetando el sello, el folio y la rúbrica que contienen; los cuales quedan en la Secretaría de este Juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido; mismos que será valorado al momento de emitir el fallo correspondiente. Asimismo, respecto de las documentales relativas a los resultados de la evaluación de control de confianza que fueron aplicados al aquí quejoso, al contener datos personales clasificados como confidenciales, se ordena el resguardo en sobre cerrado de dichas constancias, y desde este momento se niega su reproducción por cualquier medio; ello, con el objeto de cumplir con el artículo 126, párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los diversos 2, 12, 32, 35 y 36 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora, de un análisis realizado a las constancias de mérito, es de obtenerse que una vez determinado el archivo de investigación *****************, se dio inicio con fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, al procedimiento disciplinario de separación *****************, que se instruyó en contra del aquí quejoso, por no reunir los requisitos de permanencia, al no aprobar el proceso de certificación y evaluación que le aplicó el Centro de Control y Confianza Certificado del Estado de Chiapas, consistente en la evaluación toxicológica; y para tal efecto, se señalaron las once horas con veinte minutos del diez de enero de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de ley, lo que le fue notificado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. En el día y hora antes indicado, se celebró la audiencia de ley sin la asistencia del aquí quejoso no obstante de estar notificado de la misma, la que concluyó con la resolución de esa misma fecha -diez de enero del año en curso- (fojas 47 a 59 del tomo I de pruebas), en la que se determinó sancionar al impetrante con su separación definitiva del servicio a partir del quince de enero de dos mil diecinueve, girándose el oficio *****************, al Encargado del Despacho del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que realizara su liquidación correspondiente. Atento a lo anterior, si en el presente juicio se reclama el inicio del procedimiento administrativo de separación *****************instruido en su contra, como policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, por haber dejado de reunir los requisitos de permanencia a dicha institución, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)". De la trascripción anterior se desprende que la causa de improcedencia denominada "cambio de situación jurídica", se configura cuando se dan los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y e) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, si la parte quejosa comparece a esta instancia constitucional reclamando el inicio del procedimiento administrativo de separación *****************instruido en su contra, debe decirse que con las actuaciones realizadas en dicho procedimiento, se dan los elementos mencionados. Lo anterior es así, pues en cuanto al señalado en el inciso a), el acto reclamado deriva precisamente del procedimiento administrativo de separación *****************, del índice del Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Asimismo, se actualiza el elemento señalado en el inciso b), pues al promoverse el amparo, el quejoso se encontraba en un estado jurídico determinado, esto es, apenas se había dado inicio al procedimiento administrativo de separación seguido en su contra como policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. De igual forma, se cumple con el elemento previsto en el inciso c), pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es decir, el diez de enero de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de ley la que concluyó con la resolución que determinó sancionar al aquí impetrante con su separación definitiva del servicio a partir del quince de enero de dos mil diecinueve, girándose el oficio *****************, al Encargado del Despacho del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que realizara su liquidación correspondiente. Por otra parte, en relación al inciso d), si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, esto es, del inicio del procedimiento administrativo de separación *****************, instruido en su contra como policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, por haber dejado de reunir los requisitos de permanencia a dicha institución, se afectaría la nueva situación jurídica, pues implicaría desconocer la resolución de diez de enero de dos mil dieciocho, que determinó la separación definitiva del servicio del aquí quejoso, sin la posibilidad de ser reincorporado no obstante dicha determinación sea o no justificada, al existir prohibición constitucional para ello, contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII. Finalmente, el elemento contenido en el inciso e), también se da, ya que existe autonomía e independencia entre el acto que se reclama en el juicio de amparo -inicio del procedimiento administrativo de separación *****************, instruido en su contra como policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana- y la resolución dictada en el mismo -que concluyó con su separación definitiva del servicio al no reunir los requisitos de permanencia-, pues ésta última sustituye al acto materia de la litis constitucional, resulte o no inconstitucional, lo cual ocasiona que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al inicio del procedimiento administrativo de separación seguido en contra del quejoso y, por ende, que no pueda analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva determinación, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis 2a. CXI/96 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En consecuencia, al sobrevenir la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; con apoyo además en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuatro minutos del once de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese.

  4. Incidental

    RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ***, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisadas, por los motivos, fundamentos, expuestos en el considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,778 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano