José Irineo Isabel Meza Briones

Expediente 480/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
480/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • José Irineo Isabel Meza Briones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable, a través de los oficios MA. 346/2021 (foja 69) y MA. 448/2021 (foja 75), informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo; así como con los mismos, en auto de quince de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes, quejoso y tercero interesado (foja 85); sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 89 y 90). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, este órgano colegiado concedió a José Irineo Isabel Meza Briones, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado; 2. Emita otro en el que: a) Haga efectivo el apercibimiento formulado en la audiencia en la que admitió la prueba de inspección y se tengan por ciertos los hechos que el actor pretendió probar con la misma, esto es, que fue dado de alta en el Régimen Obligatorio de Seguridad Social el doce de enero de mil novecientos setenta y siete, que cotizó un total de mil cuarenta semanas, y que causó baja el treinta y uno de diciembre de dos mil doce. b).- Niegue valor probatorio a la Hoja de Certificación de Derechos exhibida por el instituto demandado, ante la presunción derivada del desahogo de la prueba de inspección. c).- Ante los hechos demostrados por el actor, condene al instituto demandado al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada por reunir los requisitos para obtener tal derecho, con la precisión de que realice un juicio sobre la verosimilitud del salario que señaló el actor en su demanda de origen y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda, en el entendido de que deberá tomar en cuenta los referentes siguientes: la categoría y puesto del trabajador; salario mínimo general y profesional de la zona del lugar donde se desempeñó el trabajador, así como el salario real que se otorgaba en el periodo de los últimos cinco años anteriores a la conclusión de la relación laboral. En el supuesto que estime que el salario promedio indicado por el actor resulta inverosímil para cuantificar la pensión, deberá observar las disposiciones del artículo 168 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente en cuanto prevén que la misma no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general." (foja 57). Por acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, este órgano colegiado requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (foja 63). Mediante oficio MA. 346/2021, de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, informó que se dejó insubsistente el laudo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte (fojas 69 y 70). Por oficio MA. 448/2021 de doce de abril de dos mil veintiuno (foja 75) suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del laudo de cinco de abril de dos mil veintiuno (fojas 76 a 83); por tal motivo en auto de quince de abril de dos mil veintiuno (foja 85) se les dio vista a las partes; sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 89 y 90). Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y de la sentencia que remitió la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: I. La Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, dejó insubsistente el laudo reclamado de veintiuno de septiembre de dos mil veinte (foja 70 de autos, cumplimiento del lineamiento "1"). II. El cinco de abril de dos mil veintiuno, dictó otro laudo (fojas 76 a 83 de autos, cumplimiento del lineamiento "2") en el que: III. Hizo efectivo el apercibimiento formulado en la audiencia de veintitrés de enero de dos mil diecinueves, en la que admitió la prueba de inspección y tuvo por ciertos los hechos que el actor pretendió probar con la misma, esto es, que fue dado de alta en el Régimen Obligatorio de Seguridad Social el doce de enero de mil novecientos setenta y siete, que cotizó un total de mil cuarenta semanas, y que causó baja el treinta y uno de diciembre de dos mil doce (fojas 78 y 79 de autos, cumplimiento del lineamiento 2 inciso "a)"). IV. Asimismo, negó valor probatorio a la hoja de certificación de derechos exhibida por el instituto demandado, ante la presunción derivada del desahogo de la prueba de inspección (fojas 79 vuelta y 80 de autos, cumplimiento del lineamiento 2 inciso "b)"). V. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, condenó al instituto demandado al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada por reunir los requisitos para obtener tal derecho; por ende, realizó un juicio sobre la verosimilitud del salario que señaló el actor en su demanda inicial, en el cual con libertad de jurisdicción tomó en cuenta la categoría y puesto del trabajador, salario mínimo general y profesional de la zona del lugar donde se desempeñó el trabajador, así como el salario real que se otorgaba en el periodo de los últimos cinco años anteriores a la conclusión de la relación laboral (fojas 80 a 83 de autos, cumplimiento del lineamiento 2 inciso "c)"). Para justificar lo anterior, a continuación, se plasma la parte conducente del laudo: "En consecuencia, y en estricto acatamiento a la ejecutoria de cuenta específicamente en el punto número 2 inciso c) de los efectos de la concesión del amparo, se tiene probado por el actor que se encuentra desempleado de manera involuntaria debido a su edad y condición física así como de que no percibe ingreso económico alguno, lo consiguiente es considerar que satisface los requisitos que establece el artículo 145 de la Ley del Seguro Social mencionada, para que pueda gozar de la pensión de cesantía en edad avanzada a cuyo otorgamiento se condena al instituto demandado, por lo que en términos del artículo 167 de la multicitada ley, el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL le cubrirá al actor la pensión de cesantía en edad avanzada que le solicita, tomando como base para su cálculo el salario de $80.04 salario mínimo general del Distrito Federal vigente en el año 2017 por las siguientes consideraciones; si bien es cierto que el actor señaló en su demanda un salario promedio de las 250 últimas semanas, por la cantidad de $128.46 pesos, también lo es que no existe prueba alguna de la que se desprenda dicho salario, además que de su escrito inicial de demanda refiere en sus hechos que la última categoría desempeñada para los patrones para los cuales laboró lo fue el de ayudante general; por lo que tomando en consideración la anualidad en la que fue dado de baja del régimen de la seguridad social "2012" así como el puesto señalado, esta junta procede a realizar la consulta de la tabla dé "Salarios Mínimos vigentes de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (salarias mínimos para el Estado de Tlaxcala de los cincos años anteriores a la fecha en que el accionante dejó de prestar sus servicios -2012-); resultando solo la aplicación de salario mínimo general y no de profesional esto en razón que el hoy actor solo se limita a establecer que laboró como ayudante general no señalando que actividades desempeñó, por lo que la categoría de ayudante no se establece dentro del apartado de salarios mínimos profesionales, dado que para ser considerado dentro de los mismos es tendiente al desempeño de un trabajo especializado, peligroso o que en general requiera habilidades especiales que justificaran un salario de tal magnitud. Año SALARIO MÍNIMO GENERAL 2008 $49.50 2009 $51.95 2010 $54.47 2011 $56.70 2012 $59.08 TOTAL: $271.70 / 5 SALARIO PROMEDIO ÚLTIMAS 250 SEMANAS: $54.34 Información que es del dominio público y puede consultarse en la página web de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), de lo anteriormente plasmado si bien el Instituto demandado no cumplió con su carga probatoria de acreditar el salario promedio de las últimas 250 serranas de cotización, lo cierto es que esta autoridad está facultada para analizar la verosimilitud del salario que precisó el actor en su escrito inicial de demanda; lo anterior, en pleno acato de la siguiente tesis de jurisprudencia: "SALARIO. LA JUNTA PUEDE HACER UN JUICIO DE VEROSIMILITUD SOBRE SU MONTO AL CONSIDERARLO EXCESIVO, CUANDO SE HAYA TENIDO POR CIERTO EL HECHO RELATIVO, ANTE LA FAIÍTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL PATRÓN. (Se transcribe)." Al respecto, esta Autoridad del trabajo estima que, el ejercicio del juicio de verosimilitud de un hecho afirmado dogmáticamente por las partes, que de ordinario consiste en una racionalización lógica de hechos conocidos por la experiencia; en el sistema de apreciación concedido a las Juntas de Conciliación y Arbitraje por la Ley Federal del Trabajo, le imprime características especiales, expresamente concedidas por el artículo 841 de la propia ley, en cuanto les faculta a apreciar los "hechos de conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismo sobre estimación de las pruebas", del que se desprenden los puntos siguientes: a) Las Juntas pueden dictar el laudo sin sujetarse a las reglas utilizadas por los órganos judiciales, por no ser tribunales de derecho, sino de arbitraje; pero deben fallar con base en la verdad que resulte de las actuaciones del juicio, por lo que están constreñidas a examinar las actuaciones habidas y a hacer constar en autos ese análisis. b) La apreciación en conciencia de las pruebas solo tiene aplicación dentro de los límites fijados en la litis y deben descansar en la lógica del raciocinio. c) Verdad sabida y buena fe guardada es una clásica expresión forense usada desde hace siglos para a entender que un pleito o una causa debe sentenciarse sin atender a las formalidades del derecho; y, d) Se permite a las Juntas recabar pruebas oficiosamente para conocer la verdad buscada en aplicación de una justicia objetiva, acorde con la realidad de los hechos debatidos en el conflicto. En este orden de ideas, como se dijo anteriormente de la consulta de la tabla de "Salarios Mínimos vigentes de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, cuyos salarios corresponden a los cincos años anteriores a la fecha en que el actor dejó de prestar sus servicios es decir en el año 2012; por lo que sumando las citadas cantidades y dividiendo el resultado entre cinco para obtener el salario promedio de las últimas 250 semanas que corresponde a los 5 años anteriores a la fecha de baja, obtenemos como salario promedio la cantidad de $54.34 salvo error u omisión de carácter aritmético, veamos: $49.50 + $51.95 + $54.47 + $56.70 + $59.08 = $271.70 / 5 = $54.34 De lo anteriormente plasmado, esta autoridad laboral no toma en consideración el salario promedio señalado por el actor de $128.46 esto en razón que resulta ser excesivo de acuerdo con su categoría de ayudante general que se desempeñó y que de acuerdo a la consulta en la página Web de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) dicho salario es superior a lo que percibe una persona que realiza las actividades inherentes a dicho puesto, en este contexto, esta Junta, en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada no toma en cuenta dicho salario para cuantificar la pensión la que ha resultado condenado el instituto demandado. Lo anterior en razón de que conforme al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, los tribunales del trabajo deben resolver los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de ajustarse a reglas o formulismos sobre legitimación de pruebas, tomando en cuenta que el principio de congruencia, pero siempre fundando y motivando todos sus actos, en estricto respeto a las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas a favor de los particulares en el artículo 16 constitucional. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia que al rubro se cita: "SALARIO INVEROSÍMIL. LA AUTORIDAD LABORAL DEBE DECLARAR ASÍ AL INDICADO POR EL TRABAJADOR, CUANDO DE ACUERDO LA CATEGORÍA QUE OCUPA RESULTA EXCESIVO, NO OBSTANTE QUE SE HAYA TENIDO POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO". "PENSIÓN DE INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. SU CUANTIFICACIÓN NO DEBE SER INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO GENERAL QUE RIJA PARA EL DISTRITO FEDERAL." En consecuencia de lo anterior, para eI cálculo de la pensión demandada debe tomarse en cuenta el salario de $80.04; esto en razón que tal y como se precisó en líneas anteriores es el derivado del cálculo del salario promedio de las últimas 250 semanas que corresponden a los 5 años anteriores a la fecha en que fue dada de baja la parte actora, por lo que para efecto del cálculo de la pensión a la que fue condenado el Instituto Mexicano del Seguro Social debe tomarse en cuenta tal salario promedio señalado, que dividido entre el salario mínimo de 2017 (año en que se retrotrae la litis), arroja el número de veces de salario mínimo que representa para aplicar el rango de la tabla del artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973: $80.04/$80.04= 1.00 vez el salario mínimo Por lo que se aplica el rango del citado numeral de hasta 1, que es el establecido como porcentaje de cuantía básica de 80.00% e incremento anual de 0.563%. Del total de semanas reconocidas (1,040) se restan 500 para determinar el número de incrementos: 1,040 - 500 = 540 / 52 = 10.39 incrementos a la cuantía básica. Pero de conformidad con lo que establece el párrafo sexto, inciso b) del artículo 167, resulta que tendría 10 incrementas a la cuantía básica. Cálculo cuantía básica: Salario promedio X Días por año X % cuantía artículo 167 = cuantía básica anual 80.04 365 80.00% $23,371.68 Cálculo incrementos: Salario promedio X días por año Incrementos artículo 167 % No. Incrementos 80.4 365 0.563% 10 = $1,644.80 Cálculo cuantía anual: Cuantía básica + Incrementos a la cuantía = Cuantía anual $23,371.68 + $1,644.80 $25,016.48 Cálculo del monto mensual: Pensión de cesantía en edad avanzada $25,016.48 / 12 =2,084.71X85% (ART. 171 LSS 73) = $1,772.01 Ahora bien, de conformidad con la reforma al artículo 168 de la Ley del Seguro Social aplicable al caso publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1998 el monto de la pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada, no podrá ser inferior al salario mínimo general del Distrito Federal vigente al momento de dictar la resolución, en tal virtud como la pensión que resultó de las referidas operaciones aritméticas resulta ser inferior a la mínima garantizada del año 2017, la que debe pagar el demandado al actor es la siguiente: SALARIO PROMEDIO X DÍAS POR AÑO / MESES AL AÑO X FACTOR 1.11 (Artículo Décimo Cuarto transitorio) PENSIÓN MÍNIMA GARANTIZADA $80.04 X 365 / 12 X 1.11 = $2,702.35 En consecuencia, la pensión que debe pagar el demandado al actor debe ser por el monto salvo error u omisión de carácter aritmético de $2,702.35 (dos mil setecientos dos pesos 35/100 m.n.) mensuales. Por lo que hace a las prestaciones inherentes a la pensión reclamada consistente en: asignaciones familiares reclamadas por la parte actora en su libelo inicial bajo el inciso d), es preciso anotar el siguiente precepto legal de la Ley del Seguro Social de 1973: (Cita artículo 164 de la Ley del Seguro Social de 1973). De lo anterior, tenemos que el actor en términos del artículo 164 fracción IV de la Ley del Seguro Social ya transcrito, le corresponde un 15% adicional de su pensión por concepto de asignaciones familiares pues de autos no se desprende que tenga esposa o concubina, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, consecuentemente se condena al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a otorgar asignaciones familiares al actor equivalentes a un 15% de la cuantía de la pensión de conformidad a la fracción IV antes descrita, monto que asciende a la cantidad de equivalente a $405.35, porcentaje que se debe adicionar a la pensión resultante. Por ende, el demandado pagará al actor la cantidad salvo error u omisión de carácter aritmético de $3,107.70 (TRES MIL CIENTO SIETE PESOS 70/100 M.N.) mensuales por cesantía en edad avanzada, misma que se la pagará a partir del 08 de octubre de 2017 fecha en la cual nació su derecho de percibir la pensión de cesantía, prosperando la excepción de prescripción opuesta por el instituto demandado toda vez que el actor cumplió con los requisitos el 28 de junio de 2016 y su demanda la presentó el 08 de octubre de 2018, es decir ya había excedido más de un año; asimismo se le condena a incrementarle tal pensión en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social referida, a otorgarle un aguinaldo anual en forma retroactiva a partir de la citada fecha, equivalente a una mensualidad del importe de la pensión así también se le condena a otorgarle la asistencia médica en términos del Capitulo Cuarto Título Segundo de la Ley del Seguro Social mencionada." De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como quedó relatado en líneas precedentes: 1. Dejó insubsistente el laudo reclamado. 2. Emitió otro en el que: a) Hizo efectivo el apercibimiento formulado en la audiencia de veintitrés de enero de dos mil diecinueves, en la que admitió la prueba de inspección y tuvo por ciertos los hechos que el actor pretendió probar con la misma, esto es, que fue dado de alta en el Régimen Obligatorio de Seguridad Social el doce de enero de mil novecientos setenta y siete, que cotizó un total de mil cuarenta semanas, y que causó baja el treinta y uno de diciembre de dos mil doce. b) Negó valor probatorio a la hoja de certificación de derechos exhibida por el instituto demandado, ante la presunción derivada del desahogo de la prueba de inspección. c) Condenó al instituto demandado al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada por reunir los requisitos para obtener tal derecho; por ende, realizó el estudio de la verosimilitud del salario señalado por el actor en su demanda de origen, el cual, con libertad de jurisdicción consideró inverosímil, y por tanto, realizó el cálculo de acuerdo con las disposiciones de los artículos 167 y 168 de la Ley del Seguro Social, anterior a la vigente en cuanto prevén que la misma no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese como legalmente corresponda a las partes. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, siete de mayo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de quince de abril del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, quince de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite el duplicado del laudo de cinco del mes y año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el expediente en que se actúa, entregando copia autorizada del laudo correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese, por lista al quejoso y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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