José Jacinto Garay Pérez
Expediente 645/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Jacinto Garay Pérez
- Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, Tlaxcala.
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Remítase testimonio de la ejecutoria dictada en el presente asunto, así como los autos de origen a la autoridad responsable. Se hace saber a las partes el cambio de residencia y domicilio de este órgano jurisdiccional.
- Juicio de Amparo Directo
Téngase por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio 9895/2018, de siete del mes y año en curso, signado electrónicamente por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en el que se transcribe el proveído de esa misma fecha, del que se advierte que se tuvo por recibido en dicho órgano jurisdiccional el amparo directo 645/2018 del índice de este tribunal colegiado, así como el juicio agrario 517/2016, y se informa que se ordenó dar cuenta al Pleno, con la resolución de veintiocho de noviembre anterior, en la que este tribunal determinó carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo directo promovida por José Jacinto Garay Pérez. Atento a lo anterior, solicítese a la autoridad oficiante que una vez que se determine lo concerniente a la incompetencia planteada por este tribunal colegiado, lo informe y remita constancia que así lo acredite.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio TUA.33-1793/2018, de veintitrés del mes y año en curso, que remite el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, al que anexa la demanda de derechos fundamentales promovida por José Jacinto Garay Pérez, por propio derecho, en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el citado tribunal, en el expediente agrario 517/2016; acúsese recibo. De las constancias que integran el referido expediente agrario, se advierten los siguientes antecedentes: 1. José Jacinto Garay Pérez, por propio derecho, mediante escrito presentado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, el uno de julio de dos mil dieciséis, promovió juicio agrario en contra de la Comisión Federal de Electricidad, Gerencia Regional de Transmisión Central, a quien le reclamó el reconocimiento como legítimo titular de la parcela 1201 Z-1 P1/3, amparada con el certificado parcelario 000000387517, ubicada en el núcleo agrario de San Matías Tlalancaleca, Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla; indemnización derivada de la indebida ocupación realizada por las líneas de transmisión eléctrica, así como la actualización de avalúos respecto de la superficie que ocupa dicha línea de transmisión (fojas 1 a 3). 2. El cuatro de agosto siguiente, la titular del tribunal responsable registró el asunto con el número 517/2016 (fojas 5 y 6), y previo cumplimiento al requerimiento de la misma fecha, el nueve de noviembre posterior, se declaró competente para conocer del asunto, lo admitió a trámite y ordenó emplazar a juicio a la parte demandada (fojas 19 a 21). 3. En audiencia de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se tuvo a la citada comisión dando contestación a la demanda, así como ejercitando acción reconvencional en contra de la actora (fojas 52 a 54). 4. Seguida la secuela procesal, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, dictó la sentencia respectiva, cuyos puntos resolutivos son: "Primero. Resulta improcedente declarar que el actor José Jacinto Garay Pérez es titular de la parcela 1201 Z-1 P1/3, ubicada dentro del núcleo agrario de San Matías Tlalancaleca, Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, de conformidad a lo expuesto en el V considerando de la presente sentencia.- Segundo.- Al resultar procedente la excepción de prescripción de la acción interpuesta por la demandada Comisión Federal de Electricidad, es que resulta improcedente la prestación de indemnización de pago por indebida ocupación solicitada por el actor en lo principal José Jacinto Garay Pérez, lo anterior en términos de lo expuesto en el considerando IV de la presente sentencia.- Tercero. Resultan procedentes las prestaciones reclamadas por el actor reconvencional Comisión Federal de Electricidad consistentes en el reconocimiento judicial de la servidumbre de paso constituida en la parcela 1201 Z-1 P1/3 ubicada dentro del núcleo agrario de San Matías Tlalancaleca, Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, para la conducción de energía eléctrica en beneficio de la población en general de las líneas de transmisión de energía eléctrica denominadas L.T. Texcoco-San Martín Potencia y L.T. Texcoco-San Lorenzo Potencia, ambas de 400 Kv, también identificadas en el sistema eléctrico nacional como TEX-A3860-MPT y TEX-A3960-LRP (la primera conocida como Puebla II-A3860-Texcoco y la segunda como Puebla-A3960-Texcoco de 400 kv), atento a lo expuesto en el considerando VII del presente fallo.- Cuarto.- En consecuencia, se apercibe a José Jacinto Garay Pérez se abstenga de realizar obras a cualquier tipo de edificación o actividades que impidan o pongan en riesgo la operación, mantenimiento o vigilancia de las torres o líneas conductoras de energía eléctrica antes mencionadas.- Quinto.- Una vez que cause estado la presente sentencia, remítase copia certificada de la misma, al Registro Agrario Nacional del Estado de Puebla para su inscripción y para que efectúe las anotaciones correspondientes respecto de la superficie que como servidumbre legal de paso se reconoce a favor de la Federación; con copias certificadas del dictamen y plano del perito tercero en discordia, arquitecto Germán Rosas Pacheco, lo anterior de conformidad al último considerando del presente fallo. Sexto. Notifíquese." (fojas 393 a 414). 5. Inconforme con dicha determinación, José Jacinto Garay Pérez, promueve el presente juicio de amparo. El artículo 34 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." En la norma transcrita se establecen las reglas para fijar la competencia por territorio en el juicio de amparo directo. Como regla general, el segundo párrafo del propio precepto atiende al lugar de residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado. Como disposición especial, conforme al tercer párrafo del propio numeral, en las materias agraria y fiscal, la competencia para conocer del juicio de amparo directo recae en el tribunal colegiado de circuito que ejerza jurisdicción donde el acto reclamado: a) deba tener ejecución; b) trate de ejecutarse; c) se esté ejecutando; o, d) se haya ejecutado. Y sólo en caso de que ese acto pueda tener ejecución en más de un circuito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, la competencia se surte a favor del tribunal colegiado de circuito que haya prevenido en la recepción de la demanda o que dicte acuerdo sobre tal escrito. De acuerdo con los datos que anteceden, en el caso: A) Se trata de un juicio de amparo directo en materia agraria, lo cual constituye un presupuesto básico para atender al lugar de ejecución de la sentencia reclamada, conforme al artículo 34, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. B) La sentencia definitiva que constituye el acto reclamado, aunque fue emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, con residencia en esta ciudad, debe tener ejecución en el Estado de Puebla. Lo anterior es así, dado que en la sentencia se declararon procedentes las prestaciones reclamadas por la Comisión Federal de Electricidad, consistentes en el reconocimiento judicial de la servidumbre de paso constituida en la parcela 1201 Z-1 P1/3, ubicada dentro del núcleo agrario de San Matías Tlalancaleca, Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla; asimismo, se ordenó remitir copia certificada de dicha resolución al Registro Agrario Nacional del Estado de Puebla para su inscripción y para que realice las anotaciones correspondientes respecto de la superficie que como servidumbre legal de paso se reconoce a favor de la Federación. Esto es, los actos materiales que constituyen la ejecución de la sentencia reclamada, deben tener lugar en el Estado de Puebla, es decir, dentro del territorio en el que ejercen jurisdicción los tribunales del Sexto Circuito, conforme al Punto Primero, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En esas circunstancias, al tratarse de un juicio de amparo directo en materia agraria, promovido contra una sentencia que debe tener ejecución en el Estado de Puebla, perteneciente a la jurisdicción del Sexto Circuito, este Tribunal Colegiado carece de legal competencia por razón de territorio para conocer del asunto. Es ilustrativa, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 141/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2010273, Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1681, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO REQUIERA DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Del artículo 34 de la Ley de Amparo se advierte la existencia de 2 reglas para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo directo: una general y otra especial. En efecto, en su párrafo segundo, establece que la competencia de dichos órganos jurisdiccionales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado (regla general), mientras que su párrafo último dispone que, en materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, el competente será el que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (regla especial). Así, cuando la sentencia o resolución recurrida dictada por un tribunal agrario no requiera de ejecución material, como por ejemplo, cuando en tal decisión se desechó un recurso, no se actualiza el supuesto normativo previsto en el párrafo último del mencionado numeral 34, sino el del segundo, en razón de que sólo se trata de una resolución de segunda instancia que produce consecuencias y efectos meramente declarativos; por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo directo contra esa decisión, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable." En consecuencia, remítanse los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para que lo envíe al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito que por turno le corresponda, a fin de que este último resuelva si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 46, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen los estrados de este tribunal colegiado para oír y recibir notificaciones, las que se practicarán por medio de lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, y por autorizadas en términos amplios del numeral 12 de la citada ley a las personas que menciona. Por lo expuesto y con fundamento en el numeral 34 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por José Jacinto Garay Pérez, en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, en el expediente agrario 517/2016. SEGUNDO. Se ordena remitir el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para que lo envíe al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito que por turno le corresponda, para que se avoque al conocimiento de la demanda de amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, por lista a la parte quejosa; háganse las anotaciones legales pertinentes, fórmese cuaderno de incompetencia con copia certificada del escrito de derechos fundamentales y anexos y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido. Así lo resolvió, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, integrado por los Magistrados Othón Manuel Ríos Flores y Octavio Chávez López, así como por el licenciado José de Jesús Cazasuz Sánchez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito, por licencia médica de la Magistrada Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez, quienes firman con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, Secretaria de Acuerdos que da fe.
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