José Humberto Gil Domínguez Mendoza y Otros.
Expediente 939/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 30/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado
- José Humberto Gil Domínguez Mendoza y Otros.
- José Humberto Gil Domínguez Mendoza
- Luis Donaldo Domínguez Gallegos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto. Comuníquese lo anterior, al Segundo Tribunal Colegiado de este circuito judicial, para los efectos legales procedentes.
- Juicio de Amparo Directo
ACUERDO QUE SE LISTA EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (fojas 52 a 86), el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 18/2011 (que modifica el diverso 10/2008), 65/2008 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/234/2015, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y punto de acuerdo C. CAR 30/2015, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 939/2017, en la que concedió a José Humberto Gil Domínguez Mendoza y en representación de su menor hijo cuya identidad se determinó debía quedar protegido, la protección constitucional para los efectos de que la responsable: ".deje insubsistente la sentencia de veinte de abril de dos mil diecisiete, terminada de engrosar el uno de junio siguiente, y restituya a los quejosos en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debiendo emitir una diversa en la que: * Conforme a los lineamientos expuestos en esta ejecutoria, se abstenga de considerar que de las pruebas obrantes en el juicio no existe señalamiento directo contra el procesado Alfredo Juárez Gasca, situando su participación en el supuesto que corresponda, de los previstos en el artículo 12 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala vigente en la época de los hechos. * Prescinda de otorgar valor alguno a la declaración de Lorena Basilio Reyo a menos que la tenga a la vista al momento de resolver, de lo contrario deberá valorar el testimonio de descargo de José Guillermo Pavón Bacilio como único, en términos de las reglas que establece el Código de Procedimientos Penales para la testimonial. * Hecho lo cual, determine con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda en torno a si el sentenciado Alfredo Juárez Gasca es penalmente responsable o no de la comisión del delito de lesiones calificadas y daño en las cosas cometidos en agravio de José Humberto Gil Domínguez Mendoza y ***; procediendo en su caso a absolver o condenarlo en los términos de los artículos 256, 257, fracción IV, 272, fracción I (lesiones calificadas), y 309 (daño en las cosas), respectivamente, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, de acuerdo con el grado de culpabilidad que le determine, fundando y motivando la causa legal de su proceder." (fojas 85 vuelta y 86). Este Órgano Colegiado, por auto de trece de marzo de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio T.C. 3º-AUX 2ª R. 562/2018, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el amparo directo 939/2017, con la sentencia dictada en el mismo, el toca 48/2017 así como el proceso 174/2013; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 147). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 181), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 186). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictó una nueva sentencia (fojas 153 a 179), en la que dejó insubsistente la que constituyó el acto reclamado (foja 155) y, siguiendo los lineamientos del fallo protector: II. Se abstuvo de considerar que en las pruebas existentes en el proceso penal, no existe señalamiento directo en contra del procesado Alfredo Juárez Gasca, pues como pruebas de cargo se aprecia que ahora, con libertad de jurisdicción, consideró como tales la querella del pasivo José Humberto Gil Domínguez Mendoza, a la adhesión y ratificación a la misma, por parte del menor de edad de identidad reservada; así como los testimonios de Rodrigo Bacilio Muñoz y José Gilberto Lara Bernal (fojas 164 a 167). También con plenitud de jurisdicción, se aprecia que al examinar la responsabilidad penal del sentenciado en la comisión de los ilícitos de lesiones y daño en las cosas, por los que se formuló la acusación, tuvo por demostrada que la forma de participación del enjuiciado en la ejecución de ambos injustos, fue como autor material, al expresar que fue la persona que causó una alteración en la salud del menor y causó daños a un vehículo marca Nissan, tipo redilas, placas de circulación WZ-58980 (fojas 161, 171 y 173); que es una de las formas de intervención previstas en el 12 del Código Penal local, vigente en la época de los hechos. III. Además, prescindió de valorar la declaración de Lorena Basilio Reyo, por no existir tal probanza en autos del proceso penal; por ende, consideró como único el testimonio de descargo rendido por José Guillermo Pavón Bacilio, y con libertad de jurisdicción decidió no otorgarle valor probatorio alguno, por no encontrarse robustecido con algún otro medio de prueba y estar contradicho por dos testimonios de cargo (foja 172). IV. Finalmente, con libertad de jurisdicción, consideró acreditada de forma plena la responsabilidad penal del sentenciado Alfredo Juárez Gasca, en la comisión de los delitos de lesiones calificadas y daño en las cosas, en agravio del menor de identidad reservada y de José Humberto Gil Domínguez Mendoza, respectivamente (foja 173). El primero de tales ilícitos lo consideró previsto y sancionado en los artículos 256, 257, fracción IV, 260, 272, fracción I (lesiones calificadas); mientras que el segundo, en el diverso numeral 309, todos estos del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, vigente en la época de los hechos (foja 174 vuelta y 178 vuelta). Con la misma libertad de decisión, al individualizar las sanciones, consideró al acusado con un grado de culpabilidad mínimo, y le impuso las sanciones que estimó correspondientes. Consideraciones con las que también se aprecia satisfecha la obligación de fundar y motivar la determinación, impuesta en la ejecutoria de amparo. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (fojas 52 a 86), el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 18/2011 (que modifica el diverso 10/2008), 65/2008 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/234/2015, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y punto de acuerdo C. CAR 30/2015, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 939/2017, en la que concedió a José Humberto Gil Domínguez Mendoza y en representación de su menor hijo cuya identidad se determinó debía quedar protegido, la protección constitucional para los efectos de que la responsable: ".deje insubsistente la sentencia de veinte de abril de dos mil diecisiete, terminada de engrosar el uno de junio siguiente, y restituya a los quejosos en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debiendo emitir una diversa en la que: * Conforme a los lineamientos expuestos en esta ejecutoria, se abstenga de considerar que de las pruebas obrantes en el juicio no existe señalamiento directo contra el procesado Alfredo Juárez Gasca, situando su participación en el supuesto que corresponda, de los previstos en el artículo 12 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala vigente en la época de los hechos. * Prescinda de otorgar valor alguno a la declaración de Lorena Basilio Reyo a menos que la tenga a la vista al momento de resolver, de lo contrario deberá valorar el testimonio de descargo de José Guillermo Pavón Bacilio como único, en términos de las reglas que establece el Código de Procedimientos Penales para la testimonial. * Hecho lo cual, determine con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda en torno a si el sentenciado Alfredo Juárez Gasca es penalmente responsable o no de la comisión del delito de lesiones calificadas y daño en las cosas cometidos en agravio de José Humberto Gil Domínguez Mendoza y ***; procediendo en su caso a absolver o condenarlo en los términos de los artículos 256, 257, fracción IV, 272, fracción I (lesiones calificadas), y 309 (daño en las cosas), respectivamente, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, de acuerdo con el grado de culpabilidad que le determine, fundando y motivando la causa legal de su proceder." (fojas 85 vuelta y 86). Este Órgano Colegiado, por auto de trece de marzo de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio T.C. 3º-AUX 2ª R. 562/2018, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el amparo directo 939/2017, con la sentencia dictada en el mismo, el toca 48/2017 así como el proceso 174/2013; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 147). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 181), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 186). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictó una nueva sentencia (fojas 153 a 179), en la que dejó insubsistente la que constituyó el acto reclamado (foja 155) y, siguiendo los lineamientos del fallo protector: II. Se abstuvo de considerar que en las pruebas existentes en el proceso penal, no existe señalamiento directo en contra del procesado Alfredo Juárez Gasca, pues como pruebas de cargo se aprecia que ahora, con libertad de jurisdicción, consideró como tales la querella del pasivo José Humberto Gil Domínguez Mendoza, a la adhesión y ratificación a la misma, por parte del menor de edad de identidad reservada; así como los testimonios de Rodrigo Bacilio Muñoz y José Gilberto Lara Bernal (fojas 164 a 167). También con plenitud de jurisdicción, se aprecia que al examinar la responsabilidad penal del sentenciado en la comisión de los ilícitos de lesiones y daño en las cosas, por los que se formuló la acusación, tuvo por demostrada que la forma de participación del enjuiciado en la ejecución de ambos injustos, fue como autor material, al expresar que fue la persona que causó una alteración en la salud del menor y causó daños a un vehículo marca Nissan, tipo redilas, placas de circulación WZ-58980 (fojas 161, 171 y 173); que es una de las formas de intervención previstas en el 12 del Código Penal local, vigente en la época de los hechos. III. Además, prescindió de valorar la declaración de Lorena Basilio Reyo, por no existir tal probanza en autos del proceso penal; por ende, consideró como único el testimonio de descargo rendido por José Guillermo Pavón Bacilio, y con libertad de jurisdicción decidió no otorgarle valor probatorio alguno, por no encontrarse robustecido con algún otro medio de prueba y estar contradicho por dos testimonios de cargo (foja 172). IV. Finalmente, con libertad de jurisdicción, consideró acreditada de forma plena la responsabilidad penal del sentenciado Alfredo Juárez Gasca, en la comisión de los delitos de lesiones calificadas y daño en las cosas, en agravio del menor de identidad reservada y de José Humberto Gil Domínguez Mendoza, respectivamente (foja 173). El primero de tales ilícitos lo consideró previsto y sancionado en los artículos 256, 257, fracción IV, 260, 272, fracción I (lesiones calificadas); mientras que el segundo, en el diverso numeral 309, todos estos del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, vigente en la época de los hechos (foja 174 vuelta y 178 vuelta). Con la misma libertad de decisión, al individualizar las sanciones, consideró al acusado con un grado de culpabilidad mínimo, y le impuso las sanciones que estimó correspondientes. Consideraciones con las que también se aprecia satisfecha la obligación de fundar y motivar la determinación, impuesta en la ejecutoria de amparo. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por lista al tercero interesado Alfredo Juárez Gasca y por oficio a la Agente del Ministerio Público adscrita a la sala responsable, así como al Segundo Tribunal Colegiado de este circuito judicial.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a siete de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio 1650, de cinco del mes y año en curso, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado de este circuito judicial; atento a su contenido, hágase de su conocimiento que aún se encuentra pendiente de resolver lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que una vez que se dicte la resolución correspondiente se informará al tribunal en cita.
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