José Ignacio Aguilar Aguilar
Expediente 1508/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1508/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Ignacio Aguilar Aguilar
Actuaciones
- Principal
IV. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de diecinueve de diciembre del año próximo pasado, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
IV. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por JOSÉ IGNACIO AGUILAR AGUILAR alias JOSÉ IGNACIO AGUILAR Y AGUILAR, contra el acto que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en la cual se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable un motivo de improcedencia que conduce a DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo por cuanto a dicho acto se refiere. En efecto, de la lectura integral de la demanda de garantías de cuenta, se advierte que el promovente de amparo reclama el auto de siete de diciembre del año en curso, en el expediente número 885/2014, en el cual la Juez responsable niega al quejoso la posibilidad de sustituir al perito nombrado en el juicio natural. Precisado lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107 fracción V aplicado en sentido contrario, y el diverso numeral 172 fracción XII, todos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, pues se trata de una violación procesal, ya que ésta no afecta a las partes en grado predominante o superior, pues se trata de una actuación ordenada en autos del expediente 885/2014, esto es, la negativa de sustituir al perito nombrado en el juicio natural. Al respecto, los artículos 107 fracción V, 172 fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen respectivamente: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: (...)V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) "ARTÍCULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (..) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de instar el juicio constitucional por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como acto de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. De ahí que el acto reclamado, consistente en el auto de siete de diciembre del año en curso, dictado en el expediente número 885/2014, en el cual aduce que la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, negó al quejoso la posibilidad de sustituir al perito nombrado en el juicio de origen, se trata de un acto dictado dentro del juicio que no causa una afectación de imposible reparación, sino que produce efectos meramente procesales. Tampoco puede decirse que tal acto procesal afecte a las partes en sus derechos en grado predominante o superior, porque no reviste las características de extrema gravedad, pues su trascendencia estará vinculada al resultado al que se arribe al resolver el fondo del asunto; además, por estar contemplada en la ley de amparo como de aquellas violaciones que deben ser reclamadas en el amparo directo al tenor del artículo 172, fracción III, de la Ley de la materia, ocasiona que, en caso de existir la violación alegada, ésta pueda repararse a través de tal medio de impugnación constitucional, sin que se demerite en forma alguna a las garantías individuales del peticionario, no obstante que aún y cuando dicha determinación pudiera acarrear una violación de carácter formal o procesal, la misma en sí no puede considerársele como una violación sustancial que afecte al promovente en sus derechos en grado predominante o superior, porque lo único que conlleva es a la continuación del juicio de origen y no implica necesariamente que el fallo deba ser contrario al interés del solicitante de la protección constitucional. Por las razones anotadas se reitera, que el acto que reclama la parte quejosa no es de imposible reparación, ya que no implica necesariamente que la sentencia que llegare a emitirse deba ser contraria a los intereses del peticionario, ni tampoco puede decirse que tal acto procesal, afecte a las partes en sus derechos en grado predominante o superior, pues ésta no reviste las características de extrema gravedad, ya que su trascendencia estará vinculada al resultado al que se arribe al resolver el fondo del asunto; máxime que por estar contemplada en la Ley de la Materia, como de aquellas violaciones que deben de ser reclamadas en el amparo directo, ocasiona que, en caso de existir la violación alegada, ésta pueda repararse a través de tal medio de impugnación constitucional, sin que se demerite en forma alguna a las garantías individuales del solicitante de amparo; por tanto, debe concluirse que el acto reclamado constituye una violación procesal que debe ser reclamada hasta que se dicte el fallo definitivo, en caso de que éste le sea desfavorable, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso "a", de la Constitución Federal, así como 170, 171 y 172, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por las razones que expone la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, en materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable a página 1186, tomo XVII, de mayo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." De igual manera, sustenta lo anterior la Tesis Aislada XI.T Aux.C.1. K, en materia común, sustentada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, localizable a página 1180, tomo XXXII, de julio 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa en cuanto al acto reclamado en comento, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, atendiendo a lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado las tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En esas condiciones, al haberse actualizado esos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por JOSÉ IGNACIO AGUILAR AGUILAR alias JOSÉ IGNACIO AGUILAR Y AGUILAR, con fundamento en el artículo 61 la fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V aplicado en sentido contrario, y el diverso numeral 172 fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de garantías, y como autorizados para tal efecto a Pablo Leonardo Ceme Dzib y Oseas Otoniel Ceme Dzib, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Es parte final del acuerdo dictado el día de hoy 19 de diciembre de 2018, en el presente juicio de amparo. Conste
- Principal
IV. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por JOSÉ IGNACIO AGUILAR AGUILAR alias JOSÉ IGNACIO AGUILAR Y AGUILAR, contra el acto que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en la cual se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable un motivo de improcedencia que conduce a DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo por cuanto a dicho acto se refiere. En efecto, de la lectura integral de la demanda de garantías de cuenta, se advierte que el promovente de amparo reclama el auto de siete de diciembre del año en curso, en el expediente número 885/2014, en el cual la Juez responsable niega al quejoso la posibilidad de sustituir al perito nombrado en el juicio natural. Precisado lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107 fracción V aplicado en sentido contrario, y el diverso numeral 172 fracción XII, todos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, pues se trata de una violación procesal, ya que ésta no afecta a las partes en grado predominante o superior, pues se trata de una actuación ordenada en autos del expediente 885/2014, esto es, la negativa de sustituir al perito nombrado en el juicio natural. Al respecto, los artículos 107 fracción V, 172 fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen respectivamente: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: (...)V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) "ARTÍCULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (..) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de instar el juicio constitucional por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como acto de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. De ahí que el acto reclamado, consistente en el auto de siete de diciembre del año en curso, dictado en el expediente número 885/2014, en el cual aduce que la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, negó al quejoso la posibilidad de sustituir al perito nombrado en el juicio de origen, se trata de un acto dictado dentro del juicio que no causa una afectación de imposible reparación, sino que produce efectos meramente procesales. Tampoco puede decirse que tal acto procesal afecte a las partes en sus derechos en grado predominante o superior, porque no reviste las características de extrema gravedad, pues su trascendencia estará vinculada al resultado al que se arribe al resolver el fondo del asunto; además, por estar contemplada en la ley de amparo como de aquellas violaciones que deben ser reclamadas en el amparo directo al tenor del artículo 172, fracción III, de la Ley de la materia, ocasiona que, en caso de existir la violación alegada, ésta pueda repararse a través de tal medio de impugnación constitucional, sin que se demerite en forma alguna a las garantías individuales del peticionario, no obstante que aún y cuando dicha determinación pudiera acarrear una violación de carácter formal o procesal, la misma en sí no puede considerársele como una violación sustancial que afecte al promovente en sus derechos en grado predominante o superior, porque lo único que conlleva es a la continuación del juicio de origen y no implica necesariamente que el fallo deba ser contrario al interés del solicitante de la protección constitucional. Por las razones anotadas se reitera, que el acto que reclama la parte quejosa no es de imposible reparación, ya que no implica necesariamente que la sentencia que llegare a emitirse deba ser contraria a los intereses del peticionario, ni tampoco puede decirse que tal acto procesal, afecte a las partes en sus derechos en grado predominante o superior, pues ésta no reviste las características de extrema gravedad, ya que su trascendencia estará vinculada al resultado al que se arribe al resolver el fondo del asunto; máxime que por estar contemplada en la Ley de la Materia, como de aquellas violaciones que deben de ser reclamadas en el amparo directo, ocasiona que, en caso de existir la violación alegada, ésta pueda repararse a través de tal medio de impugnación constitucional, sin que se demerite en forma alguna a las garantías individuales del solicitante de amparo; por tanto, debe concluirse que el acto reclamado constituye una violación procesal que debe ser reclamada hasta que se dicte el fallo definitivo, en caso de que éste le sea desfavorable, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso "a", de la Constitución Federal, así como 170, 171 y 172, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por las razones que expone la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, en materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable a página 1186, tomo XVII, de mayo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." De igual manera, sustenta lo anterior la Tesis Aislada XI.T Aux.C.1. K, en materia común, sustentada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, localizable a página 1180, tomo XXXII, de julio 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa en cuanto al acto reclamado en comento, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, atendiendo a lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado las tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En esas condiciones, al haberse actualizado esos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por JOSÉ IGNACIO AGUILAR AGUILAR alias JOSÉ IGNACIO AGUILAR Y AGUILAR, con fundamento en el artículo 61 la fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V aplicado en sentido contrario, y el diverso numeral 172 fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de garantías, y como autorizados para tal efecto a Pablo Leonardo Ceme Dzib y Oseas Otoniel Ceme Dzib, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Es parte final del acuerdo dictado el día de hoy 19 de diciembre de 2018, en el presente juicio de amparo
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