Jose Idelfonso Canto Tax

Expediente 1771/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1771/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Jose Idelfonso Canto Tax

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de dieciocho de octubre de la presente data, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Finalmente, en cuanto al valor documental y jurídico, se estima que el presente asunto carece de ellos. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado remitido por el Juez Primero de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, y anexo que acompaña. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión de la autoridad responsable, de emitir el proveído relativo al escrito que presentó el dos de septiembre anterior, en el controvertido 1580/2016, en el que interpuso el recurso de revocación contra el auto de veinte de agosto anterior. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable, de emitir el proveído relativo al escrito que presentó el dos de septiembre anterior, en el controvertido 1580/2016, en el que interpuso el recurso de revocación contra el auto de veinte de agosto anterior. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, en la misma data en que se presentó la demanda de amparo que nos atañe, el Juez responsable admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberse emitido el acuerdo admisorio del recurso en cuestión, han cesado los efectos de la aludida omisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno. Finalmente, no pasa desapercibido para esta Juzgadora Federal, el que no hubiere sido llamado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; empero, ello no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, cuenta habida que, dado el sentido de la misma, no se ocasiona detrimento alguno a los derechos procesales de dicha parte. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el escrito y anexos remitidos por el apoderado legal de la autoridad responsable Tiendas Chedraui, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual ofrece diversas pruebas en el presente juicio. En ese sentido, en relación con los informes que solicita sean requeridos al Servicio de Administración Tributaria, a fin de obtener información acerca de las últimas cinco declaraciones fiscales rendidas por la parte quejosa; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de conocer las cuentas bancarias que pudieran encontrarse a su nombre; y, al informe médico de donde pueda determinarse si la peticionaria de amparo aún se encuentra en estado de gravidez, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desechan las probanzas pues no tienen relación inmediata con los hechos controvertidos en este juicio de amparo. Como punto de partida, la litis constitucional se constriñe al estudio de los planteamientos expresados por la peticionaria del amparo en su demanda, que tiendan a demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado frente a los planteamientos que formulen tanto la autoridad responsable como las demás partes en el juicio de amparo, para sostener su legalidad o constitucionalidad. De modo que las pruebas que se ofrezcan en el juicio de amparo deben estar encaminadas ya sea a demostrar o a desvirtuar lo expuesto por la parte quejosa o por la autoridad responsable, pues de otra forma su admisión resulta, además de dilatoria, inútil, por carecer de vinculación con la litis. De ahí que en el caso concreto resulten inconducentes las pruebas ofrecidas en relación con la capacidad económica de la peticionaria de amparo y su acceso a servicios bancarios e incluso su nivel socioeconómico y cultural, ya que, en caso de abordarse el estudio de fondo, la litis en este asunto consistirá en determinar si la negativa de permitir el acceso físico de la quejosa, que en su momento contaba con treinta y seis semanas de embarazo, a las instalaciones comerciales de la autoridad responsable, se debió a una conducta que pudiera catalogarse como lesiva de sus derechos humanos o si está acción se encuentra revestida de legalidad con base en los argumentos y motivos expuestos en el informe justificado. Así las cosas, en el caso no se reclamaron como actos destacados las diversas formas o tecnologías con las que la empresa señalada como responsable permite a sus clientes el acceso a mercancías, sino que se combatió de forma destacada, el hecho de que la peticionaria de amparo al presentarse físicamente a sus instalaciones fue rechazada para su ingreso dada su condición de persona embarazada. De ahí, que ambos informes resulten inconducentes para efectos de resolver sobre la legalidad del acto reclamado. Lo mismo debe decirse en cuanto al informe médico que se solicita sea requerido al médico tratante de la parte quejosa, pues conforme al numeral 83 del mismo Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, quien funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción. Lo que se traduce en que tal y como afirma la autoridad responsable, si la propia quejosa señaló que al momento de la presentación de su demanda (diecinueve de abril de dos mil veintiuno), contaba con treinta y seis semanas de embarazo, es claro que a la fecha en que esto se acuerda dicho período de gestación ha concluido. Razón por la cual, se reitera, resulta inconducente su admisión en este expediente. Por los motivos antes reseñados, se desechan las probanzas ofrecidas por la autoridad responsable, al resultar ineficaces dichos medios de convicción para el fin que fueron propuestos. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 262, que señala lo siguiente: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, CUANDO NO GUARDEN RELACION CON LOS HECHOS CONTROVERTIDOS, POR SER INCONDUCENTES O INCONGRUENTES. De acuerdo con uno de los principios procesales fundamentales, debe existir congruencia entre los hechos de la demanda, los de la contestación y las pruebas. Dicho requisito de congruencia está consagrado, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 155, fracción V, que ordena la narración de los hechos con claridad y precisión; en el 260, que dispone que el demandado formulará la contestación en los términos prevenidos para la demanda; en el 266, que obliga al demandado a referirse a los hechos aducidos por el actor; en el 278, que establece el poder del juzgador para traer a juicio prueba sobre los puntos controvertidos; en el 279, que consagra la facultad de los tribunales para ordenar diligencias para mejor proveer sobre los puntos cuestionados; en el 284, según el cual sólo los hechos están sujetos a pruebas; en el 285, que establece que el tribunal debe recibir las pruebas si se refieren a los puntos cuestionados; y en el 291, que obliga a ofrecer las pruebas relacionándolas con cada uno de los puntos controvertidos y que sanciona con el desechamiento de las mismas, la falta de relación, en forma precisa. Luego entonces, si el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado, los de sus excepciones, debe concluirse que, tanto por el sistema legal como por el principio de economía procesal, deben desecharse las pruebas que no guarden nexo o relación con los hechos controvertidos, por ser incongruentes respecto de ellos, pues todo medio de prueba que no conduce directamente a justificar los hechos puestos en el litigio -ya sea en litis cerrada o en litis abierta- debe ser desechado o desestimado por el juzgador, ya que todo el proceso debe guardar congruencia y relacionarse con los hechos controvertidos según la realidad o la fijación formal de la litis; de modo que sobre aquello que no existe controversia la prueba es inconducente y en tratándose del derecho, el Juez tiene el deber de conocerlo sin que el mismo esté sujeto a prueba como carga de las partes". Así como la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, visible en la página 1443, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBEN ESTAR RELACIONADAS CON LA LITIS CONSTITUCIONAL. De acuerdo con el principio de congruencia que debe regir en toda sentencia de amparo, la litis constitucional se constriñe al estudio de los planteamientos expresados por el peticionario del amparo en su demanda, que tiendan a demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado, que es la materia del juzgamiento constitucional, frente al propio acto autoritario de molestia y los planteamientos que tanto la autoridad responsable como las demás partes en el juicio de garantías formulen para sostener la legalidad o la constitucionalidad de tal acto; de modo que las pruebas que se ofrezcan en el juicio de garantías, deben estar encaminadas ya sea a demostrar o a desvirtuar lo expuesto por el quejoso o por la autoridad responsable, pues de otra forma su admisión resulta, además de dilatoria, inútil, dado que carecerían de vinculación con la litis" Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los presentes autos de los que se advierte que en acuerdo de veintiocho de septiembre en curso, se giró oficio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, para que remita a este órgano jurisdiccional, copia certificada de las constancias relativas al citado juicio 1424/2017, de su índice, al considerar que el acto reclamado en ambos juicios guardan relación; por lo tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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