José Ignacio Aguilar Aguilar
Expediente 1135/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1135/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Ignacio Aguilar Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. Ahora, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva; se determina que el original único del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción III, del multicitado Acuerdo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las diez horas con quince minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1135/2023, promovido por José Ignacio Aguilar Aguilar alias José Ignacio Aguilar y Aguilar, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes y la Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario de Juzgado hace relación de las constancias de autos, consistentes en la demanda y el informe justificado rendido por la Jueza Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, el cual ya obra agregado en los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 y 126 de la Ley de Amparo, téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable aludida, para ser tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la prueba instrumental de actuaciones, presuncional en su doble aspecto, legal y humano y la documental ofrecidas por la parte quejosa junto con su demanda, así como las que fueron remitidas por la Jueza responsable al rendir su informe; en mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar con que la parte quejosa no formuló alegatos y la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado no presentó pedimento, por lo que, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de la parte quejosa para formular alegatos y el del Agente del Ministerio Público para presentar pedimento. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo 1135/2023, promovido por la persona moral quejosa José Ignacio Aguilar Aguilar alias José Ignacio Aguilar y Aguilar contra el acto de la Jueza Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el catorce de julio de dos mil veintitrés, mediante escrito en el que José Ignacio Aguilar Aguilar alias José Ignacio Aguilar y Aguilar solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Jueza Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; asimismo, con motivo de la admisión de demanda se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como al Acuerdo General 28/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el similar 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número de la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse una omisión con consecuencias positivas y ejecución en la demarcación territorial, donde la suscrita ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De manera que la persona moral quejosa reclama el siguiente acto: * El acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta administrativa 145/2022, en el que se negó la petición de remitir un oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurisca Patrimonial de Yucatán y al Juez Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, a efecto de que se mantenga el estado actual del predio 37, número 197-E, de la ciudad de Valladolid y se cierre la partida del embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil 885/2014 de su índice. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Jueza Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. Circunstancia que además se corrobora con las constancias relativas a la carpeta administrativa 145/2022, que acompañó la Jueza responsable al rendir su informe de ley; documentales que gozan de valor probatorio pleno al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, conforme a los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, debe, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, analizarse el tema de la procedencia del juicio de amparo, en términos de la parte final del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra, título y pie, señala: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, la suscrita juzgadora estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Sentado lo anterior, tenemos que la causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causal de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé' dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causal de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de defensa oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61 en cita, los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el presente caso, con relación al acto combatido, la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto y regulado por los artículos 456, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige el acto impugnado, mismo que tiene por objeto revocar o nulificar dicho acto, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Tales preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda." "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." De los preceptos normativos citados se advierte que el recurso de revocación es el medio de impugnación que procede contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación en las que interviene la autoridad judicial; medio de impugnación que tiene por objeto que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Ahora, en lo concerniente al recurso de revocación que establece su procedencia contra "las resoluciones de mero trámite" a que hace referencia el artículo 465 antes transcrito, es conveniente citar el contenido del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; III. La de control de la detención; IV. La de vinculación a proceso; V. La de medidas cautelares; VI. La de apertura a juicio; VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; VIII. Las de sobreseimiento, y IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo." Del numeral citado se desprende que las resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional se dividen en sentencias y autos, entendiéndose por las primeras como aquéllas que deciden en definitiva y ponen término al procedimiento, y por los segundos a todos los demás casos. Por ende, las resoluciones de mero trámite que son impugnables a través del recurso de revocación, comprenden a todas aquéllas que no resuelven en definitiva el asunto o ponen término al procedimiento. Por lo que, al tratarse el acto reclamado del auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, en la que la Jueza responsable negó la petición de remitir un oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurisca Patrimonial de Yucatán y al Juez Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, a efecto de que se mantenga el estado actual del predio 37, número 197-E, de la ciudad de Valladolid y se cierre la partida del embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil 885/2014 de su índice, por estimar que no se encuentra facultado para intervenir en las determinaciones que corresponden a dicho proceso, además de que el auto de no vinculación a proceso dictado en dicha carpeta no había sido revocado por autoridad competente, por lo cual, hasta ese momento, continuaba surtiendo sus efectos; deviene inconcuso que procedía en su contra dicho medio de impugnación, por tratarse de una cuestión de mero trámite. De manera que, el peticionario sí estaba en aptitud de interponer en forma oportuna dicho medio de impugnación por ser precisamente la parte solicitante de la medida y además existe la certeza de tal medio defensivo, según quedó precisado en el párrafo que antecede; además, no se está en algún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Aunado a que, como ya se indicó, el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación del afectado de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, cuando como en el caso, los tiene a su alcance, aparte de que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causal de improcedencia antes invocada. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 35/2020 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760, Décima Época, Materia Penal, con registro digital 2022001, del rublo siguiente: RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Así como la tesis XXVII.2o.1 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, por analogía de razón, publicada el viernes 10 de mayo de 2019 10:15 h, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2019815, que señala: AUDIENCIA SOLICITADA AL JUEZ DE CONTROL PARA EXPONER LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO. CONTRA LA NEGATIVA DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA QUE SE REALICE, DEBE AGOTARSE PREVIO AL AMPARO, EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El acuerdo que niega fijar fecha y hora para que se realice una audiencia de control para exponer al Juez las omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito, es de mero trámite por no trascender al resultado y no afectar derechos sustantivos, además de emitirse sin sustanciación alguna; por tanto, en su contra procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." En efecto, dada la naturaleza de la determinación recurrida, ésta cuenta con los requisitos establecidos en el artículo citado para que en su contra proceda el recurso de revocación, pues es de mero trámite por no trascender al resultado y no afectar derechos sustantivos del quejoso. Luego, efectivamente se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, por lo que a dicho acto corresponde, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Ignacio Aguilar Aguilar alias José Ignacio Aguilar y Aguilar contra el acto que reclamó de la Jueza Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid; lo anterior, conforme a las consideraciones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, mediante el cual rinde su informe previo; sin que haya necesidad de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, toda vez que el diez de los cursantes, se tuvo por recibido dicho informe, vía telegráfica, en tanto que el once siguiente se celebró la audiencia incidental respecto a la citada autoridad responsable. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Jueza Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, así como el anexo que adjuntó, consistente en un legajo de copias certificadas de la carpeta administrativa 145/2022 de su índice y un disco compacto en formato DVD; por ende, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con dichas documentales a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- José Humberto Espinosa Euán250/2023
- José Humberto Espinosa Euán681/2023
- Jose Humberto Molina Herrera286/2021
- Jose Humberto Vales Heredia637/2022
- Jose Idelfonso Canto Tax1771/2021
- Jose Ignacio Acevedo Bobadilla497/2021
- José Ignacio Aguilar Aguilar326/2023
- Jose Ignacio Aguilar Aguilar380/2017
- José Ignacio Aguilar Aguilar1693/2022
- José Ignacio Aguilar Aguilar1508/2018
- Jose Ignacio Aguilar Aguilar645/2019
- Jose Ignacio Alamazan Arteaga223/2020