Jose Hilario Escalona Alameda
Expediente 1258/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1258/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Hilario Escalona Alameda
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula Puebla treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve Vistos agréguense a los presentes autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla -a través del Secretario de acuerdos- y 2 Director del Centro de Reinserción Social de Puebla con los que da cuenta la secretaria para que surtan los efectos legales a que haya lugar; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes Por otro lado en términos del citado precepto 117 en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley se tienen como pruebas de las referidas autoridades responsables las documentales que anexan a los oficios que se proveen Ahora bien visto el estado que guardan los presentes autos y con base en las constancias que obran en este expediente se decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia la constitucional en los siguientes términos De la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que el quejoso José Hilario Escalona Alameda señaló como actos reclamados la orden de aprehensión librada en su contra dentro de la causa penal 274/1993 del índice del juez responsable ejecutada el dieciséis de diciembre del año en curso Ahora bien la autoridad 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo dicha negativa se desvirtúa pues del propio informe se advierte que dentro de la causa penal 274/1993 de su índice se libró orden de aprehensión en contra de Hilario Alameda Escalona y/o Hilario Escalona Alameda y/o José Hilario Escalona Alameda por su probable participación en la comisión de los delitos de homicidio robo asociación delictuosa y portación de instrumento prohibido misma que fue cumplimentada el dieciséis de diciembre del año en curso; en consecuencia se tiene como cierto el acto reclamado Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de texto y rubro siguientes: ACTO RECLAMADO EXISTENCIA DEL DEBE TENERSE POR CIERTA AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa no es de tomársele en cuenta debiendo darse por cierto el acto reclamado Por su parte la autoridad responsable ejecutora 2 Director del Centro de Reinserción Social de Puebla aceptó el acto que se le atribuye en los términos que del propio informe se advierten Mientras que la diversa autoridad responsable 3 Fiscal de Investigación Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Puebla a través de su representante negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo al ser cierto el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora se desvirtúa la negativa de la diversa ejecutora debiendo tenerse por presuntivamente cierto toda vez que el juez responsable requirió de su auxilio para la ejecución de la orden de captura reclamada Cobra aplicabilidad la tesis de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA DEBE TENERSE POR CIERTO Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden por lo tanto debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado Luego del informe justificado rendido por el juez responsable se observa que el veintidós de diciembre del año en curso resolvió la situación jurídica del hoy quejoso dentro del proceso 274/1993 de su estadística en los términos siguientes: PRIMERO Siendo las 15:00 quince horas del día 22 veintidós de diciembre del 2019 dos mil diecinueve se decreta auto de formal prisión o preventiva en contra del inculpado Hilario Alameda Escalona y/o Hilario Escalona Alameda y/o José Hilario Escalona Alameda como probable responsable en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO ilícito previsto y sancionados por el artículo 312 y 313 fracción I 323 326 fracciones I II 329 y 331 del Código de Defensa Social para el Estado cometido en agravio de quien en vida se llamó MARTÍN ESCALONA CRUZ así como por el delito de ROBO CALIFICADO previsto y sancionado por los artículos 373 374 fracción II y 380 fracción I II X y XI del Código Penal para el Estado en relación con los diversos 11 13 y 21 fracción I del mismo cuerpo legal antes invocado cometido en agravio de la persona moral ALMACENES IMPERIO así como por el delito de ASOCIACIÓN DELICTUOSA previsto y sancionado por el artículo 183 del Código de Defensa Social para el Estado cometido en agravio de la SOCIEDAD SEGUNDO Siendo las 15:00 quince horas del día 22 veintidós de diciembre del 2019 dos mil diecinueve es de decretarse y se decreta a favor de Hilario Alameda Escalona y/o Hilario Escalona Alameda y/o José Hilario Escalona Alameda AUTO DE LIBERTAD por falta de méritos para procesar y con las reservas de ley por la comisión del delito de PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA previsto en los artículos 179 fracción V y 181 en relación con el diverso 13 del Código de Defensa Social para el Estado así como por el delito de asalto previsto y sancionado por los artículos 294 296 y 297 en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado cometido en agravio de la SOCIEDAD delito por el cual se ejercitó acción penal (SIC) Lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado las que tienen pleno valor probatorio con fundamento en los artículos 129 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2° En tales condiciones como ya se adelantó en relación con los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión dictada en contra del hoy quejoso por el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla en autos de la causa penal 274/1993 y su ejecución; se advierte de oficio un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo que dispone: ARTÍCULO 61 El juicio de amparo es improcedente: XVII Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Del artículo trascrito se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando opere un cambio de situación jurídica Esto es para que opere un cambio de situación jurídica deben darse los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud de dicho acto; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y por ende que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional Luego en el caso a estudio como ya se dijo se actualiza la señalada causal de improcedencia al advertirse que si bien el quejoso reclama del 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla la orden de aprehensión dictada en su contra en la causa penal 274/1993 y su ejecución; lo cierto es que dicho acto no puede ser estudiado al haber operado un cambio de situación jurídica y de analizarse se afectaría la nueva situación jurídica del peticionario de amparo En efecto como se observa de las constancias remitidas por el 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla se advierte que dentro de la causa penal de origen 274/1993 se libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso por su probable participación en la comisión de los delitos de homicidio robo asociación delictuosa y portación de instrumento prohibido en perjuicio de quien en vida se llamó Martín Escalona Cruz y en perjuicio de la persona jurídica denominada Almacenes Imperio Sin embargo el dieciséis de diciembre de los corrientes se ejecutó dicha orden y el veintidós del mismo mes y año por una parte se dictó auto de formal prisión en contra de Hilario Alameda Escalona y/o Hilario Escalona Alameda y/o José Hilario Escalona Alameda como probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio calificado ilícito previsto y sancionados por el artículo 312 y 313 fracción I 323 326 fracciones I II 329 y 331 del Código de Defensa Social para el Estado cometido en agravio de quien en vida se llamó Martín Escalona Cruz así como por el delito de robo calificado previsto y sancionado por los artículos 373 374 fracción II y 380 fracción I II X y XI del Código Penal para el Estado en relación con los diversos 11 13 y 21 fracción I del mismo cuerpo legal antes invocado cometido en agravio de la persona moral Almacenes Imperio así como por el delito de asociación delictuosa previsto y sancionado por el artículo 183 del Código de Defensa Social para el Estado cometido en agravio de la sociedad; y por otra parte se decretó a su favor auto de libertad por falta de méritos para procesar y con las reservas de ley por la comisión del delito de portación de arma prohibida previsto en los artículos 179 fracción V y 181 en relación con el diverso 13 del Código de Defensa Social para el Estado así como por el delito de asalto previsto y sancionado por los artículos 294 296 y 297 en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado cometido en agravio de la sociedad Por lo anterior es que se afirma la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso en la causa penal 274/1993 y su correspondiente ejecución pues el veintidós de diciembre de dos mil diecinueve el 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla resolvió la situación jurídica de Hilario Alameda Escalona y/o Hilario Escalona Alameda y/o José Hilario Escalona Alameda en los términos precisado Por lo que el acto reclamado se sustituyó por el auto de formal prisión y de libertad por falta de méritos para procesar decretado y dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones constitucionales que reclamó relativas a la orden de aprehensión dictada en su contra ya que no es posible decidir sobre ésta sin afectar su nueva situación jurídica Esto es la orden de captura en cuestión fue sustituida jurídica y procesalmente por el auto de término constitucional razón por la cual no podría analizarse su constitucionalidad sin afectar la indicada resolución pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos se soslayaría la nueva situación jurídica de la parte quejosa lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia Al particular por similitud jurídica tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número VI1o J/57 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito de rubro y texto siguientes: SITUACION JURIDICA DEL INCULPADO EL CAMBIO DE ELLA VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS RESPECTO DE LA ANTERIOR La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia y en su caso la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados se llama situación jurídica y cada una de ellas excluye a las otras de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley Así como la jurisprudencia 1a/J 17/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión) por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal sin dar vista previa al quejoso aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL de la que derivó la tesis 2a/J 10/2003 publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE Además esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P/J 15/2003 de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto También sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN X DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo por cambio de la situación jurídica del inculpado en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto quedando tanto su nueva situación como el asunto supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa y no a las del órgano jurisdiccional Así dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y por ende no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso Además en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVI de la Ley citada ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables ejecutoras 2 Director del Centro de Reinserción Social de Puebla y 3 Fiscal de Investigación Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Puebla a través de su representante ya que el acto que se les imputa no se reclama por vicios propios sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de aprehensión materia del sobreseimiento Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: EJECUCION ACTOS DE SOBRESEIMIENTO Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a/J 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE De lo dispuesto en los artículos 74 fracción III y 83 fracción III ambos de la Ley de Amparo se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia Conforme a lo anterior cuando la causal de improcedencia sea notoria manifiesta e indudable de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial No se soslaya que la parte agraviada dentro del proceso penal de origen no fue emplazada al presente juicio de derechos fundamentales con el carácter de tercero interesada; sin embargo tal circunstancia no impide el dictado del presente acuerdo pues al haberse sobreseído es inconcuso que dicha resolución no le causa perjuicio alguno a dicha parte Cobra aplicación al caso la tesis aislada P V/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: TERCERO PERJUDICADO NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 fracción IV parte final de la Ley de Amparo cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley debe ordenarse la reposición del procedimiento Ahora bien siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional según lo establece el artículo 5o fracción III del ordenamiento legal en cita tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente básicamente en la subsistencia del acto reclamado se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados no debe ordenarse la reposición del procedimiento pues ello no le produciría beneficio alguno sino por el contrario le causaría perjuicio cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto debiendo pronunciarse en tal hipótesis la resolución que corresponda fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91 fracción IV de la Ley de Amparo es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes lo que no acontece en el supuesto especificado En virtud de lo expuesto se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo es decir las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de enero de dos mil veinte; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) Finalmente intégrese únicamente para que obre como corresponda el oficio 5003 del 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla -a través del Secretario de acuerdos- mediante el cual manifiesta que ya remitió copia certificada de las constancia que le fueron requerida por auto de veintisiete de diciembre pasado; sin embargo no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto pues en este proveído se recibieron dichas documentales
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San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los presentes autos el informe justificado de la autoridad responsable 3. Fiscal de Investigación Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por conducto de quien legalmente lo representa, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Ahora bien, de un análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que el aquí quejoso José Hilario Escalona Alameda, reclama del 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades, lo siguiente: "(.) IV. ACTOS RECLAMADO. a) De la autoridad responsable ordenadora reclamo la ilegal orden de aprehensión y/o orden de detención emitida en mi contra, en contra de una persona de la que existe similitud de nombre con el ahora quejoso, y por ello la orden fue ejecutada en mi contra. b) De las autoridades ejecutoras reclamo la ilegal y anticonstitucional orden de aprehensión, que realizaron dichas autoridades el día lunes 16 de diciembre del año 2019 a las 13:30 horas. (.)" De lo anteriormente transcrito, se advierte que la orden de captura reclamada se ejecutó el dieciséis de diciembre pasado; en ese sentido, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 17/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO"; requiérase a la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que en el plazo de doce horas, contadas a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada completa y legible del auto que resolvió la situación jurídica del aquí quejoso José Hilario Escalona Alameda, dentro de la causa penal 274/1993, de su estadística; así como de la diligencia donde declaró en preparatoria el citado peticionario de amparo. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar al aquí quejoso el presente acuerdo en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad, corriéndole traslado con copia simple del informe justificado de la autoridad responsable.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1258/2019-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por José Hilario Escalona Alameda, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. INFORME(S) JUSTIFICADO(S). Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; enviándoles para tal efecto copia de la demanda de amparo. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá(n) copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho(s) acto(s) no sea(n) en sí mismo(s) violatorio(s) de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación de los acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita(n) referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". TERCERO INTERESADO. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena emplazarlo al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y dirección de la parte agraviada o de quien represente sus intereses, dentro del proceso penal 274/1993 de su índice. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicita y no se está en los supuestos en que éste deba abrirse de oficio. DOMICILIO. Toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. Así mismo, téngase como domicilio de la parte quejosa, el indicado en su escrito de demanda, donde se realizarán las notificaciones a que se refiere el artículo 26 de la Ley de Amparo, a las personas que autoriza para tal efecto. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas indicadas, esto es, sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ni proporcionarse los datos correspondientes de su cédula profesional. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. PRUEBAS. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documental exhibidas en copia certificada y en copia simple (un acta de nacimiento y dos credenciales para votar), así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; sin perjuicio de relacionarse en su momento procesal oportuno. Ahora, respecto a las diversas documentales que ofrece el quejoso como pruebas, consistentes en los informes justificados que rindan las autoridades responsables y todo lo actuado dentro del expediente 274/1993, no ha lugar a acordar procedente su petición, toda vez que las indicadas actuaciones, a la fecha no obran en autos, por lo que una vez que obren las mismas en la presente instancia constitucional, el quejoso podrá ofrecerlas como pruebas. Finalmente, resérvese proveer lo que en derecho proceda, respecto a la prueba testimonial a cargo de Jofina Cordero Escalona y Gerardo Cordero Cordero, hasta en tanto se reciba el informe justificado requerido al juez responsable.
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