Jose Honorio Vazquez Sainz (Defensor)
Expediente 900/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 900/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Honorio Vazquez Sainz (Defensor)
- JOSE HONORIO VAZQUEZ SAINZ (DEFENSOR) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de julio de dos mil veintitrés. FIRME CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el cinco de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del doce al treinta de junio de dos mil veintitrés, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. ARCHIVO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés), se establece que el presente asunto en el cual por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. DEVOLUCIÓN DE ANEXO. En otro sentido, se ordena devolver a la autoridad responsable, 5. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla, las copias certificadas de las constancias que integran la carpeta judicial administrativa 2182/2021/PUEBLA, de su estadística, con las cuales se formó el anexo I, del presente juicio de amparo y tres discos versátiles digitales que obran en autos, del presente expediente. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias a devolver, toda vez que la citada responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, debe integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese: por lista a la moral quejosa, y a la tercero ********************, electrónicamente a tercero interesado ********************, y por oficio a las autoridades responsables, a la agente ministerio público en su calidad de tercera interesada, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil veintitrés. Días inhábiles. De acuerdo a la certificación secretarial, y a raíz del caso fortuito ocurrido por la actividad intermedia a alta del volcán Popocatépetl, lo cual pudo tener repercusión en la salud de las personas que acuden a los órganos jurisdiccionales y las personas adscritas a los órganos del Poder Judicial de la Federación de este Circuito y Región, se declararon como días inhábiles el lunes veintidós, martes veintitrés, miércoles veinticuatro, jueves veinticinco y viernes veintiséis todos de mayo del actual, motivo por el cual en esos días no corrieron términos. II. Cumplimiento. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que mediante sentencia de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por José Honorio Vázquez Sainz, en su calidad de defensor particular de la persona moral AE CAPITAL, Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. DE C.V), ahora AE CAPITAL, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI de C.V.), por las consideraciones y fundamentos, vertidos en el propio fallo. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión; el cual, por razón de turno, fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el toca en revisión 300/2022. Luego, el trece de abril de dos mil veintitrés, el tribunal revisor emitió la ejecutoria constitucional en la que resolvió modificar la sentencia recurrida, y concedió el amparo y protección de la justicia Federal a José Honorio Vázquez Sainz, en su calidad de defensor particular de la persona moral AE CAPITAL, Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. DE C.V), ahora AE CAPITAL, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI de C.V.), pues en el punto tercero resolutivo dijo: "(.) TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a "Ae Capital Sociedad Anónima de Capital Variable", ahora "Ae Capital Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable", en lo concerniente al acto atribuido al Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de uno de agosto de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 2182/2021/PUEBLA. Lo anterior, para los efectos precisados en la parte final del presente fallo. (.)". Atento a lo anterior, el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable 5. Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos fueron: "(.) I. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de uno de agosto de dos mil veintidós, por el hecho que la ley señala como delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 406 Bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado, en agravio de Israel Gudiño Pérez y Gimena Mondragón Pacheco. II. Señale hora y fecha para la celebración de una nueva audiencia, en la que deberá reanudarse a partir del momento en que se procede a resolver la situación jurídica de la parte quejosa; por lo cual, el juez de control deberá ceñirse a los hechos establecidos en la petición ministerial y determinar si se llevó a cabo el procedimiento establecido para personas jurídicas a que se refiere el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. III. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, para lo cual, deberá: a) atender los preceptos que se refieren a la responsabilidad de las personas jurídicas -citados en la solicitud ministerial-; b) atendiendo a su contenido establecer si en el caso, el representante social expuso y logró acreditar la posible responsabilidad de la persona moral imputada, a nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen; c) verificar si se determinó previamente que existió inobservancia del debido control en su organización; d) establecer si el hecho con apariencia de delito que se atribuye a la persona jurídica se encuentra previsto en el catálogo dispuesto para esta entidad federativa; y e) pronunciarse sobre el incumplimiento de la persona jurídica a que hizo referencia el representante social en su exposición de datos de prueba. IV. Una vez hecho lo anterior, resolver la situación jurídica del imputado conforme a derecho corresponda. Finalmente, conviene señalar que todos los criterios que se han invocado en esta resolución, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando algunos de ellos se integraron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; ya que el artículo Sexto Transitorio del decreto que expidió la mencionada legislación vigente, dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa. De ahí que si los aspectos contenidos en los criterios invocados no son opuestos a los principios y situaciones aquí abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos de la nueva ley, es evidente que tales razonamientos judiciales cobran aplicabilidad conforme lo dispone el artículo Sexto Transitorio invocado (.)". En ese sentido, el juez de control responsable, informó lo siguiente: -Por oficio 18239/2023/JC de ocho de mayo de dos mil veintitrés, informó que señaló las nueve horas del doce del mismo mes y año, para la audiencia de cumplimiento de amparo; y -Por oficio 19051/2023/JC de doce de mayo del año en curso, el juez de control responsable, remitió un disco versátil digital que contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada en esa fecha; en la carpeta judicial administrativa 2182/2021/PUEBLA, de su índice; sin necesidad de audiencia especial para su desahogo al tener naturaleza jurídica de prueba documental pública, como lo sustenta la jurisprudencia número 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."1 Documental con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora bien, se aprecia que, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (José Álvaro Sarmiento Márquez, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, realizó lo siguiente: 1. Señaló el doce de mayo de dos mil veintitrés, como fecha para la celebración de la audiencia en la que dio cumplimiento al fallo protector, dentro de la causa penal 2182/2021/PUEBLA. También, del contenido de la audiencia oral celebrada el doce de mayo del año en curso, dentro de la carpeta judicial administrativa 2182/2021/PUEBLA, se advierte que el juez de control determinó, en lo conducente, lo que se transcribe a continuación: "(.) De acuerdo con los lineamientos de la ejecutoria de amparo los Señores Magistrados hacen la noción a resolver la vinculación a proceso solicitada por el Ministerio Público respecto de la persona jurídica mencionada, esto a partir de qué se inicia la resolución, esto es, una vez cerrado el debate a efecto de emitir el pronunciamiento correspondiente. (.) Mencionaba que esta determinación tiene por fundamento en el artículo 19 constitucional del 421, 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a personas jurídicas involucradas en procedimientos de esta naturaleza de índole penal de acuerdo con la legislación procesal aplicable, en ese sentido para dar el cumplimiento a lo mandatado por la autoridad federal procedo a tomar en cuenta los datos de prueba que expuso el ministerio público en su solicitud de vinculación a proceso. (.) Lo anterior guarda congruencia con lo mandatado por la autoridad federal en el amparo en que se da cumplimiento en este momento atendiendo, de acuerdo con el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto al ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma se menciona que: "Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellos proporcionen cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización: Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho". Esto en cuando a la primera parte de dicho numeral. Señalar también que, siguiendo los lineamientos del amparo que se acata en este momento en primer lugar ordenan los señores magistrados del tribunal colegiado establecer si en el caso, el representante social expuso y logró acreditar la posible responsabilidad de la persona moral imputada a nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellos proporcionaron, al respecto como se mencionaba encuentro a esto colmado tomando en cuenta que del hecho de los querellantes se aprecia el señalamiento directo en contra de la persona jurídica mencionada a través de socios incluso con las entrevistas recabadas a otras cinco personas donde también menciona a sus socios como estas personas que fungieron como gestores para efecto de convencer a las personas en este caso a los querellantes de ingresar su patrimonio en la moral con base en la oferta de rendimientos superiores a los que marca el Sistema Financiero Mexicano, lograron vencer su resistencia, lograron convencerlos para ingresar el patrimonio y que finalmente se derivó en el detrimento que se viene manejando; por tanto ese primer supuesto lo encuentro satisfecho habida cuenta que se acredita la posible responsabilidad de la persona moral imputada ya que, a su nombre y en su beneficio a través de los medios que la propia empresa proporciona se allegó del propio patrimonio de las víctimas. Otro punto a considerar es verificar si se determinó previamente que existió en observancia del debido control en la organización de la moral, al respecto, señalar que es uno de los requisitos para efectos de establecer responsabilidad penal en una persona jurídica y en ese sentido bueno atender que ministerio público aludió en su intervención y respecto a ese tópico en particular y en cumplimiento por parte de la persona jurídica, esto es, datos de prueba relativos a un informe de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, del cual se divirtió mediante oficio CGSE/30/43/2021 signado por el coordinador general de protección civil de la Secretaría de gobernación José Antonio Ramírez Hernández, del cual se desprende información que.. no se encontró dato alguno en relación con lo solicitado respecto que si se contaba con trámites, permisos y aquellos requisitos legales con AE CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en ese entonces, ya sea por Luis Antonio, Gabriel Antonio o cualquier negociación ubicada en Calzada Zavaleta número 1108 colonia Santa cruz Buena Vista Puebla piso 15 despacho 1504-1 sin que arrojará resultado alguno, por lo cual este dato de prueba acredita el incumplimiento realizado por la persona jurídica para su financiamiento a efecto de no estar en condiciones de cumplir con lo acordado. Otro dato a considerar es el informe del siete de octubre de dos mil veintiuno por parte de la empresa BBVA México S.A. Institución de Banca Múltiple grupo financiero BBVA México informe respecto a una cuenta bloqueada a nombre de AE CAPITAL la cual cuenta con un saldo de 259.10 dólares y de la cual se desprenden diversas autoridades solicitantes de inmovilización entre ellas la UIF de la Comisión Nacional Bancaria y de valores con número de expediente 110/F/P/6840/2021 además de otro expediente 110/F/B/6840/2021, esto acredita también, la falta o el incumplimiento por parte de la persona jurídica en términos del artículo 421, datos de prueba que tampoco se controvirtieron para establecer que existe inobservancia por parte de la empresa respecto al control de su gestión esto tomando en consideración que es obligación de todas las empresas contar con medidas de salvaguarda para un adecuado control interno para lo cual en el caso que nos ocupa. no hay ningún dato de prueba propuesto por la defensa para establecer ese debido cumplimiento en la normativa para efecto de establecer un control por la observancia del control interno de la empresa y para establecer que existía cuando menos gestiones internas emitidas por parte de la propia empresa para gestionar ese control interno, del cual como saben no se tiene de ello, habida cuenta que esta información pone de manifiesto que la empresa no contaba con ese control por tanto lo inobservo. Esto también nos ubica en la hipótesis que manejó el tribunal colegiado que se deben verificar respecto de personas jurídicas involucradas en cuestiones o en procedimientos penales como por el particular. Bien respecto a lo anterior, otro dato a establecer si el hecho con apariencia de delito que se atribuye a la persona jurídica se encuentra previsto en el catálogo dispuesto para esta entidad federativa, en ese sentido acudiendo lo que marca el artículo 24 del Código Penal local en su segundo párrafo menciona: "a las personas jurídicas podrá imponérselas alguna o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos": En su apartado "A", relativo a delitos previstos en este Código Penal Estatal en su fracción X, hace alusión al delito de fraude previsto en los artículos que entre otros el 406 bis, por tanto el delito que se atribuye a la persona jurídica, efectivamente se encuentra contemplado en la legislación local de esa entidad el artículo 24, apartado "A", fracción X, de dicho ordenamiento por tanto también se cubre ese requisito. Finalmente, orden el juez federal, atender los argumentos del Ministerio Público, respecto a la oposición de datos de prueba en cumplimiento de la persona jurídica, al respecto, bueno, como se hacía alusión a estos datos de prueba, los documentos previamente descritos ponen de relieve que no existieron trámites por parte de la empresa ante protección civil, no sólo por la empresa, tampoco por su socios, o bien, de la empresa ubicada en Calzada Zavaleta número 1118 colonia Santa Cruz Buena Vista Puebla piso 15 despacho 1504-1; por tanto, ésto pondera que no hay un respaldo de salvaguarda por parte de la empresa. no sólo el debido control, si no el cumplimiento de lo que ostentaban, o lo que ofrecían, a las víctimas o querellantes, y como hemos visto motivó que estos últimos decidieran ingresar su patrimonio a la empresa a través del registro personal de sus socios obteniendo un beneficio la propia empresa. Bueno, con lo anterior tengo por colmado el artículo 421 y 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de contar con información a través de estos datos de prueba de los cuales no se controvirtieron para establecer la captación de recursos del público a través de la oferta pública por los socios en nombre de la empresa y aprovechando la propia empresa lo que esto les proporciona para acceder a esos recursos de las víctimas, ofreciéndoles un ingresos o rendimientos o testimonies superiores al Instituto Financiero Mexicano, causando así un perjuicio en su patrimonio, siendo esta cuenta de naturaleza dolosa del artículo 13 del Código Penal local. Bien con lo anterior, señalar que hay datos de prueba para establecer un hecho que la ley señala como delito y que queda debidamente enteradas las partes de cuál es la conducta que puntualmente se atribuye a la persona jurídica con base en lo que marca el artículo 421 y 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales ubicándonos en un delito o un hecho que la ley señala como delito de fraude previsto en el artículo 406 bis del código penal local, en agravio de Israel y Ximena querellantes en este asunto. No existe hasta este momento una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito que favorezca a la persona jurídica imputada y como consecuencia de lo anterior en términos del artículo 19 constitucional encuentro fundamento para dictar auto de vinculación a proceso en términos de los artículos 421 y 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de la persona moral persona jurídica denominada AE CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ahora AE CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE representada en esta audiencia por parte del señor Marco Antonio Caro Naval por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de fraude que prevé el artículo 406 bis del código penal estatal en agravio de Israel y Ximena querellantes en esta causa penal. Bien esta determinación quedan enterados los presentes dada su comparecencia en términos del artículo 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales ordenando informar de esta resolución al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito a través del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal al haber dado cumplimiento a su mandato, bien preguntando a las partes si tienen alguna manifestación o solicitud (.)la vinculación a proceso al haberse dejado insubsistente y emitirse una nueva resolución, las medidas cautelares que se habían asentado con motivo del auto de vinculación a proceso, que se dejó insubsistente, pierden efectos." 2. De lo transcrito, en concreto del último párrafo, se advierte que el juez de control dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía de amparo (dictado en audiencia de uno de agosto de dos mil veintidós); y también señaló hora y fecha para la celebración de una nueva audiencia, a reanudarse a partir del momento en que se procede a resolver la situación jurídica de la parte quejosa (desde el momento de cerrado de debate entre las partes), como se lee en el primer párrafo de lo transcrito. Por lo que se cumplieron los puntos I y II de los efectos de la ejecutoria de amparo. 3. Así también, en la audiencia de doce de mayo de dos mil veintitrés, el juez de control, motivó lo relativo a los puntos que identificó el tribunal de alzada del inciso a) al e), en el punto III del considerando SEXTO de los efectos de la ejecutoria de amparo, como se pasa a indicar. Por lo que hace al inciso a), en el sentido de atender (el juez de control) los preceptos que se refieren a la responsabilidad de las personas jurídicas; el juez de control señaló que eran aplicables los artículos 421 y 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a personas jurídicas involucradas en procedimientos de esta naturaleza de índole penal de acuerdo con la legislación procesal aplicable. En lo relativo al inciso b), consistente en establecer si en el caso, el representante social expuso y logró acreditar la posible responsabilidad de la persona moral imputada a nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellos proporcionaron; el juez de control dijo que sí, con el señalamiento directo en contra de la persona jurídica, de los socios, incluso con las entrevistas recabadas a otras cinco personas donde también mencionan a sus socios como éstas personas que fungieron como gestores para efecto de convencer a las personas, en este caso a los querellantes, de ingresar su patrimonio en la moral con base en la oferta de rendimientos superiores a los que marca el Sistema Financiero Mexicano, lograron vencer su resistencia, lograron convencerlos para ingresar el patrimonio y que finalmente se derivó en el detrimento que se viene manejando; por tanto, ese primer supuesto lo tuvo por satisfecho habida cuenta que se acredita la posible responsabilidad de la persona moral imputada ya que, a su nombre y en su beneficio a través de los medios que la propia empresa proporciona se allegó del propio patrimonio de las víctimas. Por lo que respecta al inciso c), relativo a verificar si se determinó previamente que existió en observancia del debido control en la organización de la moral; el juez de control señaló, en concretó que es uno de los requisitos para efectos de establecer responsabilidad penal en una persona jurídica, y que en ese sentido el ministerio público aludió a un informe de treinta de junio de dos mil veintiuno, del cual se divirtió mediante oficio CGSE/30/43/2021 signado por el coordinador general de protección civil de la Secretaría de gobernación José Antonio Ramírez Hernández, que no se encontró dato alguno en relación con lo solicitado respecto que si se contaba con trámites, permisos y aquellos requisitos legales con AE CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en ese entonces, ya sea por Luis Antonio, Gabriel Antonio o cualquier negociación ubicada en Calzada Zavaleta número 1108 colonia Santa cruz Buena Vista Puebla piso 15 despacho 1504-1 sin que arrojará resultado alguno, por lo cual este dato de prueba acreditó el incumplimiento realizado por la persona jurídica para su financiamiento a efecto de no estar en condiciones de cumplir con lo acordado. En relación con el inciso d), en el sentido de establecer si el hecho con apariencia de delito que se atribuye a la persona jurídica se encuentra previsto en el catálogo dispuesto para esta entidad federativa (Puebla); el juez de control refirió que sí, pues el artículo 24 del Código Penal del Estado de Puebla, en su segundo párrafo menciona: "a las personas jurídicas podrá imponérselas alguna o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos". Siguió diciendo, que dicho numeral, en su apartado "A", relativo a delitos previstos en este Código Penal Estatal en su fracción X, hace alusión al delito de fraude, previsto, entre otros artículos, en el 406 bis, por tanto, el delito que se atribuye a la persona jurídica, efectivamente se encuentra contemplado en la legislación local de esa entidad, en el artículo 24, apartado "A", fracción X, de dicho ordenamiento, por tanto, también se cubre ese requisito. Por lo que hace al inciso e), donde el juez de control debía atender los argumentos del Ministerio Público, respecto al incumplimiento de la persona jurídica, dijo que lo ya señalado pone de relieve que no existieron trámites por parte de la empresa ante protección civil, ni por sus socios, o bien, de la empresa ubicada en Calzada Zavaleta número 1118 colonia Santa Cruz Buena Vista Puebla piso 15 despacho 1504-1; por tanto, no hay un respaldo de salvaguarda por parte de la empresa el debido control, o el cumplimiento de lo que ostentaban, o lo que ofrecían, a las víctimas o querellantes, lo que motivó que estos últimos decidieran ingresar su patrimonio a la empresa a través del registro personal de sus socios obteniendo un beneficio la propia empresa. De lo anterior, se advierte que se cumplió con el punto III de los efectos de la ejecutoria de amparo. 4. Luego, el juez de control, con plenitud de jurisdicción, dictó auto de vinculación a proceso en términos de los artículos 421 y 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la persona moral persona jurídica denominada AE CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ahora AE CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE representada por Marco Antonio Caro Naval por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de fraude que prevé el artículo 406 bis del código penal estatal en agravio de Gimena Mondragón Pacheco y Israel Gudiño Reyes. De lo anterior, se advierte que se cumplió con el punto IV de los efectos de la ejecutoria de amparo. III. Fallo cumplido. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector dictado en este juicio de amparo. Notifíquese: por lista a la moral quejosa, y a la tercero Gimena Mondragón Pacheco, electrónicamente a tercero interesado Israel Gudiño Reyes, y por oficio a las autoridades responsables, a la agente ministerio público en su calidad de tercera interesada, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 19051/2023/JC signado por 5. ********************, Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, mediante el cual, remite en alcance a su oficio 19051/2023/JC -expedido vía electrónica- el registro de audio y video de la audiencia celebrada el doce de mayo de dos mil veintitrés, en los autos de la carpeta judicial ********************de su estadística. Vista a las partes. En ese sentido, con fundamento en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que, de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad encargada del cumplimiento. Respecto al disco versátil digital que adjunta, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica. Guárdese en sobre cerrado, que deberá glosarse al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Integración al expediente electrónico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena glosar el presente acuerdo al expediente impreso, por impulsar el procedimiento. Notifíquese por lista a la moral quejosa, y a la tercero interesada ********************; electrónicamente al tercero interesado ******************** y por oficio a la agente ministerio público en su calidad de tercera interesada.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. I. Cambio de denominación. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. Autoridad informa gestiones de cumplimiento. Intégrese a los autos el oficio 19051/2023/JC signado por 5. ********************, Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; y, visto su contenido, téngase a la citada autoridad informando las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria constitucional, pues menciona que por auto dictado el doce de mayo pasado, en la carpeta judicial administrativa********************, se resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra de LA MORAL DENOMINADA AE CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL ********************, por el delito de fraude cometido en agravio de ******************** e ********************; quedando a la espera del registro audiovisual correspondiente, a fin de acordar lo que conforme a derecho corresponda. III. Integración al expediente. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista a las partes.
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