Jose Gustavo Olmedo Mendez

Expediente 303/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
303/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Jose Gustavo Olmedo Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en complemento a su informe justificado, se ordena devolverle lo siguiente: ( Cinco discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el doce de abril de dos mil veintiuno, veinte de mayo de dos mil veintiuno, veintidós de junio de dos mil veintiuno, nueve de marzo de dos mil veintidós y veintinueve de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 110/2021/CHOLULA; y, ( Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, con la cual se formó el anexo I de pruebas del presente juicio de amparo. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran las micas o sobres que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente al quejoso José Gustavo Olmedo Méndez, por conducto de Rubén Alejandro Sánchez Ayala, autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo; por lista a la tercera interesada Erika Alatriste Cadena; por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial que le corresponda notificar el oficio dirigido a la jueza de control.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 303/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Gustavo Olmedo Méndez; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, ante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y luego turnada a este órgano de control constitucional, José Gustavo Olmedo Méndez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, y otra autoridad. El promovente narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 9, 11, 12 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 7 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Segundo. Auto de radicación y prevención. Por acuerdo dictado el veintitrés de marzo del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 303/2022; asimismo, previno al promovente para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, realizara lo siguiente: ( Precisara si señalaba o no como acto reclamado el auto de vinculación a proceso emitido en su contra dentro de la causa penal 110/2021/CHOLULA; y, ( Proporcionara el nombre, denominación y domicilio correcto del Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derivaban los actos reclamados. Tercero. Escrito aclaratorio. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de la presente anualidad en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, el quejoso desahogó la prevención de mérito, señalando como acto reclamado destacado el auto de vinculación a proceso emitido en su contra dentro de la causa penal de origen y manifestando, bajo protesta de decir verdad, desconocer los datos del fiscal que intervino en la audiencia oral en donde se emitieron las determinaciones combatidas. Cuarto. Auto admisorio. En auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional tuvo al quejoso dando cumplimiento a la prevención formulada, por lo que admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Quinto. Parte tercera interesada. En términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la materia, se tuvieron y emplazaron con el carácter de terceros interesados a: 1. Erika Alatriste Cadena -víctima del delito-; y, 2. Liliana Sánchez García, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Puebla -interviniente en la causa penal de origen-. Sexto. Cita para audiencia. En proveído de diecinueve de abril del actual, se fijaron las nueve horas con veinte minutos del diez de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues las resoluciones reclamadas -que se atribuyen a una autoridad jurisdiccional de esa materia (penal)-, tienen lugar en la residencia donde este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso José Gustavo Olmedo Méndez reclama lo siguiente: 1. La determinación que lo vinculó a proceso, dictada en audiencia inicial de nueve de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 110/2021/CHOLULA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de: i) violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 284 bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Erika Alatriste Cadena; y, ii) lesiones, previsto y sancionado por los artículos 305 y 306, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Erika Alatriste Cadena; 2. La determinación que le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar, dictada en la audiencia inicial de nueve de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 110/2021/CHOLULA; y, 3. La ejecución de la citada medida cautelar dentro del Centro Penitenciario Regional de Cholula, Puebla. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula. Acepta. 87 a 89. 2 2. Director del Centro Penitenciario Regional de Cholula, Puebla. Acepta. 52. Tabla 1. Las citadas autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Certeza que se corrobora con las documentales que remitieron en apoyo a sus informes justificados, en especial con las audiencias contenidas en los cinco discos versátiles digitales (DVD) y en la copia certificada de diversos registros que obran dentro de la causa penal 110/2021/CHOLULA, las cuales, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, se tienen por ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y criterios aplicados. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de la que derivan las resoluciones reclamadas, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar su constitucionalidad se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. III. Principio de estricto derecho o su excepción (suplencia de la queja). En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de imputado en el procedimiento penal de origen. Quinto. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de la causal de improcedencia que se advierte de oficio. Consentimiento expreso del acto reclamado. El suscrito juzgador considera que respecto del auto de vinculación a proceso, la prisión preventiva justificada impuesta como medida cautelar y su ejecución -actos ahora reclamados-, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, consistente en el consentimiento expreso al acto combatido. Se explica. La fracción XIII, del artículo 61 de la ley de la materia, prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el consentimiento expreso del quejoso al acto que combate, lo que se produce cuando, respecto de tal acto, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, indicó que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema. En efecto, precisó que esa clase de justicia conlleva la creación de nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. De modo que, - afirmó- cuando el juicio de amparo se promovía contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accedía a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entrañaba el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debía entenderse para todos los efectos legales. Es así, -se dijo- porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consistía en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implicaba la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestionara, ya que esa aceptación no era gratuita, sino que perseguía un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasaba por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se impusiera una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelaban podían ser renunciables. Estimar lo contrario, -se sostuvo- no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría el nuevo sistema penal, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles; uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna; y, otro, que lo cuestione a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente -se estableció- era inadmisible. Por tanto, -se concluyó- si la referida causa de improcedencia se actualizaba antes de la presentación de la demanda, motivaría que la misma se desechara por notoriamente improcedente, o bien, si sobrevenía durante la tramitación del amparo, generaría el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Sentado lo anterior, de la causa penal 110/2021/CHOLULA, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El ocho de marzo de dos mil veintiuno, Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, radicó la causa penal de origen con el oficio signado por Gisela Huerta Palacios, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres y, ante la solicitud formulada en dicha comunicación, señaló las once horas del doce de abril de esa anualidad, a fin de que se llevara a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de José Gustavo Olmedo Méndez -ahora quejoso-, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 284 bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Erika Alatriste Cadena. 2. Seguida la secuela procesal, en audiencia inicial de nueve de marzo de dos mil veintidós, se efectuó -medularmente- lo siguiente: ( La fiscalía formuló imputación en contra del quejoso José Gustavo Olmedo Méndez, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de: i) violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 284 bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Erika Alatriste Cadena; y, ii) lesiones, previsto y sancionado por los artículos 305 y 306, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Erika Alatriste Cadena. ( Después de que el imputado se reservara su derecho a declarar, la fiscalía expuso los datos de prueba para sustentar su solicitud de vincularlo a proceso. ( Se hizo saber al imputado los términos constitucionales para que se resolviera su situación jurídica, solicitando, previa consulta con su defensa, que la misma se dilucidara en ese momento. ( Previo debate, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del implicado, por su probable responsabilidad en la comisión de las conductas imputadas. ( Previo debate, se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todo el tiempo que durara el procedimiento. ( Finalmente se autorizó el plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria. 3. En audiencia oral de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se decretó en favor del aquí quejoso la suspensión condicional del proceso por el término de ocho meses, así como la suspensión de la medida cautelar impuesta. En tales condiciones, se estima que el ahora quejoso, al acogerse a la suspensión condicional del proceso como un medio alternativo para la solución del conflicto penal, consintió el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada que reclama en la presente instancia constitucional, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de esa vía de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo y en lo resuelto por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, se sobresee el presente juicio de amparo indirecto por cuanto a los siguientes actos: 1. La determinación que vinculó a proceso al quejoso, dictada en audiencia inicial de nueve de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 110/2021/CHOLULA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de: i) violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 284 bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Erika Alatriste Cadena; y, ii) lesiones, previsto y sancionado por los artículos 305 y 306, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Erika Alatriste Cadena; y, 2. La determinación que le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar, dictada en la audiencia inicial de nueve de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 110/2021/CHOLULA. Sobreseimiento que se hace extensivo a la ejecución de la referida medida cautelar, ya que esa ejecución no se reclama por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender de la resolución materia del sobreseimiento. Atento a lo considerado, el suscrito juzgador Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra de los actos aquí reclamados, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Séptimo. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente al quejoso la presente sentencia, por conducto de Rubén Alejandro Sánchez Ayala, autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, quien tiene autorizado el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 303/2022, promovido por José Gustavo Olmedo Méndez, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el considerando quinto del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de este fallo. Notifíquese electrónicamente al quejoso José Gustavo Olmedo Méndez, por conducto de Rubén Alejandro Sánchez Ayala, autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo; por lista a la tercera interesada Erika Alatriste Cadena; y, por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Intégrese a sus autos el escrito signado por Rubén Alejandro Sánchez Ayala, autorizado del quejoso José Gustavo Olmedo Méndez en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, visto su contenido, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase -a su costa- copia certificada de la constancia que indica, para tal efecto, deberá comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma). En la inteligencia que, la aludida expedición de copias se realizará en la residencia de este juzgado, conforme al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el oficio 3227/2022/JC remitido -tanto vía correo electrónico institucional como por la vía ordinaria- por la autoridad responsable 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula; y, en atención a su contenido, téngasele realizando lo siguiente: ( Comunicando que en audiencia celebrada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 110/2021/CHOLULA, se decretó en favor del ahora quejoso José Gustavo Olmedo Méndez la suspensión condicional del proceso por el plazo de ocho meses y se decretó su inmediata libertad únicamente por cuanto a la referida causa penal; y, ( Remitiendo el registro de audio y video de la audiencia señalada. En consecuencia, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba la documental remitida, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. No ha lugar a señalar fecha para la reproducción del citado disco, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada por su especial naturaleza. Guárdese el disco óptico que acompaña en un sobre cerrado o en una mica de plástico cerrada, que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes...

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