José Hernández Guerrero

Expediente 574/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
574/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • José Hernández Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de doce de febrero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, agréguese el original del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a), y último párrafo, del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Asimismo, una vez transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con el ordinal 20, fracción II, inciso a), del mencionado Acuerdo General. Una vez cumplidos dichos plazos, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir los expedientes en comento y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada , quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada . Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de febrero de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2020-V, promovido por **********, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte en este Juzgado de Distrito, el quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Comandante de la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado Zona Norte y Comandante de la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Especializada de la Mujer Zona Norte, de quienes reclamó la orden de aprehensión pronunciada en su contra, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el consecutivo **********/2020-V, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el veinte del citado mes y año se emplazó al tercero interesado agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, que interviene en el proceso penal **********/2020 de la estadística del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse la ejecución de una orden de aprehensión en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a) Del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; la orden de aprehensión librada en la causa penal **********/2020, por el injusto penal de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado por el artículo 174, en relación con el 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de las menores víctimas de iniciales **********. y **********. b) Del Comandante de la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado Zona Norte y el Comandante de la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Especializada de la Mujer Zona Norte, la ejecución de dicho mandamiento de captura. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En su informe justificado, el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, aceptó la existencia del acto que le fue reclamado, relativo al libramiento de la orden de aprehensión dictada en contra de **********. Por su parte, el Comandante de la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado Zona Norte y el Comandante de la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Especializada de la Mujer Zona Norte, fueron omisos en rendir sus informes justificados. Por lo que de conformidad con el numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia, se tienen por ciertos los actos que se les atribuyeron, relativos a la cumplimentación del mandamiento de captura. Lo anterior es así, pues ello se corrobora con las constancias que el Juez Penal adjuntó a su informe de ley relativas al citado proceso penal; así como a través de diversos ocursos, remitió copia certificada del registro de audio y video en disco versátil digital (DVD) de las audiencias celebradas el diecinueve, veintidós y veintitrés de noviembre del presente año relativas las audiencias celebradas en la causa penal de origen. Probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Actualización de causa de improcedencia. Previo al análisis de la cuestión planteada, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.) De la disposición legal transcrita, se advierte que los elementos a considerar para estimar que se surte la hipótesis de la citada causa de improcedencia son: a) La existencia de un procedimiento judicial; b) Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; c) Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior; y, d) Que esta resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que estas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de derechos fundamentales de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Ahora bien, en el caso, se tiene que el doce de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa presentó demanda de amparo en la que reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. Luego, de las constancias remitidas por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, destacan los siguientes antecedentes relevantes: 1. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, en la causa penal **********/2020, el Juez de origen libró orden de aprehensión en contra de José Hernández Guerrero, por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado por el artículo 174, en relación con el 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de las menores víctimas de iniciales ********** y **********. 2. Con el oficio JG 49936/2020 de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el Juez del proceso comunicó que, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, recibió oficio suscrito por la Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual por Razón de Género de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, a través del cual dio cumplimiento a la orden de aprehensión dictada el dieciséis de octubre de dos mil veinte en contra del justiciable. 3. El veintidós de noviembre de dos mil veinte, diversa Juez de Control, pronunció auto de no vinculación a proceso a favor de **********, por el injusto penal precisado con antelación, ordenando así su inmediata libertad. 4. El veintidós de noviembre de dos mil veinte, la Representación Social solicitó nuevamente orden de captura en contra del aquí quejoso, misma que fue librada por diverso Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; la cual se tuvo por cumplida el veintitrés siguiente y en la misma data se pronunció auto de vinculación a proceso por el ilícito de marras, en contra de las menores víctimas ya citadas. Así, de las videograbaciones que remitió la autoridad jurisdiccional señalada como responsable, se desprende que efectivamente a las dieciocho horas con veintitrés minutos del veintidós de noviembre de dos mil veinte, en la causa penal **********/2020, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de **********, ordenando su inmediata libertad. Incluso, y aun sin ser materia del presente asunto, pues debe acotarse que la demanda de amparo se presentó en este órgano jurisdiccional el doce de noviembre de dos mil veinte, es decir, en fecha anterior al en que se dictó el segundo mandamiento de captura en contra del peticionario de amparo (veintidós de noviembre de dos mil veinte); es de destacar, que a las quince horas con cincuenta y seis minutos del veintitrés del citado mes y año, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, dictó auto de vinculación a proceso en su contra en el proceso penal de origen. Por tal motivo, en la especie opera un cambio de situación jurídica, en virtud del cual deben considerarse consumadas las violaciones que, en su caso, se hubieren cometido en el acto reclamado en este juicio. Lo anterior es así, pues, además de que ambas etapas procedimentales son de naturaleza jurídica diferente, y se rigen por normas procesales también distintas, debe tenerse en cuenta que son producto de actuaciones de naturaleza diversa, por lo cual, sin duda, los efectos de las normas aplicables en estas etapas procedimentales también son diferentes. Desde luego, no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de las diferentes fases en las que se divide el procedimiento penal, lo cual obedece a la figura procesal llamada preclusión, la que regula la pérdida de un derecho adjetivo por el transcurso del tiempo, más la realización de una posterior actuación judicial, en virtud de que el cambio de situación jurídica se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Efectivamente, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que se hubieran ocasionado en el acto que por esta vía se reclamó, pero hay un impedimento jurídico para ello, en razón de que el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio de amparo, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio y, que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia de los actos que se reclamaron en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conceder el amparo invalidando, como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida, ni resuelta conforme a derecho (auto de vinculación de proceso). Así, las razones anteriores conducen a considerar que, en el caso, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, porque operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben estimarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en torno a los actos atacados en este juicio; por tanto, se determina el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, Materias Penal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, de junio de 2008, página 270, con registro digital 169410, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Asimismo, sustenta esta resolución la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18, con registro digital 2017544, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, Materias Común, Penal, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, de agosto de 2018, Tomo III, página 2482, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por **********, por los actos y autoridades referidos en los considerados tercero y cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de enero de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio enviado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el ocho de los corrientes, remite un disco compacto, que contiene la grabación audiovisual relativa a la audiencia celebrada el veintidós de noviembre de dos mil veinte, en la que se continuó la audiencia inicial, en la causa penal ********************de su índice, instruida contra el aquí quejoso ********************, en la que determinó no vincular a proceso al referido justiciable; lo cual, de conformidad con lo establecido por los artículos 119 y 124 de la Ley de amparo, será tomado en consideración al momento de resolver en definitiva el presente asunto. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez. Doy fe.kod

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se tiene que el ocho del actual, se requirió al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, a efecto de que remita la videograbación que contiene la audiencia celebrada el ********************de ********************de dos mil veinte, en la que se aparece la escena en la que pronunció sobre el auto de vinculación a proceso en la causa penal ********************peticionado en contra de ********************, sin que a la fecha haya sido recibida. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere audiencia constitucional fijada para la fecha en que se actúa y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano