José Hector Acosta García

Expediente 247/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 30 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
247/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
30/03/2016

Partes del expediente

  • José Hector Acosta García

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de marzo de dos mil dieciséis. Visto el oficio ***************, signado por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa el toca ***************, relativo a la demanda de amparo directo promovida ***************, en contra de actos del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en la que se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, ya que determinó que el acto que se reclama, no constituye una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad que corresponda, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común. En tal virtud, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el juicio de amparo ***************; asimismo, acúsese el recibo correspondiente. Ahora, para estar en condiciones de proveer respecto a la presentación de la demanda de amparo, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar el escrito de demanda para que, en caso de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, aquél se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cuestión explica, esencialmente, que para desechar de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Sobre el tópico que se analiza, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de acuerdo con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, los actos procesales causan un perjuicio de imposible reparación siempre que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente algún derecho fundamental del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pues los efectos negativos que pudieran causar esos actos no se destruirán con el solo hecho de obtener sentencia definitiva favorable. Para evidenciar las razones por las que se actualiza la causa de improcedencia mencionada, es necesario considerar que al momento de proveer sobre la procedencia de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se toman en consideración los hechos expuestos por la parte promovente en su demanda de cuenta, los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad y cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; asimismo, de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, se advierte que el acto reclamado por el quejoso, es la resolución de ocho de enero de dos mil dieciséis, derivada de un juicio sucesorio intestamentario promovido por ***************; que a través de esa resolución, la autoridad resolvió declarar como improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso interpuso el veinte de enero de dos mil quince. De estas constancias, se advierte que el acto reclamado por el quejoso no actualiza una afectación de imposible reparación en la parte quejosa, pues se trata de la resolución en la que se declaró como improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por el ahora quejoso en el expediente ***************; por tanto, contra ese proveído resulta improcedente la acción constitucional, dado que sus efectos son meramente procesales y que por esa naturaleza no afectan en forma directa e inmediata los derechos humanos del peticionario de amparo, pues sólo se traducen en dejar válidas las actuaciones dentro del procedimiento al que aún se encuentra sometido jurídicamente y en el que se encuentra pendiente de dictar la sentencia que lo defina. En efecto, la violación procesal invocada consiste en que la responsable declaró improcedente un incidente de nulidad de actuaciones promovido por la aquí parte quejosa, el cual es reclamable únicamente al promoverse amparo contra la sentencia definitiva que eventualmente pudiera llegar a promoverse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de Amparo, pues al poder o no trascender al resultado del fallo, sólo produce efectos intraprocesales, que si bien no pueden ser reparados durante la emisión del fallo sí pueden serlo en el amparo directo, dado que tal violación no es de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquélla cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos humanos del gobernado que reconoce la Constitución, que no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Desde esta perspectiva, la resolución dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario ***************, en la que se declaró improcedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones, constituye un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, al validar las actuaciones previamente realizadas por funcionarios del Juzgado natural. Además, el acto reclamado se ubica en la hipótesis legal establecida en el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que estatuye que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo cuando, entre otros supuestos, se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que en su caso es materia del juicio de amparo directo. En tales condiciones, la resolución reclamada no es de imposible reparación, que pudiera hacer procedente el juicio de amparo, sin que esa calidad pueda quedar desvirtuada con cualquier elemento que pudiera aportarse al juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo, al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación de los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Con fundamento en el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indica, y autorizando para tales efectos a los profesionistas que refiere en su demanda de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. De igual forma, en términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. De conformidad, con los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. Finalmente, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano