José Héctor Cabral Barajas
Expediente 514/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Héctor Cabral Barajas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado XXXX, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXX. Doy fe.*cnv
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto *******, promovido por *******. C O N S I D E R A N D O Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la denegatoria de justicia de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de conciliación y Arbitraje, de quien reclamó: [.]IV.- ACTO RECLAMADO. Lo configura la omisión de la H. Junta Especial Cuatro designada corresponsable, de actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues con fecha 23 de septiembre del 2011, inicié acción laboral en contra de las tercero interesadas ya señaladas, por razón del despido injustificado del que fui objeto, y se señaló como fecha de audiencia de inicial el día 19 de septiembre del 2017 a las 09:20 horas, violando así el precepto legal anteriormente citado. Concesión de amparo. Mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral ******* de su índice, únicamente en la parte relativa al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. De inmediato señale nueva fecha para la celebración de la citada audiencia, la cual deberá hacer del conocimiento a las partes, con diez días de anticipación a su celebración. Al fijar la nueva fecha, en estricto acatamiento a lo establecido en el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, tome en consideración que la mencionada audiencia deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al en que dicte el acuerdo con el que se dé cumplimiento a esta sentencia; data que por ningún motivo deberá ser posterior a la que motivo la protección constitucional. Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia y la emitida por la Autoridad. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, al no haberse interpuesto recurso de revisión contra la aludida sentencia, ésta causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; quien mediante oficio recibido el veintitrés de agosto del año en curso, remitió copia certificada del auto emitido el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, en el que dejó insubsistente el auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, señalando las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de septiembre del actual, para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2. Vista a las partes. En proveído de veinticuatro de agosto del año que transcurre, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, con la determinación dictada por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, sin que hubiere hecho manifestación alguna no obstante haber quedado debidamente notificada el doce del mismo mes y año, feneciendo el plazo concedido el primero del actual. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a *******, y lo resuelto por la autoridad responsable, se colige que esta última dio cumplimiento a la ejecutoria federal, porque dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, señalando las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de septiembre del año en curso, para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral *******. Ahora, no pasa por desapercibido para el suscrito que la fecha y hora señalada para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, es posterior a la que motivo la protección constitucional; sin embargo, este órgano se abstiene de pronunciarse en ese tenor, a fin de evitar mayores dilaciones en el juicio de origen. No obstante, deviene necesario indicar a la autoridad responsable, que en lo subsecuente, bajo ninguna circunstancia deben transgredirse los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto ******* ha quedado cumplida. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a la Autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintiocho de julio del año en curso, en la que se concedió el amparo solicitado por ***, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la responsable realice lo siguiente: [.] En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ***, para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral 4/11/2845 de su índice, únicamente en la parte relativa al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. De inmediato señale nueva fecha para la celebración de la citada audiencia, la cual deberá hacer del conocimiento a las partes, con diez días de anticipación a su celebración. Al fijar la nueva fecha, en estricto acatamiento a lo establecido en el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, tome en consideración que la mencionada audiencia deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al en que dicte el acuerdo con el que se dé cumplimiento a esta sentencia; data que por ningún motivo deberá ser posterior a la que motivo la protección constitucional. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberá informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que haya realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional ($7,549.00), previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del tenor siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. No es inadvertido para el suscrito, que del contenido del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que al requerir el cumplimiento de la sentencia, se debe girar oficio y requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables, a fin de que obliguen a ésta a cumplir el fallo protector, aplicándoles los mismos apercibimientos que al inferior; sin embargo, en la especie, el cumplimiento está encomendado a una Junta, la cual para efectos del juicio de amparo no tienen superior, pues su actividad jurisdiccional es plenamente autónoma y en sus decisiones no pude haber injerencia de otra autoridad, es decir, su actuación no está sujeta a alguna otra potestad. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *** Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ***, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno ese mismo día, *******, apoderada legal de *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó: IV.- ACTO RECLAMADO. Lo configura la omisión de la H. Junta Especial Cuatro designada corresponsable, de actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues con fecha 23 de septiembre del 2011, inicié acción laboral en contra de las tercero interesadas ya señaladas, por razón del despido injustificado del que fui objeto, y se señaló como fecha de audiencia de inicial el día 19 de septiembre del 2017 a las 09:20 horas, violando así el precepto legal anteriormente citado. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del asunto. Mediante auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrar el asunto con el número *******; se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, posterior a un diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto en materia laboral, que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado a la autoridad responsable. Del análisis integral de la demanda de garantías y de los presentes autos se desprende que el impetrante reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de tramitar el juicio dentro de los términos y plazos establecidos en la legislación laboral; por ende, se tiene a tal acto como el reclamado en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que era cierto el acto que se le reclamó (fojas 12-98). Certeza que se corrobora con las copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral *******, remitidas a este juzgado, por la responsable, anexas al referido informe justificado. Documentos a los cuales se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. La parte quejosa aduce que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, omitió tramitar el juicio dentro de los términos y plazos establecidos en la legislación laboral, violentando con ello, en su perjuicio los derechos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. De la trascripción anterior observamos que el citado precepto constitucional consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicho mandato constitucional está encaminado a asegurar administración de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que lo integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de 2002, página 299, con registro 922523, del rubro siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Atento a lo anterior, el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, indica: 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. Del análisis del dispositivo antes transcrito queda de manifiesto que los tribunales del trabajo están regidos estrictamente por la ley de la materia, la cual los constriñe a actuar y pronunciarse dentro de los términos y plazos que establece. Ahora bien, en el caso, de las constancias que obran en el presente asunto se desprende que mediante proveído dictado por la responsable, el ocho de diciembre de dos mil once, tuvo por radicada bajo el expediente *******, la demanda laboral interpuesta por *******, señalando hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; misma que en virtud de que no se encontraban presentes los demandados, difirió en diversas ocasiones, siendo que por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, señaló como nueva hora y fecha las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de septiembre de la presente anualidad, para la celebración de la citada audiencia. Atento a ello, resulta evidente que la citada autoridad no tomó en consideración lo dispuesto por el mencionado artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la fecha señalada para la celebración de la referida audiencia trifásica, excede notoriamente del plazo establecido por el dispositivo legal antes invocado, que prevé un máximo de quince días. Sin que obste que la responsable en su informe justificado, argumente que la omisión reclamada se debe al cúmulo de trabajo, pues lo cierto es que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia IV.3o.T. J/57, Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, visible a página 1283, del rubro siguiente: JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. En las relatadas circunstancias, se estima que la autoridad responsable, ha incurrido en la omisión que le atribuye la parte quejosa, vulnerando con tal proceder lo dispuesto en el citado numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, y por ende, conculcado los derechos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a *******, para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral ******* de su índice, únicamente en la parte relativa al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. De inmediato señale nueva fecha para la celebración de la citada audiencia, la cual deberá hacer del conocimiento a las partes, con diez días de anticipación a su celebración. Al fijar la nueva fecha, en estricto acatamiento a lo establecido en el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, tome en consideración que la mencionada audiencia deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al en que dicte el acuerdo con el que se dé cumplimiento a esta sentencia; data que por ningún motivo deberá ser posterior a la que motivo la protección constitucional. Apoya la anterior consideración, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia común, página 732, del siguiente tenor: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.maa
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