Jose Gustavo Gomez Gaspar
Expediente 360/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 35 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Gustavo Gomez Gaspar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio 54803/2022 signado -electrónicamente- por ********************, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y, en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo -en lo subsecuente AG12/2020-, misma que se tiene a la vista y acredita que la promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, tal como lo solicita el homologo federal, con fundamento en el AG12/2020, se otorga al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el acceso al expediente electrónico del presente asunto. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. Cúmplase y notifíquese por cualquier medio interno al Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) adscrito a este juzgado; y, por oficio al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el diez de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud que las últimas notificaciones se efectuaron al quejoso ***y a la tercera interesada *** por lista -previo citatorio- el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, surtieron efectos al siguiente día hábil, es decir, el dieciocho de octubre y, por ende, el aludido plazo transcurrió del diecinueve de octubre al once de noviembre de la presente anualidad, previo descuento de los siguientes días: i) veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre, así como cinco y seis de noviembre del actual, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) treinta y uno de octubre, así como uno y dos de noviembre, por haber sido declarados días inhábiles y no laborables en términos de ese precepto legal, como se comunicó mediante circular 5/2022 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar, solicitada (definitiva), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que se remitieron en apoyo al informe justificado, se ordena devolver a la autoridad responsable Laura Martínez Gámez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, las documentales siguientes: ( Copia certificada de diversas constancias derivadas de la averiguación previa 1756/2016/SUR de su índice; que formaron los anexos I y II de pruebas del presente juicio. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese por lista al quejoso *** y a la tercera interesada ***; por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial de la adscripción que le corresponda notificar el oficio dirigido a la fiscal responsable.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El treinta de junio de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso José Gustavo Gómez Gaspar, respecto a la determinación dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dentro de la averiguación previa 1756/2016/SUR, en la que la fiscal responsable se negó a decretar la prescripción de la acción penal; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de la sentencia. Mediante acuerdo emitido el diecinueve de julio del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Seguida la secuela del procedimiento de ejecución de sentencia y después de múltiples requerimientos ante cumplimientos defectuosos por parte de la autoridad responsable -ver determinaciones de ocho de agosto, treinta y uno de agosto y nueve de septiembre, todas del presente año-, por auto de veintitrés de septiembre de la presente anualidad se tuvo a la fiscal responsable remitiendo copia certificada de la determinación emitida el veintiuno de septiembre del mismo año, dentro de la averiguación previa de origen. En consecuencia, con el contenido del oficio 479 y su respectivo anexo -registro 16281 de 2022-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la determinación dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dentro de la averiguación previa 1756/2016/SUR, en la que la autoridad responsable Laura Martínez Gámez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se negó a decretar la prescripción de la acción penal; ello, por violar el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 Constitucional; consecuentemente, se concedió al quejoso José Gustavo Gómez Gaspar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, con base en los siguientes razonamientos: A. Que resultaba incongruente el acto reclamado porque la fiscal responsable precisó que en la averiguación previa de origen se investigaban hechos con apariencia del delito de asociación delictuosa, según previsto en el artículo 83 del Código Penal (sic) y sancionable con hasta seis años de prisión, cuando de las actuaciones de la indagatoria se advertía que la querellante Penélope Lecona Gayosso -ahora tercera interesada- imputó al ahora quejoso, a Lucero Orquídea Cruz Herrera y a Laura Angélica Guevara Espejel los delitos de fraude, falsificación de documentos en general, falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad y responsabilidad de abogados, patronos y litigantes, en términos de la querella formulada. B. Que, aunado a lo anterior, no se desprendía la existencia de alguna línea abierta para investigar la posible actualización del delito mencionado por la fiscal, el cual, por cierto, no se encontraba ni previsto ni sancionado por el artículo 83 del Código Penal del Estado de Puebla ni mucho menos por el numeral 83 del Código Penal Federal -actualmente derogado mediante decreto publicado el 23 de diciembre de 1985 en el Diario Oficial de la Federación-. C. Que, al contrario, desde la última consignación y ejercicio de la acción penal -de veinticinco de junio de dos mil veintiuno-, la línea de investigación había sido tendente a establecer la existencia o no del hecho con apariencia del delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado por el artículo 254, fracción I, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, así como la probable responsabilidad de Lucero Orquídea Cruz Herrera y José Gustavo Gómez Gaspar -ahora quejoso- en la comisión del indicado ilícito. D. Que si bien era cierto la autoridad responsable había considerado que tanto la denuncia como las actuaciones subsecuentes emitidas por la autoridad investigadora interrumpían la prescripción de la acción penal, también lo era que no había citado el fundamento que preveía, precisamente, que la "denuncia" y "las actuaciones subsecuentes" interrumpían la prescripción de la acción penal, tampoco había señalado cuáles eran esas actuaciones susceptibles de interrumpir. E. Que para cumplir con lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, en cuanto a la exigencia de una adecuada fundamentación y motivación para negar la prescripción de la acción penal durante la integración de la averiguación previa, el fiscal debía: ( Primero comunicar la clasificación preliminar del delito o delitos investigados al momento en que se realiza la petición de prescripción de la acción penal, sin que fuera necesario que los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado se encontraran acreditados. ( Posteriormente, atender la naturaleza del delito de que se tratara o consumación del mismo, es decir, fundar y motivar si en el caso se estaba ante una conducta delictiva de consumación instantánea, permanente (continua) o se trataba de una conducta delictiva de consumación continuada, para efectos de realizar el cómputo de la prescripción en términos del artículo 129 del Código Penal del Estado de Puebla. ( Luego, si la conducta se trataba de i) consumación instantánea, señalar la fecha exacta en la que se cometió el delito; si trataba de ii) consumación permanente (continua), indicar si la consumación seguía dándose y actualizándose, así como la fecha en que, en su caso, cesó su consumación; o, si se trataba de iii) consumación continuada, motivar los actos de los activos que acreditaron las diversas conductas similares e indicar el día en que se realizó la última conducta. ( Enseguida, especificar si el delito o delitos eran perseguibles de querella de parte, porque si era así, debía analizar si la acción penal prescribió o no en los dos años a que alude la primera parte del numeral 133, es decir, computar dicho plazo desde el momento en que considerara que comenzó a contarse, en términos del precepto 129, hasta la fecha en que se presentó la querella correspondiente. Y, luego, de estimar oportuna su presentación, estudiar el término de la prescripción tomando en cuenta la sanción máxima del delito de que se tratara, que se contaba una vez satisfecho el requisito de la formulación de la querella. De lo contrario, es decir, si eran perseguibles de oficio, únicamente debía tomar en cuenta la regla contenida en el artículo 131; esto es, atender al máximo de la sanción corporal que correspondía al delito o a tres años si ese máximo era menor, por lo que debía computar el plazo desde el momento en que hubiere considerado que comenzó a contarse, en términos del precepto 129. F. Que, en diverso aspecto, la autoridad responsable dio a entender, de forma muy genérica, que las diligencias que se practicaron en la investigación del delito interrumpieron la prescripción de la acción penal; sin embargo, no especificó a qué supuesto se refería del artículo 138 bis del Código Penal del Estado de Puebla -reformado y adicionado mediante decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla los días 4 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012-, es decir, si al mencionado en su primero párrafo y/o a los aludidos en el segundo, ni cuáles eran esas diligencias y en qué fechas se habían encomendado o practicado, por lo que para cumplir con la garantía de legalidad, el ministerio público, en su caso, también debía señalar qué supuesto y/o supuestos de los previstos en ese numeral se actualizaba y, luego, precisar cuáles era esas diligencias susceptibles de interrumpir la prescripción de la acción penal, así como la fecha de su encomienda o desahogo; lo anterior, para que el gobernado estuviera en aptitud de conocer la verdadera razón por la que se declaró improcedente la prescripción de la acción penal en la indagatoria de origen. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Dejara insubsistente la determinación reclamada; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector, dictara otro proveído en el que, con libertad de jurisdicción, diera respuesta a la solicitud formulada por el quejoso y se pronunciara sobre la prescripción de la acción penal hecha valer, subsanando los vicios formales del acto reclamado y tomando en consideración las reglas establecidas en los artículos 125, 126, 129, 130, 131, 133, 137 y 138 del Código Penal del Estado de Puebla; esto es: 2.1 Comunicara la clasificación preliminar del delito o delitos investigados al momento en que se realizó la petición de prescripción de la acción penal, sin que fuera necesario que los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado se encontraran acreditados. 2.2 Atendiera a la naturaleza del delito de que se trate o consumación del mismo, es decir, fundar y motivar si en el caso se estaba ante una conducta delictiva de consumación instantánea, permanente (continua) o se trataba de una conducta delictiva de consumación continuada, para efectos de realizar el cómputo de la prescripción en términos del artículo 129 del Código Penal del Estado de Puebla. 2.3 Luego, si la conducta se trataba de i) consumación instantánea, señalara la fecha exacta en la que se cometió el delito; si trataba de ii) consumación permanente (continua), indicara si la consumación seguía dándose y actualizándose, así como la fecha en que, en su caso, cesó su consumación; o, si se trataba de iii) consumación continuada, motivara los actos de los activos que acrediten las diversas conductas similares e indicar el día en que se realizó la última conducta. 2.4 Enseguida, especificara si el delito o delitos son perseguibles de querella de parte, porque si es así, debía analizar si la acción penal prescribió o no en los dos años a que alude la primera parte del numeral 133, es decir, computar dicho plazo desde el momento en que haya considerado que comenzó a contarse, en términos del precepto 129, hasta la fecha en que se presentó la querella correspondiente. Y, luego, de estimar oportuna su presentación, estudiar el término de la prescripción tomando en cuenta la sanción máxima del delito de que se tratara, que se cuenta una vez satisfecho el requisito de la formulación de la querella. De lo contrario, es decir, si son perseguibles de oficio, únicamente debía tomar en cuenta la regla contenida en el artículo 131; esto es, atender al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito o a tres años si ese máximo es menor, por lo que debía computar el plazo desde el momento en que haya considerado que comenzó a contarse, en términos del precepto 129. 2.5 En su caso, realizara el cómputo de la prescripción a partir de la materialización de alguno o de varios de los supuestos que prevé el artículo 138 bis del Código Penal del Estado de Puebla -reformado y adicionado mediante decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla los días 4 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012-. Para dar margen a lo último, debía señalar: 2.5.1 Qué supuesto de los que prevén los párrafos del citado precepto legal se actualiza; y, 2.5.2 Luego, en su caso, precisar cuáles son las diligencias susceptibles de interrumpir la prescripción de la acción penal, así como la fecha en que se encomendaron y desahogaron. 2.6 En su caso, tomar en cuenta las veces que en que se ejerció acción penal, pues ese ejercicio interrumpía la prescripción de la acción penal, conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2.7 Cumplido lo anterior y con base en lo reseñado en la parte considerativa de la sentencia, determinar si era procedente o no la prescripción de la acción penal solicitada, únicamente respecto del aquí quejoso. Finalmente, se precisó que la concesión del amparo no significaba que la autoridad responsable resolviera de forma favorable a los intereses del quejoso y a lo solicitado en su escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, sino que únicamente subsanara los vicios que fueron destacados en el fallo. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Laura Martínez Gámez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante determinación emitida el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la averiguación previa 1756/2016/SUR de su índice, resolvió -en esencia- lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la determinación dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintidós -acto reclamado-, así como las diversas de veintiuno de julio, veinticinco de agosto y seis de septiembre de este año, con las que pretendió dar cumplimiento al fallo protector; 2. Realizó la clasificación preliminar de los delitos que se atribuían al quejoso José Gustavo Gómez Gaspar -imputado de origen-: i) falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado por el artículo 254, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; y, ii) fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y 404, fracción IX, del Código Penal del Estado de Puebla; 3. Precisó que tales hechos delictivos fueron denunciados por Penélope Lacona Gayosso -aquí tercera interesada- mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil dieciséis; 4. Respecto al primer delito, mencionó lo siguiente: i) que era de consumación instantánea al haberse materializado el veinticinco de septiembre de dos mil quince, cuando el quejoso compareció a una audiencia de conciliación ante el personal judicial del Juzgado Primero de lo Civil y Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Puebla, dentro del expediente 847/2015, en donde reconoció haber ocupado el inmueble del condominio horizontal del Conjunto Habitacional Ciprés, número 109-B-4 de la Calle Ciprés de la Colonia Vista Hermosa, en la ciudad de Puebla; ii) que a partir de ese momento comenzó a transcurrir el plazo para la prescripción de la acción penal; iii) que el mismo era perseguible de oficio; y, iv) que el mismo prescribía en cinco años, sanción máxima que se debe tomar en consideración en términos del artículo 131 del código penal; 5. Señaló y dio a entender, con la cita de la jurisprudencia 1a./J. 18/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esos cinco años para la prescripción de la acción penal se interrumpieron con la presentación de la querella el tres de mayo de dos mil dieciséis y, luego, mencionó que desde la consumación del delito -veinticinco de septiembre de dos mil quince- al referido tres de mayo habían transcurrido aproximadamente siete meses, por lo que afirmó que en ese lapso no había prescrito la acción penal por cuanto al delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad. 6. Asimismo, adujo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 129, fracción II, del código penal, que desde que la querellante tuvo conocimiento de los hechos -según la responsable, el veintiuno de septiembre de dos mil quince, cuando fue citada a la audiencia de conciliación en el expediente civil de origen- al referido tres de mayo habían transcurrido aproximadamente siete meses de lo cinco años requeridos, por lo que afirmó que en ese lapso no había prescrito la acción penal por cuanto al aludido ilícito. 7. Indicó, de forma tácita, que los indicados cinco años para la prescripción de la acción penal debían contarse nuevamente a partir de la presentación de la querella -tres de mayo de dos mil dieciséis-, ya que refirió que, con base en ese término de cinco años, la prescripción operaría el tres de mayo de dos mil veintiuno; plazo que -dijo- se vio interrumpido el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno y el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, cuando se ejerció acción penal, citando como apoyo la jurisprudencia en materia penal 1a./J. 152/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 8. Además, narró diversas diligencias que, a su juicio, interrumpieron la prescripción de la acción penal, siendo la última aquélla desahogada el once de marzo de dos mil veintidós, cuando se tuvo por recibido el oficio número CGAI7070/2022 de once de marzo del mismo año, signado el Coordinador General de Análisis de Información. En ese sentido, precisó que se actualizaba el supuesto que consiste en que la prescripción de la acción penal se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en la investigación del delito y de los sujetos activos, aunque por ignorarse quiénes sean éstos, no se practiquen las diligencias contra persona determinada, previsto en el primer párrafo del artículo 138 bis del Código Penal del Estado de Puebla -reformado y adicionado mediante decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla los días 4 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012-. 9. No obstante lo anterior, señaló que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la averiguación previa proveniente del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, el cual no había entrado al fondo de la consignación de veinticinco de junio de ese año por diversas omisiones; por tanto, sostuvo que el plazo de cinco años para la prescripción de la acción penal debían contarse nuevamente a partir de ese veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno y, por ende, concluyó, que la acción prescribiría hasta el veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis para el ilícito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado por el artículo 254, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. 10. Por otro lado, consideró, en un cambio de criterio, que el delito de fraude específico era de consumación instantánea en lugar de consumación permanente o continúa -como lo dijo en otras determinaciones emitidas en cumplimiento a la ejecutoria-, ya que el acto que se atribuía al quejoso era haber simulado un contrato de arrendamiento respecto de la casa habitación del condominio horizontal del Conjunto Habitacional Ciprés, número 109-B-4 de la Calle Ciprés de la Colonia Vista Hermosa, en la ciudad de Puebla, con fecha uno de agosto de dos mil siete, entre el propio quejoso, como arrendatario, y Lucero Orquídea Cruz Herrera, como arrendadora, con vigencia hasta el uno de agosto de dos mil quince. 11. Afirmó que el citado ilícito era perseguible a petición de parte ofendida, es decir, de querella necesaria, según lo dispuesto por los artículos 59 y 64 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, la cual -reiteró- había sido presentada el tres de mayo de dos mil dieciséis. 12. Mencionó que la querellante tuvo conocimiento de la existencia del citado contrato el veintiuno de septiembre de dos mil quince, cuando fue notificada de la audiencia de conciliación que se celebraría el veinticinco de septiembre siguiente ante el personal judicial del Juzgado Primero de lo Civil y Extinción de Dominio, dentro del expediente 847/2015. 13. En ese tenor, estimó que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 129, fracción II, del código penal, desde que la querellante tuvo conocimiento del contrato -veintiuno de septiembre de dos mil quince- al referido tres de mayo de dos mil dieciséis habían transcurrido aproximadamente siete meses, por lo que afirmó que no había transcurrido el plazo de dos años que se tiene para la presentación de la querella correspondiente, de conformidad con el artículo 133 del código penal y, por ende, precisó que no había prescrito la acción en ese lapso por cuanto al delito de fraude específico. 14. Reiteró que la presentación de la querella interrumpió la prescripción de la acción penal y que a partir de ese acto jurídico, de conformidad con los numerales 131 y 133, debían aplicarse las reglas de la prescripción previstas para los delitos que se perseguían de oficio, es decir, atender a la sanción corporal máxima del tipo penal, que en el caso, para el delito de fraude específico, era de diez años. 15. Enseguida, indicó, de forma tácita, que los indicados diez años para la prescripción de la acción penal se vieron interrumpidos el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno y el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, cuando se ejerció acción penal. 16. Nuevamente, narró diversas diligencias que, a su juicio, interrumpieron la prescripción de la acción penal, siendo la última aquélla desahogada el once de marzo de dos mil veintidós, cuando se tuvo por recibido el oficio número CGAI7070/2022 de once de marzo del mismo año, signado el Coordinador General de Análisis de Información. En ese sentido, precisó que se actualizaba el supuesto que consiste en que la prescripción de la acción penal se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en la investigación del delito y de los sujetos activos, aunque por ignorarse quiénes sean éstos, no se practiquen las diligencias contra persona determinada, previsto en el primer párrafo del artículo 138 bis del Código Penal del Estado de Puebla -reformado y adicionado mediante decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla los días 4 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012-. 17. No obstante lo anterior, señaló que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la averiguación previa proveniente del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, el cual no había entrado al fondo de la consignación de veinticinco de junio de ese año por diversas omisiones; por tanto, sostuvo que el plazo de diez años para la prescripción de la acción penal debían contarse nuevamente a partir de ese veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno y, por ende, concluyó, que la acción prescribiría hasta el veintiocho de septiembre de dos mil treinta y uno para el delito de fraude específico, citando, nuevamente, como apoyo la jurisprudencia en materia penal 1a./J. 152/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 18. En virtud de lo anterior, no acordó favorable la solicitud del quejoso, formulada mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en el sentido de decretar la prescripción de la acción penal dentro de la indagatoria de origen. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la fiscal responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la determinación reclamada, así como aquéllas con las que se pretendió dar cumplimiento al fallo protector; y, ii) con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector, dictó otra resolución en el que, con libertad de jurisdicción, dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso y determinó que no se actualizaba la prescripción de la acción penal hecha valer, subsanando, sustancialmente, los vicios formales del acto reclamado y tomando en consideración las reglas establecidas en los artículos 125, 126, 129, 130, 131, 133, 137 y 138 del Código Penal del Estado de Puebla En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso ***, en el domicilio señalado en la demanda de amparo, y a la tercera interesada ***, en el domicilio señalado en el escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós -registro 9000 de 2022-; y, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
( citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 10 DE octubre DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El treinta de junio de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso José Gustavo Gómez Gaspar, respecto a la determinación dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dentro de la averiguación previa 1756/2016/SUR, en la que la fiscal responsable se negó a decretar la prescripción de la acción penal; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de la sentencia. Mediante acuerdo emitido el diecinueve de julio del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Seguida la secuela del procedimiento de ejecución de sentencia y después de múltiples requerimientos ante cumplimientos defectuosos por parte de la autoridad responsable -ver determinaciones de ocho de agosto, treinta y uno de agosto y nueve de septiembre, todas del presente año-, por auto de veintitrés de septiembre de la presente anualidad se tuvo a la fiscal responsable remitiendo copia certificada de la determinación emitida el veintiuno de septiembre del mismo año, dentro de la averiguación previa de origen. En consecuencia, con el contenido del oficio 479 y su respectivo anexo -registro 16281 de 2022-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la determinación dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dentro de la averiguación previa 1756/2016/SUR, en la que la autoridad responsable Laura Martínez Gámez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se negó a decretar la prescripción de la acción penal; ello, por violar el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 Constitucional; consecuentemente, se concedió al quejoso José Gustavo Gómez Gaspar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, con base en los siguientes razonamientos: A. Que resultaba incongruente el acto reclamado porque la fiscal responsable precisó que en la averiguación previa de origen se investigaban hechos con apariencia del delito de asociación delictuosa, según previsto en el artículo 83 del Código Penal (sic) y sancionable con hasta seis años de prisión, cuando de las actuaciones de la indagatoria se advertía que la querellante Penélope Lecona Gayosso -ahora tercera interesada- imputó al ahora quejoso, a Lucero Orquídea Cruz Herrera y a Laura Angélica Guevara Espejel los delitos de fraude, falsificación de documentos en general, falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad y responsabilidad de abogados, patronos y litigantes, en términos de la querella formulada. B. Que, aunado a lo anterior, no se desprendía la existencia de alguna línea abierta para investigar la posible actualización del delito mencionado por la fiscal, el cual, por cierto, no se encontraba ni previsto ni sancionado por el artículo 83 del Código Penal del Estado de Puebla ni mucho menos por el numeral 83 del Código Penal Federal -actualmente derogado mediante decreto publicado el 23 de diciembre de 1985 en el Diario Oficial de la Federación-. C. Que, al contrario, desde la última consignación y ejercicio de la acción penal -de veinticinco de junio de dos mil veintiuno-, la línea de investigación había sido tendente a establecer la existencia o no del hecho con apariencia del delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado por el artículo 254, fracción I, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, así como la probable responsabilidad de Lucero Orquídea Cruz Herrera y José Gustavo Gómez Gaspar -ahora quejoso- en la comisión del indicado ilícito. D. Que si bien era cierto la autoridad responsable había considerado que tanto la denuncia como las actuaciones subsecuentes emitidas por la autoridad investigadora interrumpían la prescripción de la acción penal, también lo era que no había citado el fundamento que preveía, precisamente, que la "denuncia" y "las actuaciones subsecuentes" interrumpían la prescripción de la acción penal, tampoco había señalado cuáles eran esas actuaciones susceptibles de interrumpir. E. Que para cumplir con lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, en cuanto a la exigencia de una adecuada fundamentación y motivación para negar la prescripción de la acción penal durante la integración de la averiguación previa, el fiscal debía: ( Primero comunicar la clasificación preliminar del delito o delitos investigados al momento en que se realiza la petición de prescripción de la acción penal, sin que fuera necesario que los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado se encontraran acreditados. ( Posteriormente, atender la naturaleza del delito de que se tratara o consumación del mismo, es decir, fundar y motivar si en el caso se estaba ante una conducta delictiva de consumación instantánea, permanente (continua) o se trataba de una conducta delictiva de consumación continuada, para efectos de realizar el cómputo de la prescripción en términos del artículo 129 del Código Penal del Estado de Puebla. ( Luego, si la conducta se trataba de i) consumación instantánea, señalar la fecha exacta en la que se cometió el delito; si trataba de ii) consumación permanente (continua), indicar si la consumación seguía dándose y actualizándose, así como la fecha en que, en su caso, cesó su consumación; o, si se trataba de iii) consumación continuada, motivar los actos de los activos que acreditaron las diversas conductas similares e indicar el día en que se realizó la última conducta. ( Enseguida, especificar si el delito o delitos eran perseguibles de querella de parte, porque si era así, debía analizar si la acción penal prescribió o no en los dos años a que alude la primera parte del numeral 133, es decir, computar dicho plazo desde el momento en que considerara que comenzó a contarse, en términos del precepto 129, hasta la fecha en que se presentó la querella correspondiente. Y, luego, de estimar oportuna su presentación, estudiar el término de la prescripción tomando en cuenta la sanción máxima del delito de que se tratara, que se contaba una vez satisfecho el requisito de la formulación de la querella. De lo contrario, es decir, si eran perseguibles de oficio, únicamente debía tomar en cuenta la regla contenida en el artículo 131; esto es, atender al máximo de la sanción corporal que correspondía al delito o a tres años si ese máximo era menor, por lo que debía computar el plazo desde el momento en que hubiere considerado que comenzó a contarse, en términos del precepto 129. F. Que, en diverso aspecto, la autoridad responsable dio a entender, de forma muy genérica, que las diligencias que se practicaron en la investigación del delito interrumpieron la prescripción de la acción penal; sin embargo, no especificó a qué supuesto se refería del artículo 138 bis del Código Penal del Estado de Puebla -reformado y adicionado mediante decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla los días 4 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012-, es decir, si al mencionado en su primero párrafo y/o a los aludidos en el segundo, ni cuáles eran esas diligencias y en qué fechas se habían encomendado o practicado, por lo que para cumplir con la garantía de legalidad, el ministerio público, en su caso, también debía señalar qué supuesto y/o supuestos de los previstos en ese numeral se actualizaba y, luego, precisar cuáles era esas diligencias susceptibles de interrumpir la prescripción de la acción penal, así como la fecha de su encomienda o desahogo; lo anterior, para que el gobernado estuviera en aptitud de conocer la verdadera razón por la que se declaró improcedente la prescripción de la acción penal en la indagatoria de origen. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Dejara insubsistente la determinación reclamada; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector, dictara otro proveído en el que, con libertad de jurisdicción, diera respuesta a la solicitud formulada por el quejoso y se pronunciara sobre la prescripción de la acción penal hecha valer, subsanando los vicios formales del acto reclamado y tomando en consideración las reglas establecidas en los artículos 125, 126, 129, 130, 131, 133, 137 y 138 del Código Penal del Estado de Puebla; esto es: 2.1 Comunicara la clasificación preliminar del delito o delitos investigados al momento en que se realizó la petición de prescripción de la acción penal, sin que fuera necesario que los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado se encontraran acreditados. 2.2 Atendiera a la naturaleza del delito de que se trate o consumación del mismo, es decir, fundar y motivar si en el caso se estaba ante una conducta delictiva de consumación instantánea, permanente (continua) o se trataba de una conducta delictiva de consumación continuada, para efectos de realizar el cómputo de la prescripción en términos del artículo 129 del Código Penal del Estado de Puebla. 2.3 Luego, si la conducta se trataba de i) consumación instantánea, señalara la fecha exacta en la que se cometió el delito; si trataba de ii) consumación permanente (continua), indicara si la consumación seguía dándose y actualizándose, así como la fecha en que, en su caso, cesó su consumación; o, si se trataba de iii) consumación continuada, motivara los actos de los activos que acrediten las diversas conductas similares e indicar el día en que se realizó la última conducta. 2.4 Enseguida, especificara si el delito o delitos son perseguibles de querella de parte, porque si es así, debía analizar si la acción penal prescribió o no en los dos años a que alude la primera parte del numeral 133, es decir, computar dicho plazo desde el momento en que haya considerado que comenzó a contarse, en términos del precepto 129, hasta la fecha en que se presentó la querella correspondiente. Y, luego, de estimar oportuna su presentación, estudiar el término de la prescripción tomando en cuenta la sanción máxima del delito de que se tratara, que se cuenta una vez satisfecho el requisito de la formulación de la querella. De lo contrario, es decir, si son perseguibles de oficio, únicamente debía tomar en cuenta la regla contenida en el artículo 131; esto es, atender al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito o a tres años si ese máximo es menor, por lo que debía computar el plazo desde el momento en que haya considerado que comenzó a contarse, en términos del precepto 129. 2.5 En su caso, realizara el cómputo de la prescripción a partir de la materialización de alguno o de varios de los supuestos que prevé el artículo 138 bis del Código Penal del Estado de Puebla -reformado y adicionado mediante decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla los días 4 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012-. Para dar margen a lo último, debía señalar: 2.5.1 Qué supuesto de los que prevén los párrafos del citado precepto legal se actualiza; y, 2.5.2 Luego, en su caso, precisar cuáles son las diligencias susceptibles de interrumpir la prescripción de la acción penal, así como la fecha en que se encomendaron y desahogaron. 2.6 En su caso, tomar en cuenta las veces que en que se ejerció acción penal, pues ese ejercicio interrumpía la prescripción de la acción penal, conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2.7 Cumplido lo anterior y con base en lo reseñado en la parte considerativa de la sentencia, determinar si era procedente o no la prescripción de la acción penal solicitada, únicamente respecto del aquí quejoso. Finalmente, se precisó que la concesión del amparo no significaba que la autoridad responsable resolviera de forma favorable a los intereses del quejoso y a lo solicitado en su escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, sino que únicamente subsanara los vicios que fueron destacados en el fallo. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Laura Martínez Gámez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante determinación emitida el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la averiguación previa 1756/2016/SUR de su índice, resolvió -en esencia- lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la determinación dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintidós -acto reclamado-, así como las diversas de veintiuno de julio, veinticinco de agosto y seis de septiembre de este año, con las que pretendió dar cumplimiento al fallo protector; 2. Realizó la clasificación preliminar de los delitos que se atribuían al quejoso José Gustavo Gómez Gaspar -imputado de origen-: i) falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado por el artículo 254, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; y, ii) fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y 404, fracción IX, del Código Penal del Estado de Puebla; 3. Precisó que tales hechos delictivos fueron denunciados por Penélope Lacona Gayosso -aquí tercera interesada- mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil dieciséis; 4. Respecto al primer delito, mencionó lo siguiente: i) que era de consumación instantánea al haberse materializado el veinticinco de septiembre de dos mil quince, cuando el quejoso compareció a una audiencia de conciliación ante el personal judicial del Juzgado Primero de lo Civil y Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Puebla, dentro del expediente 847/2015, en donde reconoció haber ocupado el inmueble del condominio horizontal del Conjunto Habitacional Ciprés, número 109-B-4 de la Calle Ciprés de la Colonia Vista Hermosa, en la ciudad de Puebla; ii) que a partir de ese momento comenzó a transcurrir el plazo para la prescripción de la acción penal; iii) que el mismo era perseguible de oficio; y, iv) que el mismo prescribía en cinco años, sanción máxima que se debe tomar en consideración en términos del artículo 131 del código penal; 5. Señaló y dio a entender, con la cita de la jurisprudencia 1a./J. 18/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esos cinco años para la prescripción de la acción penal se interrumpieron con la presentación de la querella el tres de mayo de dos mil dieciséis y, luego, mencionó que desde la consumación del delito -veinticinco de septiembre de dos mil quince- al referido tres de mayo habían transcurrido aproximadamente siete meses, por lo que afirmó que en ese lapso no había prescrito la acción penal por cuanto al delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad. 6. Asimismo, adujo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 129, fracción II, del código penal, que desde que la querellante tuvo conocimiento de los hechos -según la responsable, el veintiuno de septiembre de dos mil quince, cuando fue citada a la audiencia de conciliación en el expediente civil de origen- al referido tres de mayo habían transcurrido aproximadamente siete meses de lo cinco años requeridos, por lo que afirmó que en ese lapso no había prescrito la acción penal por cuanto al aludido ilícito. 7. Indicó, de forma tácita, que los indicados cinco años para la prescripción de la acción penal debían contarse nuevamente a partir de la presentación de la querella -tres de mayo de dos mil dieciséis-, ya que refirió que, con base en ese término de cinco años, la prescripción operaría el tres de mayo de dos mil veintiuno; plazo que -dijo- se vio interrumpido el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno y el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, cuando se ejerció acción penal, citando como apoyo la jurisprudencia en materia penal 1a./J. 152/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 8. Además, narró diversas diligencias que, a su juicio, interrumpieron la prescripción de la acción penal, siendo la última aquélla desahogada el once de marzo de dos mil veintidós, cuando se tuvo por recibido el oficio número CGAI7070/2022 de once de marzo del mismo año, signado el Coordinador General de Análisis de Información. En ese sentido, precisó que se actualizaba el supuesto que consiste en que la prescripción de la acción penal se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en la investigación del delito y de los sujetos activos, aunque por ignorarse quiénes sean éstos, no se practiquen las diligencias contra persona determinada, previsto en el primer párrafo del artículo 138 bis del Código Penal del Estado de Puebla -reformado y adicionado mediante decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla los días 4 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012-. 9. No obstante lo anterior, señaló que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la averiguación previa proveniente del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, el cual no había entrado al fondo de la consignación de veinticinco de junio de ese año por diversas omisiones; por tanto, sostuvo que el plazo de cinco años para la prescripción de la acción penal debían contarse nuevamente a partir de ese veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno y, por ende, concluyó, que la acción prescribiría hasta el veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis para el ilícito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado por el artículo 254, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. 10. Por otro lado, consideró, en un cambio de criterio, que el delito de fraude específico era de consumación instantánea en lugar de consumación permanente o continúa -como lo dijo en otras determinaciones emitidas en cumplimiento a la ejecutoria-, ya que el acto que se atribuía al quejoso era haber simulado un contrato de arrendamiento respecto de la casa habitación del condominio horizontal del Conjunto Habitacional Ciprés, número 109-B-4 de la Calle Ciprés de la Colonia Vista Hermosa, en la ciudad de Puebla, con fecha uno de agosto de dos mil siete, entre el propio quejoso, como arrendatario, y Lucero Orquídea Cruz Herrera, como arrendadora, con vigencia hasta el uno de agosto de dos mil quince. 11. Afirmó que el citado ilícito era perseguible a petición de parte ofendida, es decir, de querella necesaria, según lo dispuesto por los artículos 59 y 64 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, la cual -reiteró- había sido presentada el tres de mayo de dos mil dieciséis. 12. Mencionó que la querellante tuvo conocimiento de la existencia del citado contrato el veintiuno de septiembre de dos mil quince, cuando fue notificada de la audiencia de conciliación que se celebraría el veinticinco de septiembre siguiente ante el personal judicial del Juzgado Primero de lo Civil y Extinción de Dominio, dentro del expediente 847/2015. 13. En ese tenor, estimó que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 129, fracción II, del código penal, desde que la querellante tuvo conocimiento del contrato -veintiuno de septiembre de dos mil quince- al referido tres de mayo de dos mil dieciséis habían transcurrido aproximadamente siete meses, por lo que afirmó que no había transcurrido el plazo de dos años que se tiene para la presentación de la querella correspondiente, de conformidad con el artículo 133 del código penal y, por ende, precisó que no había prescrito la acción en ese lapso por cuanto al delito de fraude específico. 14. Reiteró que la presentación de la querella interrumpió la prescripción de la acción penal y que a partir de ese acto jurídico, de conformidad con los numerales 131 y 133, debían aplicarse las reglas de la prescripción previstas para los delitos que se perseguían de oficio, es decir, atender a la sanción corporal máxima del tipo penal, que en el caso, para el delito de fraude específico, era de diez años. 15. Enseguida, indicó, de forma tácita, que los indicados diez años para la prescripción de la acción penal se vieron interrumpidos el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno y el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, cuando se ejerció acción penal. 16. Nuevamente, narró diversas diligencias que, a su juicio, interrumpieron la prescripción de la acción penal, siendo la última aquélla desahogada el once de marzo de dos mil veintidós, cuando se tuvo por recibido el oficio número CGAI7070/2022 de once de marzo del mismo año, signado el Coordinador General de Análisis de Información. En ese sentido, precisó que se actualizaba el supuesto que consiste en que la prescripción de la acción penal se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en la investigación del delito y de los sujetos activos, aunque por ignorarse quiénes sean éstos, no se practiquen las diligencias contra persona determinada, previsto en el primer párrafo del artículo 138 bis del Código Penal del Estado de Puebla -reformado y adicionado mediante decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla los días 4 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012-. 17. No obstante lo anterior, señaló que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la averiguación previa proveniente del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, el cual no había entrado al fondo de la consignación de veinticinco de junio de ese año por diversas omisiones; por tanto, sostuvo que el plazo de diez años para la prescripción de la acción penal debían contarse nuevamente a partir de ese veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno y, por ende, concluyó, que la acción prescribiría hasta el veintiocho de septiembre de dos mil treinta y uno para el delito de fraude específico, citando, nuevamente, como apoyo la jurisprudencia en materia penal 1a./J. 152/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 18. En virtud de lo anterior, no acordó favorable la solicitud del quejoso, formulada mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en el sentido de decretar la prescripción de la acción penal dentro de la indagatoria de origen. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la fiscal responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la determinación reclamada, así como aquéllas con las que se pretendió dar cumplimiento al fallo protector; y, ii) con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector, dictó otra resolución en el que, con libertad de jurisdicción, dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso y determinó que no se actualizaba la prescripción de la acción penal hecha valer, subsanando, sustancialmente, los vicios formales del acto reclamado y tomando en consideración las reglas establecidas en los artículos 125, 126, 129, 130, 131, 133, 137 y 138 del Código Penal del Estado de Puebla En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso ***, en el domicilio señalado en la demanda de amparo, y a la tercera interesada ***, en el domicilio señalado en el escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós -registro 9000 de 2022-; y, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
Quedan 31 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Jose Guadalupe Victor Hugo Herrera Carreto944/2017
- Jose Guillermo Aarun Rame1385/2016
- Jose Guillermo Arechiga Santamaria318/2022
- Jose Guillermo Arechiga Santamaria662/2022
- Jose Guillermo Arechiga Santamaria875/2022
- Jose Gustavo Garmendia Palomino906/2017
- Jose Gustavo Gomez Gaspar833/2021
- Jose Gustavo Hernandez Franco1620/2016
- Jose Gustavo Olmedo Mendez303/2022
- Jose Gustavo Vazquez Garcia301/2021
- JOSE GUSTAVO VELAZQUEZ REYES y Otros.294/2017
- Jose Hayle Flores Hernandez1023/2015