Jose Guillermo Arechiga Santamaria
Expediente 318/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Guillermo Arechiga Santamaria
- JOSE GUILLERMO ARECHIGA SANTAMARIA y Otros.
- Josefina Osbelia Aguilar Moreno, Asesora Jurídica Victimal
- Enrique López Criollo, Juez de Control Y Ejecución de la Región Judicial Centro, Con Sede En la Ciudad de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de treinta de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Vista que fue desahogada únicamente por la autoridad tercera interesada Juan Miguel Bonilla Romero, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Estatal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, mediante oficio FECC/UIHC-AE/5134/2022, presentado el siete de octubre de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos y desde luego tomando en consideración la vista desahogada. I. Antecedentes. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo al quejoso José Guillermo Aréchiga Santamaría, respecto a la determinación que le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar, dictada en audiencia inicial de uno de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 597/2022/PUEBLA; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió a la autoridad responsable 1. Enrique López Criollo, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de tres de junio del año en curso, se tuvo a la referida autoridad informando el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Inconforme con el fallo de amparo, la autoridad tercera interesada Alberto Herrera Ramírez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 176/2022, en donde mediante ejecutoria dictada el veintidós de septiembre de la presente anualidad confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia recurrida. Así las cosas, mediante auto emitido el treinta de septiembre del actual, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y, con el contenido de los oficios 22220/2022/JC y 22219/2022/JC y sus anexos -registros 9918 y 9881 de 2022, remitidos por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la resolución dictada el uno de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 597/2022/PUEBLA, en donde el juez responsable impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar, por contravenir los principios de imparcialidad, igualdad procesal, proporcionalidad y presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal y extraprocesal, consagrados en los artículos 17 y 20, Apartados A, fracción V, y B, fracción I, de la Constitución. Consecuentemente, se concedió al quejoso José Guillermo Aréchiga Santamaría el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicho acto. Lo anterior, con base, principalmente, en lo siguiente: A. Que, contrario a lo resuelto por el juez de control, se consideró que los aspectos que se deben tomar en cuenta para imponer la prisión preventiva justificada (i. la comparecencia del imputado a juicio; ii. el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de los testigos y la comunidad, y iii. el supuesto de que el imputado esté o no siendo procesado o haya sido o no sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre que la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales) no se aplicaron bajo el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la citada medida cautelar. B. Que, el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva justificada solicitada por el Ministerio Público tiene el carácter de excepcional, ya que debe pedirse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes; así, de acuerdo con los principios de proporcionalidad e idoneidad, previstos en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere que el Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, tome en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona, en términos del precepto constitucional citado. C. Que, bajo ese contexto, era al Ministerio Público a quien correspondía la carga procesal de solicitar la prisión preventiva justificada, así como demostrar y justificar por qué otras medidas cautelares eran insuficientes para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, además de aportar los medios de prueba necesarios y argumentos objetivos que permitieran al juzgador determinar que resultaba idónea, proporcional o necesaria, y no limitarse a mencionar genérica y subjetivamente que la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, era suficiente para continuar adecuadamente con la investigación. D. Que, de esa manera, la prisión preventiva terminaba siendo una genuina medida de última ratio que -fuera de los casos previstos en el texto constitucional- procedería excepcionalmente y sólo cuando otras medidas cautelares eran insuficientes para asegurar: i) la presencia del imputado en el procedimiento, ii) la integridad o seguridad de la víctima, ofendido o testigo, o iii) que no se obstaculice el procedimiento. E. Que, en ese tenor, el fiscal, en el caso en concreto, no probó la necesidad de imponer la prisión preventiva ni cómo esta medida era las más idónea para asegurar la comparecencia del quejoso al procedimiento, resultando ineficaces la falta de arraigo laboral, la penalidad del delito y, en su caso, las facilidades tanto económicas como internacionales para salir del país, al no relacionarse con otros aspectos, como una actitud negativa del imputado ante la pena o la falsedad en el domicilio proporcionado. F. De igual forma, no justificó por qué la prisión preventiva era la medida cautelar idónea para mitigar un posible riesgo para el deponente, testigos, la comunidad y los servidores públicos que intervenían en el proceso penal, tomando en cuenta que existían diversas que servían para ese fin, distintas y menos lesivas que la prisión preventiva. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para que la autoridad responsable 1. Enrique López Criollo, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 597/2022/PUEBLA, en donde debía realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente únicamente la determinación que impuso al quejoso la prisión preventiva justificada como medida cautelar, dictada en audiencia inicial -acto reclamado-. 2. Reiterar y dejar intocado todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de las audiencias de uno de marzo y seis de marzo, ambas de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y con plenitud de jurisdicción, resolver la solicitud de medidas cautelares formulada por el fiscal en audiencia de uno de marzo de dos mil veintidós, en donde debía analizar la procedencia, en su caso, de la medida cautelar o medidas cautelares -distinta a la prisión preventiva justificada- que se impondrían al quejoso. Se señaló que la concesión del amparo no implicaba que, con posterioridad y con previa solicitud del fiscal, se pudiera imponer nuevamente al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada o diversas que tuvieran mayor rigor, ya sea porque éste incumplió con las medidas cautelares impuestas y/o por estimarse que variaron de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición, en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se señaló que el citado juez de control responsable debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, 1. Enrique López Criollo, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en audiencia oral de uno de junio del año en curso, celebrada dentro de la causa penal 597/2022/PUEBLA, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente únicamente la determinación que impuso al quejoso José Guillermo Aréchiga Santamaría la prisión preventiva justificada como medida cautelar, dictada en audiencia inicial de uno de marzo de dos mil veintidós -acto reclamado-; 2. Reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de las audiencias de uno de marzo y seis de marzo, ambas de dos mil veintidós; 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector y con plenitud de jurisdicción, ordenó el cese de la prisión preventiva justificada y resolvió la solicitud de medidas cautelares formulada por el fiscal en audiencia de uno de marzo de dos mil veintidós, imponiendo al quejoso las siguientes medidas: i) firma periódica el último miércoles de cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares, empezando el veintinueve de junio de dos mil veintidós; y, ii) la prohibición de salir del Estado de Puebla, sin autorización judicial; y, 4. Luego, ordenó la libertad del quejoso únicamente por cuanto a la citada causa penal; sin embargo, ordenó su reingreso al Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla, ante la manifestación de su defensa, en el sentido de que a su representado se le había impuesto la prisión preventiva como medida cautelar en la diversa causa penal 1768/2022/PUEBLA, y ante el contenido del oficio 4729/2029 (sic), en donde el Asesor Jurídico de dicho centro penitenciario le solicitó ese reingreso porque, precisamente, en la referida causa penal se le había impuesto la referida medida cautelar. IV. Desahogo a la vista otorgada. La autoridad tercera interesada Juan Miguel Bonilla Romero, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Estatal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, mediante oficio FECC/UIHC-AE/5134/2022, presentado el siete de octubre de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, desahogó la vista concedida por auto de treinta de septiembre del año en curso; en esencia, en los siguientes términos: ( Considera que la autoridad responsable ha cumplido con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, por lo que no existía manifestación contraria, de su parte, a que se acordara conforme a derecho sobre el cumplimiento. V. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos la imposición de la prisión preventiva justificada -acto reclamado-; ii) dictó una nueva en la que dejó intocado y reiteró todo lo manifestado por las partes en audiencia inicial y su continuación, celebradas el uno de marzo y seis de marzo de dos mil veintidós; y, iii) con base en lo debatido por las partes en dicha audiencia, impuso al quejoso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva justificada (firma periódica y la prohibición de salir del Estado de Puebla, sin autorización judicial). Ahora bien, no se inadvierte que mediante acuerdo dictado el veintiocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo a Raúl Andrade Osorio, en autorizado del quejoso José Guillermo Aréchiga en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, manifestando, sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo siguiente: ( Que la autoridad responsable cumplió con la sentencia de amparo con efectos inmediatos de forma defectuosa, debido a que en audiencia celebrada el uno de junio del año en curso, dentro de la causa penal 597/2022/PUEBLA, impuso a su autorizante [al quejoso] como medida cautelar la firma periódica, a partir del veintisiete de junio de este año; ello, a pesar de que la diversa jueza de control Adriana de Lourdes Martínez Jiménez le impuso la prisión preventiva justificada en audiencia celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dentro de la diversa causa penal 1768/2022/PUEBLA. ( Por lo que -refirió el promovente- resultaba jurídicamente imposible que su representado cumpliera con la presentación periódica fijada por la autoridad responsable. Al respecto, se reitera lo que se le acordó en dicho proveído de veintiocho de junio del año en curso; esto es, la circunstancia de que el quejoso se encuentre sujeto a la prisión preventiva dentro de diverso proceso penal y que, por ello, no se pueda materializar el cumplimiento a las medidas cautelares que le fueron impuestas en la causa de donde derivó el acto reclamado, escapa de la materia de la concesión del amparo. Lo anterior, se afirma porque en ningún momento se dijo que la imposición de las nuevas medidas cautelares debía estar sujeta a la situación jurídica del quejoso en otro procedimiento penal sino únicamente al debate sostenido entre las partes en audiencia inicial, lo que es acorde con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, pues fue lo único que se tomó en consideración por el juez de control para dictar la resolución impugnada. En efecto, dicho precepto legal establece que el acto reclamado será apreciado como haya aparecido probado ante la autoridad responsable; consagra como excepción, en amparo indirecto, la posibilidad de ofrecer pruebas cuando el quejoso no haya podido hacerlo ante la responsable; y, además, dispone una limitante en materia penal relativa a que ese ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Entonces, de tomar en cuenta circunstancias diversas a las que apreció el juez de control al dictar la resolución reclamada, vulneraría tales principios. Ello, en tanto implicaría indefectiblemente que éstas no fuesen examinadas oralmente (principio de oralidad). Por tanto, el promovente parte de una premisa equivocada al sostener que el cumplimiento o no de las nuevas medidas cautelares forma parte de los efectos de la sentencia de amparo; por lo que, por ese motivo, no puede considerarse no cumplido el fallo. En el mejor de los casos, los motivos por los cuales no se pueden cumplir estas medidas, podrían ser materia de una revisión de las mismas en audiencia oral ante el juez de control. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese electrónicamente al quejoso ***, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; personalmente a Josefina Osbelia Aguilar Moreno, asesora jurídica victimal de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla -parte ofendida del delito-, representada por Nicolás Gali Chumacero, en el domicilio de su emplazamiento; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados, a la indicada secretaría tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio FECC/UIHC-AE/5134/2022 remitido por la autoridad tercera interesada Juan Miguel Bonilla Romero, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Estatal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; y, en atención a su contenido, téngasele realizando manifestaciones relacionadas a la vista otorgada por auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, mismas que serán consideradas al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento de dicha sentencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese electrónicamente al quejoso José Guillermo Aréchiga Santamaría, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 718/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual, remite los autos originales del expediente en que se actúa, el anexo I de pruebas y el testimonio de la ejecutoria dictada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el toca 176/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad tercera interesada Alberto Herrera Ramírez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, que en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a José Guillermo Aréchiga Santamaría, respecto de los actos reclamados al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, consistentes en la determinación que le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar, dictada e audiencia inicial de uno de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 597/2022/PUEBLA; así como su ejecución." Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de alzada, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que por acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, se agregaron a los presentes autos los oficios 22220/2022/JC y 22219/2022/JC remitidos por la autoridad responsable 1. Enrique López Criollo, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital -registros 9918 y 9881 de 2022-, por los cuales, informó el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo, y se reservó de proveer lo conducente hasta en tanto dicho fallo quedara firme, se provee: Con el contenido los oficios 22220/2022/JC y 22219/2022/JC y sus anexos -registros 9918 y 9881 de 2022-, remitidos por la citada responsable, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese electrónicamente al quejoso ***, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; personalmente a Josefina Osbelia Aguilar Moreno, asesora jurídica victimal de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla -parte ofendida del delito-, representada por Nicolás Gali Chumacero, en el domicilio de su emplazamiento; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados, a la indicada secretaría tercera interesada, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la Superioridad en vía de acuse.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de julio de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el oficio signado por el Secretario de acuerdos adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este juzgado de Distrito que el seis de julio de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, contra la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, y que lo radicó bajo el toca en revisión R-176/2022 del índice del citado Tribunal; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente al quejoso José Guillermo Aréchiga Santamaría, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, por lista a las demás partes.
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