José Guillermo Miramón Colorado

Expediente 1012/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1012/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2019

Partes del expediente

  • José Guillermo Miramón Colorado

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el oficio 58092/2019 signado por la Secretaria adscrita a este juzgado federal que contiene el auto de catorce de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 571/2019 del índice de este juzgado federal, al que anexa el escrito de ampliación de demanda de amparo promovida por José Guillermo Miramón Colorado, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 1012/2019 y fórmese expediente. Ahora bien, visto el contenido del oficio de mérito se procede a proveer el escrito de José Guillermo Miramón Colorado, como nueva demanda de amparo. Del análisis integro de la misma se desprende que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados a los siguientes: 1.- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud. A).- De la Autoridad Ordenadora, el aseguramiento de mi vehículo DOGDE, TIPO PICK UP, LÍNEA RAM 2500, MODELO 2016, COLOR GRIS, PLACAS DE CIRCULACIÓN SL-25-298 del Estado de Puebla, con número de identificación vehicular 1C6RR7PT9GS174287, decretado en fecha veintiséis de Mayo de Dos Mil Dieciséis, comunicado mediante oficio de la misma fecha al Delegado Regional Metropolitana del Servicio y Administración y Enajenación de Bienes del Sector Publico de la Federación adscrito a la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. B).- El acta circunstanciada de fecha 12 doce de Agosto de 2019 Dos Mil Diecinueve, a través de la cual se transfirió y entrego el vehículo MARCA DOGDE, TIPO PICK UP, LÍNEA RAM 2500, MODELO 2016, COLOR GRIS, PLACAS DE CIRCULACIÓN SL-25-298 del Estado de Puebla, con número de identificación vehicular 1C6RR7PT9GS174287, de mi propiedad al Fiscal Ejecutivo asistente Adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada de la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, así como el Ciudadano Alejandro Igor Aguilar González, adscrito a la Delegación Regional Metropolitana del Sistema de Administración de Bienes, en su carácter de comisionado. 2.- Delegado Regional Metropolitana del Servicio y Administración y Enajenación de Bienes del Sector Publico de la Federación adscrito a la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. 3.- Fiscal Ejecutivo asistente Adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada de la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. 4.- Alejandro Igor Aguilar González, adscrito a la Delegación Regional Metropolitana del Sistema de Administración de Bienes, en su carácter de comisionado. B).- De las ejecutoras reclamo, el cumplimiento a dicho oficio y acta circunstanciada, respectivamente, y por consecuencia la recepción del vehículo MARCA DOGDE, TIPO PICK UP, LÍNEA RAM 2500, MODELO 2016, COLOR GRIS, PLACAS DE CIRCULACIÓN SL-25-298 del Estado de Puebla, con número de identificación vehicular 1C6RR7PT9GS174287 de mi propiedad, para los fines expuestos en la referida acta circunstanciada." A fin de acordar lo conducente, se pone a la vista diversas constancias derivadas del juicio de amparo 571/2019 del índice de este juzgado, promovido por José Guillermo Miramón Colorado, el cual se invoca como un hecho notorio para el suscrito, para que se tome en consideración y surta los efectos legales a que haya lugar en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número XXII./J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 295, Tomó V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN."; del cual se advierte en lo que interesa que en diecinueve y veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Vigésimo Tercera Investigadora Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud rindo su respectivo informe justificado y remitió las constancias relativas a la carpeta de investigación FED/SEIDO/ UEIDCS-PUE/0000097/2016. Constancias que se ordenan agregar en copia certificada al presente asunto. DESECHAMIENTO Ahora, ante todo debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Bajo esa tesitura, respecto al acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, consistente en el aseguramiento del vehículo DOGDE, TIPO PICK UP, LÍNEA RAM 2500, MODELO 2016, COLOR GRIS, PLACAS DE CIRCULACIÓN SL-25-298 del Estado de Puebla, con número de identificación vehicular 1C6RR7PT9GS174287, decretado en fecha veintiséis de Mayo de Dos Mil Dieciséis, comunicado mediante oficio de la misma fecha al Delegado Regional Metropolitana del Servicio y Administración y Enajenación de Bienes del Sector Publico de la Federación adscrito a la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, resulta improcedente la demanda de amparo. Ello, pues de las constancias que obran en el juicio de amparo invocado como hecho notorio se advierte que José Guillermo Miramón Colorado tuvo conocimiento de dicho aseguramiento de vehículo por lo menos desde el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en la que compareció ante la representación social (Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Coordinación General "A" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la Republica, a solicitar el levantamiento del aseguramiento y la devolución del mencionado vehículo; documentos a los cuales ya se les ha otorgado el valor correspondiente. De ahí que se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee en conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo , cuyos textos son los siguientes: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:. I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo cuando se trate de: 1.- Una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; 2.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; 3.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; 4.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Aunado a lo anterior, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. De igual forma, se hace necesario precisar que los plazos se contarán por días hábiles mismos que comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento y correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para él hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. Ahora bien, de una recta interpretación de artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base la hipótesis indicada en el inciso 1) anterior y dado que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Como se dijo con antelación, el quejoso reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud el aseguramiento del vehículo DOGDE, TIPO PICK UP, LÍNEA RAM 2500, MODELO 2016, COLOR GRIS, PLACAS DE CIRCULACIÓN SL-25-298 del Estado de Puebla, con número de identificación vehicular 1C6RR7PT9GS174287; actos de los cuales tuvo conocimiento por lo menos desde el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Bajo ese contexto, la demanda motivo de este expediente resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que, como se dijo, el impetrante tuvo conocimiento del acto que aquí reclama, por lo menos desde el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que conforme a las reglas que para plazos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (once de octubre de dos mil diecinueve) excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues si el quejoso José Guillermo Miramón Colorado, tuvo conocimiento de dichos actos por lo menos desde el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, a partir del día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación realizada en dicha comparecencia empezó a correr el término respectivo (dos de octubre de dos mil dieciocho); ello, en términos del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, feneciendo el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, sin contar los días seis, siete, doce, trece, catorce, veinte y veintiuno de octubre del citado año por ser inhábiles. Por lo anteriormente expuesto, es claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso consintió tácitamente los actos reclamados ya que no obstante que tuvo conocimiento de ellos por lo menos desde el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, pretende promover juicio de amparo mediante demanda que fue presentada hasta el once de octubre de dos mil diecinueve, según la data asentada por el sello de recepción de la oficialía de partes de este juzgado, lo que de suyo revela que entre ambas fechas media un período mayor a quince días hábiles. Así las cosas, atento al cómputo antes realizado, respecto al acto consistente en el aseguramiento del vehículo DOGDE, TIPO PICK UP, LÍNEA RAM 2500, MODELO 2016, COLOR GRIS, PLACAS DE CIRCULACIÓN SL-25-298 del Estado de Puebla, con número de identificación vehicular 1C6RR7PT9GS174287, decretado en fecha veintiséis de Mayo de Dos Mil Dieciséis, comunicado mediante oficio de la misma fecha al Delegado Regional Metropolitana del Servicio y Administración y Enajenación de Bienes del Sector Publico de la Federación adscrito a la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, se estima procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal.A hora bien, por lo que atañe a los diversos actos reclamados a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud; Delegado Regional Metropolitana del Servicio y Administración y Enajenación de Bienes del Sector Publico de la Federación adscrito a la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República; Fiscal Ejecutivo asistente Adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada de la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República; y Alejandro Igor Aguilar González, adscrito a la Delegación Regional Metropolitana del Sistema de Administración de Bienes, en su carácter de comisionado, consistentes en el acta circunstanciada de doce de agosto de dos mil diecinueve, a través de la cual se transfirió y entrego el vehículo MARCA DOGDE, TIPO PICK UP, LÍNEA RAM 2500, MODELO 2016, COLOR GRIS, PLACAS DE CIRCULACIÓN SL-25-298 del Estado de Puebla, con número de identificación vehicular 1C6RR7PT9GS174287, al Fiscal Ejecutivo asistente Adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada de la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, así como el Ciudadano Alejandro Igor Aguilar González, adscrito a la Delegación Regional Metropolitana del Sistema de Administración de Bienes, en su carácter de comisionado, y ejecución de la misma, se actualiza de igual forma la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en virtud de ser actos derivados de otro consentido. En efecto, dichos actos señalados con anterioridad son una consecuencia inherente en la ejecución del aseguramiento decretado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud sobre el vehículo que por esta vía defiende el quejoso, respecto del cual quejoso consintió al no haberse impugnado dentro del término previsto en la Ley de Amparo, tal como se precisó con antelación. Entonces, al haberse consentido tácitamente el aseguramiento decretado sobre el vehículo MARCA DOGDE, TIPO PICK UP, LÍNEA RAM 2500, MODELO 2016, COLOR GRIS, PLACAS DE CIRCULACIÓN SL-25-298 del Estado de Puebla, con número de identificación vehicular 1C6RR7PT9GS174287, debe estimarse que el juicio de amparo resulta improcedente respecto de los actos consistente en el acta circunstanciada de doce de agosto de dos mil diecinueve, a través de la cual se transfirió, entregó y recepcionó el vehículo de mérito por parte de las autoridades señaladas como ejecutoras, en virtud de ser actos derivados de otro diverso que fue consentido tácitamente por el demandante de amparo. Sirve de apoyo la tesis XXI.4o.6 K emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 971, tomo XIX, Febrero de 2004, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada. Así mismo, cobra aplicación a la tesis IV.1º.P.C.11K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, la que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, visible a página novecientos sesenta y uno, la que dice: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS DE OTROS CONSENTIDOS. LA SIMPLE EXPRESIÓN DE INCONFORMIDAD NO DESVIRTUA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA. Si el quejoso alega no haber consentido el acto antecedente del que reclama en amparo, porque a través de diversos escritos expuso ante la autoridad responsable su inconformidad, debe decirse que una simple manifestación de inconformidad no tiene el carácter de medio de impugnación de los actos procesales, que permita estimar no consentido el acto respectivo. El consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover la revisión del acto, es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de garantías, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, la que sirve como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. Así como la tesis de la Novena Época, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado Del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, Febrero de 2004 en la página 971, bajo el número XXI.4o.6 K, que dice: ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada. En consecuencia, por ser notoria e indudable las improcedencias analizadas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien y toda vez que se invocó como hecho notorio en el presente sumario constitucional el diverso 571/2019 del índice de este juzgado se tiene como domicilio de la parte quejosa José Guillermo Miramón Colorado los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones; en tales condiciones, notifíquese por lista el presente acuerdo y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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