José Guadalupe Rivera Valencia

Expediente 1017/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1017/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
24/08/2016

Partes del expediente

  • José Guadalupe Rivera Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de nueve de agosto de dos mil dieciséis por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama del Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, la determinación y consignación de la averiguación previa 3158/2014/TEPEA de su índice, por el delito de despojo instruida en su contra. De lo anterior se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De acuerdo al texto anterior resulta necesario definir qué es interés jurídico y cuándo se da una afectación al mismo. En este aspecto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. Por lo anterior, como interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse la titularidad del derecho que se estima afectado por el acto de autoridad, es decir, para los efectos del juicio de amparo se traduce en la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.13o.A.23 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Enero de 2003, Visible en la Página: 1803, cuyo texto es el siguiente: ... Por lo anterior, en estricto apego a la fracción analizada, en aquellos casos en que los actos reclamados no afectan la esfera jurídica del quejoso el juicio de amparo es improcedente en virtud de que no es titular de derecho alguno que pudiera oponer a la autoridad responsable. En el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, la determinación y consignación de la averiguación previa 3158/2014/TEPEA de su índice, por el delito de despojo instruida en su contra; por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente porque la sola investigación que realiza el Ministerio Público respecto del quejoso y la consignación de la averiguación previa respectiva no les engendra derecho alguno para defenderlo en vía de amparo, pues tal actuación no les afecta aún en sus garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Efectivamente, el desahogo de diligencias para la integración de una averiguación previa no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se haya iniciado la investigación correspondiente; lo mismo acontece cuando el fiscal acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica de los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.2º.P.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Página 338, que a la letra dice: .... Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que la facultad investigadora del Ministerio Público emana directamente de la constitución; al efecto es pertinente transcribir el texto del artículo 21 constitucional. Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:.. a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. La norma transcrita hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la averiguación previa, además del ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes; en esencia, este artículo delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta Institución Pública. Ese precepto consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del proceso penal, denominada averiguación previa, los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado y, en caso de encontrar elementos suficientes que acrediten tales extremos, consignar la indagatoria a los tribunales correspondientes. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de averiguación previa, el representante social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del cuerpo del delito que se imputa al indiciado, que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y la probable responsabilidad del inculpado. Lo anterior se corrobora si se atiende que el artículo 19 Constitucional, dispone en su primer párrafo que el auto de formal prisión deberá expresar ". el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." En esas condiciones, es evidente que si el auto de formal prisión requiere de datos que deben constar o derivarse de la averiguación previa, los cuales tienen que ser de naturaleza que comprueben el cuerpo del delito y que además hagan probable la responsabilidad del acusado, es evidente que, constitucionalmente, se faculta al Ministerio Público para que realice las indagaciones necesarias y suficientes que tengan como consecuencia, precisamente, la existencia de datos bastantes que comprueben el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, todo esto hace la necesidad de integrar la Averiguación Previa para posteriormente, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 21 Constitucional, consigne la averiguación previa al juez que corresponda. Así pues, el artículo 21, primer párrafo, como ya se dijo impone al Ministerio Público la obligación de aportar las pruebas que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, desvaneciendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa ya que en todo momento subsiste la carga al Ministerio Público, en todos los delitos, de acreditar la actualización de los mismos. Por consiguiente resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve en contra de una orden de investigación o integración de una averiguación previa realizada por un agente del Ministerio Público así como respecto a la consignación de la misma, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el acto que reclama la parte quejosa consistente en la determinación y consignación de la averiguación previa 3158/2014/TEPEA de su índice, por el delito de despojo instruida en su contra del índice del Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, acto que no lesiona su esfera jurídica y, por ende, sus garantías individuales. Se aplica a lo anterior la tesis número LXIII/2004, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en el Estado, aprobó en sesión privada celebrada el veintidós de noviembre de dos mil cuatro, que a la letra dice: AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control. De igual forma, resulta aplicable el criterio sostenido por el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, en la tesis visible en la página 176, del tomo VII, correspondiente al mes de Junio de 1991, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: ACCIÓN PENAL, CONTRA EL EJERCICIO DE LA, Y CONTRA LOS DEMAS ACTOS SUBSECUENTES DEL PROCEDIMIENTO PENAL REALIZADOS POR EL MINISTERIO PUBLICO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Tomando en consideración que el ejercicio de la acción penal se realiza cuando el Ministerio Público ocurre ante el juez y solicita que éste se avoque al conocimiento del caso, aun cuando en la fase de averiguación previa el citado representante social puede violar garantías y procede el juicio de amparo en su contra, una vez concluida la averiguación y ejercitada la acción penal cuyo primer acto es la consignación, así como de todos los demás actos que realice durante el procedimiento y que terminan con las conclusiones acusatorias, ya no son actos de autoridad sino actuaciones de parte dentro de un proceso y no dan lugar al amparo. Consecuentemente, resulta impropio señalar como acto reclamado la determinación del Ministerio Público en la que decide ejercitar acción penal en contra del indiciado, pues al emitirla el órgano persecutor de los delitos obra como parte solicitando la incoación del procedimiento y no con facultades de decisión y de imperio que puedan ser cuestionadas a través del juicio de garantías. Máxime que del contenido integral de la demanda no se advierte que el quejoso reclame algún acto en que se ordene se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos, pues únicamente como ya quedó asentado, reclama del agente del Ministerio Público que señala como responsable la consignación de la averiguación previa instruida en su contra. En consecuencia, por ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Héctor Morales Suárez y dada la materia del acto reclamado a Oscar Pérez Clemente, con las limitaciones que refiere dicho artículo, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, ya que no acreditó encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ni se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior para los efectos legales conducentes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación.

  3. Principal

    Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama del Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, la determinación y consignación de la averiguación previa 3158/2014/TEPEA de su índice, por el delito de despojo instruida en su contra. De lo anterior se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De acuerdo al texto anterior resulta necesario definir qué es interés jurídico y cuándo se da una afectación al mismo. En este aspecto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. Por lo anterior, como interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse la titularidad del derecho que se estima afectado por el acto de autoridad, es decir, para los efectos del juicio de amparo se traduce en la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.13o.A.23 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Enero de 2003, Visible en la Página: 1803, cuyo texto es el siguiente: ... Por lo anterior, en estricto apego a la fracción analizada, en aquellos casos en que los actos reclamados no afectan la esfera jurídica del quejoso el juicio de amparo es improcedente en virtud de que no es titular de derecho alguno que pudiera oponer a la autoridad responsable. En el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, la determinación y consignación de la averiguación previa 3158/2014/TEPEA de su índice, por el delito de despojo instruida en su contra; por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente porque la sola investigación que realiza el Ministerio Público respecto del quejoso y la consignación de la averiguación previa respectiva no les engendra derecho alguno para defenderlo en vía de amparo, pues tal actuación no les afecta aún en sus garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Efectivamente, el desahogo de diligencias para la integración de una averiguación previa no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se haya iniciado la investigación correspondiente; lo mismo acontece cuando el fiscal acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica de los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.2º.P.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Página 338, que a la letra dice: .... Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que la facultad investigadora del Ministerio Público emana directamente de la constitución; al efecto es pertinente transcribir el texto del artículo 21 constitucional. Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:.. a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. La norma transcrita hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la averiguación previa, además del ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes; en esencia, este artículo delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta Institución Pública. Ese precepto consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del proceso penal, denominada averiguación previa, los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado y, en caso de encontrar elementos suficientes que acrediten tales extremos, consignar la indagatoria a los tribunales correspondientes. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de averiguación previa, el representante social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del cuerpo del delito que se imputa al indiciado, que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y la probable responsabilidad del inculpado. Lo anterior se corrobora si se atiende que el artículo 19 Constitucional, dispone en su primer párrafo que el auto de formal prisión deberá expresar ". el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." En esas condiciones, es evidente que si el auto de formal prisión requiere de datos que deben constar o derivarse de la averiguación previa, los cuales tienen que ser de naturaleza que comprueben el cuerpo del delito y que además hagan probable la responsabilidad del acusado, es evidente que, constitucionalmente, se faculta al Ministerio Público para que realice las indagaciones necesarias y suficientes que tengan como consecuencia, precisamente, la existencia de datos bastantes que comprueben el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, todo esto hace la necesidad de integrar la Averiguación Previa para posteriormente, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 21 Constitucional, consigne la averiguación previa al juez que corresponda. Así pues, el artículo 21, primer párrafo, como ya se dijo impone al Ministerio Público la obligación de aportar las pruebas que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, desvaneciendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa ya que en todo momento subsiste la carga al Ministerio Público, en todos los delitos, de acreditar la actualización de los mismos. Por consiguiente resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve en contra de una orden de investigación o integración de una averiguación previa realizada por un agente del Ministerio Público así como respecto a la consignación de la misma, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el acto que reclama la parte quejosa consistente en la determinación y consignación de la averiguación previa 3158/2014/TEPEA de su índice, por el delito de despojo instruida en su contra del índice del Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, acto que no lesiona su esfera jurídica y, por ende, sus garantías individuales. Se aplica a lo anterior la tesis número LXIII/2004, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en el Estado, aprobó en sesión privada celebrada el veintidós de noviembre de dos mil cuatro, que a la letra dice: AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control. De igual forma, resulta aplicable el criterio sostenido por el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, en la tesis visible en la página 176, del tomo VII, correspondiente al mes de Junio de 1991, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: ACCIÓN PENAL, CONTRA EL EJERCICIO DE LA, Y CONTRA LOS DEMAS ACTOS SUBSECUENTES DEL PROCEDIMIENTO PENAL REALIZADOS POR EL MINISTERIO PUBLICO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Tomando en consideración que el ejercicio de la acción penal se realiza cuando el Ministerio Público ocurre ante el juez y solicita que éste se avoque al conocimiento del caso, aun cuando en la fase de averiguación previa el citado representante social puede violar garantías y procede el juicio de amparo en su contra, una vez concluida la averiguación y ejercitada la acción penal cuyo primer acto es la consignación, así como de todos los demás actos que realice durante el procedimiento y que terminan con las conclusiones acusatorias, ya no son actos de autoridad sino actuaciones de parte dentro de un proceso y no dan lugar al amparo. Consecuentemente, resulta impropio señalar como acto reclamado la determinación del Ministerio Público en la que decide ejercitar acción penal en contra del indiciado, pues al emitirla el órgano persecutor de los delitos obra como parte solicitando la incoación del procedimiento y no con facultades de decisión y de imperio que puedan ser cuestionadas a través del juicio de garantías. Máxime que del contenido integral de la demanda no se advierte que el quejoso reclame algún acto en que se ordene se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos, pues únicamente como ya quedó asentado, reclama del agente del Ministerio Público que señala como responsable la consignación de la averiguación previa instruida en su contra. En consecuencia, por ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Héctor Morales Suárez y dada la materia del acto reclamado a Oscar Pérez Clemente, con las limitaciones que refiere dicho artículo, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, ya que no acreditó encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ni se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior para los efectos legales conducentes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación.

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