José Héctor Huerta Calvario
Expediente 1137/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1137/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JOSÉ HÉCTOR HUERTA CALVARIO y Otros.
- José Héctor Huerta Calvario
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de catorce de noviembre de dos mil veintidós, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. En relación al cuaderno incidental, es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso c) del acuerdo general aludido, en virtud de que en interlocutoria se negó la medida cautelar solicitada por todos los actos reclamados, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Del mismo modo, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a esta fecha; así mismo se ordena remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
... Vista la demanda de amparo promovida por Raúl Andrade Osorio, quien se ostenta como mandatario de José Héctor Huerta Calvario, contra los actos del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA y otra autoridad, con la correspondiente firma electrónica; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1° fracción I, 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1137/2022. Téngase por reconocida la personalidad de Raúl Andrade Osorio, como mandatario de José Héctor Huerta Calvario, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, según se desprende del instrumento notarial 34,008 (treinta y cuatro mil ocho), de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, pasado ante la fe del Notario Público número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, que adjunta a su escrito de demanda de amparo debidamente digitalizado, tal como lo prevé el artículo 3 fracción VI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. APERTURA DE INCIDENTES Tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión por así haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI de enero de 2013, tomo 2, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. REQUERIMIENTO DE INFORMES Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, mediante oficios que el secretario podrá firmar indistintamente de manera electrónica o autógrafa, los que indistintamente se podrá presentar o enviar por correo ordinario o electrónico, requiérase el informe justificado que las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días siguiente, al en que reciban el oficio correspondiente, al que acompañaran, en su caso, copia certificada digitalizada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, las cuales deberán ser ordenadas, foliadas, rubricadas, legibles y completas, incluyendo los registros audiovisuales que contengan las audiencias correspondientes, desde luego, siempre y cuando el acto reclamado sea cierto. Apercibida la autoridad antes mencionada, que con independencia de presumirle ciertos los actos reclamados, en caso de no cumplir con lo ordenado con antelación, sin causa justificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, también se les impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que deberá remitir su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado, por vía electrónica, a fin de dar continuidad e integrar en esa forma el presente expediente, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020. La dirección de las instalaciones y el correo electrónico son los siguientes: Dirección: calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410. Correo electrónico oficial: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Debiendo confirmar su recepción al teléfono Directo: 01(222) 2 37 7660, en un horario de las nueve a las quince horas de lunes a viernes. En la inteligencia que en el supuesto excepcional de que tal informe y constancias relativas -como discos ópticos u otro tipo de anexos-, no puedan remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas. REQUERIMIENTO PARA PROPORCIONAR CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO PARA COMUNICACIÓN Y CONTACTO Correlativamente, a fin de privilegiar el mandato contenido en el artículo 17 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que establecen las leyes, con fundamento en el artículo 23, fracción III del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las responsables para que al momento de rendir su informe justificado, informen el correo electrónico y número telefónico a través de los cuales sea posible establecer comunicación ágil con este órgano jurisdiccional. Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá, una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN LEGAL AL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dese la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien tiene correos electrónicos ariadna.aguilar@fgr.org.mx y ariadna.aguilar@pgr.gob.mx con número telefónico para confirmar 22 28 67 44 32, en consecuencia, se ordena notificar a través de correo electrónico este acuerdo, así como aquellas resoluciones que ameriten su notificación personal. EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA Con independencia de lo anterior, se requiere al juez responsable para que, en caso de existir causa penal o carpeta judicial administrativa instruida en contra de la parte quejosa, en el improrrogable término de veinticuatro horas, siguientes a la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado Federal: 1.- El nombre, dirección, correo electrónico y teléfono de los Fiscales o agentes del Ministerio Público que solicitaron orden restrictiva de libertad, o formularon imputación o intervienen en el proceso penal instruido en contra de la aquí parte quejosa. 2.- El nombre, dirección, correo electrónico y teléfono de las personas a quienes les revista el carácter de víctimas u ofendidos en el proceso penal instruido en contra del citado quejoso, así como los datos de localización de los profesionistas que funjan como asesores jurídicos. Lo anterior, a fin de que puedan ser emplazados al presente juicio de amparo con el carácter que les corresponde. En el entendido que de no existir causa penal o carpeta judicial administrativa instruida en contra del quejoso, es innecesario atender el plazo previsto en este apartado y, tal inexistencia, deberá manifestarla al rendir su informe justificado. Apercibido que de incumplir con lo ordenado en este apartado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en los términos precisados conforme al artículo 24 de la ley de la materia a las personas que cita. ACCESO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Téngase proporcionando el nombre de usuario "RauAndradeOso; BANDAJ98; y FrancoArtGon", para la notificación electrónica y consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal. Se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. RESPECTO DEL SEÑALAMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Respecto al señalamiento del correo electrónico y teléfono con la aplicación whatsapp que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y FOTOGRAFÍAS Por lo que respecta a la petición del impetrante de amparo, en cuanto a la reproducción de constancias mediante medios electrónicos y captura de placas fotográficas de las actuaciones que de este expediente emanan; dígasele que se provee de conformidad a lo anterior, previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme el artículo 64, párrafo primero de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional; apercibidas que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la referida ley, se les impondrá una multa de TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRUEBAS Téngase por anunciada la documental que en copia digitalizada con firma electrónica anexa a su demanda de amparo, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno la celebrarse la audiencia constitucional en el presente asunto. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
- Incidental
APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 1137/2022, promovido por Raúl Andrade Osorio, mandatario de José Héctor Huerta Calvario, contra los actos que reclama del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA y otra autoridad; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138, 140 y 147, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión respectivo. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan para la celebración de la audiencia Incidental las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFICACIÓN EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI de enero de 2013, tomo 2, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. REQUERIMIENTO DE INFORMES Mediante oficio electrónico digitalizado con firma electrónica que se remita en esa vía bajo cualquier otro medio idóneo -en su defecto, previa razón de imposibilidad del actuario, éste lo podrá presentar de manera física ante la responsable, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS; para tal efecto se les envía copia simple de la demanda de amparo. Apercíbase a las autoridades responsables que de no rendir el indicado informe en el término que para tal efecto se les concede, de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cien unidades de medida y actualización, con valor diario a la fecha. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que deberán remitir su informe previo, por vía electrónica, a fin de dar continuidad e integrar en esa forma el presente expediente, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020. La dirección de las instalaciones y el correo electrónico son los siguientes: Dirección: calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410. Correo electrónico oficial: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx En la inteligencia que en el supuesto excepcional de que tal informe y constancias relativas -como discos ópticos u otro tipo de anexos-, no puedan remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas. Correlativamente, a fin de privilegiar el mandato contenido en el artículo 17 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que establecen las leyes, se requiere a las autoridades responsables para que informen el correo electrónico y número telefónico a través de los cuales sea posible establecer comunicación ágil con este órgano jurisdiccional. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES PARA PROPORCIONAR CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELÉFONICO PARA COMUNICACIÓN Y CONTACTO. Correlativamente, a fin de privilegiar el mandato contenido en el artículo 17 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que establecen las leyes, se requiere a las autoridades responsables para que informen el correo electrónico y número telefónico a través de los cuales sea posible establecer comunicación ágil con este órgano jurisdiccional. Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se les impondrá a cada una de ellas una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA A LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Respecto de la orden de aprehensión reclamada al Juez de Control responsable, con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL hasta en tanto se resuelve sobre la definitiva, para los efectos siguientes: I. Si la orden judicial está motivada por delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que lograda la aprehensión, la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en que sea depositado, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. II. Si la orden la motivan delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida. En este supuesto, la medida cautelar surte sus efectos, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa incumple lo siguiente: a) Con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, deberá otorgar garantía a disposición de este Juzgado de Distrito, por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en billete de depósito o en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, ante y a satisfacción de este juzgado, lo que deberá hacer dentro del plazo de TRES DÍAS. En el entendido de que el monto de la garantía se fija de manera discrecional, además de que de la lectura íntegra de la demanda no se desprenden los elementos que prevén las tres fracciones del artículo 168 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior que el último párrafo del referido artículo, señale que no se exigirá cuando la suspensión únicamente tenga como efecto que la parte quejosa quede a disposición de este juzgador por lo que hace a su libertad personal y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento. Sin embargo, en el presente caso la suspensión tiene mayores efectos a los señalados en el artículo 163 de la referida ley, puesto que se ordena a la parte quejosa que comparezca ante el juez responsable para continuar el procedimiento y no sea privado de su libertad personal en los términos establecidos en el diverso 166 del mismo ordenamiento legal. b) Con fundamento en los artículos 166 y 168 de la Ley de la Materia, así como 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena al impetrante comparecer dentro del término de TRES DÍAS o en el día y hora señalados, ante el juez de la causa y ponerse a su disposición, con el fin de llevar a cabo la audiencia inicial en la cual se le harán saber sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiesen informado con anterioridad, se formulará la imputación respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito y se le dará la oportunidad de declarar, si así lo desea, entre otros supuestos; lo anterior, de conformidad con el artículo 307 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de que conozca el informe previo, en el cual se reconozca la existencia del acto reclamado. Audiencia inicial que se deberá llevar a cabo en la hora y fecha que al efecto fije la autoridad responsable de acuerdo a su agenda. c) Presentarse ante el órgano judicial responsable para la continuación del procedimiento o procedimientos penales seguidos en su contra, cuantas veces sea requerido para ello. d) Cumplir con las medidas cautelares que el Juez pueda imponer, a solicitud del Ministerio Público o víctima, de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional del Procedimientos Penales, a excepción de la prisión preventiva, dado que por lo que ve a su libertad personal, está a disposición de este juzgado, por lo cual la autoridad responsable no podrá imponer dicha medida. e) Asimismo, la parte quejosa queda obligada a acreditar dentro del término de cinco días, el exacto cumplimiento a lo ordenado en el inciso b) que antecede. Apercíbase a la parte quejosa, que de incumplir estos requisitos, con fundamento en los artículos 136, párrafo segundo y 166, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión será revocada de oficio o ante el aviso de la responsable de que ha incumplido las obligaciones derivadas del proceso penal. En términos del antepenúltimo párrafo del artículo 166 invocado, si la parte quejosa ya se encuentra materialmente detenido por la orden judicial reclamada motivada por delitos no previstos como graves, el juez que conozca del proceso está facultado para atender la petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en la que se solicite imponer a la parte quejosa una o varias de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, incluida la prisión preventiva, en este último supuesto, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I de este acuerdo. Ahora bien, para el caso de que la parte quejosa se encuentre materialmente privado de su libertad, en virtud de que en un diverso proceso penal se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la suspensión provisional concedida sólo producirá el efecto de que de ejecutarse el mandamiento de captura reclamada, la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en el que se encuentre recluido, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Apoya a lo anterior el criterio siguiente: Época: Décima Época Registro: 2016123 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.1o.P.94 P (10a.) Página: 2311 "SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO QUE NO AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. SI EL QUEJOSO SE ENCUENTRA MATERIALMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD, EN VIRTUD DE QUE EN UN DIVERSO PROCESO PENAL SE LE IMPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, AQUÉLLA DEBE CONCEDERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. Del segundo párrafo del precepto mencionado, se advierte que cuando el quejoso se encuentre materialmente privado de su libertad, entre otros supuestos, porque esté siendo procesado y el Juez penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de ese artículo, que alude a que cuando la orden de aprehensión reclamada en el incidente de suspensión versa respecto de delitos de prisión preventiva oficiosa, a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión sólo producirá el efecto de que de ejecutarse el mandamiento de captura, el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior, porque no hay forma más efectiva de impedir que el quejoso se evada de la acción de la justicia y se logre que se presente al proceso penal condigno para los efectos de su continuación, y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal, que estando ya privado de la libertad con motivo de un proceso penal instaurado en su contra (aunque no sea por el cual se libró la orden de captura impugnada), pues si bien es cierto que el principal objetivo de la suspensión del acto reclamado es mantener "viva" la materia en que versa el juicio de amparo; no menos lo es que el otorgamiento de la medida cautelar no puede seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, como lo es la de truncar la continuación de un proceso penal judicializado. De ahí que se exima la imposición de medidas de efectividad y de aseguramiento hacia quien solicita la suspensión contra una orden de aprehensión (aunque no se trate de delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa, como lo dispone la fracción II del artículo 166 referido), para que de inmediato y sin necesidad de satisfacer requerimientos, pueda comenzar a surtir sus efectos, pues toma en consideración el estado jurídico en el que se ubica el quejoso (privado de la libertad), en el cual, indudablemente, le resultarían gravosas y de complicado cumplimiento (como comparecer ante el Juez del proceso), las exigencias que al respecto se llegasen a imponer para que la suspensión otorgada continuara surtiendo efectos." EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO A LA ORDEN DE COMPARECENCIA ATRIBUIDA AL JUEZ RESPONSABLE. Por otra parte, respecto de la orden de comparecencia atribuida al juez responsable: SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, la parte quejosa no sea obligada a comparecer mediante la fuerza ante la autoridad judicial que conoce de la causa penal, pues tales actos serían restrictivos de la libertad, aun de manera precaria, pero en resumidas cuentas constituye un acto de autoridad que afecta a aquélla. No obstante, esta medida cautelar deja de surtir efectos si la parte quejosa incumple con las obligaciones establecidas en el punto II de este acuerdo, por lo que surten efecto todos los apercibimientos ahí contenidos, incluido la posibilidad de que el juez proceda en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 166 invocado, si el quejoso ya se encuentra materialmente detenido ante la autoridad judicial. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Ahora bien, en caso de resultar ciertos los actos reclamados, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente respecto de la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, se requiere a la autoridad responsable ordenadora para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe a este juzgado lo siguiente: 1.- El número de carpeta de investigación o proceso penal generador de los actos reclamados; 2.- El hecho o hechos que se imputan a la parte quejosa, su naturaleza (dolosa o culposa), los artículos que lo previenen y el bien jurídico tutelado; 3.- La fecha en que se cometió el delito o delitos atribuidos a la parte quejosa; 4.- La fecha en que fue dictada la orden de privativa de libertad; Lo anterior, conforme a los datos contenidos en las actuaciones que integren la averiguación previa o causa penal generadora del acto reclamado según corresponda; apercibida que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa equivalente a SESENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones de la parte quejosa, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda párrafo segundo del Acuerdo General comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional, para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero, y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el Actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación
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