José Guillermo García Campos
Expediente 1364/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1364/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Guillermo García Campos
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ GUILLERMO GARCÍA CAMPOS. Estado de autos Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por José Guillermo García Campos, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído en cita. Remisión del expediente al archivo Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo. Valoración del cuaderno de amparo Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Devolución de documentos En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibido que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Anotaciones Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ GUILLERMO GARCÍA CAMPOS. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a José Guillermo García Campos solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado de Michoacán y Titular de la Oficina Regional de La Piedad, de dicho Registro Público. Fórmese expediente y regístrese con el número III-1364/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consideraciones previas. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Análisis integral de la demanda de amparo. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que los actos reclamados son las inscripciones de los gravámenes con números de registro 00000019 del tomo 00000991 y 0000001 del tomo 00000992, respectivamente, de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, ambos del distrito judicial de La Piedad, Michoacán, relativos a la apertura de crédito con garantía hipotecaria , sobre un bien inmueble propiedad de José Guillermo García Campos aquí quejoso Causal de improcedencia Una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo , por lo cual, se realizará el estudio respectivo. Análisis de la improcedencia actualizada El numeral 61, fracción XXIII, de la ley en la materia establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Ley de Amparo, en sus artículos 1 y 5 fracción II, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, puede advertirse de dichos preceptos que la autoridad responsable tiene tal carácter cuando, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; a su vez, se establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Así como la tesis 2/J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , intitulada: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Conforme a los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es autoridad para efectos del amparo aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin que para ello requiera de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De tal manera que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. La relación deberá tener su nacimiento en una norma legal que dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulte irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Tal ente debe emitir actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Sin que para ello requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, se está frente a actos de autoridad cuando existe una relación de supra a subordinación con un particular; cuando se establezca en la ley; cuando a través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado y cuando para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que cuando se imputa un acto de autoridad lesivo a los derechos fundamentales, debe analizarse si se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, donde el promovente debe tener el carácter de gobernado o si la vinculación de que se trata deriva de una relación de coordinación, que excluiría la concepción de autoridad y de resultar esto último, el litigio que se suscite ha de ventilarse conforme al procedimiento establecido en el derecho privado. Puede suceder también que las normas constitucionales coloquen al Estado en una situación jurídica parecida a la de un particular. Por ello, con base en los criterios transcritos, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están reguladas por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro; por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; en tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Ahora, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general. Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas, ya que, conforme al artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, reviste el carácter de autoridad responsable o debe entenderse por aquélla la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, para que los actos de un particular sean considerados como de autoridad para efectos del juicio constitucional, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en su caso, el particular deberá omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, para que los particulares puedan tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, su actuar deberá desempeñarse en ejercicio de funciones públicas, es decir, no podrá considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a los particulares que actúen en forma convencional y en sí como entes privados o particulares. Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Expuesto el marco legal de la causa de improcedencia examinada, este órgano jurisdiccional explicará por qué se estima actualizada y, para ello, se exponen los hechos que, como antecedentes, bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa. El veintinueve de diciembre de dos mil catorce, el quejoso como comprador y Roberto y César Heladio, ambos de apellidos Campos Rodríguez como vendedores, celebraron contrato privado de compraventa del predio urbano ubicado en la calle Carpio, número 12, de la población de Yurécuaro, Michoacán, con una superficie de 741.04 metros cuadrados, el cual se ratificó ante la fe del Notario Público Número Seis, con ejercicio y residencia en Uruapan, Michoacán, el treinta de diciembre siguiente; II. Ante ello, el quejoso acudió ante el notario público antes mencionado, a efecto de protocolizar el contrato celebrando entre las partes, por lo cual el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, éste solicitó un certificado de libertad de gravamen del inmueble en comento, percatándose que pesaban dos gravámenes sobre el mismo, los cuales fueron inscritos el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Así, según lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el promovente de amparo, éste quiso elevar a escritura pública el contrato de compraventa respecto del bien inmueble aludido, por lo cual solicitó el certificado de gravamen aludido; empero, recibió una negativa a escriturar, pues sobre el bien inmueble citado pesaban dos gravámenes, los cuales fueron inscritos el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. En ese sentido, la exposición de los antecedentes de los actos reclamados, las documentales que se anexaron a la demanda y la pretensión de la parte quejosa permiten concluir que los actos reclamados no son de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, el certificado que la parte quejosa anexó a la demanda evidencia que los gravámenes corresponden a dos contratos de apertura de crédito, a saber: El gravamen correspondiente al número de registro diecinueve (19) del tomo novecientos noventa y uno (991), se encuentra constituido con motivo del crédito de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado por Banco Multiva, sociedad anónima de capital variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva en calidad de acreedor y por Rancho Beto Campos, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada en calidad de deudor, fungiendo el carácter de garantes Roberto y César Heladio, ambos de apellidos Campos Rodríguez. El gravamen correspondiente al número de registro uno (1) del tomo novecientos noventa y dos (992), se encuentra constituido con motivo del crédito en cuenta corriente celebrado por Banco Multiva, sociedad anónima de capital variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva en calidad de acreedor y por Rancho Beto Campos, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada en calidad de deudor, fungiendo el carácter de garantes Roberto y César Heladio, ambos de apellidos Campos Rodríguez. Lo expuesto permite advertir que la inscripción de los gravámenes que constituyen los actos reclamados en este asunto tienen como origen la existencia de dos contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria, la cual recae sobre el bien inmueble cuya titularidad o propiedad ostenta la parte quejosa; contratos que no celebró, conforme al certificado exhibido, pues, a su decir, no ostenta ningún vínculo mercantil o civil con las sociedades acreedoras, sino que, en apariencia, los mismos acontecieron después de que compró tal predio, ya que Roberto y César Heladio ambos de apellidos Campos Rodríguez (quienes le vendieron la finca, siendo el primero mencionado como tercero interesado) garantizaron las deudas contraídas con las sociedades acreedoras con el bien inmueble señalado. Así, el reclamo de la parte quejosa está inmerso en la realización de un acto volitivo contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria) realizado entre los anteriores propietarios con la calidad de deudores y garantes y una entidad crediticia en calidad de acreedora, el cual, aparentemente, se hizo con posterioridad a que aquélla compró el predio. En otras palabras, la inconformidad de la parte quejosa radicaría en la circunstancia de que, como se dijo, los anteriores propietarios del bien inmueble cuya titularidad ostenta en este asunto celebró dos contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria en calidad de deudores y garantes con una entidad crediticia en calidad de acreedora, aparentemente, con posterioridad a que aquélla le compró el predio referido. Sin embargo, la celebración de los apuntados contratos no constituye un acto reclamado para efectos del juicio de amparo, ya que si bien el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción; la realidad es que dichos particulares (anteriores propietarios) no actuaron con base en una norma general. Y si bien en el caso concreto se señalan como acto reclamado las inscripciones efectuadas en ejercicio de las facultades legales otorgadas a la autoridad registral, lo cierto es que aquéllas derivan de la celebración de los contratos con la naturaleza antes mencionada (con garantía hipotecaria); inscripciones que deben hacerse constar ante el Registro Público de la Propiedad, conforme a lo previsto en el artículo 2052 del Código Civil para el Estado de Michoacán para producir efectos contra terceros. Por lo cual, este órgano de control constitucional considera que la inscripción de tales gravámenes carece de una característica primordial de la que participan los actos de autoridad, consistente en la potestad de imperio, ya que la autoridad registral no plasmó algún tipo de decisión en las inscripciones, sino exclusivamente dio publicidad a la celebración de un contrato de apertura de un crédito con garantía hipotecaria celebrado entre dos particulares, el cual no fue realizado en ejercicio de una potestad administrativa. Además, no debe perderse de vista que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, como lo establece el artículo 47 de la Ley del Registro Público de la Propiedad de esta entidad federativa, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado, pero no de la inscripción, cuya finalidad es, como se dijo, dar publicidad al acto y no constituir el derecho. Sustenta lo expuesto, el criterio emitido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: REGISTRO PÚBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado, pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho. Así, dar publicidad al acto jurídico correspondiente contrato de apertura con garantía hipotecaria, no otorga la calidad de autoridades responsables en el juicio de amparo al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado de Michoacán y Titular de la Oficina Regional de La Piedad, de dicho Registro Público, porque no dictan, ordenan, ni ejecutan un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ya que las autoridades registrales únicamente dieron publicidad a la celebración de un acto jurídico celebrado entre dos particulares, quienes no actuaron en ejercicio de una potestad administrativa, por lo cual, en este caso, dicha actividad no puede considerarse como un acto para efectos del juicio de amparo. No se soslaya que la inconformidad de la parte quejosa pudiera dar origen a una controversia entre particulares para dirimir la titularidad del derecho de propiedad respecto del bien inmueble señalado en la demanda de amparo; sin embargo, esa circunstancia no corresponde resolverla al Poder Judicial de la Federación a través del juicio constitucional, sino a los tribunales ordinarios, en los términos de la legislación aplicable. Por lo expuesto, las inscripciones correspondientes a los gravámenes que recaen sobre el bien inmueble cuya titularidad o propiedad ostenta la parte quejosa no pueden ser considerados como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo y, por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia analizada. Desechamiento. Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por la José Guillermo García Campos. No pasa inadvertido que, al emitir la jurisprudencia 2ª./J. 54/2012 (10ª.) , la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Empero, la misma es inaplicable al presente asunto, porque, en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, la Sala en cita aclaró su rubro en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En efecto, en la ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que únicamente será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo. En otras palabras, la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada, pues en los casos que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. De ahí que, en el caso, resulte inaplicable la jurisprudencia 2ª./J. 54/2012 (10ª.), pues en el presente asunto se reclamó la inscripción de los gravámenes relacionados con dos contratos con garantía hipotecaria, realizados ante autoridades registrales. Tampoco se inadvierte que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito , cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Ruíz Calderón, Carlos Abraham Pérez Rojas y Manuel García de la Torre, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y no así a las diversas personas pues no se encuentran registras sus cédulas en el sistema antes mencionado. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Anotaciones. Háganse las notaciones en el libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Digitalización de proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- José Gómez Franco632/2014
- José Gómez García415/2019
- José Guadalupe Cancino Magaña881/2018
- José Guadalupe Cortés Rodríguez596/2020
- José Guadalupe Ortiz Murillo528/2020
- José Guadalupe Trujillo Álvarez891/2020
- José Gustavo Correa Parra586/2013
- José Gutierrez Mora442/2019
- José Héctor Raya Ruíz40/2020
- José Hernández Hernández1117/2018
- José Hilario de Jesús Ybáñes Magaña458/2020
- José Horacio Gutiérrez Ríos391/2021