José Guadalupe Cancino Magaña
Expediente 881/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Guadalupe Cancino Magaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo promovido por José Guadalupe Cancino Magaña, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros en este asunto ni la segunda ya que no se aperturó incidente de suspensión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ GUADALUPE CANCINO MAGAÑA. Visto el escrito de cuenta, así como el diverso acordado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho (foja 118 y 119); en atención a sus contenidos, téngase al quejoso José Guadalupe Cancino Magaña cumpliendo con las prevenciones formuladas en autos de dieciséis y veintidós de octubre del año en curso, pues manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, así como que el acuerdo, la notificación y oficio de liberación de la unidad vehicular de veinte de septiembre pasado se los atribuye a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía en Atención Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, dentro de la carpeta de investigación 14445/UATA/MOR/2018, por lo que se provee en los términos siguientes: Análisis de procedencia de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que los actos reclamados en el presente asunto son los siguientes: ? La orden de aseguramiento del vehículo marca Chevrolet, tipo Pick-Up, línea Avalanche, modelo 2007, con número de serie: 3GNFK12327G183335, con placas de circulación 195A60 del Estado de Nevada de Estados Unidos de América ? El acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, que autoriza la devolución de la Unidad con fines de repatriación a los Estados Unidos de América, del Vehículo "marca Chevrolet, modelo Avalanche, año 2009, con número de identificación falso 3GNFK12327G183335, siendo el número de serie original 3GNFK323X9G120742, con placas 195A60 del Estado de Nevada/EUA". ? La notificación del mencionado acuerdo y, ? El oficio de liberación de la mencionada unidad en favor de Alejandro Vargas Jiménez. Todo ello dentro de la carpeta de investigación 14445/UATA/MOR/2018. Una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo cual, se realizará el estudio respectivo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. De la interpretación funcional (teleológica) que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de este precepto, se advierte que para la actualización de la causal de improcedencia por virtud del principio de definitividad, cuando se trata de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, como en el caso lo es el Ministerio Público Investigador, debe considerarse lo siguiente: 1. El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. 2. Para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. 3. Que para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. 4. Dentro de las excepciones que contempla el precepto legal invocado -acotó la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, están que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. 5. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. En el presente caso, el juicio de amparo fue promovido por José Guadalupe Cancino Magaña, quien refiere que con motivo de los hechos relacionados con una "noticia criminal", el veintidós de junio de dos mil dieciocho, cuando se encontraba en el estacionamiento del centro comercial denominado "WaltMart La Huerta", una persona del sexo masculino que se identificó como Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, le informó que la camioneta de su propiedad marca Chevrolet, modelo 2009, con serie 3GNFK323X9G120742, contaba con reporte de robo vigente en Fontana, California de fecha catorce de enero de dos mil catorce, razón por la cual procedía a detener la camioneta de su propiedad, dejándola a disposición del agente de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía en Atención Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, y sobre el cual se decretó el aseguramiento. Asimismo, respecto del aseguramiento del bien mueble, la parte quejosa compareció a solicitar su devolución y, finalmente, el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el fiscal referido, dictó un acuerdo de devolución de unidad con fines de repatriación a los Estados Unidos de América del vehículo marca Chevrolet, modelo Avalanche, año 2009, con número de identificación 3GNFK12327G183335, siendo el número de serie original 3GNFK323X9G120742, con placas 195A60 del Estado de Nevada/EUA, de su propiedad, dentro de la carpeta de investigación número 14445/UATA/MOR/2018, expidiendo el oficio de liberación en favor de Alejandro Vargas Jiménez, en cuanto apoderado legal del supuesto propietario NICB/ESURANCE PROPERTY AND CASUALTY ENSURANCE COMPANY, lo que le fue notificado el veintiuno siguiente. Por tal razón, señaló como acto reclamado los referidos acuerdo y oficio, así como la notificación de veinte y veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, respectivamente. Lo antes expuesto permite revelar que la parte quejosa se duele de la decisión emitida por la autoridad ministerial en la integración de una carpeta de investigación relacionada con hechos en los que se encontraba involucrado un bien mueble de su propiedad. Al respecto, debe decirse que a la luz de la reforma del artículo 20 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el ministerio público tiene el deber de promover y dirigir una investigación en la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación. Luego, dentro de la etapa de investigación, el ministerio público puede incurrir en actitudes positivas con efectos negativos como fue la decisión de declarar procedente la devolución de un automotor propiedad del quejoso, a favor de persona diversa, que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. Asimismo, la referida reforma constitucional incorporó la figura del juez de control quien, entre otras, tiene la obligación de ejercer una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo la reglas de control judicial sobre aquellas diligencias actos procesales o comportamientos del ministerio público que lesionen los derechos de los sujetos procesales. En ese contexto, el juez de control tiene la función de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito sean preservados de manera correcta, además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado, de la víctima o del ofendido. Además, a la luz de dichos principios que se incorporaron al texto constitucional, se reconoció un derecho importante en favor de las partes que intervienen en la carpeta de investigación, consistente en impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, además de las resoluciones relativas a la reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por virtud de estos principios el artículo 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen una serie de derechos de las partes intervinientes en el proceso penal, entre los que se encuentran el de intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos. A través de tal derecho se logra el propósito establecido en el Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual en su artículo 2o., dispone que el objeto de ese código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para: a. Esclarecer los hechos, b. Proteger al inocente, c. Procurar que el culpable no quede impune, d. Que se repare el daño, Principios con los cuales se asegura el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, se resuelven los conflictos que surjan con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese orden de ideas, el equilibrio procesal que existe en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, propicia que las partes intervinientes en el procedimiento penal puedan acudir ante el juez de control para que éste, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerza un control de regularidad de legalidad respecto de los actos tanto positivos como negativos del Ministerio Público, para que éste no sea obstáculo en relación con las pretensiones del resto de las partes. Así, el papel del Juez de Control en el nuevo sistema procesal, implica que la autoridad judicial pueda revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las partes del proceso, para conducir las acciones concretas que se realicen en todas las etapas del procedimiento a una justicia restaurativa. Para ello, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 258 del Código Nacional, señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De la lectura de dicho artículo, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Ahora, la interpretación sistemática del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vinculado con el artículo 20, inciso B), fracción VI, así como inciso C), fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que las partes intervinientes en el procedimiento penal pueden impugnar las decisiones u omisiones que emita el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, en la Contradicción de Tesis 233/2017 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la función investigadora tiene lugar en la etapa preliminar, cuyo objeto es el esclarecimiento de los hechos derivados de una noticia criminal, así como la obtención de información y elementos que permitan, en su caso, fundar una acusación en contra de una persona a la que se atribuya la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Esta labor, por disposición expresa del artículo 21 de la Constitución Federal, corresponde al Ministerio Público, quien asume el papel de rector de la investigación y es auxiliado por la policía, así como por expertos en diversas ciencias u oficios. También indicó que cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. Además, enfatizó que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que se destacan dos; la primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. Así, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse sólo como caso excepcional. Por lo tanto, en forma previa a promover la acción de amparo, las personas que se duelan de una decisión atribuida al Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación (imputados, víctimas u ofendidos) deben agotar ese medio de impugnación. Medio de impugnación que resulta idóneo porque el juez de control al revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que puede determinar que la conducta asumida por quien conduce la investigación es ilegal y, con base en ello, conminarlo a que inicie o reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos . Así, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados, así como de las víctimas y ofendidos. Lo que se corrobora de los antecedentes narrados por la parte quejosa, de los que se aprecia que dentro de la carpeta de investigación número 14445/UATA/MOR/2018 se aseguró el vehículo del que se dice propietario el quejoso y que el agente de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía en Atención Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, dictó un acuerdo el veinte de septiembre de dos mil dieciocho en el que declaró procedente la devolución del vehículo marca Chevrolet, modelo Avalanche, año 2009, con número de identificación 3GNFK12327G183335, siendo el número de serie original 3GNFK323X9G120742, con placas 195A60 del Estado de Nevada/EUA, propiedad del quejoso en favor de persona diversa; por tanto, debe concluirse que tales decisiones emitidas en la etapa de investigación, deben ser impugnadas ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Guadalupe Cancino Magaña. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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- José Gutierrez Mora442/2019