José Guadalupe Trujillo Álvarez
Expediente 891/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Guadalupe Trujillo Álvarez
- Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Sentencia causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la determinación dictada en el presente juicio el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no obre en autos la notificación relativa a la determinación referida al agente del Ministerio Público tercero interesado, toda vez que su contenido no le depara algún perjuicio. No obstante ello, al oficio relativo a este acuerdo, adjúntese copia del sobreseimiento en cuestión. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del amparo. Ahora, con base en lo dispuesto en el artículo 12, en relación con el diverso 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó el juicio de amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo octavo del Acuerdo General citado. Valoración de los cuadernillos incidentales. Por otra parte, toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN y no es de relevancia documental, mientras que el duplicado del mismo, es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Documentos irrecuperables. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Sentencia causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que el treinta de abril de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que se ordenó notificar esa determinación de manera personal a la parte quejosa, sin que obre en autos esa diligencia. En consecuencia, se conmina a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de manera inmediata practiquen la diligencia correspondiente a fin de poder dar seguimiento a este asunto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Cristina García Maya, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LOS SIGUIENTES PROVEÍDOS: Se levanta reserva. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que, en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se recibió un disco compacto remitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, con el cual da contestación al oficio 1428/2021 del índice de este juzgado. En tales circunstancias, y como es hecho notorio de la sociedad en general, luego de la reanudación de actividades laborales en los Tribunales Federales a causa de la suspensión derivada del virus Covid-19, la jornada laboral "física" dentro del órgano jurisdiccional a cargo, se encuentra limitada a determinado personal y horario de trabajo, de manera que, gran parte de las actividades labores son desahogadas vía remota a través de medios electrónicos, razón por la cual se ordenó reservar el estudio de dichas constancias hasta estar en condiciones de valorarlas físicamente. Lo cual en la especie ya aconteció; por tanto, se levanta la reserva hecha en el citado proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno y, se procede proveer lo que en derecho corresponda con el análisis hecho a los archivos allegados. Actualización de causal de improcedencia. En ese orden de ideas, luego de haber superado la imposibilidad material para analizar el contenido del disco en comento, este juzgador federal advierte la posible existencia de una causa de improcedencia, y a fin de estudiar la misma, es pertinente recordar que éstas al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo pronunciarse a ese respecto, aun cuando no se haya puesto el expediente en estado para dictar la sentencia respectiva. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA." Igualmente, apoya lo expuesto, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que indica: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.". De igual modo, es oportuno precisar que en los casos en los que se aborde el estudio de la procedencia del juicio, de forma previa a la vista para emitir la sentencia respectiva, es menester que la causa de improcedencia de que se trate, sea manifiesta e indudable, precisamente para que sea justificado su análisis de forma previa a la referida sentencia. Luego, a fin de clarificar lo antes mencionado, debe indicarse que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; en tanto que "indudable" es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Una vez precisado esto último, debe decirse que, en el caso que nos ocupa, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda a la quejosa. Una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga al juicio de amparo pendiente". La recta interpretación de lo trascrito, conduce a establecer que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma contradictoria, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualice un cambio de situación jurídica; esto es, cuando surja una nueva situación legal, la cual, de concederse el amparo se ve afectada y por ello se deben de reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Como se advierte, dicha causal de improcedencia opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de manera que no se actualiza en aquéllos que no cumplan con esa cualidad, ello es razonable porque precisamente su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas atendiendo, entre otros principios, al de preclusión. Además, se requiere que: a). Con posterioridad a la emisión del acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; b). Que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica; y c). Que debe de existir autonomía entre el acto reclamado y la nueva resolución, de modo que esta última pueda subsistir, independientemente de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Estudio al caso en concreto. Ahora, debe indicarse que el acto reclamado en el presente asunto, conforme a la demanda presentada por la parte quejosa, se hizo consistir en: "Del C. Juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal, acusatorio y oral: La resolución por medio de la cual se impone al quejoso prisión preventiva como medida cautelar, emitida dentro de la causa penal número 81/2020, que se sigue en mi contra por el delito de Lesiones Calificadas." Lo que se interpreta como: La medida cautelar de prisión preventiva, dictada el siete de diciembre de dos mil veinte dentro de la causa penal 81/2020. Precisado lo anterior, a fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene señalar lo siguiente: En audiencia de siete de diciembre de dos mil veinte, dentro a la causa penal 00081/2020, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, luego de haber escuchado a las partes y de analizar los datos de prueba que fueron expuestos, determinó vincular a proceso al quejoso José Guadalupe Trujillo Álvarez, por los hechos que la ley señala como delito de lesiones calificado, previsto y sancionado en los artículos 125 fracción IV, 131 y 135 fracción I, inciso c), en relación con los artículos 19, fracción I, 20, fracción I, y 24, fracción 11, todos del Código Penal del Estado de Michoacán. Ello al haberse justificado los hechos y la probabilidad de que el imputado aludido había cometido el delito antes descrito, en detrimento de José Roberto Zarate Jacobo. Asimismo, en dicha audiencia se fijó como medida cautelar al quejoso José Guadalupe Trujillo Álvarez, conforme al artículo 19 párrafo segundo, de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167, párrafo tercero, del Código nacional de procedimientos penales, la prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que duraría el proceso, sin que excediera de dos años, (lo que constituyó el acto reclamado). Luego, por auto de veintinueve de abril del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable informando que había emitido sentencia contra del quejoso, y para acreditarlo anexó a su comunicado de cuenta entre otras cosas, un disco versátil mismo que fue analizado su contenido en esta data. Así, del referido, medio de prueba se advierte que, en audiencia intermedia -de procedimiento abreviado- de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el quejoso previo a la audiencia cubrió la reparación del daño, aceptó la aplicación del procedimiento abreviado y admitió su responsabilidad penal en el delito por el que se le acusó, además de que aceptó ser sentenciado con base en los datos de prueba que aportó la fiscalía, por lo que se autorizó la tramitación de procedimiento abreviado y se decretó cerrado el procedimiento ordinario y apertura la vía abreviada de la causa anteriormente citada. Llevado a cabo lo anterior, en términos del artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, emitió fallo en sentido condenatorio imponiendo al acusado (ahora quejoso), entre otras sanciones, cuatro años de prisión y la suspensión de sus derechos políticos. Asimismo, se determinó que la medida cautelar impuesta al sentenciado (que constituyó el acto reclamado) estaría vigente hasta en tanto quedara firme dicha resolución, misma que fue decretada en ese sentido el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, virtud a que la totalidad de las partes renunciaron al término para apelar. De la anterior relatoría, se obtiene que existió un cambio de situación jurídica que produce la improcedencia del presente juicio, pues concurrieron las tres condiciones, a saber: a). Con posterioridad a la emisión del acto reclamado (siete de diciembre de dos mil veinte) se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo (medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que durara el proceso penal en su contra, sin que excediera de dos años). b). No es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de la medida cautelar reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica [ser sentenciado por cuatro años de prisión]; y c). Existe autonomía entre la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el fallo condenatorio de dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Por lo que, se insiste que es inconcuso que ha ocurrido un cambio de situación jurídica del quejoso. Al respecto es aplicable la tesis del texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE AUTOS SE ADVIERTE QUE, SIN LLEGAR A LA ETAPA INTERMEDIA, SE EMITIÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE QUE EL ACUSADO SE SUJETÓ AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ELLO ORIGINA QUE AQUÉLLAS QUEDEN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS, Y ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es verdad que cuando en amparo indirecto se reclama una violación procesal al contenido de los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, también lo es que cuando se reclaman el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva y de autos se advierte que el acusado se sujetó al procedimiento abreviado a que se refieren los artículos 183, 185, 201 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitado por la representación social, renunciando expresa y voluntariamente a la interposición de los recursos que establece dicho código, lo que originó que sin llegarse a la etapa intermedia, concluido el debate en la misma audiencia se dictara la sentencia respectiva, esa circunstancia origina que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas y, ante tal panorama, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 citado, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en el juicio con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la propia ley". También es orientadora a lo anterior la jurisprudencia que reza de la siguiente forma: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Sobreseimiento fuera de audiencia. Por tanto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Se deja sin efectos fecha de audiencia. En ese sentido, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cincuenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Anotaciones e integración. Ha´ganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico..... Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Sentencia causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que el treinta de abril de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que se ordenó notificar esa determinación de manera personal a la parte quejosa, sin que obre en autos esa diligencia. En consecuencia, se conmina a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de manera inmediata practiquen la diligencia correspondiente a fin de poder dar seguimiento a este asunto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Cristina García Maya, secretaria que autoriza y da fe....
- Principal
Se levanta reserva. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que, en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se recibió un disco compacto remitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, con el cual da contestación al oficio 1428/2021 del índice de este juzgado. En tales circunstancias, y como es hecho notorio de la sociedad en general, luego de la reanudación de actividades laborales en los Tribunales Federales a causa de la suspensión derivada del virus Covid-19, la jornada laboral "física" dentro del órgano jurisdiccional a cargo, se encuentra limitada a determinado personal y horario de trabajo, de manera que, gran parte de las actividades labores son desahogadas vía remota a través de medios electrónicos, razón por la cual se ordenó reservar el estudio de dichas constancias hasta estar en condiciones de valorarlas físicamente. Lo cual en la especie ya aconteció; por tanto, se levanta la reserva hecha en el citado proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno y, se procede proveer lo que en derecho corresponda con el análisis hecho a los archivos allegados. Actualización de causal de improcedencia. En ese orden de ideas, luego de haber superado la imposibilidad material para analizar el contenido del disco en comento, este juzgador federal advierte la posible existencia de una causa de improcedencia, y a fin de estudiar la misma, es pertinente recordar que éstas al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo pronunciarse a ese respecto, aun cuando no se haya puesto el expediente en estado para dictar la sentencia respectiva. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA." Igualmente, apoya lo expuesto, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que indica: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.". De igual modo, es oportuno precisar que en los casos en los que se aborde el estudio de la procedencia del juicio, de forma previa a la vista para emitir la sentencia respectiva, es menester que la causa de improcedencia de que se trate, sea manifiesta e indudable, precisamente para que sea justificado su análisis de forma previa a la referida sentencia. Luego, a fin de clarificar lo antes mencionado, debe indicarse que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; en tanto que "indudable" es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Una vez precisado esto último, debe decirse que, en el caso que nos ocupa, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda a la quejosa. Una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga al juicio de amparo pendiente". La recta interpretación de lo trascrito, conduce a establecer que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma contradictoria, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualice un cambio de situación jurídica; esto es, cuando surja una nueva situación legal, la cual, de concederse el amparo se ve afectada y por ello se deben de reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Como se advierte, dicha causal de improcedencia opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de manera que no se actualiza en aquéllos que no cumplan con esa cualidad, ello es razonable porque precisamente su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas atendiendo, entre otros principios, al de preclusión. Además, se requiere que: a). Con posterioridad a la emisión del acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; b). Que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica; y c). Que debe de existir autonomía entre el acto reclamado y la nueva resolución, de modo que esta última pueda subsistir, independientemente de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Estudio al caso en concreto. Ahora, debe indicarse que el acto reclamado en el presente asunto, conforme a la demanda presentada por la parte quejosa, se hizo consistir en: "Del C. Juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal, acusatorio y oral: La resolución por medio de la cual se impone al quejoso prisión preventiva como medida cautelar, emitida dentro de la causa penal número 81/2020, que se sigue en mi contra por el delito de Lesiones Calificadas." Lo que se interpreta como: La medida cautelar de prisión preventiva, dictada el siete de diciembre de dos mil veinte dentro de la causa penal 81/2020. Precisado lo anterior, a fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene señalar lo siguiente: En audiencia de siete de diciembre de dos mil veinte, dentro a la causa penal 00081/2020, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, luego de haber escuchado a las partes y de analizar los datos de prueba que fueron expuestos, determinó vincular a proceso al quejoso José Guadalupe Trujillo Álvarez, por los hechos que la ley señala como delito de lesiones calificado, previsto y sancionado en los artículos 125 fracción IV, 131 y 135 fracción I, inciso c), en relación con los artículos 19, fracción I, 20, fracción I, y 24, fracción 11, todos del Código Penal del Estado de Michoacán. Ello al haberse justificado los hechos y la probabilidad de que el imputado aludido había cometido el delito antes descrito, en detrimento de José Roberto Zarate Jacobo. Asimismo, en dicha audiencia se fijó como medida cautelar al quejoso José Guadalupe Trujillo Álvarez, conforme al artículo 19 párrafo segundo, de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167, párrafo tercero, del Código nacional de procedimientos penales, la prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que duraría el proceso, sin que excediera de dos años, (lo que constituyó el acto reclamado). Luego, por auto de veintinueve de abril del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable informando que había emitido sentencia contra del quejoso, y para acreditarlo anexó a su comunicado de cuenta entre otras cosas, un disco versátil mismo que fue analizado su contenido en esta data. Así, del referido, medio de prueba se advierte que, en audiencia intermedia -de procedimiento abreviado- de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el quejoso previo a la audiencia cubrió la reparación del daño, aceptó la aplicación del procedimiento abreviado y admitió su responsabilidad penal en el delito por el que se le acusó, además de que aceptó ser sentenciado con base en los datos de prueba que aportó la fiscalía, por lo que se autorizó la tramitación de procedimiento abreviado y se decretó cerrado el procedimiento ordinario y apertura la vía abreviada de la causa anteriormente citada. Llevado a cabo lo anterior, en términos del artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, emitió fallo en sentido condenatorio imponiendo al acusado (ahora quejoso), entre otras sanciones, cuatro años de prisión y la suspensión de sus derechos políticos. Asimismo, se determinó que la medida cautelar impuesta al sentenciado (que constituyó el acto reclamado) estaría vigente hasta en tanto quedara firme dicha resolución, misma que fue decretada en ese sentido el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, virtud a que la totalidad de las partes renunciaron al término para apelar. De la anterior relatoría, se obtiene que existió un cambio de situación jurídica que produce la improcedencia del presente juicio, pues concurrieron las tres condiciones, a saber: a). Con posterioridad a la emisión del acto reclamado (siete de diciembre de dos mil veinte) se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo (medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que durara el proceso penal en su contra, sin que excediera de dos años). b). No es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de la medida cautelar reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica [ser sentenciado por cuatro años de prisión]; y c). Existe autonomía entre la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el fallo condenatorio de dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Por lo que, se insiste que es inconcuso que ha ocurrido un cambio de situación jurídica del quejoso. Al respecto es aplicable la tesis del texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE AUTOS SE ADVIERTE QUE, SIN LLEGAR A LA ETAPA INTERMEDIA, SE EMITIÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE QUE EL ACUSADO SE SUJETÓ AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ELLO ORIGINA QUE AQUÉLLAS QUEDEN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS, Y ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es verdad que cuando en amparo indirecto se reclama una violación procesal al contenido de los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, también lo es que cuando se reclaman el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva y de autos se advierte que el acusado se sujetó al procedimiento abreviado a que se refieren los artículos 183, 185, 201 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitado por la representación social, renunciando expresa y voluntariamente a la interposición de los recursos que establece dicho código, lo que originó que sin llegarse a la etapa intermedia, concluido el debate en la misma audiencia se dictara la sentencia respectiva, esa circunstancia origina que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas y, ante tal panorama, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 citado, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en el juicio con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la propia ley". También es orientadora a lo anterior la jurisprudencia que reza de la siguiente forma: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Sobreseimiento fuera de audiencia. Por tanto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Se deja sin efectos fecha de audiencia. En ese sentido, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cincuenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Anotaciones e integración. Ha´ganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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