Jose Guadalupe Torres Torres
Expediente 31/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Guadalupe Torres Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Como de la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran el auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó el juicio de amparo en que se actúa; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Adriana Galván Chávez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Por recibido el escrito de cuenta, signado por el apoderado de la parte quejosa, por medio del cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinte de abril en curso, informa que acudió a las instalaciones que ocupa la autoridad responsable, a efecto de que le fuera entregado el certificado de origen parcelario derivado de la petición planteada. Así, de las constancias en cita, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que en proveído de ocho de febrero en curso, el Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, informó que como respuesta a la petición realizada por la parte quejosa el certificado parcelario requerido se encontraban para su total y debida entrega en las instalaciones que ocupa dicha autoridad por lo que la parte interesada debía acudir a recogerlos. Finalmente, la parte quejosa manifestó que acudió a las instalaciones que ocupa la autoridad responsable a realizar lo conducente, como se advierte de párrafos que antecede, y de la constancia que anexa a su escrito. Lo anterior, así se considera, porque en el presente juicio de amparo, se reclamó la omisión de no darle respuesta expresa a la petición presentada mediante solicitud de trámite de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, con número de folio -, en la que solicitó la inscripción del Contrato de Cesión a titulo gratuito, respecto a la parcela ejidal número -, del ejido denominado -; por tanto, al haber ocurrido ello, resulta evidente que entorno a estos se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El numeral en comento dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta el once de mayo de dos mil veintitrés, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto se deja sin efectos la referida fecha para el desahogo de la audiencia señalada. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Adriana Galván Chávez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el proveído emitido el veinte de abril del año en curso que señala "Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable en cita, por medio del cual en cumplimiento a lo ordenado en oficio 3970 de once de abril en curso, comunica a este órgano jurisdiccional que la parte quejosa no se presentó a recoger los certificados de origen parcelario en la hora y fecha señalada; sin embargo, infórmesele a la parte quejosa del juicio en que se actúa, que deberá acudir a las doce horas del dos de mayo del dos mil veintitrés, a las instalaciones ubicadas en Avenida Periférico Paseo de la República número 2060, Fraccionamiento Bosques Camelinas, en esta ciudad, a efecto de que le sea entregado el certificado de origen parcelario derivado de la petición planteada. En consecuencia, requiérase por única ocasión a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado a partir de la fecha en que se tiene que presentar el quejoso en las instalaciones de la autoridad responsable, informe a este órgano jurisdiccional y acredite con las documentales correspondientes que acudió a finalizar dicho trámite; apercibida que de no hacer manifestación alguna, con fundamento con el artículo 237, fracción II, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), como resultado de multiplicar el valor de la Unidad de Medida y Actualización en vigor ******************** por cien unidades, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo; lo anterior a fin de estar en condiciones de continuar con el trámite del presente juicio de amparo. No obstante que la parte quejosa tiene señalado usuario para recibir notificaciones de manera electrónica, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que realice la notificación del presente proveído de manera personal, esto es, en el domicilio ubicado en ********************Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable ******************** con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado Federal copias certificadas de las constancias mediante las cuales acredite si la parte quejosa acudió a recoger los certificados parcelarios solicitados, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), como resultado de multiplicar el valor de la Unidad de Medida y Actualización en vigor ******************** por cien unidades, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sustenta, la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.- El nuevo texto del último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo no establece solamente una facultad potestativa de los tribunales de control constitucional para recabar oficiosamente pruebas cuando se actualicen los supuestos previstos en el mismo, susceptible de ejercitarse o no. Por el contrario, impone como un deber de los Jueces de amparo el de recabar en forma oficiosa las pruebas que fueron rendidas ante la responsable, que no obren en los autos del juicio constitucional y que estimen necesarias para la resolución del asunto. Por tanto, de acuerdo con la nueva redacción del precepto que se examina, de no cumplir los Jueces de Distrito la obligación de recabar pruebas oficiosamente cuando ello sea procedente, su omisión constituirá una infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que motivará la revocación de la sentencia recurrida en revisión para reponer el procedimiento, a fin de que el Juez de amparo omiso cumpla con lo ordenado en el artículo 78, último párrafo, de la misma ley." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.". Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable en cita, por medio del cual en cumplimiento a lo ordenado en oficio 3970 de once de abril en curso, comunica a este órgano jurisdiccional que la parte quejosa no se presentó a recoger los certificados de origen parcelario en la hora y fecha señalada; sin embargo, infórmesele a la parte quejosa del juicio en que se actúa, que deberá acudir a las doce horas del dos de mayo del dos mil veintitrés, a las instalaciones ubicadas en Avenida Periférico Paseo de la República número 2060, Fraccionamiento Bosques Camelinas, en esta ciudad, a efecto de que le sea entregado el certificado de origen parcelario derivado de la petición planteada. En consecuencia, requiérase por única ocasión a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado a partir de la fecha en que se tiene que presentar el quejoso en las instalaciones de la autoridad responsable, informe a este órgano jurisdiccional y acredite con las documentales correspondientes que acudió a finalizar dicho trámite; apercibida que de no hacer manifestación alguna, con fundamento con el artículo 237, fracción II, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), como resultado de multiplicar el valor de la Unidad de Medida y Actualización en vigor ******************** por cien unidades, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo; lo anterior a fin de estar en condiciones de continuar con el trámite del presente juicio de amparo. No obstante que la parte quejosa tiene señalado usuario para recibir notificaciones de manera electrónica, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que realice la notificación del presente proveído de manera personal, esto es, en el domicilio ubicado en ********************Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable ******************** con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado Federal copias certificadas de las constancias mediante las cuales acredite si la parte quejosa acudió a recoger los certificados parcelarios solicitados, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), como resultado de multiplicar el valor de la Unidad de Medida y Actualización en vigor ******************** por cien unidades, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sustenta, la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.- El nuevo texto del último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo no establece solamente una facultad potestativa de los tribunales de control constitucional para recabar oficiosamente pruebas cuando se actualicen los supuestos previstos en el mismo, susceptible de ejercitarse o no. Por el contrario, impone como un deber de los Jueces de amparo el de recabar en forma oficiosa las pruebas que fueron rendidas ante la responsable, que no obren en los autos del juicio constitucional y que estimen necesarias para la resolución del asunto. Por tanto, de acuerdo con la nueva redacción del precepto que se examina, de no cumplir los Jueces de Distrito la obligación de recabar pruebas oficiosamente cuando ello sea procedente, su omisión constituirá una infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que motivará la revocación de la sentencia recurrida en revisión para reponer el procedimiento, a fin de que el Juez de amparo omiso cumpla con lo ordenado en el artículo 78, último párrafo, de la misma ley." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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