Jose Guadalupe Mendez Cisneros
Expediente 836/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Guadalupe Mendez Cisneros
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Como según la certificación secretarial de cuenta, ha fenecido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de junio último, que desechó su demanda de garantías, sin que lo haya interpuesto, o manifestado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; de tal forma, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME, para todos los efectos procedentes. De igual forma, como de la constancia secretarial de cuenta, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; asimismo, se realiza su valoración documental como DESTRUÍBLE, en un plazo de tres años, toda vez que se desechó la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, ni este Juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial que antecede, no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Finalmente, háganse las anotaciones del caso, en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés... Vista la demanda de garantías promovida por -, por su propio derecho, y anexo que acompaña, contra actos de la autoridad que señala como responsable, Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-836/2023-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La sentencia de primera instancia dictada el doce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio sumario civil -, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, así como la sentencia de segunda instancia, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno y el auto de ejecución de sentencia, de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que se ordena al ahí demandado -, la entrega del inmueble ubicado en calle -, arrendada por el aquí quejoso. Al respecto, el Suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción X, del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Suscrito, a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual textualmente señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos". De acuerdo con dicho dispositivo jurídico, la acción constitucional es improcedente cuando se reclamen leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo, siempre que haya sido promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades, al margen de las violaciones planteadas. Luego, del análisis integral de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir en: La sentencia de primera instancia dictada el doce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio sumario civil -, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, así como la sentencia de segunda instancia, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno y el auto de ejecución de sentencia, de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que se ordena al ahí demandado -, la entrega del inmueble ubicado en -, arrendada por el aquí quejoso. Ahora bien, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede, que luego de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró el registro del juicio de amparo número - del índice de este Órgano Jurisdiccional, promovido por el quejoso -, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, contra actos consistentes en la sentencia de primera instancia dictada el doce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio sumario civil -, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, así como la sentencia de segunda instancia, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno y el auto de ejecución de sentencia, de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que se ordena al ahí demandado -, la entrega del inmueble ubicado en calle -, arrendada por el aquí quejoso, mismo que fue desechado en auto de dieciséis de junio en curso, y a esta data se encuentra transcurriendo el término para que la parte quejosa manifieste lo que a sus intereses convenga; por tanto, se ordena glosar las citadas constancias al presente juicio de garantías, para los efectos legales a que haya lugar. De lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado en el citado juicio de amparo, así como en el que se actúa, constituyen la misma afectación, lo que conlleva a actualizar la causa de improcedencia anunciada, pues constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, y de la Tesis del rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURAROS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA." No se omite hacer mención, que en el juicio de garantías tramitado con anterioridad al presente, la parte quejosa tiene la oportunidad de defenderse del acto de autoridad, ya que puede hacer valer sus derechos, dentro del término otorgado para tal efecto, en caso de inconformidad con el auto de dieciséis del mes que transcurre. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 90/2010, de la Segunda Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, Materia Común, Página: 291 del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral." Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción X, del mismo ordenamiento legal. Por tanto, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento del promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere de su consentimiento; sin embargo, como lo solicita el impetrante de amparo, se ordena la reserva de sus datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa, para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Finalmente, se tiene a la parte quejosa, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que precisa en su libelo constitucional. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, a treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por -, por su propio derecho, y anexo que acompaña, contra actos de la autoridad que señala como responsable, Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-836/2023-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La sentencia de primera instancia dictada el doce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio sumario civil -, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, así como la sentencia de segunda instancia, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno y el auto de ejecución de sentencia, de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que se ordena al ahí demandado -, la entrega del inmueble ubicado en calle -, arrendada por el aquí quejoso. Al respecto, el Suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción X, del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Suscrito, a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual textualmente señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos". De acuerdo con dicho dispositivo jurídico, la acción constitucional es improcedente cuando se reclamen leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo, siempre que haya sido promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades, al margen de las violaciones planteadas. Luego, del análisis integral de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir en: La sentencia de primera instancia dictada el doce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio sumario civil -, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, así como la sentencia de segunda instancia, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno y el auto de ejecución de sentencia, de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que se ordena al ahí demandado -, la entrega del inmueble ubicado en -, arrendada por el aquí quejoso. Ahora bien, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede, que luego de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró el registro del juicio de amparo número - del índice de este Órgano Jurisdiccional, promovido por el quejoso -, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, contra actos consistentes en la sentencia de primera instancia dictada el doce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio sumario civil -, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, así como la sentencia de segunda instancia, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno y el auto de ejecución de sentencia, de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que se ordena al ahí demandado -, la entrega del inmueble ubicado en calle -, arrendada por el aquí quejoso, mismo que fue desechado en auto de dieciséis de junio en curso, y a esta data se encuentra transcurriendo el término para que la parte quejosa manifieste lo que a sus intereses convenga; por tanto, se ordena glosar las citadas constancias al presente juicio de garantías, para los efectos legales a que haya lugar. De lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado en el citado juicio de amparo, así como en el que se actúa, constituyen la misma afectación, lo que conlleva a actualizar la causa de improcedencia anunciada, pues constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, y de la Tesis del rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURAROS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA." No se omite hacer mención, que en el juicio de garantías tramitado con anterioridad al presente, la parte quejosa tiene la oportunidad de defenderse del acto de autoridad, ya que puede hacer valer sus derechos, dentro del término otorgado para tal efecto, en caso de inconformidad con el auto de dieciséis del mes que transcurre. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 90/2010, de la Segunda Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, Materia Común, Página: 291 del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral." Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción X, del mismo ordenamiento legal. Por tanto, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento del promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere de su consentimiento; sin embargo, como lo solicita el impetrante de amparo, se ordena la reserva de sus datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa, para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Finalmente, se tiene a la parte quejosa, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que precisa en su libelo constitucional. Notifíquese personalmente.
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