Jose Gutierrez Ruelas
Expediente 710/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Gutierrez Ruelas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Como del estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta se advierte que ha fenecido el término de quince días que establece el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de garantías, sin que en ese lapso se hayan inconformado; en consecuencia, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, mientras que el juicio en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN, dado que se concedió el amparo, y se negaron la suspensión provisional y la definitiva, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
. CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice:******************** "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."************************************************************Mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, este juzgado CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a********************, contra los actos reclamadas a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para los efectos siguientes: **************************************** ".En consecuencia, al no haberse analizado la totalidad de los planteamientos formulados por el peticionario de amparo y al no haberse invocado los preceptos legales aplicables al caso concreto, ni expuesto las razones por las cuales resultan aplicables, con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, resulta procedente CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia o sea confirmada por el Tribunal de Alzada en caso de que se haga valer el recurso de revisión, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado realice lo siguiente: ******************** 1. Deje insubsistente el proveído combatido;******************** 2. En su lugar, emita uno nuevo en el que, con libertad de decisión, se pronuncie de manera fundada y motivada sobre lo siguiente:******************** a. Por qué los artículos 114 de la Constitución Federal y 110 de la Constitución Estatal, que refiere prevén la prescripción de la facultad sancionadora son aplicables al caso en particular.******************** b. Las razones por lq que considera que la no aprobación de los exámenes de control y confianza constituye una casusa de responsabilidad grave por parte del quejoso;******************** c. Cite y argumente sobre los preceptos aplicables en relación a la petición sobre sobreseimiento por caducidad de la instancia; y, ******************** d. De manera fundada y motivada determine la actualización o no, de la caducidad o prescripción solicitadas por el quejoso dentro del procedimiento administrativo de origen. ********************(.)"************************************************************ ******************** Por auto de once de febrero del año en curso, causó ejecutoria la sentencia pronunciada por ese órgano jurisdiccional, por lo que se le requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días (fojas 98-99).**************************************** Posteriormente, en proveído de veintisiete de febrero siguiente, este juzgador determinó que dicha ejecutora no había quedado cumplida en su totalidad, por lo que se le requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días enviara a este órgano jurisdiccional su total cumplimiento en específico para los siguientes efectos:******************** ". se pronuncie sobre el por qué los artículos 114 de la Constitución Federal y 110 de la Constitución Estatal, que refirió prevén la prescripción de la facultad sancionadora son aplicables al caso en particular."**************************************** Por oficio DGAI-A/468/2019 de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, dejó insubsistente el acuerdo combatido y dictó uno nuevo con esa misma data, en el que expuso que los preceptos 114, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 110 párrafo tercero de la Constitución Estatal, eran aplicables al caso al caso en particular, al ser de pronunciamiento forzoso porque rigen al servicio público y, el procedimiento administrativo era la presencia de una conducta respecto de la cual existe un interés general en el que se determina si resulta o no contraria a los deberes y obligaciones del servidor público las razones. También, en dicha determinación expuso el por qué consideró que la no aprobación del examen de control y confianza es causa de responsabilidad grave, pues adujo que contraviene el debido cumplimiento de los principios de legalidad, honradez y eficiencia; asimismo, citó los preceptos aplicables en torno a su determinación de no decretar el sobreseimiento por caducidad de la instancia y prescripción de la sanción al no ser considerada como grave, decisión que motivó en los términos ahí precisados. **************************************** Es así, que este Juzgador estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que dejó insubsistente el acuerdo combatido y de manera fundada y motivada dictó uno nuevo en el que determinó por qué los preceptos 114 de la constitución Federal y 110 de la Constitución estatal, que prevén la prescripción de la facultad sancionadora aran aplicables al caso en particular, asimismo, consideró que la no aprobación de los exámenes de control y confianza constituían una causa de responsabilidad grave por parte de José Gutiérrez Ruelas, y citando los artículos aplicables al sobreseimiento, dijo que no ha lugar a decretarlo debido a que a la fecha se seguían recabando actuaciones para su debida integración. ******************** Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria emitida en esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL.********************Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:****************************************"EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.";. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil diecinueve.********************Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice:******************** "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."************************************************************Mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, este juzgado CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a********************, contra los actos reclamadas a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para los efectos siguientes: **************************************** ".En consecuencia, al no haberse analizado la totalidad de los planteamientos formulados por el peticionario de amparo y al no haberse invocado los preceptos legales aplicables al caso concreto, ni expuesto las razones por las cuales resultan aplicables, con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, resulta procedente CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia o sea confirmada por el Tribunal de Alzada en caso de que se haga valer el recurso de revisión, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado realice lo siguiente: ******************** 1. Deje insubsistente el proveído combatido;******************** 2. En su lugar, emita uno nuevo en el que, con libertad de decisión, se pronuncie de manera fundada y motivada sobre lo siguiente:******************** a. Por qué los artículos 114 de la Constitución Federal y 110 de la Constitución Estatal, que refiere prevén la prescripción de la facultad sancionadora son aplicables al caso en particular.******************** b. Las razones por lq que considera que la no aprobación de los exámenes de control y confianza constituye una casusa de responsabilidad grave por parte del quejoso;******************** c. Cite y argumente sobre los preceptos aplicables en relación a la petición sobre sobreseimiento por caducidad de la instancia; y, ******************** d. De manera fundada y motivada determine la actualización o no, de la caducidad o prescripción solicitadas por el quejoso dentro del procedimiento administrativo de origen. ********************(.)"************************************************************ ******************** Por auto de once de febrero del año en curso, causó ejecutoria la sentencia pronunciada por ese órgano jurisdiccional, por lo que se le requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días (fojas 98-99).**************************************** Posteriormente, en proveído de veintisiete de febrero siguiente, este juzgador determinó que dicha ejecutora no había quedado cumplida en su totalidad, por lo que se le requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días enviara a este órgano jurisdiccional su total cumplimiento en específico para los siguientes efectos:******************** ". se pronuncie sobre el por qué los artículos 114 de la Constitución Federal y 110 de la Constitución Estatal, que refirió prevén la prescripción de la facultad sancionadora son aplicables al caso en particular."**************************************** Por oficio DGAI-A/468/2019 de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, dejó insubsistente el acuerdo combatido y dictó uno nuevo con esa misma data, en el que expuso que los preceptos 114, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 110 párrafo tercero de la Constitución Estatal, eran aplicables al caso al caso en particular, al ser de pronunciamiento forzoso porque rigen al servicio público y, el procedimiento administrativo era la presencia de una conducta respecto de la cual existe un interés general en el que se determina si resulta o no contraria a los deberes y obligaciones del servidor público las razones. También, en dicha determinación expuso el por qué consideró que la no aprobación del examen de control y confianza es causa de responsabilidad grave, pues adujo que contraviene el debido cumplimiento de los principios de legalidad, honradez y eficiencia; asimismo, citó los preceptos aplicables en torno a su determinación de no decretar el sobreseimiento por caducidad de la instancia y prescripción de la sanción al no ser considerada como grave, decisión que motivó en los términos ahí precisados. **************************************** Es así, que este Juzgador estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que dejó insubsistente el acuerdo combatido y de manera fundada y motivada dictó uno nuevo en el que determinó por qué los preceptos 114 de la constitución Federal y 110 de la Constitución estatal, que prevén la prescripción de la facultad sancionadora aran aplicables al caso en particular, asimismo, consideró que la no aprobación de los exámenes de control y confianza constituían una causa de responsabilidad grave por parte de José Gutiérrez Ruelas, y citando los artículos aplicables al sobreseimiento, dijo que no ha lugar a decretarlo debido a que a la fecha se seguían recabando actuaciones para su debida integración. ******************** Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria emitida en esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL.********************Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:****************************************"EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."****************************************Notifíquese personalmente.
- Principal
. CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, requerida mediante proveído de veintisiete de febrero pasado, por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector. ";..LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
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