José Guadalupe Muro Romero

Expediente 301/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
301/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
13/07/2017

Partes del expediente

  • José Guadalupe Muro Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintiuno de junio del año en curso, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no contiene información clasificada como reservada; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, según los numerales 97, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA LA SENTENCIA DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE S E N T E N C I A Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en ciudad Juárez, y remitido el veintidós de los mismos a este Juzgado de Distrito, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno, éste último en su carácter también de responsable del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de Chihuahua, así como del Presidente, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Director de Catastro, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó lo siguiente: IV.- LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. 1. Del Congreso del Estado de Chihuahua, se reclama la expedición del Decreto legislativo número 107/2013 I P.O. por el que se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones propuesta por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, misma que sirve de base para la determinación del valor catastral; publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el día 21 de diciembre de 2013, el cual entró en vigor el día 1º de enero de 2014; de conformidad con lo previsto por los artículos 22, 23, 24 y 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, las tablas de valores son aplicables para la determinación de la base para el pago del Impuesto Predial para los dos bimestres del ejercicio 2016 y los seis bimestres del ejercicio fiscal de 2017. 2.- Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, se reclama la abstención de vetar la expedición, promulgación y la orden de publicación del Decreto Legislativo reclamado del Congreso del Estado de Chihuahua. 3.- Del C. Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua se reclama el refrendo del Decreto legislativo promulgatorio del Decreto legislativo número 107/2013 I P.O. por el que se expide la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones propuesta por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Tablas de valores que sirven para la determinación de la base del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal de 2016 y 2017. 4.- Del C. Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, en su carácter de responsable del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, se reclama la publicación en el medio de difusión respectivo del Decreto legislativo número 107/2013 I P.O. I P.O (sic) por el que se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones propuestas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 21 de diciembre de 2013, el cual entró en vigor el día 1º de enero de 2014. 5.- Del C. Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, se reclama el cobro del Impuesto Predial calculado mediante las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción publicadas en el decreto impugnado. 6.- Del C. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, se reclama el cobro del Impuesto Predial que fue calculado mediante las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción publicadas en el decreto impugnado. 7.- Del C. Tesorero Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, se reclama el cobro del Impuesto Predial por el ejercicio fiscal de 2016 y 2017, calculado mediante las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción publicadas en el decreto impugnado. 8.- El C. Director General de Catastro del Municipio de Ciudad Juárez, de conformidad con lo previsto por los artículos 4, fracción II y 6 fracción IV, de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, se reclama la formulación del proyecto al Ayuntamiento de Ciudad Juárez de las Tablas de Valores Unitarios para Suelo y Construcción, que este último propuso al Congreso del Estado de Chihuahua cuya constitucionalidad de impugna. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, previa aclaración, se admitió la demanda de amparo, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, de la siguiente manera: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición, del Decreto legislativo 107/2013 por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones propuestas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, mismas que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. b) Del Gobernador Constitucional y del Secretario General, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua: La promulgación y publicación de los ordenamientos precisados. c) Del Director de Catastro del Municipio de Juárez, Chihuahua, la formulación del proyecto por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones propuestas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, mismas que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. d) Del Ayuntamiento, Presidente y Tesorero del Municipio de Juárez, Chihuahua: La aplicación de la normatividad impugnada, a través del cobro respectivo. Sirve de sustento, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, aplicable por identidad de razón, en términos del artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo a continuación se analiza la inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes con justificación, el Secretario del Ayuntamiento, el Presidente, el Tesorero y la Directora de Catastro, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua (fojas 143, 146, 149 a 162), negaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de la normatividad impugnada, que se traduce en el cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil catorce, y la formulación del proyecto por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones propuestas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, mismas que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba en contrario para desvirtuar esa negativa. En esta tesitura, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de las autoridades antes señaladas, en términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Congreso del Estado, el Gobernador Constitucional y el Secretario General, todos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos; de tal manera, se tiene por acreditada su existencia, consistente en el proceso legislativo mediante el cual se expidieron las normas que combate la parte quejosa, en el ámbito de sus respectivas competencias. Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron sus informes justificados, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los ordenamientos relativos, por tratarse de normativas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable, la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Actualización de causas de improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Las autoridades responsables Congreso del Estado de Chihuahua y Tesorero del Municipio de ciudad Juárez, aducen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque desde su perspectiva el quejoso no acredita su interés jurídico para instar el presente juicio. La causal de improcedencia que se invoca es fundada. El precepto en que se apoya este argumento es del siguiente tenor: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. La aludida porción normativa estatuye, que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecte la esfera jurídica del quejoso; esto es, cuando no se acredite la titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo y, tratándose de normas generales, el juicio será improcedente cuando éstas requieran de un acto de aplicación con posterioridad a su entrada en vigor y no esté acreditado en autos. Al respecto, debe tenerse en cuenta que los artículos 17, 61, fracción XII y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.) Del artículo trascrito, se advierte que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación. Atendiendo al primer caso, basta que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de promover la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo. Mientras que en el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo en cita. Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Al respecto, es de tomar en cuenta el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia Constitucional, Común, de la Novena Época, registro 198200, que a la letra dice: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En ese contexto, debe reiterarse que el quejoso *******, reclama las normas que se tildan de inconstitucionales, como heteroaplicativas, por lo que se requiere acreditar que la norma se aplicó. Así, para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugna por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, pues conforme a la técnica del juicio de amparo, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo del primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio a su esfera jurídica, ya sea que se aplique formal y materialmente, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en su mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona para que se estime aplicada. En ese sentido, el interés jurídico, se reitera, ha sido definido para efectos del juicio de amparo, como el derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad o terceros. Por tal motivo, la parte quejosa tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida que sea titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público. Esa afectación podría ocurrir de dos formas, a saber: I. Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía; o II. Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. Con base en lo anterior, la causa de improcedencia citada se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. En relación con lo expuesto, es conveniente poner de manifiesto que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal se establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, como puede verse en la transcripción siguiente: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Correlacionado con dicho numeral, deben citarse, además, los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que prevén: 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.) 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de poder para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). En virtud de lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por otra parte, el interés jurídico, en cambio, sí precisa la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J.168/2007, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, página 225, registro 170500, del epígrafe y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De acuerdo con el criterio anterior, debe decirse que el interés jurídico para acreditarse en el juicio de amparo, debe derivar de un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, esto es, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o sea, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa controvierte la constitucionalidad del acto siguiente: La expedición y promulgación del Decreto legislativo 107/2013 por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones propuestas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, mismas que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, de conformidad con lo previsto por los artículos 22, 23, 24 y 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, los cuales establecen lo siguiente: 22. De conformidad con la presente ley y las normas técnicas aplicables, los Ayuntamientos, enviarán anualmente al H. Congreso del Estado, a más tardar el treinta y uno de octubre, para su aprobación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado, las tablas de valores unitarios para Suelo y Construcción, que servirán para determinar los valores Catastrales y serán la base para el cálculo de los impuestos que graven la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal siguiente. En caso de no cumplirse con oportunidad, lo previsto en este artículo, las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el año en curso continuarán vigentes para el ejercicio fiscal siguiente, en caso de omisión por parte de los Ayuntamientos de presentarlas en los términos del párrafo anterior, sin perjuicio de la aplicación de sanciones que correspondan por el incumplimiento conforme a los artículos 23, 27, 30 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. 23. Para determinar el valor catastral de los predios, se aplicarán los valores unitarios aprobados, de acuerdo con la siguiente formula: VCAT= VT+VC Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VCAT=Valor Catastral VT= Valor del Terreno VC=Valor de la Construcción El valor del terreno de un inmueble se obtiene de multiplicar su superficie por el valor unitario de suelo, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la formula siguiente: VT=STxVUS Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VT=Valor de Terreno ST= Superficie del Terreno VUS=Valor Unitario del Suelo correspondiente a la zona homogénea, sector o corredor de valor donde se ubica el inmueble. En su caso, deberá considerarse los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. El valor de construcción de un inmueble, se obtiene de multiplicar la superficie construida, por el valor unitario de construcción para cada tipo de edificación, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, más el valor de las instalaciones especiales permanentes, de acuerdo con la fórmula siguiente: VC=SCxVUC+VIE Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VC= Valor de la Construcción SC=Superficie de la Construcción VUC= Valor Unitario de la Construcción VIE= Valor de las Instalaciones Especiales Según las características del predio deberán aplicarse, en su caso, los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. Para los inmuebles que estén sujetos al régimen de propiedad en condominio, la valuación deberá hacerse respecto a cada unidad privativa, incluyendo la parte proporcional indivisa de los bienes comunes. 24. El valor catastral será el que resulte de sumar el valor del terreno y el de la construcción, obtenidos conforme lo señala el artículo anterior. 28. Los predios a los cuales ya se hubiese fijado un valor catastral, serán revaluados en los siguientes casos: I. De manera general y anualmente al inicio del ejercicio, aplicando las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que apruebe el Congreso del Estado, para el ejercicio de que se trate. II. Cuando el predio sufra un cambio físico o de urbanización que afecte su valor; Para efectos de lo establecido en la fracción II de este Artículo, se entiende por cambio físico, la alteración de las características físicas de un predio como: construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, ampliaciones, demoliciones parciales o totales, o cualesquiera otra que afecte el valor del predio; y por cambio de urbanización, la modificación de las obras y demás servicios públicos municipales que afectan el valor del predio. (.) Tales preceptos establecen los mecanismos para la determinación de la base gravable del impuesto predial y su determinación para aquellos que detenten bienes inmuebles en el Municipio de Juárez, Chihuahua; esto es, imponen la obligación de efectuar el pago de dicho impuesto conforme a las tablas de valores unitarios aplicables. Al respecto, las leyes de ingresos en el Sistema Jurídico Mexicano tienen vigencia anual, para un ejercicio fiscal, en la especie, para el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Conforme al principio de anualidad de las leyes de ingresos, las disposiciones previstas en esas normas tienen como característica esencial una periodicidad de un año para la recaudación de las contribuciones que establecen y, a partir de ello, año con año se emiten las leyes de ingresos correspondientes a efecto de realizar el cobro del catálogo de tributos que en éstas se prevén para cada ejercicio fiscal; por regla general, previo al inicio de cada anualidad se aprueba la ley de ingresos respectiva y la nueva normativa regirá para el ejercicio fiscal que inicia el año siguiente y a virtud de ello, el Estado podrá recaudar los ingresos previstos durante ese periodo, estableciendo con ello el ámbito temporal de validez de la norma tributaria. Por lo que si dichas normas se impugnan en razón de su primer acto concreto de aplicación, consistente en el pago del impuesto predial correspondiente, el quejoso se encontraba obligado a demostrarlo, y al efecto exhibió como prueba de su parte la siguiente: Certificado de ingresos ******* relativo a la cuenta *******, con motivo del cobro del impuesto predial correspondiente del cuatro bimestre de dos mil dieciséis al sexto bimestre de dos mil diecisiete. En ese sentido, el quejoso no acreditó el acto de aplicación que refiere, y por ende tampoco su interés para combatir las normas que reclama en el presente juicio, ya que con dichas documentales únicamente se acredita que el quejoso realizó el pago del impuesto predial respecto a los años fiscales dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, no así el pago de la contribución relativa al año fiscal dos mil catorce, que rige el reclamado Decreto 107/2013 mediante el cual se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones propuestas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, mismas que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Por lo que resulta errónea la aseveración de la quejosa en su demanda de amparo, al señalar que el reclamado Decreto 107/2013, es aplicable para la determinación de la base del pago del impuesto predial para los dos bimestres del ejercicio fiscal dos mil dieciséis y los seis bimestres del ejercicio fiscal dos mil diecisiete; pues como ya se dijo, las leyes de ingresos en el Sistema Jurídico Mexicano tienen vigencia anual, para un ejercicio fiscal. De esta manera, si se considera que las normas tildadas de inconstitucionales fueron reclamadas con motivo de un acto concreto de aplicación, por tener la naturaleza de heteroaplicativa, para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda, se debe atender a lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, conforme al cual, el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5. En su caso, el pago del impuesto predial, lo hizo conforme a los Decretos legislativos por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones propuestas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, mismas que sirven de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017. Robustece la conclusión alcanzada, la jurisprudencia número 2a./J.141/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2002151, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 1305, que a la letra dice: IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos. (lo subrayado es nuestro) En mérito de lo anterior, el sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos reclamados, relativos a los artículos 22, 23, 24 y 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua; en virtud de que dicho ordenamiento se impugnó como heteroaplicativo, es decir, con motivo de un acto concreto de aplicación, consistente en el pago del impuesto de predial correspondiente al ejercicio de dos catorce. Lo anterior es así, pues las normas impugnadas por la parte quejosa constituyen un sistema normativo integral de carácter complejo, que para su configuración incorpora elementos contenidos en la Ley de Catastro y en el Decreto legislativo 107/2013 por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones propuestas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, mismas que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Por lo que si pues si la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar el acto de aplicación como se expuso en párrafos anteriores, no es jurídicamente posible entrar al examen de una Ley en forma desligada de su acto de aplicación, pues en ese supuesto la protección constitucional carecería de eficacia, porque es el acto concreto de aplicación el que depara perjuicio a la parte quejosa y no la norma en sí misma. De ahí que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una Ley, Reglamento o Decreto, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juzgador no puede desvincular el estudio de aquellos del que concierne a su aplicación, ya que éste es precisamente el que causa perjuicio al promovente, y no por sí solo, considerado en abstracto, pues la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Constitucional, página 235, de la Novena Época, registro 191311, que a la letra dice: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Por ende, se reitera, es fundada la causa de improcedencia hecha valer por las responsables, en virtud de que la quejosa no acreditó el acto de aplicación de las normas reclamadas. En las relacionadas condiciones, al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo. Sólo resta precisar que al quedar demostrado que el presente juicio es improcedente, el que opere o no, alguna otra causa de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución; de ahí que resulte innecesario el análisis de las diversas causales de improcedencia aducidas por el Gobernador Constitucional y el Secretario General de Gobierno; así como aquélla que se actualiza en términos del artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respecto del Gobernador y del Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, a quienes atribuyó, en la esfera de sus facultades, la publicación de los decretos impugnados, pues la quejosa no les reclamó esos actos por vicios propios y, por ende, contra ellas, el amparo resultaría improcedente. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, de Agosto de 1998, materia común, página 414, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 37, 61, 63, 107 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, es de resolverse y se Resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto promovido por *******, contra las normas generales precisadas en el considerando segundo de esta sentencia y en los términos indicados de los considerandos tercero y quinto de la misma. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy, veintiuno de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que la suscrita secretaria encargada del despacho, no está facultada para fallar en definitiva, según lo establece el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y para que tenga verificativo se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, H. Congreso del Estado de Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. *arc

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano