José Guadalupe Alanís Herrera y Otros.

Expediente 425/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
425/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
11/08/2017

Partes del expediente

  • José Guadalupe Alanís Herrera y Otros.
  • José Guadalupe Alanís Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veinte de julio de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por lo anterior, requiérase a la parte quejosa, a fin de que en el término de noventa días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, comparezca a recibir las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo así, en su momento las mismas correrán la suerte del presente juicio. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.maa

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintiocho de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado el dos de mayo siguiente a este juzgado; ******* y *******, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez de Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, y otra autoridad, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del asunto. Mediante proveído de tres de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrar el asunto con el número *******; se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto en materia penal, que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables. Del análisis integral del escrito inicial de demanda, así como de la totalidad de las constancias que integran el presente asunto, se desprende que, en esencia, los quejosos reclaman lo siguiente: A la Juez Octava de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. El proveído de uno de febrero de dos mil diecisiete, dictado en los autos del expediente *******, mediante el cual se ordenó a la parte actora poner en posesión física y material a los demandados ******* y *******, el bien inmueble ubicado en *******, de esta ciudad. A la Oficial Notificadora y Ministra Ejecutora adscrita la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. La diligencia levantada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, en la cual hizo constar la imposibilidad para dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído que se reclama ante esta instancia. Por ende, se tiene a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI-2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO.- Existencia del acto reclamado. La Juez Octava de lo Civil y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, todos del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, expresaron que son ciertos los actos que se les reclaman; y remitieron para tal efecto, copia certificada de todo lo actuado y diversas constancias del expediente *******, respectivamente. Documentos cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°; CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia invocada por los terceros interesados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable con el número II.1o. J-5, en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En la especie, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; De la lectura de la porción normativa transcrita, se tiene que el amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, esto es, dicha causal de improcedencia persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene como objetivo preservar la cosa juzgada y evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados contra idéntico objeto. Asimismo, dicha causal impide el análisis por segunda ocasión, de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Protegiendo el principio de seguridad jurídica, al preservar la firmeza de las sentencias ejecutorias, lo cual otorga certidumbre jurídica a las partes y, en consecuencia, impide que se abra nuevamente la controversia. En el caso, de las constancias que integran el presente asunto se desprende lo siguiente: El diecisiete de diciembre de dos mil nueve, *******, demandó en la vía ordinaria civil a ******* y *******, reclamando entre otras cosas la declaración judicial de vencimiento anticipado del contrato de crédito con garantía hipotecaria respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. El veintisiete de septiembre de dos mil diez, fueron emplazados los demandados ******* y *******, al juicio ordinario civil *******, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. El siete de junio de dos mil once, al resolver en definitiva el juicio ordinario en comento, la responsable consideró que la parte actora probó su acción y la demandada incurrió en rebeldía, declarando judicialmente el vencimiento anticipado del contrato fundatorio de la acción, condenando a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas a favor de *******; determinación que el quince de noviembre de dos mil once, causó ejecutoria. El veintiocho de noviembre de dos mil once, el juez de origen, a petición de la actora, aperturó la ejecución forzosa del fallo condenatorio, ordenado el requerimiento de pago de la deuda a los demandados, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procedería al embargo de bienes suficientes para cubrir el monto de lo condenado. El dos de marzo de dos mil doce, se declaró legal y formalmente embargado el inmueble localizado en *******, en esta ciudad, inscrito bajo el número *******, folio *******, libro *******, de la sección ******* del Registro Publico de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos. El dieciseises de diciembre de dos mil trece, se procedió al remate del bien inmueble embargado en el juicio de origen; y el cuatro de noviembre de dos mil quince, se tuvo al Notario Publico número Tres de esta ciudad, informando al juez responsable, que mediante la escritura numero *******, de veinte de octubre de dos mil quince, quedó formalizada la adjudicación a favor de la actora de *******. El dieciséis de enero de dos mil dieciséis, se puso en posesión legal y material a la parte actora, del inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el juicio de amparo *******, del índice de este juzgado, se admitió a tramite la demanda promovida por ******* y *******, contra el Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, a quien le reclamaron todo lo actuado en el referido juicio ordinario civil *******. El uno de agosto de dos mil dieciséis, se negó el amparo y la protección de la justicia federal a ******* y *******, contra los actos reclamados al Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, resolución que al ser recurrida por la parte quejosa, fue revocada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, al resolver el amparo en revisión civil *******, concediendo el amparo y protección de la justicia de la nación a ******* y *******, contra el acto reclamado consistente en lo actuado en el procedimiento especial hipotecario ******* del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, promovido por *******, a partir del citatorio y emplazamiento practicado por el oficial notificador y ministro ejecutor los días veinticuatro y veintisiete de septiembre de dos mil diez. El trece de enero de dos mil diecisiete, el juez de origen, en cumplimiento al fallo protector, atendiendo a los efectos de la ejecutoria de amparo, dejó insubsistentes las actuaciones practicadas en el juicio especial hipotecario *******, a partir del citatorio y emplazamiento de ******* y *******. El uno de febrero de dos mil diecisiete, el juez responsable, dejó sin efectos la escritura publica *******, en la cual se formalizó la adjudicación a favor de la parte actora *******; y ordenó a la parte actora poner en posesión física y material a la parte demandada ******* y *******, del inmueble materia de la controversia; asimismo, el cuatro de abril de dos mil diecisiete, la Oficial Notificadora y Ministra Ejecutora adscrita la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en la diligencia levantada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, hizo constar la imposibilidad para dar cumplimiento a lo ordenado en el citado proveído de uno de febrero de dos mil diecisiete; proveído y diligencia que constituyen los actos que se reclaman en esta instancia. Por tanto, si de los antecedentes narrados se desprende que la protección constitucional se concedió a ******* y *******, para efectos de que el Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, declarara insubsistentes las actuaciones practicadas en el juicio especial hipotecario número ******* del índice de ese juzgado, a partir del citatorio y emplazamiento de ******* y *******, realizados los días veinticuatro y veintisiete de septiembre de dos mil diez; resulta inconcuso que la responsable en cumplimiento al fallo protector dejara sin efectos todo lo actuado en un juicio, a partir del emplazamiento impugnado, hasta la sentencia definitiva y su ejecución, incluyendo el tiraje de la escritura pública que se estableció se hiciera a favor del actor en el procedimiento natural, ordenando mediante proveído de uno de febrero de dos mil diecisiete, tanto la cancelación de dicha escritura en la notaría pública donde se otorgó, como poner en posesión física y material a los demandados ******* y *******, el inmueble afecto. Ahora, como se precisó, la parte quejosa reclama a la Juez Octava de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, específicamente el citado proveído de uno de febrero de dos mil diecisiete, dictado en los autos del expediente *******, mediante el cual se ordenó poner en posesión física y material a la parte demandada ******* y *******, el bien inmueble ubicado en *******, de esta ciudad; y a la Oficial Notificadora y Ministra Ejecutora adscrita la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la diligencia levantada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, en la cual se hizo constar la imposibilidad para dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído que se reclama ante esta instancia. Por consiguiente, los actos reclamados a través del presente juicio de amparo, son actos de autoridad que surgieron en cumplimiento de una resolución dictada dentro del diverso juicio constitucional *******, del índice de este juzgado, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque derivan de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Sin que lo anterior implique la transgresión del derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no limita la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino únicamente se precisa un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica. Apoya lo anterior, la tesis 2a. XLIX-2017 -10a.-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página: 1391, cuyo rubro indica: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. Asimismo, por identidad, la Jurisprudencia XX. J-2, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, página: 259, del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PREVISTA POR LA FRACCION II DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SI SE IMPUGNAN EN UN JUICIO DE AMPARO ACTOS DE AUTORIDAD SURGIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCION DICTADA EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS. SURGE LA. Si se impugnan a través del juicio de amparo, actos de autoridad que surgieron en cumplimiento de una resolución dictada dentro de diverso juicio constitucional surge la causal de improcedencia prevista por la fracción II, del artículo 73, de la Ley de Amparo. Sin que resulte óbice a lo anterior, atendiendo al instrumento notarial anexo al escrito inicial de demanda, la circunstancia de que los aquí quejosos ******* y *******, resulten terceros ajenos al juicio de origen *******, adquirentes de buena fe, en virtud de que el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, celebraron un contrato de compraventa con la diversa sociedad *******, quien a su vez el ocho de febrero de dos mil dieciséis, adquirió por compraventa que celebró con *******. Lo anterior, en virtud de que el cumplimiento del fallo que concedió la protección constitucional, ni aun los terceros que hayan adquirido de buena fe, derechos que se lesionen con la ejecución del fallo protector, pueden entorpecerlo. Además, no es posible perder de vista que cuando se está en presencia de una prelación de títulos de propiedad, no es dable jurídicamente dilucidar tal situación en el juicio de amparo, pues, de hacerlo, se estaría resolviendo la prevalencia de uno de los títulos previo el análisis de los defectos que pudieran invalidar alguno de ellos, lo que evidentemente es competencia de las autoridades jurisdiccionales del orden común, ya que es en ese ámbito donde las partes tienen más completas sus acciones y defensas por lo que, ahí definida la situación, sí puede plantearse en la vía de amparo que proceda, la posible violación de garantías por la valoración al respecto efectuada. Robustece lo antes expuesto, la Jurisprudencia 180, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la nación, consultable en la Quinta Época, del Apéndice 2000, página: 147, cuyo rubro dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA TERCEROS DE BUENA FE.- Igualmente, la tesis III.1o.A.58 K, sustentada por la Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página: 1464, cuyo tenor literal es el siguiente: AMPARO CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE GARANTÍAS. ES IMPROCEDENTE AUN CUANDO QUIEN LO PROMUEVA SE OSTENTE COMO TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO NATURAL. En el juicio de amparo la cosa juzgada tiene efectos diferentes que en el derecho común, ello es así si se toma en cuenta que la finalidad de las sentencias dictadas en dicho medio de control de la constitucionalidad es proteger las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que se trata de una instancia extraordinaria que guarda particularidades propias, como es que sus resoluciones no pueden dejar de cumplirse por ningún motivo, porque no existe norma alguna que establezca la posibilidad de revocarlas ni pueden variarse las circunstancias jurídicas creadas por virtud de ellas. En ese sentido, el juicio de garantías promovido contra el cumplimiento de dichas ejecutorias es improcedente conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, aun cuando quien lo promueva se ostente como tercero extraño al procedimiento natural, pues considerar lo contrario implicaría la revocación de tales determinaciones, poniendo en peligro la seguridad y certeza jurídica generadas con su dictado, en congruencia con la jurisprudencia 180 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 147, de rubro: -EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA TERCEROS DE BUENA FE.- De igual forma, la Jurisprudencia 2408, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Séptimo Circuito, consultable en la Novena Época, del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, pagina 2818, cuyo rubro indica: JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE RESOLVER EN ÉL LA PRELACIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, POR SER COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEL ORDEN COMÚN. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo ******* promovido por ******* y *******, contra actos de la Juez Octava de lo Civil y Oficial Notificadora y Ministra Ejecutora adscrita la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambas del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día de hoy, veinte de julio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua; a cinco de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos se desprende que el informe justificado rendido por los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito Judicial Bravos, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil diecisiete, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial del Distrito Judicial; y tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Por otra parte, glósese el escrito signado por el licenciado *******, autorizado de la parte tercero interesada, para que obre como legalmente corresponda, mediante el cual formula alegatos y ofrece como prueba de su parte la documental que en copia simple anexa al ocurso que se atiende, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria licenciada *******. Doy fe.*cnv

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