José Guadalupe Marín Valle

Expediente 803/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
803/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • José Guadalupe Marín Valle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto por una parte se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional, el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, ELA SENTENCIA DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEITNIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 803/2021-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el once de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado el día hábil posterior, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto atribuido al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación dictado en su contra el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó violentados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 4, 8, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. Acreditación de credenciales como licenciados en Derecho de los defensores privados del imputado. Mediante proveídos de diez, veintiuno y veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Jueza responsable acatando el requerimiento que le fue formulado, pues remitió copia certificada de las cédulas profesionales de los licenciados *******, ******* y *******, defensores privados del aquí quejoso que comparecieron a la audiencia inicial celebrada en la causa penal de origen -constante en dos partes). De manera que, quedó evidenciado que los profesionales en comento sí cuentan con las credenciales atinentes que los avalan como peritos en Derecho; entonces, la prerrogativa constitucional del aquí quejoso, de contar con una defensa técnica adecuada por parte de un licenciado en Derecho, está colmada. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente, de la autoridad señalada enseguida: Del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 232, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto combatido por el accionante del amparo, pues así lo señaló el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, el Juez responsable remitió copia certificada de la transcripción del auto de vinculación a proceso, de la que el acto combatido en este juicio se deduce; misma que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, el Juez responsable envió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia inicial, constante en dos discos compactos, a los que se les reconoce valor probatorio, en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, del mismo. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en los discos compactos de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo; y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43/2013 -10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL -DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La tercera interesada *******, aduce que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. No le asiste la razón a dicha persona. Para corroborar tal aserto, primero, se estima conveniente invocar enseguida el contenido del numeral en cita: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: -.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Es propio lo destacado. Dicho numeral consagra el principio de definitividad del juicio de amparo, conforme al cual este medio extraordinario de defensa sólo procederá, cuando previo a su promoción -contra resoluciones de tribunales judiciales, como en el caso- se hayan agotado los recursos establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Además, en tal artículo se detallan hipótesis de excepción a ese principio -por lo que hace a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, a saber a) no se trate de alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Carta Magna, b) no se trate de ordenes de aprehensión o detención, c) por persona extraña al procedimiento y, d) no se trate de auto de vinculación a proceso. Lo que pone de manifiesto que dicha hipótesis de improcedencia, no se materializa en el caso, pues el propio dispositivo en cuestión alude a que no es necesario agotar el principio de definitividad, entre otros, cuando se combata auto de vinculación a proceso, como sucede en la especie. Desestimada tal causal de improcedencia, se tiene que las demás partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia diversa, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso. Previo a efectuar el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentra el aquí quejoso, esto es, en su carácter de imputado en la causa penal *******, que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 -10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE -LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013). Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. -.) La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III.De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. -.) Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1. Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3. Adecuación -nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: -i) permiten resolver el problema planteado, -ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y -iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época -registro 176546), que estipula:FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la transcripción del auto de vinculación a proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral, en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: -.) IV. La de vinculación a proceso; -.) En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. -Es propio lo destacado.) De cuya intelección se desprende, el Juez responsable deberá emitir en forma escrita, luego de su verificación oral y hasta un periodo máximo de veinticuatro horas posteriores a su celebración, la audiencia relativa a la vinculación, o no, a proceso, cuya extensión no podrá exceder el alcance de la emitida en la diversa forma. Al respecto, ya que dicho numeral no señala expresamente que la transcripción escrita deba ser íntegra, sino únicamente que no deberá exceder de lo ocurrido oralmente, se colige que válidamente la reproducción a papel puede ser parcial. Ante lo anterior, es evidente que el Juez responsable colmó dicho requisito, pues emitió de manera escrita, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, esto es, el propio día de la continuación de la audiencia inicial, la constancia relativa a la misma, a través de la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Asimismo, el auto de vinculación a proceso fue dictado por autoridad competente conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializado en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de sus defensores particulares; asimismo, se le dio la oportunidad de emitir su declaración, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien optó por ejercerlo. Luego, se tiene que el Juez responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de despojo previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 232, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos de prueba expuestos hasta ese momento procesal, se desprende la probabilidad de que el aquí quejoso haya cometido tal ilícito, con la calidad de autor material. Ahora bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo -objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Ello implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 -10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE -NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones -comprobar- por -establecer- y -cuerpo del delito- por -hecho que la ley señala como delito-, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de -pruebas- ni se exige -comprobar- que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado -cuerpo del delito-, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que el artículo 232, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, dispone lo siguiente: Artículo 232. Se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien por medio de la violencia sobre las personas, o sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo o por engaño: Se posesione materialmente de un inmueble ajeno o haga uso de éste o de un derecho real que no le pertenece. -.) Conforme a tal porción normativa, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito de despojo previsto y sancionado en el artículo 232, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, es necesario: Existencia de bien inmueble; Sin el consentimiento de quien puede otorgarlo Se posesione de un bien inmueble ajeno o haga uso del mismo. Al respecto, el Juez responsable, estimó que los hechos materia de la imputación, sí configuran, en esa etapa procesal, el mencionado hecho ilícito. Para determinar lo anterior, tomó en cuenta los datos de prueba que relacionó el agente del Ministerio Público, consistentes en: Escrito de querella de diez de agosto de dos mi veinte, presentado por *******, quien adujo ser propietaria del bien inmueble ubicado en *******, ante la representación social. Refirió que dicho domicilio se lo tenía rentado pero únicamente de palabra en el mes de mayo de dos mil diecinueve, al señor *******, quien falleció el uno de febrero de dos mil veintiuno. Que lo desconocía, ya que en las primeras semanas de enero de dos mil veinte acudió para formalizar ese contrato y le pidió copia de una identificación a *******; pero que ante la pandemia que se suscitó, no pudo regresar sino hasta el tres de agosto de dos mil veinte, junto con su hija para hablar con el señor ******* sobre el contrato. Que en ese momento, se dieron cuenta que la propiedad se encontraba invadida por personas ajenas a la relación contractual, quienes le informaron que ******* había fallecido; por lo que acudieron al Registro Civil y constataron que había un acta de defunción de dicha persona. Además, se dieron cuenta que al interior se encontraban varios vehículos estacionados, sin saber quién era el dueño de los mismos, pero advirtieron que el lugar estaba siendo utilizado como un lote de venta de vehículos. Que fueron atendidas por un masculino quien le refirió que no se encontraba el dueño, que esperaron dos horas y se retiraron. Que acudieron nuevamente durante ese mismo mes de agosto de dos mil veinte y ahí se encontraba el responsable del lugar, quien se identificó como ******* quien dijo que había comprado esa propiedad; y al ser cuestionado por la acreditación de ello, se retiró del lugar y las dejó ahí. Lo que motivó que se presentara en Fiscalía para formular querella en contra de dicha persona y de quien resultara responsable. Título de propiedad de fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa; dentro del mismo, el contrato de compraventa, celebrado por el Municipio de Ciudad Juárez como parte vendedora, representado por *******, ******* e *******, como Presidente, Secretario y Secretario del Ayuntamiento de Juárez, respectivamente; y como compradora *******; como objeto del contrato el inmueble ubicado en *******; con un precio de venta de ciento tres mil ochocientos pesos moneda nacional -$*******). Oficio ******* de ocho de septiembre de dos mil veinte, signado por *******, Director de Catastro Municipal, a través del cual informó a la representación social que el inmueble ubicado en *******, con clave catastral ******* es propiedad de *******, al cual anexó los datos generales, ubicación y características de dicho predio. Informe de investigación ministerial de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, realizado por *******, agente de la policía Ministerial de la Fiscalía, en la cual A) realizó entrevista el quince de septiembre de dos mi veinte, a *******, quien refirió ser el hijo de *******, quien tenía la posesión del inmueble de referencia desde hace treinta años; dijo que hace como cinco o seis años llegó una señora del sexo femenino quien dejó a su padre que viviera en dicha propiedad siempre que lo mantuviera limpio que se podía estar ahí; que se enteró por su padre que la señora ya le había regalado dicha propiedad; que su padre, ******* se hizo socio de ******* -aquí quejoso) y que comenzaron a rellenar el terreno ya que anteriormente era como un cerro y que empezaron a utilizar el lugar para venta de vehículos; que dentro de dicho terreno hay una bodega la cual es propiedad de *******; además refirió que en el mes de julio de dos mil veinte, al lugar llegaron varias personas entre ellas una mujer quien refirió que era la propietaria de dicho bien y les solicitó hablar con el encargado del mismo, a lo que le refirió que él no era el dueño y le dijo que su padre ya había fallecido y quien tenía la posesión actual del mismo era *******; que era la misma mujer que le regaló el inmueble a su padre. Que dentro de dicho informe también obra B) una entrevista de diez de septiembre de dos mil veinte, en la que compareció ******* quien refirió conocer a ******* desde hace cinco años; que le apodan -*******- que desde hace cinco años llegó a vender carros en esa propiedad; que se asoció de *******, que se apoderó del terreno desde hace cinco años; que se coordinó con -*******- para irlo -acomodando- ya que estaba abandonado; que el uno de febrero de dos mil veinte ******* falleció y -*******- se había quedado con el terreno. Que -*******- y -*******- cercaron el terreno desde hacía dos años; que desde hace tres semanas no veía a -*******- y que desconoce si éste tiene propiedad con base en algún documento o si el señor -*******- le había vendido ese terreno. Refirió que quien estaba al pendiente del terreno en algunas ocasiones es un hijo del difunto, a quien conoce como -*******- quien -va a echarle vueltas- al terreno. Que también obra en el mismo C) serie fotográfica de cuatro tomas en las cuales indicó la representación social que se puede apreciar el predio, del que se ve que se encuentra cercado y hay varios vehículos dentro del mismo. Oficio ******* de siete de enero de dos mil veintiuno, signado por *******, Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, a través del cual informó que el inmueble ubicado en *******, le pertenece, según sus registros, a *******; inscrito con el número ******* folios ******* libro ******* de la sección *******, de fecha *******. Declaración de testigo de diez de febrero de dos mil veintiuno, *******, quien adujo que es amiga de ******* desde hace ******* años; que el diez de agosto de dos mi veinte la acompañó, a ella y a su hija, con la finalidad de buscar a ******* para que firmara el contrato -escrito- de arrendamiento; ya que le prestaba la propiedad pero no había ningún contrato escrito de por medio. Que llegaron alrededor de las doce del mediodía, que se encontraba un señor de complexión media, moreno, de *******, de veintiocho a treinta años. Que cuando llegaron vio que la señora ******* se encontraba discutiendo con una persona quien le preguntaba que por qué se encontraba ahí si ella le había prestado la propiedad a *******. Que vio que el varón que se encontraba en el terreno, comenzó a realizar llamadas; que momentos después llegó una camioneta de color blanco con un logo en las puertas, conducida por un hombre ******* de tez ******* de ******* a ******* años, cabello corto, que no mencionó su nombre pero que luego se enteró que era ******* y que llegó sólo para llevarse al otro sujeto. Que pusieron candados a la propiedad y se retiraron. Declaración de testigo, de diez de febrero de dos mil veintiuno, *******, quien refirió ante la representación social, que acudió en el mes de enero de dos mil veinte junto con su madre *******, al inmueble ya aludido del que ésta es propietaria y que había prestado a *******; que fueron a solicitarle datos para la elaboración de un contrato; que él las atendió; que la propiedad se encontraba sin cercos, con carros adentro estacionados, pero sin luz. Que ese día el señor les entregó una copia de su identificación del INE. Que como sucedió la pandemia, regresaron hasta agosto de dos mil veinte a la referida propiedad, que el terreno estaba cercado y solo. Que preguntaron a una persona que vendía carros en la parte de enfrente quien les dijo que el señor había muerto, que su hijo tenía carros al interior era su hijo, de nombre *******. Que al día siguiente regresaron a la propiedad ella, su madre, su hermana de nombre *******, Sonia López, un abogado que contrataron. Que al llegar al lugar las atendió *******, quien les dijo que el terreno ya lo había comprado otra persona y que él sólo lo estaba cuidando; que le habló por teléfono al supuesto propietario; que recuerda que su madre le reclamó que por qué habían vendido el terreno sin su autorización y que Manuel les dijo que lo había vendido su difunto padre. Que al rato llegó un masculino a bordo de una grúa, *******, *******, ******* metros, de ******* a ******* años y les dijo que él era el dueño del terreno, que él le había entregado carros y dinero al señor ******* por el terrero. Que su madre le dijo que cómo había vendido la propiedad si ella nunca había vendido, a lo que aquél respondió que él ya tenía documentos con los cuales acreditar la propiedad del inmueble y que hablaran con su abogado. Que ese día grabaron un video de lo que estaba pasando. Aclaró que con ******* su madre no tenía ningún contrato de arrendamiento ni le prestó la propiedad, que el trato que su madre tenía era sólo con ******* y que nunca le vendió la propiedad. Oficio ******* de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, signado por *******, encargado de la Oficialía de Turnos del Distrito Judicial Bravos, de los Tribunales Familiares y Civiles del Estado, donde informó a la representación social que no había ningún juicio civil promovido por ******* ni por *******. Oficio *******de quince de diciembre de dos mi veinte, signado por *******, jefa del Departamento de Registros de Usuarios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, en esta ciudad, en la cual informó a la representación social sobre la propiedad multicitada, en las cuales aparece a nombre de *******, con fecha de contrato de seis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro; que anexó contrato, captura de pantalla de sistema integral de gestión de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento con número de usuario *******; suspensión temporal del servicio de veinticuatro de febrero de dos mil diez, solicitada por la aludida persona, firmada por ésta y por el jefa del Departamento de Registros de Usuarios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento Asimismo, el Juez responsable también tomo en consideración los datos de prueba ofertados por el defensor del imputado *******; que son los siguientes: Contrato -privado- de compraventa celebrado entre ******* como vendedor y ******* como comprador, de fecha dos de junio de dos mil dieciocho, respecto del bien inmueble localizado en *******, con una superficie de ******* metros cuadrados, identificado con la manzana *******, del lote *******; folio de inscripción *******, libro *******; en el que expresamente se asentó que el mismo ******* lo compró a *******. Entrevista a *******, por parte del defensor *******, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; donde éste dijo que tal persona refirió que ******* le regaló el predio ubicado en ******* a su papá; y que su padre lo vendió a *******. Constancia de la Dirección General de Desarrollo Urbano de cuatro de agosto de dos mil veinte, signada por *******, Jefe del Departamento de Nomenclatura y *******, Directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, a través del cual asignaron número al predio identificado como manzana *******, del lote ******* clave catastral *******. Recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre del aquí quejoso, respecto del inmueble ubicado en ******* con número de servicio *******. Documental donde se dio de alta en registro de usuarios a nombre del aquí quejoso con número de solicitud *******, número de cuenta ******* respecto del inmueble ubicado en ******* emitido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Recibo expedido por Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a nombre del aquí quejoso, trece de septiembre de dos mil veintiuno, con el número de cuenta *******, respecto del inmueble ubicado en *******. -Sobre dichas imprecisiones, se abundará más adelante-. De los cuales, acertadamente concluyó el Juez responsable, existe la posibilidad de que el aquí quejoso, haya cometido el delito de despojo previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 232, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, pues se desprendieron datos compatibles con tal probabilidad. En primer término, como lo adecuadamente determinó el Juez responsable, para acreditar la existencia del delito en comento es necesario que se demuestre a) la existencia de bien inmueble; b) que sin el consentimiento de quien puede otorgarlo, c) alguien se posesione de un bien inmueble ajeno o haga uso del mismo. Tales extremos, como indicó el Juez responsable, están actualizados. Ello, pues refirió que en el mes de agosto de dos mil veinte, la víctima ******* se constituyó en el inmueble de su propiedad ubicado en *******, lote *******, manzana ******* superficie, de ******* metros cuadrados en esta ciudad, cuando se percató de que el imputado, aquí quejoso, ******* se había posesionado materialmente y hace uso del mismo, sin el consentimiento de la víctima. Conclusión a la cual le permitieron arribar la totalidad de los datos de prueba arriba apuntados, ofertados por las partes. En efecto, para tener por acreditado, en grado de probabilidad, la comisión del ilícito en cuestión, el Juez responsable partió de la existencia del bien inmueble ubicado en *******, lote *******, manzana ******* superficie, de ******* metros cuadrados en esta ciudad; respecto al cual, la víctima, quien refirió ser propietaria del mismo, señaló que se constituyó en dicho sitio y que el mismo estaba en posesión del señor *******, con quien adujo tener un contrato de arrendamiento; y que a la muerte de este, encontró en posesión al aquí quejoso. Indicó el Juez responsable que esa versión debía ser atendida pues es señalada por una persona respecto a la cual no encontró que obraran datos que revelara que se condujera con falsedad. Además, para tener por acreditada la existencia del citado bien, el Juez responsable consideró los datos de prueba que ofertó la representación social; e invocó la serie fotográfica emitida en cuatro tantos del inmueble en cuestión, ubicado en *******, lote *******, manzana ******* superficie, de ******* metros cuadrados en esta ciudad, tomadas por el agente investigador ******* de quien tampoco refirió el Juez responsable, obraban datos que lo hicieran suponer que se condujo con falsedad. Lo que corroboró el dicho de la querellante, en torno a que el predio se encontraba en uso y que había vehículos en su interior. De modo que, refirió el Juez responsable que esos datos de prueba permitían concluir sobre la existencia material y espacial del bien inmueble ubicado en *******, lote *******, manzana ******* superficie, de ******* metros cuadrados en esta ciudad Acotó enseguida que el delito de que se trata, se persigue a petición de parte; y que en ese sentido se cuenta con la querella de ******* quien refirió ser propietaria del inmueble de referencia; por lo que el Juez responsable consideró colmado el requisito de procedibilidad. Luego, indicó la autoridad en cita que la víctima, *******, señaló que una vez que regresó al citado bien, el tres de agosto de dos mil veinte, que el mismo estaba ocupado por un tercero y que había en el lugar diversos vehículos usados, pues se usaba ese predio como lote de carros; y que la persona a quien encontró ahí le indicó que ******* ya había fallecido. Ahora bien, ese uso y esa posesión, indicó el juzgador responsable, que se confirmó con la entrevista por parte del agente ******* a ******* quien indicó que su padre, *******, se hizo socio de ******* y que comenzaron a rellenar el predio y a realizar venta de vehículos en el mismo; aduciendo la existencia de una bodega propiedad de éste último dentro del predio; asimismo, se destacó que el entrevistado indicó que a la muerte de su padre, *******, poseyó en su totalidad ese bien inmueble. Lo que, indicó el juzgador en cita, permite inferir que sí hay una persona que está posesionada en ese predio, y que además hace uso del mismo; pues hay una bodega precisamente del imputado, aquí quejoso, al interior del predio; lo que refirió la autoridad en cita, le permitía concluir que la posesión no estaba limitada a un acto transitorio, sino que hay un verdadero uso del inmueble. En ese sentido, el Juez responsable atendió a dicha información pues el agente investigador lo obtuvo en su cumplimiento de su obligación de investigar y proporcionar elementos a la representación social para que continuara con su indagatoria. Acotó enseguida dicha autoridad que hay varios medios que se consideran indebidos para entrar en posesión de un inmueble y hacer uso del mismo, según se advierten por la descripción legal, a saber: a) la violencia sobre las personas, b) el engaño o c) la ausencia del consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Refirió que la propiedad del bien la detenta *******; quien, desde el momento de la presentación de su querella ante la representación social, dejó ver que no otorgó consentimiento al imputado, aquí quejoso, para poseerlo ni hacer uso del mismo, pues fue enfática que ese permiso de poseer lo otorgó únicamente en favor del de cujus *******. Destacó también la entrevista realizada a *******, por parte del citado agente investigador; quien adujo que el aquí quejoso, conocido como -*******- se hizo socio del señor ******* y que se apoderó del predio desde hacía cuatro años, que encerraron el terreno y que -*******- es el supuesto propietario; aseveración, dijo el Juez responsable, que también es conteste con el reclamo de la señora *******. Aludió a que en las entrevistas a ******* y ******* dieron cuenta de que ese predio estaba con posesión y disponibilidad en diversa persona, que resultó ser el aquí quejoso, a pesar de que la propiedad es reclamada por *******. Sobre el tópico de la propiedad del bien inmueble, dijo el Juez responsable, que del oficio signado el Director de Catastro Municipal, *******, se desprende que el domicilio *******, lote *******, manzana ******* superficie de ******* metros cuadrados, es propiedad de *******; y que ese domicilio corresponde precisamente al que se encuentra en el contrato de compraventa que se inserta en el título de propiedad firmado por una parte por el Municipio de Juárez, como vendedor y *******, como compradora. Y que dicho inmueble, es el mismo que refirió el Jefe de la oficina del Registro Público de la Propiedad con esa misma identificación, es decir, *******, lote *******, manzana ******* superficie de ******* metros cuadrados, en esta ciudad, en el que apareció también como propietaria del mismo *******. El Juez responsable indicó que la aludida información dada por las autoridades se tuvo por veraz, ya que lo conocen en razón de su función, en tanto que el título de propiedad es el documento donde se deja constancia precisamente del acuerdo de voluntades entre el Municipio de Juárez como vendedor y la señora *******, como compradora. Luego entonces si la propietaria de ese predio es ******* indicó el aludido juzgador, que debía atender a su manifestación en el sentido de que no brindó la anuencia a la persona que actualmente hace uso del predio; tan es así que presentó una querella por su inconformidad sobre el uso y la posesión del predio que ejerce el aquí quejoso. Refirió después que con relación a los diversos datos de prueba presentados por parte del defensor del imputado *******, esto es, el contrato privado de compraventa celebrado entre ******* y el aquí quejoso, la entrevista que el referido abogado le practicó a *******, constancia de asignación de número oficial, recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, aludió advertir, tal como lo destacó la agente del Ministerio Público -y como lo reconoció dicho abogado en audiencia- que existe una discrepancia entre la identificaciones que presentó en dichos datos y los de identificación del inmueble, ubicado en *******, que fueron proporcionados por las instituciones públicas como es el Registro Público de la Propiedad. Luego entonces, señaló que había una disparidad que pudiera permitir asumir que los datos de prueba que ofreció el defensor ******* corresponden a un predio diferente, no al que se encuentra en posesión del imputado, aquí quejoso, esto es, el localizado en *******, lote *******, manzana ******* superficie de ******* metros cuadrados, en esta ciudad. Ello, pues de los datos de prueba ofertados por el defensor ******* se colige que los mismos no se referían al predio en cuestión, sino a dos distintos; esto es, el ubicado en *******, con una superficie de ******* metros cuadrados, identificado con la manzana *******, del lote *******; folio de inscripción *******, libro *******; y el diverso ubicado en *******. Al respecto, indicó el Juez responsable, que aunque la manifestación del licenciado ******* fue en el sentido de que se trata del mismo predio, ello no es suficiente para considerar que no se actualiza -en grado de probabilidad- el ilícito en comento. Para lo cual dijo que el citado defensor partió de la idea de que la querellante refirió que había un acuerdo entre el imputado y el difunto ******* y que había una incertidumbre sobre para qué era el contrato que de palabra, tenían; a lo que, acotó tal autoridad, que la querellante señaló de manera específica que había arrendado de palabra el predio a ******* y que quería formalizar por escrito el arrendamiento; que en enero de dos mil veinte acudió al domicilio en comento a hacer formal este contrato y que en agosto de dos mil veinte que regresó, fue informada de que ******* había fallecido y que el nuevo propietario, era el imputado, aquí quejoso. De modo que, aludió el juzgador a que no había incertidumbre respecto a cuál era el fin de ese contrato, pues era un arrendamiento, contrario a lo estimado por el ya referido defensor particular. Indicó el Juez responsable que respecto a lo que adujo el referido abogado, en torno a que el difunto ******* vendió el terreno, que omitió señalar que un predio solamente puede ser vendido por el titular, que en el caso, acotó, es la querellante; no obstante, manifestó también que aunque el imputado, aquí quejoso, quizá de manera engañosa, recibió un predio que no le pertenece a quien lo vendió, ello no puede generarle un derecho de propiedad, pues el mismo le asiste a diversa persona. Acotó que resultó incorrecto el parecer del aludido profesional, en torno a que la posesión podía ser transmitida a terceros, es decir, que el contrato que tenía la víctima estaba limitado a *******; por lo que reiteró que no existía la posibilidad de transmitir esa posesión a un tercero. Consideró atinente enseguida el Juez responsable precisar que los datos de prueba por el aludido defensor presentan diversas impresiones, como el propio abogado defensor lo reconoció, que pudieran dar la idea de que hacen referencia a diverso predio; empero, que aún de ser el mismo, reiteró que ******* carecía de la facultad de transmitir la propiedad, pues no ofertó dato de prueba alguno que revelara que ******* estaba facultado para ello; sino que, por el contrario, reiteró la existencia de diversas inconsistencias que le permitían dudar del contrato privado de compraventa que, se supone, celebró el imputado, aquí quejoso, con el de cujus de referencia; -respecto a lo cual, incluso, dadas las aseveraciones de la agente del Ministerio Público en torno a la sospecha en la alteración del citado contrato privado de compraventa o falsedad, el Juez responsable, le dio vista a la agente del Ministerio Público con sus propias manifestaciones al respecto, por un diverso hecho delictivo aparentemente cometido-. Lo previo, pues manifestó el licenciado ******* que entre otros, signó el contrato privado de compraventa entre el de cujus y el imputado, la persona de nombre *******, como testigo; quien, indicó en sus declaraciones, cayó en diversas contradicciones, lo que le resta la presunción de sinceridad a las mismas. Ello, pues señaló en su entrevista ante *******, agente de la policía Ministerial de la Fiscalía, que su padre, *******, le hizo saber que ******* le había regalado la propiedad y que no sabía de la existencia de algún documento que así lo avalara; aunque después, en la entrevista que en apariencia le practicó a dicha persona el aludido defensor, dijo que sí le constaba que *******, donó a ******* el citado bien inmueble; lo que, adujo, destruyó la congruencia interna del testimonio. Además, aunque de inicio ******* adujo ese desconocimiento en cuando a algún documento respecto al bien, aparentemente, firmó como testigo en el contrato privado de compraventa celebrado entre el de cujus y el aquí quejoso. Aludió a la entrevista practicada por el citado agente a ******* quien dijo que desconocía la existencia de documento alguno con que ******* aquí quejoso, pudiera acreditar que se le vendió el terreno. Sin embargo, destacó que dicha persona apareció como testigo en el referido contrato privado de compraventa aparentemente celebrado entre ******* y el aquí quejoso. Ante ello, refirió el Juez responsable que tales contradicciones y las propias imprecisiones del documento, le impidieron dar veracidad al mismo, en el cual se apoyó el defensor para decir que existe o que existió una compraventa; empero, repitió que no se demostró mediante dato de prueba alguno que ******* hubiera adquirido la propiedad; pues, según el informe del Director Catastral de Juárez y del Jefe de Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, así como el título de propiedad en el que se encuentra inmerso el contrato de compraventa del Municipio de Juárez como vendedor y *******, como vendedora; por lo tanto, dijo, es ella a quien se debe considerar, al menos hasta ese momento, que tiene el derecho de propiedad sobre dicho predio. En ese sentido, señaló el Juez respecto a lo referido por el defensor en torno a que -todo mundo- conocía la posesión de la persona que vendió el predio, sin embargo, precisó el Juez responsable que la posesión no se traduce en propiedad; y que la simple posesión y que la colectividad, dentro del espacio en que se desarrolla una persona, no puede ser suficiente para decir que no se pudo verificar la propiedad real en las instituciones públicas en que se encentra inscrita, por lo que concluyó que no podía considerarse que hubiera sido la persona sujeta de un error invencible al considerar que le vendió a una persona que él estimaba que tenía la propiedad, solamente el hecho que tenía la posesión durante un plazo amplio. En ese sentido, reiteró el Juez responsable que aun cuando considerara que fue cierta la venta que se practicó respecto del citado bien, por parte de ******* al aquí quejoso, que la venta de una persona que no tiene el derecho sobre un bien, no incide en la propiedad de la persona que sí la tiene, es decir, el que una persona venda a otra no cancela o no elimina la propiedad de la persona con el derecho para ello. De modo que, lo previo le permitió concluir que en el mes de agosto de dos mil veinte, posiblemente, acudió la querellante al predio de su propiedad ubicado en *******, lote *******, manzana ******* superficie, de ******* metros cuadrados, en esta ciudad; y encontró que estaba en posesión de un tercero, el imputado, quien hacía uso del mismo sin contar con su consentimiento. Por lo que, dicho el referido Juez que se reveló en grado de probabilidad ese hecho imputado a *******, aquí quejoso, quien tiene la posesión y hace uso del predio, sin consentimiento; pues, dijo, el defensor ofertó diversos datos de prueba que únicamente sirvieron para demostrar, en grado de probabilidad, la posesión y el uso que aquél hace del bien inmueble en comento, adminiculados a las manifestaciones de dicho abogado, donde refirió que el aquí quejoso sí es el poseedor del aludido bien y que hace uso del mismo. En consecuencia, determinó la probable intervención del aquí quejoso como autor material del ilícito en cuestión. Sin que se haya acreditado hasta ese momento, destacó, alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Así, fueron valorados por el Juez responsable tales datos de prueba, quien consideró, acertadamente, al analizarlos armónicamente y en su conjunto, que esos hechos actualizan la hipótesis del delito de despojo previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 232, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Por lo que, le dictó auto de vinculación a proceso, ante tal probabilidad de la comisión del delito de referencia. Con lo que se estima además, que el Juez responsable acató la obligación que tenía de fundar y motivar dicha determinación, pues además de invocar las porciones normativas aplicables para sustentar la resolución de que se trata, demostró fehacientemente las razones por las cuales consideró, que existe la posibilidad de que el aquí quejoso haya cometido el ilícito de que se trata. Para lo cual, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes destacados en los medios de prueba; las circunstancias consideradas por las partes; y, finalmente, resolvió procedente la vinculación a proceso del aquí quejoso. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Asimismo, encuentra sustento -por identidad de razones- en la tesis XXVII.3o.20 P -10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, febrero de dos mil dieciséis, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS. De la interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba -indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el legislador como merecedora de una sanción penal. Esto es así, porque si no se establece con precisión el ilícito con todos los elementos normativos y subjetivos específicos que lo integran, esa circunstancia provoca que no se esté en aptitud de determinar si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra como delito, pues es necesario que el Juez de control conozca cuál es el ilícito materia de la imputación, lo que implica -inmediata o intrínsecamente- que éste efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no constitutivos de delito y, posteriormente, determinar con base en aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan suponer que efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin antes analizar los elementos mencionados; máxime que este estudio contribuye al respeto del derecho de defensa del inculpado y crea seguridad jurídica, incluso, conlleva que se prepare adecuadamente la defensa para desvanecer la imputación o la pena que pretenda imponerse en la etapa del juicio correspondiente. Concluido el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Primer concepto de violación Corresponde ahora estudiar el primer concepto de violación formulado por el quejoso, mediante el cual argumenta concretamente lo siguiente: 1. Que el Juez responsable no tomó en consideración los datos de prueba ofertados por sus defensores, sino que únicamente dio valor probatorio a los ofertados por la agente del Ministerio Público. 2. Que se sustentó en datos de prueba no aportados. 3. Que emitió el auto de vinculación a proceso reclamado con base en suposiciones y especulaciones personales. 4. Que el Juez responsable dio por hecha la existencia de un contrato de arrendamiento entre la víctima y *******, pero que el mismo no obra en la carpeta de investigación. Deviene infundado en su totalidad dicho motivo de disenso. -1) Primero, en cuanto al argumento en que señala que el Juez responsable no tomó en consideración los datos de prueba ofertados por sus defensores sino que únicamente dio valor probatorio ofertados por la agente del Ministerio Público, no le asiste la razón al quejoso. Como se desprende de la reproducción de las videograbaciones relativas a la audiencia inicial, de las que el auto a vinculación a proceso reclamado, se deduce, el Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba ofertados por ambas partes; aunque respecto a las ofertadas por la defensa, las desestimó únicamente para las pretensiones de ésta, pero los adminiculó a los diversos ofertados para demostrar, en grado de probabilidad, la comisión por parte del aquí quejoso del ilícito de que se trata; de manera que resultaron incluso aptos para reforzar la teoría del caso planteada por la representación social. Ello es así, pues, adecuadamente, el Juez responsable, desprendió que con los datos de prueba -imprecisos en su contenido- ofertados por el ya aludido defensor particular del aquí quejoso, *******, así como las manifestaciones vertidas por éste último, se desprendió que el aquí quejoso tenía la posesión del bien de que se trata, así como su uso, lo que pretendió acreditar con ello, sin éxito. Es así, los datos de prueba que ofertó el defensor particular del aquí quejoso ******* -que fue el único de los tres defensores particulares del quejoso que tuvo intervención en audiencia) únicamente ayudaron a corroborar al Juez responsable, en grado de probabilidad, que el imputado, aquí accionante del amparo, sí se encuentra en posesión del inmueble ubicado en *******, del que, hasta ese momento, la propietaria es *******. Es así, con los datos de prueba que le fueron puestos a su consideración, tales como -1) el título de propiedad expedido en favor de *******, de fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa, respecto del predio en comento -2) el contrato de compraventa celebrado por dicha persona como compradora con relación a dicho inmueble y el Municipio de Juárez, como vendedor y -3) los informes rendidos por el Director de Catastro Municipal y el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, son uniformes en confirmar que la propietaria legalmente registrada del bien en cuestión, es *******. De manera que, teniendo como premisa que, la propietaria del bien en comento es *******, estimó que los datos de prueba que ofertó el aludido abogado, así como sus manifestaciones, tendentes a demostrar la propiedad del inmueble que refirió sí usa y posee el aquí quejoso, únicamente confirmaron que éste posee y hace uso de un bien inmueble que pertenece a otra persona, sin el consentimiento de ésta. Como ya se destacó previamente, los datos de prueba ofertados por el defensor, estuvieron colmados de imprecisiones. Es así, en el contrato privado de compraventa celebrado aparentemente entre el aquí quejoso y el difunto *******, respecto al cual, como incluso lo confesó el citado defensor en audiencia, existen diversas inconsistencias, en el citado pacto se hace referencia inmueble al localizado en *******, con una superficie de ******* metros cuadrados, identificado con la manzana *******, del lote *******; folio de inscripción *******, libro *******; mientras que, del que se duele *******, es el ubicado en ******* identificado como manzana *******, lote *******, con superficie de ******* metros cuadrados. Dicho documento, exhibido en las dependencias que se citarán enseguida para la obtención de servicios, fue acotado con diversas variaciones con respecto al bien materia de la intromisión; como queda evidenciado de lo siguiente: En la constancia de la Dirección General de Desarrollo Urbano de cuatro de agosto de dos mil veinte, se asignó número al predio identificado como manzana *******, del lote ******* clave catastral *******. Recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre del aquí quejoso, respecto del inmueble ubicado en *******. Documental donde se dio de alta en registro de usuarios a nombre del aquí quejoso respecto del inmueble ubicado en ******* emitido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Recibo expedido por Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a nombre del aquí quejoso, de trece de septiembre de dos mil veintiuno, respecto del inmueble ubicado en *******. De los que se colige, que ni aún en sí mismos, los citados datos de prueba ofertados por el defensor del aquí quejoso, gozan de congruencia interna, motivo por el cual fueron desestimados para sus pretensiones. En cuanto al restante dato de prueba que ofreció en audiencia el aludido defensor, relativo a la entrevista que en apariencia el mismo practicó a *******, lo desestimó para las pretensiones de la defensa, pues dicha persona incurrió en contradicciones respecto de las manifestaciones previas que rindió ante *******, agente de la policía Ministerial de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Y se itera, ayudaron, al ser adminiculados a los datos de prueba ofertados por la representación social, a reforzar la teoría del caso de ésta última, no las pretensiones de la defensa. Asimismo, el Juez responsable destacó que el defensor omitió ofrecer medio de prueba alguno que acreditara que *******, había enajenado el inmueble en cuestión en favor de *******; pues, si no era propiedad de éste al estar únicamente en su posesión, no podía enajenarlo en propiedad al aquí accionante del amparo ni a ninguna otra persona. Además, con relación a ello, se desprende que la representación social informó la sospecha de una probable falsificación o alteración de los documentos ofertados como datos de prueba por el aludido defensor particular del aquí quejoso, por lo cual, el Juez responsable, ante las propias manifestaciones de la agente y con sustento sólo en estas, le dio la vista atinente en términos del artículo 60 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por constituir ello un ilícito diverso. Aunado a ello, contrario al sentir del quejoso, el Juez responsable no le otorgó valor probatorio como tal a los datos de convicción aportados, sino que, atendiendo al estándar probatorio que opera para la emisión de un auto de vinculación a proceso conforme al primer párrafo del artículo 19 Constitucional y al diverso numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomó en cuenta los datos que consideró, constituyen indicios para demostrar -en grado de probabilidad- que los hechos configuran el delito ya precisado y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. De ello, no se estima que haya datos de prueba insuficientes, sino que, todo lo contrario, los datos que fueron estimados individualmente y adminiculados entre sí por el Juez responsable, con sustento en los artículos 259, 260, 261, 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten arribar a la conclusión de que, de momento, existe la probabilidad de que el quejoso participó, en calidad de autor material, en la comisión del delito que se le imputa. Se reitera nuevamente que, el Juez responsable, en esta etapa procesal no debía tener plenamente acreditado el delito y que fue el imputado quien participó en su comisión en calidad de autor material, sino, únicamente en grado de probabilidad, lo que el caso así aconteció. Además, la etapa intermedia tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, por lo que el quejoso podrá, de ser su deseo, ofrecer los medios de prueba que estime adecuados para desplegar su defensa. -2) Luego, en cuanto a la aseveración vertida por el quejoso en el sentido de que el Juez responsable analizó en audiencia datos de prueba no aportados, tampoco le asiste la razón. Se afirma ello, pues de una revisión minuciosa del contenido íntegro de la totalidad de archivos de videograbaciones que componen la audiencia inicial emitida en la causa penal de origen y de la transcripción relativa al contenido íntegro del auto de vinculación a proceso aquí reclamado -que es idéntico a su versión oral- no se desprende que el Juez responsable haya hecho referencia a dato de prueba distinto a los invocados por la agente del Ministerio Público y por el defensor del aquí quejoso. Con relación a ello, tal como se precisó en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa de pedir no implica que los quejosos pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman, partiendo de premisas verídicas. El referido criterio, 1a./J. 81/2002 fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil dos, materia común y número de registro 185425, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde -salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. -3) Luego, en torno a la aseveración donde el accionante del amparo dijo -de manera dogmática- que el Juez responsable emitió el auto de vinculación a proceso reclamado con base en suposiciones y especulaciones personales; tampoco le asiste la razón. Se afirma lo anterior, pues como se desprende del acto reclamado, el Juez responsable, con base en la normatividad aplicable, efectuó un análisis completo de la problemática expuesta y arribó a una conclusión que, dadas las características de la etapa en que se encuentra la causa penal de origen, se estima acertada. Para ello, analizó todos y cada uno de los medios de prueba que fueron ofertados por las partes y bajo el estándar probatorio que opera para la emisión de un auto de vinculación a proceso conforme al primer párrafo del artículo 19 Constitucional y al diverso numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya referidos, determinó que existían indicios bastantes para estimar que el aquí quejoso sí cometió, probablemente, el ilícito que se le imputó. Asimismo, examinó las manifestaciones vertidas por la defensa y contestó a todos y cada uno de los planteamientos que conforme a su estrategia defensiva, vertió.Todo lo cual, analizó esta Juzgadora Federal en el estudio oficioso del acto reclamado en este juicio de amparo biinstancial; sin que se desprenda que, como refirió el quejoso, que haya emitido el auto de vinculación a proceso reclamado con base en suposiciones y especulaciones personales; pues lo dictó con sustento en premisas objetivas deducidas de las propias manifestaciones de las partes y los datos de prueba que ofertaron, y luego de un análisis del caso concreto.Se reitera al quejoso, el hecho de que no se haya resuelto de manera afirmativa a sus intereses, no implica que por ello pueda desplegar afirmaciones tales como las ya referidas; pues, en primer lugar, esa aseveración genérica y dogmática no refiere particularmente en qué consistieron las aparentes suposiciones y especulaciones desplegadas en su perjuicio por el Juez responsable; y en segundo lugar, tal como se precisó supra líneas, al invocar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, la causa de pedir no implica que los quejosos pueden limitarse a realizar meras afirmaciones dogmáticas sin sustento o fundamento. -4)Finalmente, en su citado motivo de disenso, el quejoso refirió que el Juez responsable dio por hecha la existencia de un contrato de arrendamiento entre la víctima y *******, pero que el mismo no obra en la carpeta de investigación. Como ya se refirió, acertadamente, el Juez responsable expuso, con motivo de la totalidad de datos de prueba que le fueron expuestos por las partes, que la propiedad del bien inmueble le asistía, hasta ese momento procesal, a *******. Además, como bien lo refirió el Juez responsable, quien debía ofertar dato de prueba relativo a la aparente enajenación que dicha persona verificó respecto del bien inmueble en comento, en favor del difunto *******, era a la defensa del imputado.Asimismo, estimó indiciariamente que los datos de prueba que le fueron ofertados, revelaban en lo individual y mediante su estudio conjunto, que el contrato que regía entre la víctima y el citado de cujus, era el de arrendamiento, pues así lo señalaron la víctima al presentar su querella y las testigos de nombres ******* y *******, quienes fueron contestes en tal aseveración.Aunado a ello y con independencia de lo anterior, se reitera, no se invocó dato de prueba alguno que revelara que *******, haya enajenado el bien de que se trata.De modo que, aunque no existe una versión escrita del citado contrato de arrendamiento que obre en la carpeta de investigación, deviene irrelevante; pues lo que la defensa debió, en su caso, acreditar a modo de indicio, es que el difunto *******, en algún punto, se le transmitió la propiedad del aludido bien inmueble; y de esa forma, que estaba en posibilidad de enajenarlo a la postre, a su conveniencia; lo que, evidentemente, no aconteció.Es pertinente reiterar al aquí quejoso que en la etapa tan temprana en que se encuentra el proceso penal, no es preciso demostrar fehacientemente la verdad de los hechos, sino generar indicios razonables y suficientes que den convicción al juzgador de que los hechos se ubican en un delito y que exista la probabilidad de que alguien lo cometió, lo que, como se ha repetido, se estima que sí sucede en la especie.Segundo concepto de violación Enseguida, en su segundo concepto de violación, el quejoso señala lo siguiente: Que no existe una certeza sobre cuál es el predio reclamado. Que se desprende que la supuesta víctima jamás fue despojada, pues transmitió la propiedad a ******* y que él la trasmitió al quejoso. Que a pesar de que acreditó la propiedad del bien, el Juez responsable especuló y dio vista a la agente del Ministerio Público al estimar que falsificó o alteró documentos, teniéndolo como si fuera un delincuente, con lo que se violó la presunción de inocencia que le asiste. Es infundado en su totalidad dicho motivo de disenso, como se demostrará enseguida. -1)Respecto a lo que aduce el quejoso, en torno a que no existe una certeza sobre cuál es el predio reclamado, se tiene que tal manifestación, es falaz. Como se evidencia de las audiencias del acto aquí reclamado, se tiene plena certeza de que el bien inmueble del que la aquí tercera interesada refiere ser propietaria, es el ubicado en *******, lote *******, manzana ******* superficie, de ******* metros cuadrados, en esta ciudad. Sin embargo, como en dicha audiencia se destacó, fue de los datos de prueba que ofertó el aludido defensor del aquí quejoso, donde se destacó la inconsistencia, pues los mismos no se refieren al predio en cuestión, sino a dos distintos que ni siquiera son coincidentes entre sí; esto es, -1) el ubicado en *******, con una superficie de ******* metros cuadrados, identificado con la manzana *******, del lote *******; folio de inscripción *******, libro *******; y -2) el diverso ubicado en *******. De modo que, se precisa al quejoso que contrario a su sentir, no existe duda sobre qué inmueble es materia de análisis en la causa penal de origen; sino que las imprecisiones, fueron vertidas precisamente por su defensor *******, ya que, se reitera, de los datos de prueba con que éste pretendió acreditar a modo de indicio la propiedad y posesión legal que adujo, se aprecia que el bien ubicado en *******, lote *******, manzana ******* superficie, de ******* metros cuadrados, en esta ciudad, es distinto a los dos predios a que aluden los documentos precisados por la defensa. Por ende, se insiste, la duda versó únicamente en cuanto a lo que su defensor ofertó, no al inmueble cuyo despojo reclamó *******. Y es la defensa quien en esa etapa procesal, debió ofertar datos de prueba -consistentes- que permitieran generar convicción en el juzgador respecto a que la propiedad le pertenece al aquí quejoso; lo que, como quedó evidenciado, no se hizo. -2)Luego, respecto a que, según el dicho del quejoso, se desprende que la supuesta víctima jamás fue despojada, pues transmitió la propiedad a ******* y que éste se la trasmitió al imputado; tampoco le asiste la razón. Ello, pues como ya fue señalado, su abogado defensor no acreditó con dato de prueba eficaz alguno, que sucedió esa traslación de dominio por parte de *******, en favor de *******.Además, los datos de prueba consistentes en los informes rendidos por el Director de Catastro Municipal -de ocho de septiembre de dos mil veinte- y el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos - siete de enero de dos mil veintiuno-, comprueban que la propietaria legalmente registrada del bien en cuestión, es *******; y los licenciados en Derecho *******, ******* y *******, defensores privados del aquí quejoso, no ofertaron dato de prueba alguno tendente a demostrar la aparente cesión o transmisión de efectuó *******. -3)Finalmente, en cuanto a la última manifestación vertida en el concepto de violación en análisis, en la cual el aquí quejoso refirió que a pesar de que acreditó la propiedad del bien, el Juez responsable especuló y dio vista a la agente del Ministerio Público al estimar que falsificó o alteró documentos, -teniéndolo como si fuera un delincuente-, con lo que se violó la presunción de inocencia que le asiste; no le asiste la razón al peticionario del amparo. Primero, debe reiterarse, que contrario a su sentir, su abogado defensor no acreditó con dato de prueba eficaz, de acuerdo al estándar probatorio en que se haya la causa penal de origen, que, la transmisión de propiedad que adujo, efectuó la señora ******* en favor de *******, efectivamente ocurrió. Además, cierto es que la agente del Ministerio Público hizo referencia durante la audiencia en varias ocasiones, a la probable alteración o falsificación del contrato de compraventa en comento, que el aquí quejoso utilizó en diversas dependencias, como la Comisión Federal de Electricidad y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento -después de que se presentó la querella por parte de ******* ante la representación social, en la que adujo, en lo que interesa al punto, que en el mes de agosto de dos mil veinte, se entrevistó con el aquí quejoso quien, entre otras cosas, dijo ser el propietario de su inmueble-; motivo por el cual, el Juez responsable, con sustento en dichas manifestaciones y ante la reiterada sospecha de la representación social de la probable comisión de diverso delito, le dio vista a ésta, para que actuara al respecto conforme a sus funciones. Por ello, contrario a lo que refiere el quejoso, el Juez responsable no lo tuvo como delincuente ni se vulneró en su perjuicio la presunción de inocencia que le asiste -tan es así, que a pesar de esa vista, en más de una ocasión el Juez responsable indicó que, lo que pudo suceder es que los datos de prueba invocados por el defensor del aquí quejoso, con que se pretendió acreditar su propiedad -de acuerdo a los estándares de la actual etapa en el proceso), hicieran referencia a un bien inmueble diverso-, no al aparentemente invadido por el quejoso.Además, en ningún momento el Juez responsable aseveró que el aquí quejoso fuera culpable del ilícito de despojo, ni del diverso que en apariencia, estimó la agente del Ministerio público como en probabilidad, cometido. Simplemente, al ser su obligación, dadas las manifestaciones de la propia representación social, le dio vista a ésta en términos del artículo 60 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es menester indicar que la obligación de desvirtuar la presunción de inocencia del imputado, es una labor que concierne al agente del Ministerio Público; motivo por el cual, precisamente, el Juez responsable le dio la vista atinente, a efecto de que actuara conforme a sus facultades constitucionales y legales, sin que, con ello, se presumiera desde ese momento la realización del ilícito novedoso o se hiciera referencia a la comisión de ilícito diverso por parte del aquí quejoso o de alguno de sus defensores privados. Tercer concepto de violación A la postre, en su tercer concepto de violación, el quejoso refiere: Que no se cumplen los supuestos de tipo penal, pues no utilizó violencia, tampoco el engaño y que la posesión le fue legalmente transmitida. Que se violó el principio de igualdad ante la ley, pues fue discriminado por el Juez responsable. Que el Juez responsable resolvió de manera parcial y con favoritismo a la agente del Ministerio Público, para lo cual cita la tesis 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal.-1)En cuanto al primer argumento arriba referido, como se destacó previamente, son tres las maneras en que se estima actualizada la conducta contenida en el artículo 232, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, en cuanto a la forma de apoderamiento de lo ajeno, a saber a) violencia, b) engaño y c) la ausencia de consentimiento de quien puede darlo.El juez responsable no aludió a la violencia o al engaño, sino a que, en apariencia, el aquí quejoso se apropió de bien inmueble en cuestión, sin el consentimiento de quien podía otorgarlo. Se repite, porque los datos de prueba que ofertó el defensor multicitado, no resultaron eficaces para acreditar la propiedad del bien inmueble en cuestión, al no comprobar, de acuerdo a las pautas probatorias propias de la etapa, que el mismo, en primer término, se enajenó en favor de *******. Lo que formó en el citado Juez, dadas las peculiaridades del momento que cursa la causa penal de origen, el indicio de que la propiedad del aducido bien lo tiene *******. -2)Enseguida, tampoco le asiste la razón al aquí quejoso en torno a su aseveración respecto a que se violó el principio de igualdad ante la ley y aducir que fue discriminado por el Juez responsable. Lo anterior, pues adverso a su aseveración, el Juez responsable trató en igualdad de condiciones a las partes que asistieron a la audiencia de la que devino el auto de vinculación a proceso aquí reclamado; asimismo, como se evidencia de las videograbaciones respectivas, tuvieron las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, respectivamente; tuvieron igualmente oportunidad para alegar y para ofertar datos de prueba; y no se advirtió que se efectuara en perjuicio del aquí quejoso discriminación alguna.De modo que, se acataron las pautas que al respecto exige el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos; como se desprende de su contenido, que a continuación se inserta:Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. -3)Luego, el peticionario del amparo refirió que el Juez responsable resolvió de manera parcial y con favoritismo a la agente del Ministerio Público, para lo cual cita la tesis 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal.No le asiste la razón al aquí quejoso. Para acreditar tal aseveración, se estima oportuno invocar el contenido del aludido criterio, sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente:ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Del mismo, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Contrario al sentir del quejoso, esta Juzgadora Federal no estima que el Juez responsable haya incurrido en favoritismos o parcialidad en favor de la representación social; pues se reitera, trató en igualdad de condiciones a las partes que asistieron a la audiencia de la que devino el auto de vinculación a proceso aquí reclamado; asimismo, como se evidencia de las videograbaciones respectivas, tuvieron las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, respectivamente; y tuvieron igualmente oportunidad para alegar y para ofertar datos de prueba. Y el hecho de que sus tres defensores privados no hayan podido -de manera eficaz- imponer su teoría defensiva a la acusatoria que planteó la agente del Ministerio Público, no implica que el Juez responsable haya favorecido de forma alguna a ésta última, pues se limitó, atendiendo al estándar probatorio que opera en la etapa en que el asunto se encuentra, a analizar los datos que consideró, constituyen indicios para demostrar -en grado de probabilidad- que los hechos configuran el delito ya precisado y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. De modo que, como ya se había indicado, no basta con que el accionante del amparo acuda ante esta instancia constitucional a efectuar aseveraciones subjetivas, que, con el análisis de las audiencias de que deviene el acto reclamado, se ven derribadas, a pesar de la suplencia en la deficiencia que de sus conceptos de violación, le asiste. Cuarto concepto de violación Por último, en su cuarto concepto de violación, el quejoso refirió lo siguiente: Que si la aparente víctima pretendía recuperar la posesión del predio del que dijo ser propietaria, la autoridad competente es la civil y ante ella debió acudir. Dicho concepto de violación es infundado. Lo anterior, pues si *******, en su consideración, estimó la actualización en su perjuicio de una conducta ilícita con relación al predio de su propiedad, ya referido, independientemente de las acciones civiles que pueda ejercer al respecto, se encuentra posibilitada, tal como lo hizo, para hacerlo del conocimiento de la representación social; autoridad que, en uso de sus facultades constitucionales y legales es la encargada de recabar por sí y por conducto de los medios policiacos a su mando, indicios, para estimar si se acredita, o no, el delito de que se trate; y después, en caso de que ésta estime que sí se cometió probablemente un ilícito, ello sea evaluado por el juzgador competente, quien en su momento, se encargue en dilucidar la situación en definitiva. De modo que, la querella de ******* no se encontraba limitada a la consideración del quejoso respecto a que si deseaba recuperar la posesión del predio del que dijo ser propietaria, debía simplemente acudir ante la autoridad competente es la civil; pues, en uso de la potestad en que se encontraba ante la presencia de un probable ilícito cometido en su perjuicio, decidió poner en marcha la investigación atinente por la representación social, y ésta, a su vez, la maquinaria judicial penal, para que se dilucide si se cometió delito alguno en su contra, o no. Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del delito mencionado y la participación del aquí quejoso en su comisión, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso, con relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 232, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* con relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; mediante oficio a la responsable y a la agente del Ministerio Público tercera interesada; vía correo electrónico al agente del Ministerio Público de la adscripción; y, personalmente a las demás partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de febrero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el escrito y anexo presentados por *******, quien aduce contar con el carácter de apoderada de la tercera interesada, *******. Primero, se reconoce a la promovente la calidad ostentadas, pues lo acredita con la copia certificada del instrumento notarial que exhibe al efecto. De modo que, se tiene a la tercera interesada en cuestión, por conducto de su apoderada, compareciendo al presente juicio de amparo. Enseguida, se tienen por hechas las manifestaciones contenidas en el escrito que ahora se atiende, en vía de alegatos. Lo anterior, tómese en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el día de hoy se encuentra previsto para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Sin embargo, al día de hoy no se ha logrado el emplazamiento de la tercero interesada *******. Por lo que, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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