José Gilberto Sergio Alcantar Reyes

Expediente 1253/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1253/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • José Gilberto Sergio Alcantar Reyes
  • La Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...Agréguese el oficio número 7545/2019, signado por el Actuario Adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso 20572/2019, con el que le fue remitido el cuaderno de antecedentes derivado del presente juicio de amparo, en virtud de que la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del auto dictado por este juzgado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, informando además que se desechó dicho medio de impugnación; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el oficio vía electrónica 6036/2019, por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual informa que el aludido órgano jurisdiccional acepta la competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo número 1253/2019-III, formado con motivo de la demanda promovida por... Finalmente, glósese el escrito presentado por el quejoso José Gilberto Sergio Alcantar Reyes, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado por este órgano jurisdiccional el quince de noviembre de dos mil diecinueve; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo en vigor, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de cuenta, así como el informe materia de la queja, acompañándose el expediente original toda vez que el juicio se encuentra totalmente concluido. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    ...Oficio destacado...

  4. Principal

    ...MORELIA, MICHOACÁN, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de garantías promovida por ***contra actos de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, de la que se advierte que, con apoyo en el normativo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la parte quejosa, en la demanda de amparo, señaló como acto reclamado: "a).- La Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por la aplicación de la UNIDAD Y MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN (UMA), en mi pensión número 12122013, otorgada por la Delegación Estatal de Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". Así las cosas, se estima que en la especie se actualiza el primero de los supuestos antes mencionados y, por tanto, que es competente para conocer de la demanda en trato, el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, pues el acto reclamado se materializó y se continúa ejecutando en Jiquilpan, en la mencionada Entidad Federativa, pues en la concesión de la pensión, el pago de la misma se radicó en la sucursal Bancomer de Jiquilpan, Michoacán, aunado a que el quejoso anexó los recibos de pago de los que se advierte que contienen el Código Postal 59517 que corresponde a Jiquilpan; todo lo cual pone en evidencia que el pago de la pensión otorgada al ahora quejoso por la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se radicó en esa entidad federativa y, por tanto, es en ese lugar donde se realiza el aludido pago, el cual dice el peticionario del ampro, es ilegal, lo que así se acredita con las documentales que el propio quejoso anexó a su demanda de amparo, lugar donde de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, tiene competencia dicha autoridad federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aplicada por identidad de razón, consultable en la página 41, volumen 205-216, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta". Y la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." En virtud a lo anterior, sin proveer sobre la admisión de la demanda, previo cuaderno de antecedentes que se forme y se deje en este órgano jurisdiccional se ordena remitir la demanda de amparo y copias relativas, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, para que previos los trámites y registros administrativos correspondientes, remita la demanda de garantías al Juez de Distrito en el Estado en turno, con la atenta suplica de acusar recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones por la parte quejosa, el ubicado en calle Yucatán, número 210 "A", colonia Molino de Parras, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a SABAS ROMÁN GONZÁLEZ, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 2755822, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa, en tanto que a Víctor Alfonso Flores Miguel, Sara Ivette Torres Ortega y Antonio Orona Santos, únicamente se les autoriza para que se impongan de los autos, pues en esos términos fue solicitado por la parte quejosa. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran...

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