José Gilberto Pedraza Escobar
Expediente 81/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Gilberto Pedraza Escobar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado por ..., en favor de su menor hijo identificado con las iniciales ..., mediante la utilización de firma electrónica con número de serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.77, a nombre del citado promovente, mediante el cual informa que en compañía de su cónyuge y el menor quejoso, acudieron puntualmente el día veintiocho de enero de dos mil veintidós, a las doce horas, a las instalaciones de la Autoridad Responsable y le aplicaron las vacunas a su menor hijo. En consecuencia, con lo manifestado por el progenitor del aludido menor, en el párrafo que antecede en donde informa que efectivamente el veintiocho de enero del presente año, fue vacunado el citado menor, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del texto literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Lo anterior es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de veintidós de enero de dos mil veintidós, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por José Gilberto Pedraza Escobar, en favor de su menor hijo identificado con las iniciales M.E.P.D., contra actos del Secretario de Salud del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por el acto que hizo consistir en esencia en la omisión de aplicar a su menor hijo identificado con las iniciales M.E.P.D., de seis meses de edad, las vacunas contra Hepatitis B, Pentavalente Acelular DPat+VPI+Híb (Difteria, Tosferina, Tetanos, Poliomielitis e infecciones por H. Influenzae b) y Rotavirus (Diarrea por Rotavirus). Luego, con la manifestación por el progenitor del aludido menor, en el sentido de que efectivamente el veintiocho de enero del presente año, fue vacunado el citado menor; manifestación que constituye una confesión expresa que hace prueba plena, de conformidad con lo de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 214035, que dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Del mismo modo, resulta ilustrativa en lo conducente la jurisprudencia número P./J. 27/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 200094, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Lo subrayado es nuestro. De esta manera, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que el acto aquí reclamado ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que, si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado, la omisión de aplicar a su menor hijo de seis meses de edad, las vacunas contra Hepatitis B, Pentavalente Acelular DPat+VPI+Híb (Difteria, Tosferina, Tetanos, Poliomielitis e infecciones por H. Influenzae b) y Rotavirus (Diarrea por Rotavirus); también lo es que ya se aplicaron las referidas vacunas al menor quejoso de mérito. Razón por la cual, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sobreseimiento que se hace extensivo, respecto de los diversos actos reclamados, pues, como se indicó, de la lectura íntegra de la demanda, se colige que los mismos se encuentran vinculados de manera inescindible con la omisión de las responsables de aplicar las vacunas correspondientes de conformidad con el Programa Nacional de Vacunación al sexto mes de edad, lo cual, a la fecha, ya aconteció. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las TRECE HORAS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número ASJ-3240, remitido por correo electrónico, suscrito por la Jefa de Departamento de Cooperación Procesal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México, al que acompaña el acta circunstanciada de comparecencia de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que se efectuó el emplazamiento del tercero interesado Víctor Antonio Herrera García, misma que acompaña; por tanto, se tiene legalmente emplazado al tercero interesado de referencia, dese de baja la carta rogatoria 520/2021(4/2021-CR), del índice de este órgano jurisdiccional; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, como de las constancias que remitió la autoridad oficiante, no se advierte que el tercero interesado..., haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con apoyo en el numeral 27, fracción II de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, las subsecuentes notificaciones se ordena practicarlas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, en tanto designe domicilio en esta ciudad para ese efecto. En la inteligencia que el oficio de cuenta ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo al apoderado jurídico de la SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con sede en esta ciudad, informando que en atención a la suspensión de plano otorgada por este juzgado federal a ..., en favor de su menor hijo identificado con las iniciales .... que señalaron las doce horas del día veintiocho de enero de dos mil veintidós, para el efecto de que la parte quejosa acuda con la menor de edad de referencia a las instalaciones del Centro de Salud "Dr. Juan Manuel González Ureña", ubicado en la calle Benito Juárez, Centro, C.P.5800, de esta Ciudad, específicamente en la oficina de Dirección. Por tanto, mediante oficio, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de veinticuatro horas, contados a partir de que reciban la notificación del presente proveído, informen si ..., acudió con el menor con las iniciales ... a la cita que le fue programada. En tales condiciones, deberán remitir copias debidamente certificadas del cumplimiento dado a la mencionada suspensión; esto es, realicen las acciones necesarias a fin de proporcionar o suministrar al citado menor identificado con las iniciales ... las vacunas correspondientes de conformidad con el Programa Nacional de Vacunación al sexto mes de edad -Hepatitis B, Pentavalente Acelular DPat+VPI+Híb (Difteria, Tosferina, Tetanos, Poliomielitis e infecciones por H. Influenzae b) y Rotavirus (Diarrea por Rotavirus)-, en la inteligencia de que, aun cuando haya desabasto, se proporcionen las vacunas correspondientes; lo anterior siempre y cuando no exista a la fecha contraindicación médica para aplicarle al citado menor la citadas vacunas, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a dicho mandato implica la comisión del delito previsto en el numeral 262, fracción III, de la Ley de la materia en vigor; aunado a que, en caso, de que no se haya llevado proporcionado las vacunas al menor de referencia, señale fecha y hora para que acuda la parte aquí quejosa a las instalaciones de salud correspondientes para tal fin. Resulta aplicable la tesis P. LXVIII/2009 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 6, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 165826, que dice: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica." Del mismo modo, tiene aplicación, en lo conducente, la tesis I.7o.A.316 A, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1880, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SESUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P.XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.". Resulta aplicable la tesis número 1a. XV/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2022889, que a la letra dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS HASTA EL MÁXIMO DE LOS RECURSOS DE QUE DISPONGA PARA LOGRAR PROGRESIVAMENTE SU PLENA EFECTIVIDAD. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece el cual, por su parte, se limitó a justificar esa falta de entrega por la inexistencia física del medicamento. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad. En esa tesitura, tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud. Justificación: Lo anterior, en virtud de la diferencia entre la "incapacidad" y la "renuencia" del Estado a cumplir con dicha garantía, en atención a que la "incapacidad" del Estado para garantizar el derecho humano a la salud parte de su obligación de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, o bien, justificar que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para garantizar ese derecho; mientras que la "renuencia" del Estado se presenta cuando no está dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud, violando entonces las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De ahí que las violaciones del derecho a la salud pueden producirse por no adoptar las medidas necesarias que emanan de las obligaciones legales, como no contar con políticas o legislación que favorezca el nivel más alto de salud posible, o no hacer cumplir las leyes existentes en la materia." Notifíquese.
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